DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN

(La Resolución N° 100 de la Provicia de Neuquén,

y los Testigos de Jehová)

 

por Josefina Rita Sica - Patricia Daniela Falcón

 

            I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo se basa en la ponencia presentada en el "VII Congreso Internacional de Daños: Responsabilidades en el siglo XXI", realizado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, del 2 al 4 de octubre de 2002,  recibiendo sus propuestas la aprobación de la "Comisión de Daños Por Discriminación", por unanimidad.

Entre finales de siglo XX y principios del XXI nos hemos acostumbrado a transitar y vivir en democracia, donde las libertades son el marco jurídico adecuado para que el ser humano crezca y desarrolle su personalidad de conformidad a sus principios e íntimas convicciones. Así, el pensar diferente que logró su espacio jurídico a través de la objeción de conciencia, ha llegado a ser parte de nuestra vida diaria.  ¿Podríamos llegar a pensar por un momento que todavía hoy existan resabios en la Argentina de una época pasada, en la cual la discriminación ideológica o religiosa era una más de las reglas de juego, propias de la vida cotidiana de aquel entonces? Resulta ser ésta una pregunta urticante para nuestro sistema, ya que todo hombre del derecho desearía poder contestar por la negativa. Lamentablemente, como veremos en el presente trabajo, no es así.

Muy por el contrario aún se dan numerosas situaciones de discriminación que terminan en violencia, tanto física como moral y psíquica, sobre seres humanos que habitan el suelo argentino. Nos referiremos en esta ocasión a la educación en la República Argentina, más específicamente lo que esta sucediendo en la Provincia de Neuquén.

 

 

II. LA RESOLUCIÓN N° 100

 

En efecto, en la provincia patagónica de Neuquén, en virtud de la aplicación de la Resolución numero 100 dictada por el Consejo Provincial de Educación, y que constituye una norma de alcance general, se produce una discriminación para con niños, jóvenes, maestros y profesores que habitan la misma y pertenecen a la confesión religiosa de los Testigos de Jehová.

Esta norma es interpretada y aplicada erróneamente respecto de derechos tutelados por la Constitución Provincial, con criterio irrazonable e incompatible con los principios y valores constitucionales en los que dice fundamentarse. Su aplicación al sistema educativo provincial, implica una incidencia a un indeterminado número de casos, lo que determina el alcance general de la norma.

 Ella vulnera los derechos de igualdad ante la ley (Art.  12), de libertad de conciencia, religiosa y de cultos (Art.  25), la libertad de enseñar y aprender (art.  257) y la libertad de trabajar (Art.  52), derechos todos reconocidos en la Constitución Provincial, que por supuesto tienen su correlato en nuestra Carta Magna: libertad religiosa, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, (Arts.  14 y 20), igualdad ante la ley (Art.  16)  derecho a la intimidad y principio de reserva (19 y 22), derecho a la dignidad de la persona humana (Arts.  33 y 75 inc.  22)

La mentada resolución n° 100 dice: 

“VISTO: La negación de honrar los Símbolos Patrios, expresada por docentes que desempeñan en establecimientos de los Niveles Inicial, Primarios o Modalidad Especial, y por alumnos que se encuentran cursando las Carreras en Institutos de Formación Docente, y que profesan la religión denominada "Testigos de Jehová"; y CONSIDERANDO: Que todo docente tiene derecho a trabajar y ejercer su culto, en ambos casos conforme a las Leyes que reglamentan su ejercicio Artículo 14° Constitución Nacional y similar en nuestra Provincia. Que la fe que profesan no debe implicar el desconocimiento de los derechos básicos y esenciales de otra naturaleza y de otras personas.

 Que el objetivo fundamental que persigue el docente frente a sus alumnos es el de educarlos y formarlos íntegramente, tanto en lo que hace a sus conocimientos culturales, como a la  jerarquización de valores. Que el respeto a los Símbolos Patrios representan para los niños la manifestación concreta de los conceptos de Patria, Nación, Estado. Que las conductas de rechazo a dichos símbolos se trasmite también cuando se da lugar a la enseñanza de los mismos, afectando al niño en la formación que se pretende brindarle y provocándole confusiones. Que la Constitución Provincial da sustento a esto en el Artículo 257°, Inciso "a" y "b". Que corresponde dictar la norma legal pertinente.  Por ello. EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE NEUQUEN RESUELVE:

1°) DETERMINAR que cualquiera sea la religión que profese el docente, deberá respetar los Símbolos Patrios, atento a lo establecido en el Art.  5°, Inciso "b" del Estatuto del Docente.  2°) ESTABLECER que por la Dirección General de Enseñanza Inicial, Primaria y Especial se cursarán las comunicaciones correspondientes.  3°) REGISTRAR, dar conocimiento a la Dirección Provincial de Conducción Educativa; Dirección Provincial de Administración; Dirección General de Despacho; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección de Sueldos y Liquidaciones; Centro de Documentación e Información Educativa; Dirección de Enseñanza Inicial; Junta de Clasificación Rama Primaria; Dirección General de Enseñanza Media, Técnica y Superior; Dirección de Educación Física y Deportes; Dirección de Educación de Adultos; Distrito Regional I; Secretaría de Vocalía y GIRAR el presente expediente a la Dirección General de Enseñanza Inicial, Primaria y Especial a los fines establecidos en el Artículo 2do. - (Siguen trece Firmas y 9 sellos)”.

 

 

III. ¿EL PATRIOTISMO AMENAZADO?

 

La primera impresión que puede tenerse al tomar contacto con la Resolución 100, es que pareciera que el Consejo Provincial de Educación, frente a una supuesta amenaza o peligro, debió legislar sobre la condición de algunos miembros de un grupo religioso -quizás minoritario en la Provincia-, que se desempeñan como docentes en algunas escuelas públicas, u otros que aspiran llegar a serlo.

 Dichos individuos, según el entendimiento del Consejo, parecieran caracterizarse por un accionar que afecta el normal desenvolvimiento del sistema educativo de la Provincia y la integridad moral o patriótica de los alumnos. De allí que la norma intenta poner a todos los ámbitos educativos en aviso a fin de impedir o limitar dicha amenaza, al mismo tiempo que se procura excluir a dichas personas de que lleguen a ser docentes, o que siéndolo no puedan ejercer libremente su profesión, a menos que abdiquen de sus íntimas convicciones o abjuren públicamente de sus creencias religiosas.

 Debe suponerse que al dictado y aplicación de una norma que cause tal estado de alarma y limite así derechos constitucionales básicos, debió precederle un minucioso estudio e investigación de casos en los que se hubieran verificado perjuicios concretos por parte de dichos docentes.

 Sin embargo, muy lejos de tal suposición está el resultado final de la norma, cuya inconstitucionalidad ya fue solicitada (aún no resuelta por nuestra Corte Suprema): la DISCRIMINACIÓN, dado que carece de absoluto sustento, tanto en el sentido fáctico como en el jurídico, y que pinta en falsos colores la pacífica actividad de los docentes que -en el caso- profesan la religión de los testigos de Jehová.

 

 

IV. LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ HONRAN LOS SÍMBOLOS PATRIOS

 

Tan pronto se analiza el VISTO de dicha resolución, puede advertirse la inconstitucionalidad de la norma, así como su carácter discriminatorio, atento a que el órgano del poder público que intervino en su dictado pretende calificar la conducta de docentes y alumnos en función de su pertenencia a determinado grupo religioso, lo cual constituye una limitación inconstitucional a sus derechos existenciales y a su intimidad. Por otra parte, pareciera que se pretende monopolizar la función docente para grupos religiosos mayoritarios, apartando de tal actividad a ciudadanos testigos de Jehová, en un manifiesto apartheid.

 La falsedad en que ha incurrido la resolución inconstitucional en relación a los hechos efectivos, se hace patente porque los fieles de esa confesión jamás manifiestan una actitud de "negación de honrar los Símbolos Patrios". En efecto, uno de los sinónimos del término 'honrar' es Respetar, lo cual cumplen de manera ejemplar.

 La negación de honra para con los Símbolos que la Resolución 100 imputada a los Testigos intenta asimilar la falta de veneración o adoración a la humillación o desprecio de tales emblemas. Nada más alejado de la notoria abstención respetuosa que distingue a los testigos de Jehová en su actitud para con los Símbolos Nacionales y para con el Himno Nacional.

 Si bien, las creencias religiosas que sostienen los testigos de Jehová, basadas en las Sagradas Escrituras, como puede leerse en el Evangelio según San Mateo cap.  IV, vers.  10 y en el libro de Hechos de los Apóstoles cap. V, vers.  29, les impiden participar en forma activa en actos de reverencia, devoción o adoración para con los Símbolos Nacionales o las Instituciones Patrias, ello no significa de ningún modo que tomen parte activa en manifestaciones de desprecio o humillación para con dichos símbolos, atento a que tal conducta no constituiría una manifestación de verdadero cristianismo.

 Por lo tanto, la atribución de una actitud de falta de respeto para con las Instituciones Nacionales, desconoce (o deliberadamente tergiversa) la verdadera conducta respetuosa que manifiesta todo testigo de Jehová, y en consecuencia, la resolución no puede ser menos que impugnada por su agravio y arbitrariedad.

 La jurisprudencia a nivel nacional y provincial que se pasará a citar a posteriori, corrobora y sostiene los conceptos y conclusiones enunciados.

 

 

V. LIMITANDO LA LIBERTAD RELIGIOSA

 

 Siguiendo con el análisis de la resolución, se observa que la misma, luego de efectuar una reseña de los derechos constitucionales que tanto a nivel nacional como provincial poseen todos los habitantes del suelo argentino, a saber, de trabajar, ejercer su culto, etc. , estima que: “La fe que profesan [docentes y alumnos] no debe implicar el desconocimiento de derechos básicos y esenciales de otra naturaleza y de otras personas”. En un lenguaje oscuro y discriminatorio, la norma impugnada so pretexto de cuidar y proteger al educando, pretende atribuirse la potestad de otorgar un marco normativo a la fe religiosa, cuestión que además de ser completamente ajena a su limitada competencia, es materia en la que ni siquiera nuestros constitucionalistas han considerado prudente inmiscuirse. Tanto es así que la Constitución Provincial -y la Nacional- se limitan a enunciar el principio fundamental de la libertad religiosa y de culto, sin aventurarse a  establecer ningún otro parámetro.

 La resolución bajo examen niega la vigencia constitucional del artículo 14 de la Constitución Provincial, según el cual las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral públicas ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados (concordante con el art. 19 de la Nacional).

 Si ese es el caso para los Juzgadores, mucho menos puede atribuirse un órgano administrativo la potestad de juzgar la fe religiosa ajena. Aun en el caso de que la actitud de abstención y silencio que manifiestan los miembros de esta confesión religiosa en cuanto a venerar los Símbolos Patrios, pudiera afectar la sensibilidad de otros miembros de la comunidad (lo que quizás, en la opinión del Consejo de Educación, constituiría un perjuicio para terceros), ello no daría suficiente sustento como para limitar la libertad religiosa o para privarlos de su inserción en la comunidad escolar.

 Más bien, se trataría de un pensamiento o conducta diferente, basada en concepciones religiosas distintas, que el pluralismo bien entendido de la Provincia y del país, sostiene y que por lo tanto no puede ser negado por resolución administrativa alguna, de inferior jerarquía que la propia Constitución.

 

 

VI. NI UN SOLO EJEMPLO CONCRETO

 

 Por otra parte, si bien compartimos el criterio de que el objetivo fundamental que persigue el docente frente a sus alumnos es educarlos y formarlos íntegramente en lo que hace a conocimientos culturales y a la jerarquización de valores, no existe una demostración evidente y concreta de que la conducta de los docentes cuestionados o de aquellos que cursan la carrera de magisterio, los prive de educar y formar en conocimientos culturales y valores a sus educandos.  Los docentes testigos de Jehová jamás dejan de enseñar a sus alumnos los hechos históricos, las fechas Patrias o la vida y obra de los Próceres, por cuanto es parte de la propia cultura en la cual han nacido.  

 Ningún testigo de Jehová pone en tela de juicio que tanto para los niños como para los adultos los Símbolos Patrios representan la manifestación concreta de los conceptos de Patria, Nación y Estado. Sin embargo, como la resolución alude al 'respeto' que se debe a los mismos, desde el punto de vista del órgano que dictó la norma impugnada pareciera que ellos niegan lo que los símbolos representan, lo cual es absolutamente falso. La abstención de rendirles un culto que -según entienden los miembros de la referida fe- sólo se debe a Dios, de ningún modo implica faltarles el respeto y mucho menos desconocer los conceptos de Patria, Nación o Estado; tampoco significa que docentes Testigos no pueden enseñar dichos conceptos a sus alumnos. De hecho, se ajustan a lo que la Constitución Provincial ordena en el art.  257 inciso "e".

 La resolución continúa expresando que “Las conductas de rechazo a dichos símbolos se transmite también cuando se da lugar a la enseñanza de los mismos, afectando al niño en la formación que se pretende brindarles y provocándole confusiones”. El texto de este párrafo resulta poco feliz.

 Un análisis sintáctico permite concluir que se imputa de manera flagrante a estos docentes que, cuando brindan enseñanza a los alumnos acerca de los símbolos, de manera directa o indirecta también les enseñan a rechazarlos. Tal afirmación no puede ser admitida desde ningún punto de vista, por su mendacidad y por el grave daño que causa a personas que honradamente quieren ejercer su profesión.

 Resulta llamativo que la Resolución utilice expresiones de tono empírico y dogmático, como si fuese algo de rutina, comprobado en muchas oportunidades, que los docentes testigos de Jehová 'transmiten' a sus alumnos conductas de rechazo hacia las instituciones patrias o que 'afectan' y 'provocan confusiones' en los niños, sin haber reseñado un solo caso en que dicha conducta haya sido efectivizada. 

Si, como lo expresa la norma, dichas situaciones se hubieran producido o se estuvieran produciendo en el ámbito escolar, más que dictar una norma de orden administrativo cuyo texto es por demás impreciso, debieron haberse interpuesto serias acciones judiciales, por cuanto lo que se imputa podría llegar a encuadrar en el tipo penal de la sedición.

 

 

VII. RECUERDOS DE UNA ÉPOCA TRISTE

 

Tristemente, nuestro país ha sido víctima de textos normativos como el que se impugna en este artículo, pero en una época histórica en la que las libertades no se ponderaban como en el tiempo presente.

A modo de ejemplo, recuerde el lector por caso, el decreto 1867 del 31 de agosto de 1976 que decía: “VISTO la secta religiosa Testigos de Jehová y CONSIDERANDO: Que la secta en cuestión sostiene principios contrarios a la nacionalidad, a instituciones básicas del Estado y a preceptos fundamentales de su legislación. Que la libertad de culto consagrada por los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional se halla desde luego limitada en el sentido de que las ideas religiosas no deben importar una violación de leyes o un atentado contra el orden público, la seguridad, la moral o las buenas costumbres... DECRETA: Prohíbese en todo el territorio de la Nación la actividad religiosa TESTIGOS DE JEHOVÁ”.

Afortunadamente, con la reimplantación del sistema democrático, nuestro país se recuperó de ese tiempo histórico -al que seguramente nadie en su sano juicio desea regresar-, y mediante el expreso reconocimiento de la mendacidad de las afirmaciones que contenía aquel decreto, se inscribió en el Registro Nacional de Cultos a la Asociación de los Testigos de Jehová, bajo el número 1611.

 Por lo tanto, acorde al actual espíritu normativo, en el que predomina el respeto por las libertades individuales, la Resolución 100 no puede estar más alejada del texto constitucional del Art.  257 inc.  a y b de la Constitución de la Provincia de Neuquén, que ella misma cita, al expresar: “Que la Constitución Provincial da sustento a esto [a saber, el dictado de la Resolución 100] en el Art. 257 inc. "a" y "b". Que corresponde dictar la norma legal pertinente.

 

 

VIII. INCONSTITUCIONALIDAD PROVINCIAL

 

Vale analizar la manda constitucional citada para confrontar su texto con la norma dictada, según se aduce, en su consecuencia, a saber, la Resolución 100, para evidenciar la inconstitucionalidad de esta última. Para mejor ilustración de los lectores, nos permitimos transcribirla textualmente:

“Art. 257.– Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán ajustarse a las bases siguientes: a) La educación primaria será laica, gratuita y obligatoria, hasta completar el ciclo, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca, procurando que en todas las escuelas se imparta el ciclo de educación y enseñanza completo; b) La educación común tendrá entre sus fines el de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones democráticas, la solidaridad humana, la familia y los principios de moral que respeten la libertad de conciencia”.

 Como se observa, el precepto enuncia las bases a las cuales deben ajustarse las leyes que organicen y reglamenten la educación. Por tratarse de una materia de interés constitucional, cuya proyección comunitaria incide plenamente en el carácter de los habitantes de la Provincia y de la Nación toda, los constitucionalistas entendieron que la organización y reglamentación de la Educación debía quedar reservada a la Legislatura Provincial (art. 255), cuyas funciones se encuentran delineadas en los Art. 71 y siguientes de la Constitución neuquina.

En consecuencia, el que el Consejo de Educación se atribuya la facultad de legislar en los términos del art. 257, sobre un aspecto de fondo inherente a la educación y con carácter limitativo de derechos constitucionales, conspira contra las potestades que la Constitución asignó a la Legislatura Provincial.

 Por otra parte, el texto constitucional es claro e imparcial al establecer que las leyes educativas deben propender a que la educación sea laica (art. 257 inc. a), lo que no significa otra cosa que, a nivel escolar, no deben hacerse distingos en cuanto a concepciones religiosas de educadores o de alumnos.

 Ello es conteste con lo que establece tanto la Constitución Nacional como la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, la que en su art. 1° dice: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”

  A mayor abundamiento, del art. 257 inc. b) se infiere que los docentes deben aunar sus esfuerzos para formar el carácter de los niños en las instituciones democráticas.

 

 

IX. EDUCARSE EN LA DEMOCRACIA

 

Quizás quepa hacer una reflexión previa sobre qué se entiende por instituciones democráticas.

 Puede hablarse de democracia como forma de gobierno o como forma de Estado. Podemos tomar la enseñanza que al respecto vierte el reconocido constitucionalista Germán Bidart Campos, en su obra Lecciones elementales de política (Ed. Ediar, p 252): "En la teoría de la democracia como forma de gobierno hay una profunda ideología de base: es la creencia y la afirmación de que el pueblo se gobierna y se debe gobernar a sí mismo, o sea, el gobierno propio, la identidad de gobernantes y gobernados." En ese sentido del término "democracia", las instituciones cuyo respeto y veneración debe inculcarse a los niños se relacionan con la forma republicana de gobierno, que se caracteriza por la división de poderes, la elección popular de los gobernantes, periodicidad en el ejercicio del gobierno, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad por esos mismos actos, igualdad de los individuos, etc. A lo que habría que agregar el reconocimiento de los emblemas y símbolos de la nacionalidad, Himnos y canciones patrióticas, y enseñanza de las fechas patrias y de los próceres de la argentinidad.

 Conforme se señalara más arriba, los docentes testigos de Jehová no transgreden la norma constitucional, ya que cumplen su función de enseñar tales instituciones nacionales, y manifiestan respeto por el país en el que viven, así como por sus emblemas, obedeciendo las leyes vigentes.

 Nunca se envuelven en actividades antigubernamentales de ningún tipo, armonizando su postura con las famosas palabras de Cristo: "Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios" (Evangelio según San Mateo XXII: 21, Nácar-Colunga). Sin embargo, para el tema que nos ocupa, parece interesar más la enseñanza por parte de los docentes de las instituciones democráticas o de la democracia misma como forma de vida o como forma de Estado, ya que ello es lo que moldea más plenamente el carácter de los niños.

 El Diccionario Jurídico de Abeledo Perrot, define a la Democracia como forma de vida, como aquella que expresa la plenitud de la personalidad humana, a través del orden igualitario y libre.  Siguiendo dicha línea de pensamiento, puede observarse que en cuanto a la democracia como forma de Estado, el Dr. Bidart Campos expresa que: "Hay que relacionar el poder con el elemento humano o población, a efectos de saber cómo se ejerce el poder en relación con los hombres".

 Cuando el poder en relación con los hombres se ejerce respetando la dignidad, libertad y derechos de la persona humana, tenemos la democracia como forma de estado, o sea, un modo de ejercer el poder que da forma y estructura al estado mismo, al régimen político en sí mismo.

 El estado es democrático cuando el hombre queda situado dentro de la comunidad política en una forma de convivencia libre, que asegura su dignidad, su libertad y sus derechos individuales.

 La democracia como forma de estado presupone un estilo de vida, que es la convivencia humana en justicia y en libertad. El estado es democrático cuando su poder, en la relación con los hombres que forman su población, se ejerce en forma respetuosa de aquella situación personal debida al hombre por imperio de la justicia. (Op. citada, p 257.).

 De acuerdo a este otro aspecto de la democracia, los docentes testigos de Jehová tampoco vulneran el precepto constitucional y mucho menos privan a los niños a los que educan de un conocimiento de las instituciones republicanas que los preparan para ser en el futuro ciudadanos útiles para la sociedad.

 Por el contrario, es la Resolución 100 la que vulnera las instituciones democráticas por cuanto desconoce el respeto por las creencias religiosas ajenas, lesionando la norma constitucional en la que pretende fundamentarse y sometiendo a sus injustas reglas a los testigos de Jehová que ejercen la docencia, o incluso a cualquier docente, ya que la norma es de carácter general.

 

 

X. UNA NORMA INSOSTENIBLE

 

La inconstitucionalidad de la norma que nos ocupa se hace manifiesta por cuanto su mantenimiento implicaría sostener que en la Provincia de Neuquén -que lucha incansablemente por alcanzar el nivel de los elevados ideales de la democracia- cierto sector de la población, se ve privado de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

 Difícilmente pueda justificarse desde un punto de vista democrático, el dictado de un precepto como la Resolución 100, por cuanto una norma no puede resultar contraria a la Constitución, conforme lo determina el art. 30. Por otra parte, el mismo art. 257 inc. b) establece que además de educar a los niños en el culto de las instituciones democráticas, los maestros deben educarlos en la solidaridad humana, la familia y los principios de moral que respeten la libertad de conciencia.

 En tal sentido, puede afirmarse que precisamente con el cumplimiento de la Resolución del Consejo de Educación se deja seriamente confundidos a los alumnos, cuando estos contemplan que por un lado se les enseña el respeto a la libertad de conciencia, pero por otro se restringe la actuación de sus docentes que profesan una religión distinta, porque ellos presentan una objeción de conciencia religiosa a la veneración de los Símbolos o a la entonación de las canciones patrióticas.

 Esto no implica de manera alguna que tales docentes insten a sus educandos a creer o hacer lo mismo que ellos, sino simplemente se limitan a ejercer su derecho de abstención, como expresión de la faz negativa del derecho a ejercer libremente el culto.

 

 

XI. UN GOLPE A LOS DERECHOS DEL DOCENTE

 

Como corolario, merece ser analizada la parte dispositiva de la Resolución 100, cuando expresa que “El Consejo Provincial de Educación del Neuquén RESUELVE 1°) DETERMINAR que cualquiera sea la religión que profese el docente, deberá respetar los Símbolos Patrios, atento a lo establecido en el Artículo 5°, Inciso "b" del Estatuto del Docente".

Para una mejor consideración del citado párrafo, merece reseñarse lo que el Estatuto del Docente establece en su art. 5, inc. b. Allí expresa: Capitulo II.- De los deberes y derechos del docente.  Artículo 5°.- Son deberes del personal docente, sin perjuicio de los que establezcan las leyes y decretos generales para el personal civil de la Nación: [...] b) Educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional y en las leyes dictadas en su consecuencia con absoluta prescindencia partidista” Puede advertir el lector que el citado artículo 5 inc. b) del Estatuto del Docente es una norma de similar texto que el art. 257 inc. b) de la Constitución Provincial, cuyo análisis se efectuó antes.

 Por lo tanto, lo dicho respecto a las instituciones democráticas vale para el presente análisis, de lo cual puede inferirse que la Resolución 100 o carece de sustento jurídico o tergiversa aquel en el que pretende basarse.

Paradójicamente, ni la Constitución Provincial ni la Constitución Nacional, ni el Estatuto del Docente ni ninguna otra ley Provincial o Nacional obligan a venerar los símbolos nacionales.  Tampoco sería necesario que obligaran a hacerlo, ya que se da por entendido que los mismos merecen el respeto que les es debido.

 

 

XII. HISTORIA RECIENTE Y JURISPRUDENCIA

 

Para una mejor comprensión del tema que nos ocupa, debemos acudir a los antecedentes legales que rigen a nivel nacional, como lo es la Resolución n° 1635 del Ministerio de Cultura y Educación (Expte. N° 56.039/78.- Actuación N° 17.151-S.E.-) dictada el 3 de noviembre de 1978. Dicha norma educativa, tuvo como objetivo actualizar los preceptos que regulan el tratamiento y uso de los símbolos nacionales en los establecimientos educativos. Conforme lo expresa, respecto al tratamiento y uso de los símbolos nacionales “[...] No existe una recopilación ordenada de dichas normas para el ámbito de este Ministerio. [...] Que en las especiales circunstancias que vive el país [año 1978, pleno "Proceso de Reorganización Nacional"], es necesario que las mismas sean suficientemente difundidas. Por ello, el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN RESUELVE 1°. - Aprobar las Normas sobre las características, tratamiento y uso de los símbolos nacionales [...]”.  Puede afirmarse que la Resolución n° 1635, en su art. 2, es la norma que define la actitud de honor y respeto que se debe a la Bandera Nacional, así como el uso que se le dará a la misma.

 Precisamente, referido al punto de izar, arriar, conducir o acompañar a la Bandera Nacional, funciones que particularmente se confiere a los alumnos, dicha Resolución decía: “Los alumnos no podrán renunciar a este honor por razones de carácter religioso o de cualquier otra índole que invocaren” La historia de nuestro país revela que la vigencia de dicha norma significó en la práctica que numerosos alumnos fueran penados con la máxima sanción escolar, resultando expulsados de las escuelas, viendo interrumpidos sus estudios y sufriendo como víctimas de la persecución religiosa que se desató.

 Sin embargo, a consecuencia de las acciones judiciales que se interpusieron para reivindicar los derechos de alumnos y docentes que presentaban una objeción de conciencia, se llegó al entendimiento del verdadero alcance de los preceptos, concluyéndose que la forma de comprender la trayectoria histórica del país no vale solo por el culto a los símbolos, si paralelamente, se prescinde del reconocimiento expreso de las libertades y derechos del hombre. Entre los principales casos que nuestros Tribunales resolvieron, favoreciendo el derecho de los niños a ser eximidos de la reverencia de los símbolos por colisionar con sus creencias religiosas, puede reseñarse el caso Barros, Juan C. en representación de Barros, Pablo A. y Hugo H. c/Consejo Nacional de Educación y otra s/Amparo, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 6 de marzo de 1979 (Fallos 301:151; ED-82-220, con comentario del Dr. Germán Bidart Campos).

 Posteriormente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, también tuvo oportunidad de expedirse en un caso análogo, en los autos "Kirchner, Carlos y otros" (SCBA, setiembre 2 de 1980, Causa . 1083), con idéntica solución.

 En ambos fallos puede observarse que aun cuando no se hallaba en vigencia el orden constitucional, los Tribunales ponderaron las libertades individuales por encima de cualquier precepto que intentaba limitarlas.

 Quizás pudiera argumentarse que los casos señalados resolvieron la situación de alumnos y no de docentes. Los tribunales debieron avocarse principalmente a remediar la situación creada a los alumnos víctimas de expulsiones de sus establecimientos educativos, porque los casos se planteaban con motivo de su negativa a entonar el Himno o venerar los Símbolos Nacionales, asignaciones propias de los estudiantes. Sin embargo, los docentes sufrieron las mismas sanciones aplicadas a los niños. Tanto en los autos Espinosa, Marta Cristina c. Honorable Consejo General de Educación s/ Amparo, resuelto por el Excmo. Tribunal de Justicia de San Salvador de Jujuy (Expte. A-09971/85, 22-10-86), como en el fallo Urrestarazu de Salguero, Elena c/Pcia. de Córdoba s/Contencioso Administrativo, dictado por el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (Expte. Letra "U" N° 2, 8-7-1988), puede testimoniarse que a los docentes se les dejaba cesantes porque los autoridades escolares consideraban que no asistir a actos patrióticos, entonar el Himno Nacional, participar en el izamiento y arrío del Pabellón Nacional, "provocaba ensañamiento en los demás docentes por tratarse de actos de total falta de patriotismo y ética profesional".

 Sin embargo, en ambos casos pudo demostrarse que las docentes manifestaban su profundo respeto por los símbolos patrios y próceres de la ciudadanía, y que su abstención de no reverenciarlos se debía exclusivamente a razones de conciencia religiosa. Los Tribunales intervinientes reconocieron la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que evidencia una marcada tendencia a, si se presenta el derecho a la libertad de cultos por un lado y el respeto a los símbolos patrios por el otro, no verlos como deberes y derechos encontrados, sino que juegan con otras prerrogativas protegidas por la Constitución Nacional.

 Así, con fundamento en el derecho a enseñar y el de asegurar la educación, la Corte Suprema restableció a los docentes al status del que gozaban con anterioridad a la sanción administrativa.

 En el fallo Urrestarazu, el Superior Tribunal citó el voto del Dr. Tonelli en el fallo de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Sala II, D.A.F. c/Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) publicado en ED-102-500, que se expresó con relación a los sentimientos hacia los símbolos nacionales del siguiente modo: "La casi unanimidad de los argentinos los expresamos por convicción espontánea. A esa moralidad prevaleciente no le perturba que alguien se abstenga respetuosamente, por motivos que incumben a su propia intimidad, de expresar una adhesión semejante. En cambio, resultaría lesivo a la conciencia nacional mayoritaria, que alguien se viera compelido a demostrar sin sinceridad iguales sentimientos, mediante la contradicción de sus íntimas convicciones patrióticas. Las adhesiones logradas coercitivamente son de ningún valor, es muy poco lo que puede esperarse de unanimidades forzadas, y además los hechos demuestran felizmente que tampoco se las logra por ese camino. La decisión que califica como lícita la conducta de respetuosa abstención ante los símbolos nacionales, no ofende la moral pública, sino que por el contrario, reconoce la madurez y tolerancia que ella ha logrado a esta altura de la evolución nacional, pues son evidentes las expresiones mayoritarias que descreen los métodos coercitivos que producen efectos efímeros y, en cambio, demuestran su preferencia por los resultados creíbles, confiables y duraderos que se logran mediante el consenso".

 Por lo tanto, puede notarse que distintos tribunales del país entendieron que la abstención de reverenciar los Símbolos, o el silencio que guardan los testigos de Jehová cuando se entona el Himno, no deben ser entendidos como falta de respeto, vilipendio, afrenta para con dichos institutos.

 Como expresara el constitucionalista Germán Bidart Campos: “El respeto se satisface con la omisión de injuria o menosprecio; más bien que hacer algo significa no hacer lo que menoscaba el respeto, no ultrajar, no ofender. Es actitud pasiva; quien por motivos religiosos se abstiene de cantar el himno, de ponerse una escarapela, de saludar la bandera, usa lícitamente su derecho o libertad de no expresarse, su derecho al silencio, que es la faz negativa del derecho o la libertad de expresarse. Aparte, en un Estado cuyo gobierno federal está obligado por la Constitución a sostener el culto católico, a nadie se le podría ocurrir que obligara a la gente a ir a misa, a observar la cuaresma, a asistir a una ceremonia religiosa, a frecuentar los sacramentos, a arrodillarse frente al altar, etc. Lo que no es exigible con relación a Dios y con la religión católica ¿por qué es exigible con el Estado, con la Patria? ¿No nos enseñaron que los valores religiosos valen más que los valores nacionales, lo sagrado prevalece sobre lo profano, lo espiritual sobre lo temporal?" (ED--90-558).

 

 

XIII. EL CAMINO CORRECTO

 

Consecuentemente, y en sentido concordante con el verdadero alcance que impuso en el país el sistema democrático, el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación modificó la Resolución n° 1635 arriba transcripta, por la N° 1818 del 14-8-84: "Que ante la existencia de corrientes religiosas que rechazan la veneración de símbolos o elementos externos por considerar incompatible dicha actitud con sus creencias; EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Modificar el último párrafo del punto Bandera Nacional B. 2 de la Resolución N° 1635/78, el que quedará redactado de la siguiente manera: "los alumnos no podrán renunciar a este honor salvo por razones de carácter religioso, fundadas en los principios sustentados por cualesquiera de las religiones y/o cultos reconocidos por el Estado Nacional e inscriptos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. ARTÍCULO 2°.- Extiéndase la aplicación de este principio a la veneración, ostentación o portación del Escudo Nacional, escarapela y distintivos con los colores patrios, y la entonación del Himno Nacional. ARTÍCULO 3°.- Este criterio se aplicará siempre y cuando la actitud de abstención sea de respeto y recogimiento y no conlleve manifestaciones de ofensa, agravio, menosprecio o deshonor.  Fdo. Dr. Carlos R. S. Alconada Aramburu, Ministro de Educación y Justicia".

Asimismo, el Ministerio de Educación y Justicia dictó la Resolución 1832 de fecha 15 de agosto de 1984, que expresa: "Que la alumna peticiona ser eximida de la obligación de participar en la ceremonia de izar y arriar la Bandera Nacional, como asimismo de jurarle lealtad. Que funda dicha solicitud en el hecho de pertenecer a la Asociación de los Testigos de Jehová.  Que dicha omisión por sí sola no implica la alteración del orden jurídico o el menosprecio a los símbolos patrios.  Que la Constitución Nacional garantiza la libertad de cultos y el derecho de aprender (Art. 14).  Que en defensa de tales principios constitucionales resulta atendible acoger en este caso particular tal petición. Fdo. Dr. Carlos R.S. Alconada Aramburu, Ministro de Educación y Justicia".

 También, en otros puntos del país se acogió favorablemente dicho criterio, dictándose, por ejemplo, los Decretos n° 2420 de la Gobernación de la Provincia de Misiones y el Decreto n° 5032 de la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos.

 

 

XIV. CONCLUSIÓN

 

 El panorama jurídico reseñado, revela que en el pasado se consideraba que la abstención religiosa de los testigos de Jehová parecía vulnerar el espíritu patriótico imperante en el país. Sin embargo, no es posible mantener ese concepto atento a las soluciones jurídicas que los más altos Tribunales del país ya han dado al asunto. La Resolución n° 100 resulta así de temática retrógrada y obsoleta, y no puede constituir parte integrante del plexo normativo bajo el cual se vive en la Provincia de Neuquén y en el país.

 Transcurrieron ya veinte años de nuestra vuelta a la democracia y sin embargo normas como éstas se siguen aplicando por el poder administrador. Y lo que resulta ser más preocupante aún es que nuestros Tribunales no consideren propio declarar su inconstitucionalidad, como lo resolviera el Tribunal Superior de la provincia de Neuquén, que fundamento su negativa en el hecho de que la Circular no se encuentra vigente porque no ha sido publicada, con lo cual no cabe la declaración de inconstitucionalidad.  Sin perjuicio de ello el Estado Provincial la aplica, causando graves daños a la comunidad minoritaria de objetores de conciencia.

 Y nuevamente surge la cuestión ¿Por qué, a pesar de los cambios operados a través de la reforma constitucional de 1994 y la incorporación de ciertos pactos internaciones a nuestra Constitución, todavía debemos transitar por estos caminos de segregación ideológica, religiosa etc.? Y es aquí cuando se dan dos situaciones: primero la necesidad de elaborar herramientas jurídicas que nos permitan lograr la tutela efectiva de los derechos consagrados, y segundo, la responsabilidad indiscutible a nivel internacional del Estado.

 ¿De qué nos sirve el reconocimiento de numerosos derechos si luego no tenemos las garantías para que los mismos sean enarbolados como la más íntegra protección de la persona humana, superando meras formulaciones abstractas? Como ya lo expresáramos, el derecho protegido a través de la lucha contra la discriminación es el de igualdad, y aún cuando ese flagelo haga surgir el repudio de toda la familia humana, ha tenido siempre la facilidad de reinsertarse en la sociedad a través de numerosas y variadas formas, como las que hemos analizado.

 Es por ello que el verdadero alcance de la igualdad jurídica solo se logrará a través de la superación de las desigualdades que impidan la concreción del manda constitucional de igualdad real de oportunidades y de trato. Sin perjuicio de reconocer las diferencias interpersonales. Conforme lo sostuviera Gregorio Badeni: “(...) la igualdad jurídica debe reflejar las desigualdades naturales.  La igualdad constitucional no anula las diferencias que la naturaleza establece entre los hombres, porque ello importaría un trato igualitario ante distintas circunstancias y situaciones, conduciendo paradójicamente a una desigualdad (...), si bien la igualdad jurídica se  atiene  a la igualdad natural, procura compensar la desigualdad de condiciones en que se encuentran los hombres cuando ellas carecen de razonabilidad a los fines del desarrollo, progreso y dignidad. Excluye solamente las diferencias arbitrarias que conducen a favorecer a unos en desmedro de otros, pero respeta las diferencias razonables que son consecuencia de las aptitudes intelectuales de los hombres” (Instituciones de Derecho Constitucional, p 254).

Sin perjuicio de este reconocimiento expreso de las desigualdades, la tutela efectiva o protección antidiscriminatoria exige más de nosotros. Requiere un ámbito de especificidad dentro del campo jurídico en lo que hace a las distintas herramientas posibles de que valerse frente al acto discriminatorio arbitrario. Este último lleva una carga emotiva negativa respecto de las personas a quienes se dirige el acto de segregación, y que puede llegar hasta el exterminio genocida.  Es por ello que frente a los daños resultantes de tales actos es necesario implementar métodos que todavía resultan extraños en nuestro derecho, pero que han tenido cabida en otros sistemas como el norteamericano, a través de una presunción de inconstitucionalidad de cualquier acto o norma que entre en la categoría de sospechosa. Los actos de segregación resultantes de la norma discriminatoria, de que han sido objeto los habitantes de Neuquén han sido de los más variados, aplicándose por ejemplo, en un caso, la agraviante sanción de “amonestación”, a pesar de la irreprochable conducta desplegada por la docente, conforme su Cuaderno de Actuación personal docente, del que surge que realiza excelentes clases alusivas a la formación de valores cívicos y nacionales en los educandos.

 También hemos tomado razón,  de lo que les aconteciera a niños de entre cinco y doce años que concurren a la Escuela Provincial Nº 119 de Cutral Có. Fueron “notificados” de la Resolución 100/95 y posteriormente, en oportunidad de la celebración de un acto patriótico, fueron separados de sus condiscípulos y enviados al fondo del salón de actos, donde debieron permanecer de pie durante toda la ceremonia. Es claro que esa exposición pública a la que fueron sometidos tan solo por profesar un culto distinto al de la mayoría, suscitó en ellos momentos de angustia e incomodidad al sentirse segregados, además de la reprobación que tuvieron que experimentar por parte de profesores y compañeros. Es impensable que esto ocurra en el siglo XXI y bajo un supuesto Estado de Derecho. Todo ello encuentra su raíz en la vigencia de la norma inconstitucional de marras.

 A otros alumnos del Instituto de Formación Docente Nº 1 de Cutral Có,  se procedió a efectuarles la notificación de rigor exigiéndoseles que denunciaran su profesión de fe en forma expresa, como requisito para iniciar el período de práctica áulica al cursar la cátedra de Observaciones y Prácticas de la Enseñanza II.

 La discriminación de la que están siendo víctimas los miembros integrantes de esa comunidad religiosa, resulta a todas luces contraria a los valores  sustentados por nuestra Carta Magna.

 Los graves daños a los que están siendo sometidos niños, hombres y mujeres de la Argentina en virtud de sostener la legalidad de una resolución que es propia de la noche más oscura de nuestra historia, echa por tierra todo el esfuerzo jurídico y filosófico por sostener el derecho de todo ser humano a su propia existencia.

Es por todo lo expuesto que la propuesta al referido Congreso científico, aprobada por unanimidad, consistió en “la anulación de la Circular nº 100 emanada del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, por calificar injustificadamente como falta de respeto la objeción de conciencia a venerar los Símbolos Nacionales.”