URGENTE NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY

DE INTERDICCIÓN E INHABILITACIÓN

PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA

(Sobre el Proyecto presentado en agosto del 2003)

 

 por Luis Alberto Falcó

 

1. INTRODUCCIÓN

 

En épocas donde los extremos demostraron ser ineficaces e inconducentes y donde la lógica de los grises, del intercambio, del “caso a caso” se impone, el tratamiento de las interdicciones por razones psíquicas que actualmente rige en nuestro país, no escapa a esa realidad, y reclama de la observación del legislador. Dicho tratamiento por el Código Civil argentino, nacido en la década del 1860, y aunque con reformas posteriores, ofrece a todas luces un producto anacrónico, desordenado y, lo que es más importante, muy poco eficaz, según lo develado por la comunidad científica y jurídica. 

Cornelius Castoriadis, filosofo, economista y ensayista griego contemporáneo, nos sigue invitando a reflexionar acerca de la autonomía del sujeto y de la sociedad. En su marco conceptual, a fin de poder hacerlo, hay que abrir la posibilidad para que las sociedades no idealicen sus instituciones y las deconstruyan reflexivamente, con el objetivo de crear un “proyecto” de autonomía social y colectiva. La sociedad no es el mero resultado de la conjunción de procesos necesarios, sino una permanente auto invención que establece y deroga sus normas a partir de una realidad cuyo decurso simbólico nunca es irrevocable.

Desde esta óptica, analizando el imaginario social respecto de la demencia y las discapacidades mentales, es notoria su transformación a la vera del transcurso de los tiempos. Ya es hora que las leyes sean puestas al nivel de dichos cambios.

Desde un inicial ocultamiento y represión, pasando por el imperio de la normalización y protección, hoy día el colectivo tiende a observar en detalle aquello que se relaciona con la “capacidad” mas que con el déficit. Basta recordar como ejemplo que desde hace ya varios años circula el concepto de “capacidades diferentes” en reemplazo de “discapacidad”, tratando de no eclipsar a la persona por su circunstancia. Los descubrimientos y desarrollo de la psicofarmacología, las experiencias de la psicoterapia (especialmente las que pusieron de relieve la importancia de los factores socio-ambientales), han contribuido a una conciencia nueva en relación con el enfermo mental.

 

 

2. UN SISTEMA BIPOLAR Y FACILISTA

 

¿Cómo podemos describir nuestro sistema jurídico en vigencia? Entre otros aspectos, sigue ofreciendo un esquema de clasificación bipolar: categóricamente, se es “capaz” o “incapaz”. Si se es “demente”, entonces se pierde la capacidad de hecho in totum, obedeciendo con ello a una larga tradición tanto del Derecho como de la Psiquiatría, ciencias que consideraban al enfermo como incapaz para tomar cualquier tipo de decisión, provocando en muchos casos una clara vulneración de los derechos de muchos de ellos. La institución de la inhabilitación, fue un avance sin dudas, pero sólo tímido y muy restringido.

Estos extremos se insertan en un mecanismo masivo y facilista, que restringe lo que podría respetar. Se trata a todas luces, de un sistema de negro y blanco sin grises, que degrada a la persona produciendo la pérdida casi total de la libertad, impidiendo al juez las posibilidades intermedias que promuevan y preserven los aspectos sanos de la personalidad, así como las de elaboración.

Considero necesario entonces, mantener una posición más "funcionalista", de tal forma que consideremos que la psicopatología puede alterar la capacidad de decisión respecto a algunas normas y a otras no. La visión actual de la Psiquiatría Legal viene en nuestro auxilio, considerando que la enfermedad mental altera el funcionamiento en un sector, mayor o menor, del mundo normativo del individuo. Esta alteración se debe a la capacidad para hacer valer sus derechos, cumplir con las obligaciones legales, y asumir responsabilidades. En general, el sistema debería esperar que el individuo esté capacitado para asumir los derechos y deberes que le competen como ciudadano y en tales casos, aclarar –con el desempeño idóneo de profesionales- cómo ha repercutido la enfermedad mental en este conjunto de capacidades.

Destacados juristas denuncian que las pericias judiciales muestran en general la tendencia a calificar de “peligroso” e “incapaz total” a todo enfermo de esquizofrenia, por el solo hecho de serlo, lo que conduce invariablemente a disponer internaciones no sólo innecesarias sino hasta negativas. El enfermo que tiene posibilidades frente a la vida no debe verlas coartadas. La legislación debe responder, modificando el criterio de “peligrosidad” imperante, permitiendo que la limitación de esa libertad pueda ser variable en función de las necesidades de cada caso, derribando con ello innecesarios obstáculos.

 

 

3. EN CAMINO HACIA UNA SOLUCIÓN

 

A partir de estos conceptos es dable proponer reformas a nuestro sistema normativo, que se encuentra retrasado, pues ha establecido en dos círculos, infranqueables entre sí, las categorías del interdicto, con incapacidad total y absoluta, y del inhabilitado con capacidad asistida en muy relativos casos y situaciones. Cualquiera sea el cuadro psicopatológico, caracterizado por una menor o mayor intensidad, duración o alteración, la diversidad subjetiva de los enfermos queda opacada e invisibilizada bajo una entera inhabilitación de su aptitud y libertad.

Por tales motivos, en agosto de este año he propuesto reemplazar algunos artículos del Código Civil, con el propósito de modificar parámetros perimidos, estableciendo un mecanismo flexible, personalizado y des-objetivizante, tendiente a reafirmar la “capacidad” y la libertad del individuo. Algunos aspectos de dicho proyecto de ley, que se encuentra en trámite parlamentario, son:

Ø            destierra el término “demencia” como denominación de “estado” jurídico;

Ø            requiere necesariamente el antecedente de la situación del sujeto como enfermedad, debilidad o insuficiencia de las facultades psíquicas;

Ø            define al interdicto como aquel que “pueda poner en peligro su persona o sus bienes, o causar daños a terceros”, imprimiendo así un mayor rigor objetivo;

Ø            la sentencia de interdicción debe determinar la extensión y los límites de la incapacidad debiendo establecer los actos o tipos de actos que se le impiden realizar por sí, aquellos para los que sea oportuna la asistencia del curador, y finalmente los que podrá concretar libremente;

Ø            reafirma el principio de la máxima preservación de la capacidad de hecho;

Ø            la pericia previa (para decretar la interdicción así como su cesación), deberá estar integrada por un equipo interdisciplinario de médicos y psicólogo pertenecientes al cuerpo forense;

Ø            establece los capítulos mínimos que el examen que recomienda la interdicción debe contener (diagnóstico; época en que el estado patológico se manifestó; pronóstico y recomendaciones para la protección, asistencia y recuperación; informe sobre las áreas en las que el sujeto conserva su posibilidad de autonomía y aquellas en que requiere asistencia);

Ø            define la internación como último recurso: sólo cuando fuera estrictamente necesaria y con el horizonte en el principio de la máxima conservación posible de la libertad, priorizando las posibilidades de recuperación;

Ø            amplía las posibilidades de intervención y defensa del denunciado, y otorga intervención promiscua y gratuita al Ministerio Pupilar;

Ø           insta al reemplazo -tanto como sea posible- de los curadores designados por funcionarios con sueldo estatal;

Ø            limita la “inhabilitación” a quienes por cualquier razón se encontrasen reiterada o regularmente en un estado en que del ejercicio pleno de su capacidad, pudiera resultarles un daño inminente, dando por terminado así las estigmatizantes etiquetas de “ebrio consuetudinario”, “drogadicto”, etc., y haciendo hincapié en la peligrosidad;

Ø            promueve que el nuevo sistema para la interdicción, permita aplicar sus reglas a la inhabilitación, con lo cual ambas instituciones tenderán a converger en sus características y efectos;

Ø            deroga la figura de la interdicción del sordomudo analfabeto, requerida por la doctrina desde hace décadas;

Ø            reza que nadie será privado de su libertad personal sin autorización judicial, con el único límite de que resultare inminente que, usando de esa libertad, el sujeto se dañará a sí mismo o dañará a otros, y siempre dando inmediata cuenta al juez. previo dictamen del médico oficial;

Ø            impone una responsabilidad solidaria y personal de quienes ordenen la internación y del médico interviniente, si la misma no correspondía, sin menoscabo de la responsabilidad institucional.

    Concluyendo, estoy convencido que la capacidad de hecho debe ser la regla. Debe interpretarse como algo sagrado, que sólo puede restringirse en casos excepcionales, y con extremo resguardo. Como legislador me habita la misión de promover su defensa, con la firme convicción que en proyectos sobre autonomía del sujeto, estamos delineando proyectos de autonomía social.-

 

 

    4. EL PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1°. Reemplázanse los artículos 140 al 152 del Código Civil por los siguientes:

            “140. Puede ser interdicto el mayor de catorce años que, por enfermedad, debilidad o insuficiencia de sus facultades psíquicas, pueda poner en peligro su persona o sus bienes, o causar daños a terceros.

 

           141. La sentencia que declara la interdicción debe determinar la extensión y los límites de la incapacidad, estableciendo concretamente qué actos o tipo de actos quedará impedido de realizar por sí, para cuáles requerirá asistencia del curador, y cuáles otros podrá concretar libremente, en su caso. El principio será siempre el de la máxima preservación de la capacidad de hecho.

 

           142. La sentencia no podrá dictarse sino en base al previo examen del sujeto y de sus antecedentes por un médico neurólogo, un médico psiquiatra y un psicólogo, pertenecientes al cuerpo forense respectivo. El dictamen podrá ser conjunto, y, si recomendare la interdicción, deberá, por lo menos, contener:

a)     Diagnóstico;

b)     Estimación de la época en que el estado patológico se manifestó;

c)      Pronóstico y recomendaciones para la protección, asistencia y recuperación;

d)     Informe sobre las áreas en que el sujeto conserva su posibilidad de desempeñarse sin ayuda, y aquellas en que requiere asistencia.

 

           143. Si en el peritaje referido en el art. 142 se recomendase la internación del sujeto, ésta podrá disponerse, en la sentencia o después de ella, sólo en la medida en que fuera estrictamente necesaria, y partiendo siempre del principio de la máxima conservación posible de la libertad, y priorizando las posibilidades de recuperación.

 

           144. Están legitimados para pedir la interdicción:

a)     El cónyuge no divorciado ni separado judicialmente o de hecho;

b)     Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado;

c)      El Ministerio Público;

d)     El propio interesado.

Si se trata de un menor, sólo están legitimados sus padres, su tutor o el Ministerio Público.

 

           145. El denunciado es parte necesaria en el proceso, al cual puede comparecer personalmente, y efectuar las manifestaciones y aportar todas las pruebas que estime oportunas. Sin perjuicio de ello, interpuesta la solicitud de interdicción, que deberá radicarse ante el tribunal del domicilio del denunciado, éste será representado en forma promiscua y gratuita por el Ministerio Pupilar, que recibirá los bienes bajo inventario, en su caso. De haber sido el denunciante el Ministerio Pupilar, la defensa la asumirá, en idénticos términos, el Defensor Oficial con jurisdicción en materias civiles.

 

           146. No podrá solicitarse la interdicción cuando una solicitud igual se hubiese rechazado, aunque sea otro el que la solicitase, salvo si expusiese hechos sobrevinientes a la declaración judicial.

 

           147. Interpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte esencial el Ministerio de Menores.

 

           148. Cuando el juez lo crea imprescindible para la mejor defensa de los intereses del denunciado, mandará recaudar los bienes de éste y entregarlos, bajo inventario, a un administrador provisorio, que se procurará sea cónyuge, descendiente o ascendiente del interesado, y en ningún caso quien promoviera la denuncia.

 

           149. Si el denunciado fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones de curador y administrador provisorio.

 

           150. La cesación de la incapacidad o modificación de sus alcances, sólo tendrá lugar por sentencia judicial, con audiencia del Ministerio Pupilar, en base a una nueva pericia practicada en los mismos términos de la del art. 142.

 

           151. La sentencia que declara la interdicción y su cesación deben ser tomadas en consideración en sede penal, a sus efectos.

           La sentencia dada en un juicio criminal, que hubiese tenido por cierta la demencia del acusado, es un elemento de prueba a los efectos de su interdicción civil, pero no excluye los requisitos previstos en los artículos precedentes.

 

           152. Podrá inhabilitarse judicialmente a quienes por cualquier razón se encontrasen reiterada o regularmente en un estado en que del ejercicio pleno de su capacidad, pudiera resultarles un daño inminente. Se aplicarán a la inhabilitación las reglas de la interdicción.

 

Artículo 2°. Derógase el artículo 152 bis del Código Civil.

Artículo 3°. Reemplázase el artículo 54 del Código Civil por el siguiente: 

“54. Tienen incapacidad absoluta:

    1.    Las personas por nacer.

    2.    Los menores impúberes.

    3.    Los interdictos, cuando así fuera dispuesto en la sentencia respectiva”.

 

Artículo 4°. Reemplázase el inciso 3° del artículo 57 del Código Civil por el siguiente: 

“De los interdictos, los curadores que se les nombren”.

 

Artículo 5°. Derógase en su totalidad el Título II de la Sección Primera del Libro Primero del Código Civil.

 

Artículo 6°. Modifícase el texto del art. 304 del Código Civil, en el siguiente sentido:

“Los padres pierden la administración de los bienes de los hijos, cuando son privados de la patria potestad, pero si fuesen interdictos, no pierden el derecho al usufructo de los bienes de sus hijos”.

 

Artículo 7°. Reemplázase el texto del art. 469 del Código Civil, por el siguiente:

“Son incapaces de administrar sus bienes los interdictos, en la medida en que lo disponga la sentencia respectiva”

 

Artículo 8°. Modifícase el texto del art. 479 del Código Civil, en el siguiente sentido:

“En todos los casos en que el padre o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad, podrá también nombrar curadores por testamento a los mayores de edad interdictos”

 

Artículo 9°. Reemplázase el texto del art. 482 del Código Civil, por el siguiente:

“Nadie será privado de su libertad personal sin autorización judicial, sino cuando resulte inminente que, usando de aquella, se dañará a sí mismo o dañará a otros. En tal caso, las autoridades policiales podrán disponer la internación, dando inmediata cuenta al juez, y previo dictamen del médico oficial. Quienes ordenen la internación y el médico interviniente serán personal y solidariamente responsables si la disposición resultase inadecuada o inconveniente, sin menoscabo de la responsabilidad institucional”.

 

Artículo 10°. Modifícase el texto del art. 990 del Código Civil, en el siguiente sentido:

“No pueden ser testigos en los instrumentos públicos, los menores de edad no emancipados, los interdictos si así lo dispusiera la sentencia respectiva, los ciegos, los que no tengan domicilio o residencia en el lugar, los que no saben firmar su nombre, los dependientes del oficial público, y los dependientes de otras oficinas que estén autorizadas para formar escrituras públicas, los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que por sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos públicos”.

 

Artículo 11°. Modifícase el texto del art. 1070 del Código Civil, en el siguiente sentido:

“No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en lúcidos intervalos, aunque ellos hubiesen sido interdictos; ni los practicados en estado de embriaguez, si no se probare que ésta fue involuntaria”.

Artículo 12°. De forma.

 

NOTA DEL DIRECTOR: PERSONA GUSTOSAMENTE RECIBIRÁ COMENTARIOS, CRÍTICAS, ADHESIONES, ETC., A ESTE PROYECTO DE LEY. ESCRIBIR A: [email protected] CON EL ASUNTO: "INTERDICCION"