Educación-Discapacidad-Discriminación

 

por Paula D. Marcolino

 

 

Discapacidad.

 

Estamos acostumbrados a pensar la discapacidad como una condición en sí misma, obviando que se trata de una condición relacional, un producto en el cual una limitación funcional queda sancionada por la sociedad como una desviación de escaso valor social (González Castañón, Diego, Déficit, diferencia y discapacidad). Para que cierta limitación funcional sea denominada como discapacidad, deberá cumplir con dos requisitos: a) ser minoritaria y b) presentarse en un área valorada por la cultura donde el individuo vive. Puede que, en el país de los ciegos, el tuerto sea rey. Pero en ese caso, los ciegos no serían considerados discapacitados.

Esta introducción nos posibilita pensarla como proceso que depende del imaginario social, sostenido por mecanismos ejercidos por una instancia de poder dentro del marco social: la familia, la escuela, la medicina, etc. Por supuesto, no son los únicos agentes responsables. Pero lo verdaderamente importante a los fines de este artículo, es de-construir estos mecanismos devenidos naturales. ¿Cómo lo logro? Mediante el sostenimiento del paradigma del déficit, que posibilita comparar cuantitativamente a las personas con limitaciones funcionales, con un patrón o modelo sancionado como “normal” (como mayoría, como convención o como modelo enunciado por la autoridad).

Estamos frente al paradigma del déficit, cuando escuchamos hablar de compensar, reemplazar, dar lo que falta y como contrapartida, las personas con discapacidad tolerando, agradeciendo, sometiéndose a lo ofrecido. Palabras como inválido, lisiado, tullido, mutilado, incapacitado, impedido, deforme, idiota, tarado, han trazado épocas y denotado significaciones sociales respecto de lo que hoy llamamos “discapacitado”, que implica un progreso del pensamiento occidental de los últimos decenios, versus aquellas denominaciones de clara orientación negativa, de anulación, de afirmación del déficit.

La propuesta conceptual de los últimos años es animarse a pensar la discapacidad desde la diferencia, lo que inmediatamente nos zambulle en las diferencias de cultura, de pertenencia, nada que tenga que ver con lo que falta con respecto a lo normal. “Diferente” reconoce raíces en el latín diferens: dos caminos. Condición cualitativa de un sujeto que va por otro camino.

 En la cultura malinké, por ejemplo, la diversidad es un VALOR que significa interacción para el beneficio mutuo, mientras que en algunas sociedades occidentales, la diversidad aún resulta un ANTI-VALOR, temible por su impronta de heterogeneidad, inherente a cualquier sociedad que se proclama democrática y moderna.

 Y de un desafío se trata. De brindar los apoyos que las personas con limitaciones funcionales necesitan para tener las vidas que ellos quieran tener y puedan sostener. Pensar en apoyos nos posibilita pensar la discapacidad no sólo con aquello de lo que se carece sino con lo que las personas pueden, pudieron y podrán y no intervenir para suplir faltas, sino brindando desde el entorno, la ayuda necesaria para vivir. Se trata de pensar en apoyos y niveles de apoyo para personas que requieren ALGUNAS ayudas durante ALGÚN tiempo en ALGUNAS áreas.

 Una persona con discapacidad tiene derecho a hacerse a sí misma y a operar su propia realización, así como a desarrollar sus dinamismos fundamentales dentro de la sociedad. Desde aquí, todo abordaje de la discapacidad que obvie esta dimensión relacional dentro de una determinada sociedad y que evite el nombrar apoyos sustituyéndolos por reemplazos o compensaciones, será considerado acto discriminatorio.

 

 

La educación como derecho.

 

Es indiscutible la vital acción del Estado como garante del bien común y como guía de qué espera de cada uno de los miembros de la sociedad, en el marco de sociedades que creen “estar avanzando” hacia no se sabe muy bien qué tipo de mundo, rigiéndose dogmáticamente por los instrumentos del libre mercado.

Es por eso –y no por casualidad- que en el concierto mundial, surgieran los tres documentos básicos que definen los derechos de los niños y las niñas con discapacidad en la región: la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por Razones de Discapacidad y las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.

Tomándolos en conjunto, describen lo que podría llamarse un “régimen de derechos” para los niños y niñas con discapacidad. Cada uno de ellos contribuye a la comprensión de estos derechos. Aunque no son de cumplimiento obligatorio, pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. La finalidad de estas normas, es garantizar que tanto niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad, puedan gozar de los mismos derechos y deberes que los demás.

Para que estos derechos puedan convertirse en derechos de hecho, debe darse una combinación de leyes, políticas públicas y programas. En países como el nuestro, implementarlas incluye el ajuste de las necesidades a los recursos públicos disponibles (siempre insuficientes para cubrirlas y generalmente desviados –cuando los hay- hacia otros puertos). Pero el círculo se completa con los medios que la política encuentra para movilizar el apoyo de la comunidad como una manera de sobrepasar los obstáculos.

La eliminación de la discriminación en leyes y reglamentos es necesaria pero no suficiente. Estos instrumentos deberán ser producto de un profundo debate y diagnóstico social y ser traducidos finalmente en regulaciones y políticas ministeriales, planes y programas.

 

 

El contrapunto de la discriminación: la inclusión-integración.

 

La integración es un proceso. Como tal, pueden y deben diferenciarse fases con autonomía relativa y dependencia funcional. El primer y fundamental eslabón (especialmente tratándose de la discapacidad pero en sentido amplio a cualquier recién nacido) es la integración familiar: ¿Qué sucede en el seno de la familia cuando uno de sus miembros nace con algún tipo de alteración funcional considerada deficitaria?. Quiebra la ilusión narcisista de los padres, de concebir un hijo “ideal”, dando inicio al duelo por el hijo no nacido y exigiendo la permanente confrontación con la diferencia, confrontación cuyos resultados dependerán de la propia estructura subjetiva de quienes lo adopten o no como hijo (Muchos autores contemporáneos aluden a que la verdadera especificidad humana no es la procreación de cachorros humanos, sino su adopción, aludiendo al acto de “adoptar hasta al hijo biológicamente engendrado”). La familia es la principal matriz de socialización y de vínculos primarios que el niño experimenta y de allí su vital consideración. Un segundo eslabón será la integración en conjuntos sociales más amplios: la integración escolar o en el ámbito educativo, que dependerá del tipo de necesidades y de discapacidad, para abordar el nivel de complejidad de integración al sistema. De la misma manera, podemos discernir la integración social, producto de las relaciones con la comunidad en su conjunto y la integración laboral, específicamente en el área que se trata.

 Incluir no es integrar. La finalidad de la inclusión debe ser la integración. Son un continuo que se complementan. La inclusión es la actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. La inclusión asume que todos somos únicos en capacidad y valía y que todos podemos aprender así como todos tenemos algo que aportar. Se trata de un proceso inacabado y continuo, observable en prácticas y acciones participativas construidas en base a al libertad y elección de las personas a quien va dirigido el apoyo.

 

 

Integración escolar.

 

La gestión educativa no puede dejar fuera la dimensión ética y allí aparece la temática de la inclusión social y educativa de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Temática enmarcada en un macro escenario cada vez más estructural de carencias nutricionales iniciales; de ausencia en muchos casos de marcos familiares; de limitaciones para acceder y permanecer en la escuela; de la marginación en el mercado del trabajo y la pobreza que parecen transversalizar todo el espectro, conformando una situación de exclusión social reproductiva.

Por dónde empezar, es la cuestión. Es por ello que las instituciones educativas en particular, se constituyen en un ámbito en el que podemos reformular las dimensiones de integración socio-educativa reconociendo la multiplicidad de representaciones en las que se desarrollan las transformaciones.

 Resultaría difícil comprender la complejidad de la integración sin tener en cuenta las características de nuestro sistema educativo. En el año 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación que contempló dos tipos de educación: la común y los regímenes especiales –entre ellos, la educación especial-. Dentro de la educación común la ley considera el favorecer siempre la integración en escuelas comunes. Existen hoy en nuestro país dos movimientos educativos: el “integracionista” y el “especialista”, este último defensor de una educación especial que debe brindarse “como siempre”.

 El acuerdo marco para la educación especial se firmó en 1998, enfatizando el carácter transversal  de la educación especial en tanto conjunto de recursos y apoyos para todo el sistema educativo. En el proceso de implementación gradual de la ley federal, la totalidad de las provincias suscribió el acuerdo marco. Pese a ello, pueden resaltarse debilidades de la educación especial: subsiste como sistema paralelo; carecen ofertas para discapacitados severos y múltiples; hay una evidente segmentación de la escuela por patología o tipología; falta cobertura de servicios de atención temprana en zonas de alto riesgo; dispersión de servicios en sectores más postergados.

 A partir de esta ley federal, se comenzó a operar un cambio en el imaginario social de la inclusión social y comenzaron nuevas modalidades en la integración escolar, con especial consenso en el nivel inicial. En la educación general básica la integración de alumnos con retardo mental sigue prestando dificultades.

 La etapa del proceso de integración en el área educativa, tiene que ver con la transformación de las instituciones que se trate –inicial, escolar o terciaria- en instituciones que vayan abandonando el sesgo tan marcado de “exclusividad”. Exclusivas para quienes cuentan con recursos no tan sólo económicos, sino afectivos, familiares, cognitivos y sociales. Se trata de instituciones cada vez más incluyentes con una fuerte presencia de planes específicos para el desarrollo de las personas con algún tipo de discapacidad. No basta con que el niño discapacitado concurra a la escuela, sino que ésta pueda dar respuesta a cada uno de los alumnos que allí concurran.

 La actualidad nos plantea un escenario que excede las diferencias en relación con la discapacidad: una creciente diversidad de alumnos en todos los niveles de la enseñanza formal, en cuanto a lenguas, culturas, religiones, sexo, estados socioeconómicos, marcos geográficos y muchas otras que denotan la multiculturalidad presente. Frente a esta realidad, a menudo encontramos que la diversidad resulta entendida como problemática más que como oportunidad de enriquecimiento y aprendizaje. Y aquí se forjan las semillas de la discriminación.

 La integración es una idea reguladora de la racionalidad práctica de la acción social, en el sentido que nos orienta, ayuda, mentaliza a aceptar que la sociedad está formada por seres diferentes y algunos más que otros. Específicamente para la integración escolar, la escuela debe ser concebida como una institución abierta a la diversidad desarrolladora, que a la vez que socializa, garantiza la atención diferenciada y personalizada como respuesta a las necesidades educativas de sus alumnos, incluyendo las más complejas o especiales (sensoriales, motores, verbales, intelectuales) o aquellas determinadas por carencias del entorno socio familiar.

 Para llevar a la práctica la integración en la escuela común, deben darse ciertas condiciones, como por ejemplo: a) favorecerla siempre que sea posible; b) una legislación que avale y garantice los derechos y deberes de las personas con necesidades educativas especiales (que vale aclarar que los únicos que las tienen no son los discapacitados); c) el cambio de actitud de la población en lo que refiere a su voluntad integradora; d) la formación especial de maestros y profesores; e) la limitación de la masividad en las aulas; f) el fortalecimiento de la autonomía y autoridad de la escuela; g) el incremento del apoyo a la escuela y condiciones de acceso al currículo y participación activa de la familia; h) contar con adaptaciones curriculares que posibiliten una planificación educativa individual y su correspondiente sistema de evaluación; i) generar el cambio en el imaginario social ante una experiencia de integración que plantea pensar en la diferencia y la diversidad; j) conformar equipos interdisciplinarios

 Luego de lo esbozado hasta aquí, podemos intentar un conteo de aspectos que harán de la escuela –o institución educativa- una institución inclusiva  que dé respuesta a la heterogeneidad, mediante:

·        La prevención e identificación de las necesidades educativas especiales de todos los alumnos, su evaluación, intervención y seguimiento, apoyando siempre las cualidades;

·        La ampliación de cobertura en educación común de alumnos con necesidades educativas especiales;

·        La Investigación de los contextos de influencia para producir desarrollos curriculares, materiales de trabajo y estrategias específicas;

·        El establecimiento de canales de comunicación, consulta, información y apoyo a padres;

·        El relevo y coordinación de recursos comunitarios, personales e institucionales, fomentando el sentido cohesivo de la comunidad, la aceptación de las diferencias y la respuesta a las necesidades individuales;

·        El ofrecerse como centro de recursos, información y asesoramiento para toda la comunidad de influencia, fortaleciendo así su presencia en la comunidad para potenciar sus logros, y estimulando las relaciones creativas y comprometidas.

 

De igual manera, habrá una real integración en la escuela, si se observa la presencia de:

·        provisión de equipos auxiliares de apoyo técnico o material y otros (Algunas estrategias de apoyo dirigidas a alumnos con discapacidad auditiva -ofrecerles anticipadamente los materiales a utilizar en clase; contar con especialistas que orienten a docentes; intérpretes de lengua de señas o familiares, voluntarios, compañeros, etc.; ubicación en las primeras filas hablándoles de frente con velocidad moderada y lenguaje sencillo; potenciar explicaciones visuales; apoyos acústicos en aulas y auditorios; apoyarse en materiales gráficos; verificar permanentemente su comprensión; exámenes no orales y si lo son, adecuar las preguntas sin empobrecer el nivel-; alumnos con discapacidad visual -descripciones y explicaciones más detalladas cuando la presentación sea con apoyos didácticos gráficos; exámenes, resúmenes, etc. en braille o en modalidad auditiva o electrónica; mantener constante el mobiliario áulico; preguntar siempre a los alumnos las formas más convenientes para su aprendizaje-; alumnos con discapacidad motora -mobiliario específico, tablero de comunicación, apoyos para mantener la postura, computadora adaptada, silla de ruedas, muletas, etc.-);

·        accesibilidad, entendida como la posibilidad de ingreso desde lo arquitectónico como a la utilización de instrumentos, equipos, documentos, oportunidades de admisión, permanencia y egreso. Será la accesibilidad física, central en el ejercicio de los derechos, adecuando y adaptando el medio ambiente libre de todas las barreras arquitectónicas como condición necesaria para poder participar en las actividades. Será de acceso a la información y la comunicación, tanto para los padres como para los niños y niñas (subtítulos, textos escolares disponibles en formas accesibles para cualquier tipo de discapacidad, etc.).

·        educación especial e integrada, que implica reorganizar recursos y servicios, sensibilizar y propender hacia cambios de actitud en maestros y directores de escuela, en padres de familia y en sus compañeros de aula.

·        modificaciones en la estructura curricular, estructura que  establece hacia dónde se dirige la formación. Tendrán que ser susceptible de modificaciones los elementos que componen este currículo: asignaturas, modalidad de cursadas o sistemas. El mínimo, sería la inserción de contenidos en las asignaturas.

 

Los institutos terciarios o universitarios merecen un apartado. Una vía de inclusión social es la formación profesional a todo aquel que, contando con las características intelectuales requeridas y la motivación cognitiva, lo solicite y cumpla con los requisitos académicos de la institución por ellos elegidos.

Las universidades e instituciones de educación superior no universitarias tienen múltiples funciones: la formación de profesionales; la generación de conocimiento científico; el desarrollo de las artes y del conocimiento social y la divulgación hacia la población de los avances de las ciencias, de las humanidades y las artes. Todo ello redunda en beneficio social por medio de sus egresados. Asimismo, tengan o no conciencia y voluntad de ello, participan en la formación cultural e ideológica de la comunidad y con ello, en la conformación y sostenimiento de valores, actitudes y representaciones sociales.

Pudiendo entonces incidir en la conformación y afianzamiento de una sociedad incluyente, estas instituciones no deberán constituirse en contextos limitadores para el desempeño de personas con alguna discapacidad (Manual para la integración de personas con discapacidad en las instituciones de educación superior, México). Así es como deben desempeñar un rol protagónico en la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales, considerando en sus currículas actividades y cursos académicos a fin de formar con calidad a personas -con o sin discapacidad- en cualquier disciplina sensibles al respeto de la diversidad humana.

Mediante las actividades de formación, difusión y divulgación, los terciarios deberían: a) dar a conocer las acciones de inclusión en la universidad; b) actualizar la información de los avances en tecnología y difundir los resultados de investigaciones propias y programas relacionados con la discapacidad; c) promover una cultura basada en los derechos de todos los seres humanos; d) construir una sociedad cuyo derecho a la información sea accesible a toda la población y particularmente a las personas con discapacidad.

De muchas maneras puede esto lograrse. Existen experiencias en otros países del continente, en las que se observan estrategias de apoyo de acompañamiento académico a alumnos con algún tipo de discapacidad (de parte de un compañero sin esa discapacidad o de otros con esa discapacidad), estrategias de apoyo para la inserción social (alumnos con discapacidad que realizan su servicio social en la comunidad, empresas y ONGs., o trabajando en la creación de ayudas técnicas para personas con discapacidad o de alumnos que realicen su servicio social en instituciones para personas con discapacidad).

 

 

Conclusiones

 

Aunque la posmodernidad nos acribille con su vorágine individualista y narcisista y hasta con la exacerbación de ciertos ideales, es innegable que el pluralismo, la tolerancia y la no discriminación, se constituyen en banderas que muchos de nosotros no estamos dispuestos a arriar. Sin embargo, aún estamos lejos de ser una sociedad realmente integradora. Las causas son múltiples y los planos de acción involucran a todos y cada uno de nosotros.

No se trata sólo de reconocer y legislar sobre un derecho, sino de viabilizar los derechos, adoptar medidas eficaces dirigidas hacia la inclusión real, promover las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, curriculares, legislativas, etc., que correspondan según los ámbitos de aplicación, para posibilitar en los hechos ese derecho.

Según el psicólogo social Domingo Asún, se entiende por discriminación “una actitud que promueve o acepta realizar distinciones que implican un trato de inferioridad, o restringir los derechos de algunas personas sobre la base de su pertenencia a categorías sociales o naturales”. La discriminación no sólo se da en grandes situaciones, sino principalmente en lo cotidiano.

Aún cuando la educación es un derecho consagrado por la Constitución Nacional y por instrumentos internacionales a los que nuestro país adhirió, es muy difícil acceder a él debido a:

·        la aún escasa formación de maestros no sólo en lo específico sobre discapacidad, sino sobre todo, en lo atinente a las cuestiones de la diversidad y heterogeneidad áulica;

·        la carencia de recursos humanos y materiales;

·        el paralelismo entre educación común y régimen de educación especial;

·        la existencia de muchas instituciones donde la enseñanza se organiza en función de la discapacidad y no de acuerdo a las necesidades del alumno;

·        la falta de adecuaciones curriculares y de estrategias en el método de enseñanza aprendizaje observando las distintas discapacidades. Aquí ubicamos las férreas costumbres de: la oralidad padecida por el sordo, el sordo mudo o el hipoacúsico; del formato escrito padecido por el ciego o el disminuido visual; la falta de accesos a las sedes mismas que impiden no sólo el ingreso sino la libre circulación dentro del mismo, padecido por quienes tienen problemas motores, etc.

 

La discriminación es hija del estigma y éste es una clase especial de relación entre atributo y estereotipo. La mejor forma de entender los efectos excluyentes de la discriminación por las razones que quieran esgrimirse, será apropiarse del estigma ajeno, por lo menos en un nivel imaginario y esto dará paso a la necesidad de saber más sobre la discapacidad; y no hallaremos mejor manera de evacuarla, que acercándonos al próximo, al otro, al diferente.