PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN INDIAS

 

por Abelardo Levaggi

 

      Un principio fundamental de la constitución castellano-indiana, concordante con la ética política de la época, fue que -como decían las Partidas- "vicarios de Dios son los reyes, cada uno en su reino, puestos sobre las gentes, para mantenerlas en justicia, y en verdad" (II.1.5).

      "Es tan propio del soberano defender y proteger a sus vasallos, y tan esencial y necesaria esta regalía a su gobierno -explicaba el práctico del siglo XVIII José de Covarrubias-, que no puede abdicarla ni desprenderse de ella sin renunciar una parte de su independencia, dividir el imperio y faltar a su primera obligación; porque Dios estableció únicamente los reyes con el fin de que los pueblos gozasen bajo de su mando y protección una vida quieta y sosegada en toda piedad y castidad.

      "No hay cosa que perturbe más la tranquilidad pública y el buen orden, que las violencias y fuerzas -agregaba-; y esta turbación es tanto más reprensible cuanto los perturbadores son más poderosos y la cometen abusando de su autoridad. En vista de esto, ¿quién dudará que el príncipe no puede desprenderse de la regalía de proteger a los oprimidos y castigar a los opresores; regalía recibida del Todopoderoso con el imperio, y que es el brillante más precioso de su corona?" (Máximas sobre recursos de fuerza y protección, 4ª edic., Madrid, 1830, I, p. 147).

      Por delegación real, y en nombre de la majestad, la misma función de amparo desempeñaron en las Indias sus representantes directos: virreyes y audiencias, y especialmente respecto de los indígenas los protectores de naturales. Un ejemplo, protagonizado, además de los interesados directos, por el virrey del Río de la Plata Nicolás de Arredondo y el fiscal en lo criminal de la audiencia y a la vez protector general de naturales Francisco Manuel de Herrera, es el que paso a exponer (Archivo General de la Nación, Argentina, Tribunales, leg. 28, exp. 854. IX 31.6.1).

      El 5 de junio de 1792 compareció ante el virrey el fiscal en representación del guaraní Santiago Samandú, teniente corregidor del pueblo de Yapeyú, uno de los de las ex misiones jesuíticas, denunciando que había sido "despojado del empleo y hallarse estrechado de prisiones" en el pueblo de San Borja, donde estaba por orden del teniente gobernador del departamento, Juan Antonio Sancho, de quien esperaba "aún mayores vejámenes por lo que refiere haberse dejado decir dicho teniente, sin que descubra cuál sea la causa por que éste le persigue".

      El fiscal pensaba "con algún fundamento" que podía "muy bien haber sido atropellado dicho indio por el mencionado teniente gobernador". En cualquier caso, convenía que el virrey supiera lo que había de realidad. Podía, pues, comisionar a un sujeto capaz para que recogiera del teniente gobernador la sumaria o diligencias que debió haber practicado, o la razón de no haberlo hecho, y, además, "para que practique sumaria, y secreta información sobre lo ocurrido con dicho indio, mandando salir al expresado teniente del pueblo de Yapeyú al más distante del departamento a fin de que con su presencia no entorpezca la justificación; y que hecho todo, si no resultase delito de mayor gravedad contra el mencionado indio lo restituya a su pueblo, y facilite los alivios que sean compatibles con la calidad del delito, o delitos que puedan resultar contra él, remitiendo a la mayor brevedad todas las actuaciones, con cuya vista protesta pedir lo conveniente". Arredondo proveyó: "como lo pide".

      Cumplidas las diligencias probatorias, Herrera volvió a representar el 26 de setiembre del mismo año, diciendo "que de las referidas diligencias no resulta motivo el menor para que dicho teniente gobernador depusiese, y vejase tan ignominiosamente a un indio distinguido por su empleo y buenos servicios". No le había formado sumaria alguna, ni tenía facultades para removerlo aun cuando resultara mérito suficiente, ni tampoco pudo participar al gobernador de Misiones, Bruno Mauricio de Zabala, la deposición de Samandú para que pusiese otro en su lugar, nombramiento que estaba reservado al virrey.

      Por todo ello, pidió al virrey que le hiciera entender los "defectos notables" en que había incurrido "con serios apercibimientos" para corregir sus excesos en tomarse facultad que no le correspondía y "en oprimir, y vejar a un indio en quien se descubren calidades relevantes a otros de su clase, sobre que debe hacer presente también el fiscal protector, que la prosecución del expresado teniente gobernador en su empleo, no traerá las mejores consecuencias, respecto a haber manifestado en este caso el poco miramiento que ha guardado a los superiores respetos de vuexcelencia, atentando sus privativas facultades, y haber ultrajado y vejado a un indio como Samandú de las principales cabezas de aquel cabildo, atendibles de por sí por nuestras consideraciones; mandando asimismo se reponga a don Santiago Samandú a su empleo de teniente corregidor, y que se le subsanen por el expresado teniente gobernador los perjuicios y atrasos que ha padecido con su familia, condenándose asimismo en las costas de esta actuación, con todo lo demás que el superior discernimiento de vuexcelencia halle convenir para evitar las vejaciones de los indios, y la prepotencia y servilidad con que se les trata". 

      El auto del virrey, fechado el 1º de febrero de 1793, dispuso que "en atención a no resultar contra el indio Santiago Samandú culpa para que se le pusiese en prisión ni se le despojase del empleo de teniente de corregidor que obtenía en el pueblo de Yapeyú, póngasele inmediatamente en libertad y en posesión de su citado empleo, a cuyo fin se pasará la correspondiente orden al teniente gobernador don Juan Antonio Sancho: y por el exceso de facultades con que éste procedió le condeno en las costas causadas en este proceso quedando apercibido para lo sucesivo, y a este fin se le pasará copia de la precedente vista fiscal y de este decreto".

      A continuación, Samandú demandó a su ofensor por daños y perjuicios.

      El deber de protección del rey pasó del terreno de los principios al de la realidad.