El 11 del corriente fue votada por el Senado italiano la ley de procreaciòn mèdicamente asistida. El proyecto tuvo origen en la Càmara de Diputados, obteniendo la aprobaciòn de este cuerpo a mediados del 2002, encontràndose desde entonces para su estudio en el Senado. En las dos semanas precedentes a su sanciòn, los diarios de mayor tirada en Italia dedicaron un espacio de tapa central al tratamiento del tema, opacando inclusive en los ùltimos dias, las noticias sobre los avatares de la cumbre de Bruselas sobre la Constituciòn Europea. Las etapas finales de discusiòn fueron presentadas como una batalla entre catòlicos y laicos, por el claro corte conservador de la ley. Sin embargo y pese a la notable cobertura gràfica, desde los programas televisivos se denunciaba la “pràticamente nula” participaciòn ciudadana y cientìfica en el proceso de elaboraciòn.
Asimismo a medida que pasaban los dias, se volviò manifesta la intenciòn del centro-derecha (encabezada por Forza Italia, partido liderado por Berlusconi, ganador en las ùltimas elecciones y que detenta la mayoria en el Parlamento) e impulsora del proyecto en cuestiòn, de aprobarlo a la mayor brevedad posible. Entre otros motivos, el espacio de debate que comenzaba a gestarse y la trasversalidad de los votos, fueron decisivos para dejar de lados las sutilezas . En esta linea, el dirigente del partido Forza Italia, senador Schifani, envio una carta a sus senadores invitando a votar respetando la disciplina del partido. Por su parte, el gobierno, que inicialmente habìa detentado una posiciòn neutral, se manifesto sin reservas por la aprobacion de la ley. La votaciòn se efectuò por escrutinio secreto, hallàndose de un lado los catòlicos del Polo y buena parte de la Margherita y del otro L’Ulivo, los laicos de Forza Italia y de la Margherita. El voto final contò con 165 a favor, 72 en contra y dos abstenciones. Resulta eloquente que desde antes de la aprobaciòn de la norma se intentara poner panios frìos alegando que “ mejor esta ley que ninguna ley” y que luego “se trabajarà para mejorarla”.
La norma, de 18 artìculos, establece la regulaciòn de la procreaciòn mèdicamente asistida. En Italia, existen actualmente 323 centros especializados en fecundaciòn asistida, donde cada intervenciòn cuesta entre 3.000 y 10.000 euros, pudiendo recurrir al servicio pùblico de salud y siendo aproximadamente 1/100 los ninos nacidos de estas tècnicas ( datos de Il Messaggero, 10-12-2003).
La ley establece el caràcter subsidiario de las tècnicas de tipo homòlogas, a favor de parejas heterosexuales casadas o convivientes, en edad potencialmente fèrtil, que deberàn ser debidamente informadas. Al producto de la fecundaciòn se le ha dado un estatuto total de protecciòn: una vez producida la fecundaciòn debe ser transferido al ùtero materno, no puede ser congelado, manipulado, utilizado en experimentaciòn (ni siquiera si es inviable para ser implantado), ni pueden realizarse sobre el tècnicas de diagnòstico pre-implantatorio. Se establece ademàs la obligatoriedad de registro de los centros especializados, que actualmente es voluntario. Se proscribe la maternidad subrogada, el comercio y exportaciòn de gametos; se prevé asimismo la objeciòn de conciencia para los mèdicos de instituciones pùblicas donde se practiquen estas tècnicas.
Se aprobaron también dos òrdenes del dia, una a fin de establecer los requisitos mìnimos para que las parejas convivientes sean consideradas estables a los fines de la ley, y la otra tendiente a morigerar la «obligaciòn de implantaciòn », y a exonerar de responsabilidad al mèdico tratante por la negativa de la pareja.
Los artìculos que encendieron la polemica son fundamentalmente los que determinan : a) la prohibiciòn de la fecundaciòn heteròloga (aquella en la que se recurre a material genèrico ajeno a la pareja) b) la prohibiciòn de fecundar màs de tres òvulos, c) la imposibilidad de la mujer de negarse a la transferencia de los “embriones” una vez fecundados (aùn si estos portaran taras genèticas o se manifiestan visiblemente inviables) d) la prohibiciòn del diagnòstico pre-implantario.
Es probable que tanto la prohibiciòn de recurrir a la fecundaciòn heteròloga, asì como la imposibilidad de retractar el consentimiento, sean cuestionadas judicialmente en cuanto a su constitucionalidad, en tal caso, serà el Tribunal Constitucional, quien tendrà la ùltima palabra.
Esta ley, que actualmente se encuentra en la Càmara de Diputados a fin de determinar su financiaciòn, y deberà luego ser promulgada por el Presidente de la Repùblica, ha despertado el unànime rechazo no solo de los partidos de izquierda y centro izquierda, sino de la ciudadanìa laica y particularmente de la comunidad cientìfica, siendo considerada un enorme retroceso. A su vez, el portavoz de la Pontificia Academia para la Vida, Elio Sgrecia, ha manifestado que la norma “no refleja la moral catòlica”. Por su parte, se avizora la posibilidad de convocar a un referendum contra la nueva ley (posibilidad prevista en el art. 75 de la CN), por considerar que un tema de esta naturaleza no puede ser sanjado por una mero acuerdo politico, sino que es una decisiòn que compete a los ciudadanos; los cuales, segùn los disidentes de la norma, veràn gravemente violentado su derecho a la intimidad y a constituir una familia.
Dos temas que han sido inevitablemente puestos en el tablero por la sanciòn de esta norma son: el destino de los embriones congelados, cuyo nùmero oscila entre los 24 y 25 mil, materia sobre la que le tocarà decidir probablemente al Ministerio de Salud, y la coherencia de la nueva ley con aquella que permite el aborto (ley 194). La revisiòn (y eventual derogaciòn) de esta norma ha sido explìcitamente manifestado como un objetivo por miembros de la centro derecha. Todo parece indicar, al menos para un vasto sector de la poblaciòn, que “todo tiempo pasado fue mejor.”
*Abogada, docente auxiliar de la Universidad de Buenos Aires, becaria en la Università Degli Studi di Roma Tre, proyecto de investigacion “Tutela dei diritti fondamentali. Studio comparato” , anio acadèmico 2003/04.