ALGUNAS APOSTILLAS HISTÓRICAS

RELATIVAS A LA CORTE FEDERAL ARGENTINA

Y A UNO DE LOS ENUNCIADOS
DE LA LEY FUNDAMENTAL

 

por Manuel Cuiñas Rodríguez

 

SUMARIO: I) Sumaria referencia histórica al Tribunal en su etapa primigenia.- II) El primer Fallo de la Corte Federal.- III) Separación de poderes, la Corte como poder el Estado y el quid de la justiciabilidad de las llamadas cuestiones políticas.- IV) La historicidad del enunciado del art. 19 de la Constitución y la regla naeminem laedere.-

 

 

I) Sumaria referencia histórica al Tribunal en su etapa primigenia [1]

 

Desde la primera Constitución de la República, la de 1853, se ha organizado a la C.S.J.N. como la cúspide de uno de los tres “poderes” del Estado.-

Inicialmente tal organización constituyente originaria dotaba al Tribunal Federal de nueve Ministros –tal como en los EE.UU.- y dos Fiscales –en cuanto a esto difería de la estructura norteamericana-.-

Urquiza designa el 6 de agosto de 1854 a sus primeros integrantes, a saber, Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García. Fiscales eran Ramón Ferreyra y Pío Tedín.-

Los jueces habrían de tener una remuneración mensual de $ 250 y los fiscales de $ 200.-

La fecha de “instalación” del primer Superior Tribunal Federal debía ser el 27 de octubre de 1854, y su sede asignada era la ciudad de Paraná. Pero como a tal fecha, por distintas vicisitudes, sólo se encontraban en la otrora Capital los jueces Funes, Graña y Molinas, apenas pudo constituirse la que se denominara Cámara de Justicia, organismo que funcionaría mientras la Corte no se instalara completamente, dándose así tiempo a que los restantes integrantes fuesen “arribando” a Paraná.-

La escasez de abogados de la época retenía a tal tiempo a los seis jueces restantes y a los dos fiscales en actividades públicas o en esfuerzos privados para rehacer fortunas.-

Sin embargo, lo que parecían cuestiones transitorias obstativas de integración total, se convirtieron en avatares crónicos insuperables, llegándose a la reforma constitucional de 1860 sin que el vértice del proyectado Poder Judicial confederado hubiese entrado en funcionamiento. En tal reforma se modifica el art. 91 de nuestra Carta Magna, poniéndose en manos del Congreso la fijación del número de jueces de la Corte Suprema.-

Operada la mentada reforma, en fecha 30 de octubre de 1860, Derqui deja sin efecto las designaciones primeras de 1854 y otras posteriores –verbigracia las efectuadas el 20 de febrero de 1855-, como las de Baltasar Sánchez, Manuel Lucero, Manuel Bonifacio Gallardo y Juan Francisco Seguí.-

El 15 de marzo de 1862 se convoca al Congreso, que se instala el 25 de mayo de tal año. Elegido Mitre Presidente, tomará posesión del cargo el 12 de octubre de 1862. Previo a ello, el Senado recoge, en fecha 28 de agosto, el proyecto de su miembro por Catamarca, Ángel Navarro, quien propone que pase a Comisión el Proyecto de Organización de la Justicia Nacional votado por el Congreso de la Confederación, mas, habiendo ya otro proyecto ingresado, se consideran ambos conjuntamente, presentándose despacho de comisión el 25 de septiembre, que se discute en el plenario de la Cámara alta y se termina aprobando el 27 en el recinto. Pasado lo sancionado por el Senado a Diputados, se le introducen reformas por la Cámara revisora, aceptadas por la Cámara de origen, con lo cual en fecha 13 de octubre queda sancionada la Ley Orgánica de la Justicia Federal, que Mitre promulga el 16 de Octubre de 1862 bajo el Nº 27, y en la cual se creaba la Justicia Federal, dedicándose siete artículos a su órgano rector –la C.S.J.N. claro está-, que había de integrarse con cinco Jueces miembros y un Procurador General.-

El 18 del octubre de 1862, luego de oídos conceptos laudatorios de la Comisión de Peticiones referidos a los integrantes propuestos por Mitre para conformar el más Alto Tribunal de la República, se presta en el Senado el acuerdo para investir a los que conformarían –esta vez sí- la primera Corte Suprema Federal, designados el mismo día por el titular del órgano ejecutivo.-

Mitre, al decir de Boffi Boggero [2], había dado una acabada prueba de equilibrio, propia de un estadista cabal, al sugerir a quienes propuso para cubrir los más altos cargos del Poder Judicial de la Nación. Había sentido mucho más los imperativos de la unidad nacional que le imponía su propia elevada magistratura que los intereses parciales de grupos o banderías políticas sectarias, sobreponiéndose, al designar, tanto al “criterio porteño” cuanto al “criterio provinciano”.-

Los elegidos y designados para esta “Primera Corte” fueron Valentín Alsina –que resignó su cargo para seguir ocupando su banca en el Senado y fue reemplazado por José B. Gorostiaga-, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pazos. Como Procurador General fue nombrado Francisco Pico.-

El 15 de diciembre de 1862 el Poder Ejecutivo dicta un Decreto fijando como fecha de juramento –conforme lo que prescribía el art. 98 de la Constitución- el 15 de enero de 1863, desarrollándose la ceremonia de mención en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.-

Francisco de las Carreras, primer Presidente de la Corte, estudio en las Universidades de Buenos Aires y de Córdoba. Suma a sus estudios de Derecho los de Filosofía. Su práctica forense la desarrolla, nada menos, en el bufete de Dalmacio Vélez Sársfield. En su momento fue designado secretario de la Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia; pero al ascender políticamente Juan Manuel José Domingo Ortíz de Rozas y López hubo de refugiar su persona e inquietudes en el campo en pro de su supervivencia, aprovechando tal trance para profundizar sus estudios a la espera de períodos mejores en el devenir institucional de la patria en formación. Caído Rosas, Urquiza lo llama para desempeñarse como Fiscal de Estado. Destituido por pasiones políticas, toma parte en la Revolución del 11 de Septiembre de 1854. Separada Buenos Aires de la Confederación, es Ministro de Hacienda en más de una vez y también desempeña la cartera política de Gobierno. Fue uno de los firmantes del cese de hostilidades entre Buenos Aires y la Confederación, acuerdo celebrado en la casa de Saturnino Unzué. Pronto ocupó la Presidencia de la Cámara de Justicia , siendo diputado electo en 1854, Senador de la Legislatura Provincial y, también, integrante del Consejo Consultivo de Gobierno. Finalmente, al tiempo de ser Presidente del Superior Tribunal de Justicia bonaerense, es nombrado juez de la C.S.J.N. primero, y Presidente del más Alto Tribunal del país después, por designación del 6 de enero de 1863, al resignar tal cargo Valentín Alsina.-

Salvador María del Carril era oriundo de San Juan –nacido el 5 de agosto de 1798- e hijo de uno de los últimos Alcaldes de Primer Voto de esa Ciudad, don Pedro Vázquez del Carril. Se educa en su ciudad natal, graduándose de bachiller en Derecho Civil y Canónico, doctorándose en Córdoba, cuando contaba 18 años. Obtiene finalmente el título de Abogado en la ciudad de Buenos Aires, otorgado por la Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia. A partir de 1819 inicia su carrera política, actuando en posiciones de primer plano en la República Unitaria de los ’20, como diputado y gobernador de San Juan –elegido por sufragio popular directo en 1822-, siendo luego, paradójicamente, cofundador de la República Federal en 1853 y su primer Vicepresidente –ocupando transitoriamente la Presidencia por delegación de Urquiza-. Cuando Rosas toma el poder emigra al Uruguay, conspirando con Lavalle en Entre Ríos durante 1831. Derrotado Lavalle, emigró al Brasil, en donde se mantuvo hasta después de la batalla de Caseros. Regresado a la patria, representó a San Juan en la histórica Convención de Santa Fe. Finalmente, terminó presidiendo la Corte Federal desde 1870 a 1877, año en que se retiró acogiéndose a la jubilación del caso. Paradigma del hacedor polifácetico, tanto polemizaba con Vélez sobre la codificación en ciernes, cuanto fallaba como juez o intervenía activamente en política como gobernante o revolucionario. Como se advierte, personalidad que podía despertar odios o pasiones positivas, pero nunca indiferencia. Fallece en esta Capital el 19 de enero de 1883.-

Francisco Delgado era el más viejo de los integrantes de la primera Corte Nacional; al momento de prestar juramento contaba con 67 años. Realizó sus estudios primarios en Mendoza y en 1818 ingresa al Colegio Montserrat en Córdoba. Su conducta dentro y fuera del Colegio le hicieron merecedor de una concesión extraordinaria para la época, a saber, que se le computaran las clases cursadas en Mendoza. Se licenció en leyes en 1820, año en que fue designado miembro del Cabildo y de la Junta de Representantes en Buenos Aires, así como diputado por Mendoza al Congreso que debía reunirse en Córdoba durante 1821. En 1822 Mendoza lo envía como diputado al Congreso Nacional, el que funcionó a partir de 1824. En 1840 emigra a Chile, país donde estuvo durante los años de la guerra civil en su patria, siendo secretario de la Intendencia de Valparaíso. Después de Caseros es designado Senador por Mendoza para el Congreso de Paraná y, en 1854, fue nominado para integrar la primer frustrada Corte; premonitorio, porque años después sí terminaría conformando la primera Corte “operativa”. Fallece el mismo día que Sarmiento, pero del año 1875.-

José Barros Pazos era porteño; nació en el año 1807. Egresó de la U.B.A. como Doctor en Jurisprudencia en 1831. Emigró a Montevideo junto con el Gral. Paz y con Somellera el 5 de abril de 1840, perseguido por Rosas, para pasar después a Chile, país en donde actuó en el campo político y doctrinario. Regresado a Argentina publica un profundo artículo por el cual propiciaba el reemplazo del Consulado de Comercio por jueces letrados. Urquiza repara en él y lo designa para integrar, junto con A. Alcorta, Gorostiaga y otros, su Consejo Consultivo de Gobierno. Junto con E. Lahitte y José Roque Pérez actuó en la preparación de un Código de Procedimientos. Se le designó como Profesor de Latín en la U.B.A., siendo nombrado Rector en 1854. Actuó como Ministro de Relaciones Exteriores y de Gobierno de Buenos Aires en la segunda mitad de la década de 1850. El propio Vélez percibe su valía y le encomienda para que, junto con Eduardo Acevedo, trabaje en la elaboración del Código de Comercio. También redactó el Proyecto que se eleva en 1857 a la Legislatura del Estado de Buenos Aires propiciando la redacción de los Códigos Civil y Procesal. Siendo Senador provincial por Buenos Aires, Mitre lo designa, en 1862, juez de la Corte Suprema. Fallece el 23 de noviembre de 1877, en el cargo de Presidente de la Judicatura Federal.-

José Benjamín Gorostiaga, oriundo de Santiago del Estero, pertenecía, en la época de la organización nacional, al grupo liberal conservador, es decir al círculo que dio origen al Partido Federal doctrinario –sus adeptos eran “circuleros”-. De ese centro, grupo liberal y centralista –por oposición a los católico localistas o “montoneros”-, Carril fue inspirador, Gorostiaga la voz y el escritor; hablaba y escribía. Gutiérrez el espíritu cáustico, el sarcasmo que a veces hiere y a veces corrige. Zapata, Zabalía y otros formaban la base de los propagandistas; Seguí era el látigo y el gracioso [3]. Volviendo a Gorostiaga, recuerda Jiménez [4] que Vanossi ha sabido destacar los quilates de este prohombre argentino, el que ha tenido la oportunidad única, el poco frecuente honor, de ser constituyente originario en 1853, reformador en 1860 de nuestra primera Ley Fundamental, legislar acerca de ella y, finalmente, integrar en el cenit de su vida –en virtud de reemplazar al resignante Alsina- el cuerpo colegiado que ha sido, históricamente, el intérprete natural –y “final”- del Texto Supremo.-

Bien señala Pellet Lastra [5] que desde la “Corte original” hasta la del año 1947, si bien puede postularse que todas eran aparentemente apolíticas, formadas por jueces insospechados de parcialidad partidaria, facciosa o sectorial, paradójicamente estaban integradas en su mayoría por juristas que habían tenido en mayor o menor grado experiencia política, al punto que el 92% de los jueces que integraron la Corte Federal en tal período –1863 a 1947- habían ocupado uno o más cargos en el cursus honorum de la política nacional o local. En breve pero descriptiva expresión: “Cortes tildadas de apolíticas, integradas por políticos de carrera”.-

Ítem más, de los treinta y seis jueces que integraron las “sucesivas” Cortes Supremas Federales entre 1863 y 1930 –exclusivamente variadas en su composición debido a renuncia o muerte-, sólo tres, o sea el 8%, eran jueces de carrera, a saber Octavio Bunge, nombrado por Pellegrini en 1892, E. H. Martínez, nombrado por Roca en 1899 y Cornelio Moyano Gacitúa, nombrado por Quintana en 1905. Y del ’30 al ’55 sólo un juez de carrera fue designado para integrar el Alto Tribunal: Francisco Ramos Mejía, que llegó de la mano del Presidente Ortíz en 1938 [6].-

Curiosamente, durante los gobiernos de facto, imperantes alternativamente a partir del trágico 6 de septiembre de 1930, el perfil de los designados para ocupar la más alta magistratura de la Nación era de corte netamente técnico, esto es académicos o sujetos con experiencia en el ejercicio efectivo pretérito de la judicatura [7]. Mientras que los gobiernos constitucionales, desde 1862 al presente, en general han conformado sus Cortes con figuras políticas, sin que ello vaya en demérito de las aptitudes de los nominados –sobre todo los inicialmente escogidos- para el cargo asignado, claro está. La semblanza de los “cinco primeros” efectuada más arriba pone de relieve tanto la pericia política cuanto la jurídica con la que contaban.-

 

 

II) El primer Fallo de la Corte Federal.-

 

Recuerda Boffi [8] que el Tribunal se instala en octubre de 1863, dictando su Reglamento Interno y el de la Justicia Federal, siendo su primer decisorio de fecha 15 de octubre de tal año en la causa “Miguel Otero c/ José H. Nadal, su ejecución”.-

En tal ocasión la Corte interviene ante la deducción de recurso de apelación por nulidad e injusticia notoria, interpuesto contra un auto pronunciado por el Superior Tribunal de Buenos Aires, en su Sala en lo Criminal, siendo el texto del veredicto el que sigue [9]:

“Autos y Vistos: Considerando, primero, respecto de la recusación que esta parte hace del Presidente de la Suprema Corte; que según el artículo veinte de la ley de Procedimientos, ninguno de los miembros de este Supremo Tribunal puede ser recusado sino por las causas enumeradas en la misma ley; segundo, que la enumeración de todas las causas de recusación se hace en el artículo cuarenta y tres de la misma ley, y en él no se hace mención de la que esta parte expresa; tercero, que esta razón es tanto más atendible, cuanto la ley provincial de Buenos Aires facilita más la recusación de los Vocales del Supremo Tribunal de Justicia, hasta permitir que se haga sin causa; no ha lugar a la recusación que se hace por esta parte del Presidente de la Corte. Y, considerando, respecto del recurso de apelación, que la ley de catorce de setiembre del presente año, declara en su artículo quince que la aplicación que los Tribunales de Provincia hiciesen de los Códigos civil, penal, comercial y de minería no darán ocasión al recurso de apelación, no ha lugar a este recurso y archívese. - Carreras. - Carril. - Delgado.”.-  

 

 

III) Separación de poderes, la Corte como poder el Estado

y el quid de la justiciabilidad de las llamadas cuestiones políticas.-

 

Recuerda Puig Brutau [10] que la base del Estado moderno está en la justificación del poder por su sometimiento a las normas. Estado de Derecho significa que el ejercicio de la autoridad se ha de regir por normas objetivas y que los conflictos entre gobernantes y gobernados, entre el poder y la libertad, ha de quedar sometido a la decisión de Tribunales independientes que dictarán una solución justa en conformidad con el ordenamiento jurídico.-

La obedencia a un gobierno de leyes significa que ha de quedar eliminado cualquier acto arbitrario de la autoridad o de sus agentes en todos los niveles de la organización estatal.-

Quizás la doctrina medieval de la supremacía de la ley sobre la voluntad del soberano encuentra su antecedente fáctico más relevante en una conversación sostenida por el juez inglés Coke con Jacobo I. Evento destacado por Roscoe Pound como “la gloria de nuestra historia jurídica” –la norteamericana, en principio-, y que es descripto como sigue [11]:

El día 10 de noviembre de 1612 los jueces de Inglaterra fueron requeridos para que comparecieran ante el rey, con motivo de una queja formulada por el Arzobispo de Canterbury. Sucedía que la Alta Comisión, que era un tribunal administrativo establecido para la gobernación de la Iglesia, había empezado a conocer en asuntos temporales. No sólo se trataba de un tribunal desconocido del common law, sino que resolvía sin ajustarse a reglas fijas y sin admitir recurso alguno. Por ello habían protestado los jueces ordinarios y contra esta protesta la jerarquía eclesiástica había recurrido al monarca.-

En dicha reunión el Arzobispo sostuvo que los jueces ordinarios no eran más que los delegados del rey y que éste podía hacer por sí mismo, cuando lo estimara oportuno, lo que normalmente hacían los jueces. A ello opuso Coke que el rey no podía resolver personalmente ninguna causa porque, según el Derecho y la costumbre del Reino, la función de juzgar correspondía a los Tribunales de Justicia. El rey objetó que si el Derecho estaba fundado en la razón, él podía razonar tanto como los jueces. “Es cierto”, le dijo Coke, “que Dios ha dotado a su Majestad con grandes cualidades; pero su Majestad no está instruido en las leyes de su Reino, y las causas que se refieren a la vida y al patrimonio de sus súbditos no pueden resolverse por la razón natural, sino por la razón artificial y el juicio acerca de lo que es Derecho, que consiste en un arte que requiere mucho estudio y experiencia antes de que un hombre alcance a conocerlo”. Añadió Coke las palabras de Bracton de que el rey no está sometido a ningún hombre, pero sí a Dios y al Derecho. Con ello, sin duda, quedaba establecida la base del Estado de Derecho.-

La solución de Coke consistió en afirmar la idea de que existe un Derecho fundamental que limita tanto a la Corona como al Parlamento. Y téngase en cuenta que la Corona bien podría asimilarse a nuestro Ejecutivo –Reyes con nombres de Presidente postulaba Alberdi- y el Parlamento a nuestro Congreso Federal bicameral.-

El propio Lord Coke efectuó una aplicación práctica de su doctrina en la sentencia del caso Bonham en 1610, decisorio que iba a influir más en las colonias inglesas de América –y desde allí en nuestra posterior República- que en la misma Inglaterra; esto último porque el poder prevaleciente en la Gran Bretaña, desde la Gloriosa Revolución de 1688, fue el del Parlamento, órgano del poder estadual del cual llegó a predicarse que podía hacerlo todo excepto convertir un hombre en mujer –soberanía parlamentaria que primaba, naturalmente, sobre la del monarca y la de los jueces-. En términos de Lord Wright of Durley, “la supremacía de la ley en Inglaterra significa que no puede ponerse en duda lo que el Parlamento haya promulgado” (supremacy of law in England means that whatever Parliament enacts cannot be questioned) [12].-

En el caso Bonham –Doctor Bonham’s Case- el juez Coke sostuvo que el Colegio de Médicos de Londres no podía imponer una sanción económica por practicar la Medicina sin la licencia correspondiente, a pesar de que para ello se invocaba una ley del Parlamento, por la razón o principio general de que nadie puede ser juez en propia causa: iniquum est aliquem rei esse iudicem. Una verdad tan elemental no necesita estar formalmente proclamada en una norma de Derecho positivo para servir de base a una decisión justa [13].-

Más tarde, reseña también Puig Brutau [14], en 1614, en el caso Day v. Savadge, el juez Hobart declaró que una ley del Parlamento que sea contraria a la equidad natural es nula –void in itself-, porque los derechos naturales son inmutables y son leges legum. Holt, en 1701, en City of London v. Wood, insistió en que una ley del Parlamento no puede autorizar que alguien sea juez y parte.-

Precedentes todos que para los cultores clásicos de la separación de los poderes del Estado se advierten como veredictos invasores que, desde la órbita del Poder Judicial, mellan la potestad legislativa del Parlamento o Congreso, según sea. De allí la postulación de las llamadas “cuestiones políticas no judiciables”, tópico sensible referido a la posibilidad de que se examine –rectius no se examine-, desde la judicatura, la validez de normas sancionadas por la legislatura o de actos emanados de la administración.-

La culminación pretoriana del movimiento contrario a admitir potestades libres de revisión judicial por parte del legislativo y del ejecutivo está constituida, probablemente, por el dictum del juez John Marshall en la sentencia del caso Marbury v. Madison -EE.UU., 1803-, cuyos pasajes relevantes presentan el siguiente contenido [15]:

“Los poderes del legislativo son definidos y limitados, y para que esos límites no puedan confundirse u olvidarse, la Constitución es una constitución escrita. ¿Con qué finalidad limitarían los poderes y con qué propósito se habrían puesto esas limitaciones por escrito si esos límites pudieran, en cualquier ocasión, ser sobrepasados por las personas mismas a quienes la Constitución intenta constreñir? ... Es demasiado claro para que se pueda discutir que, o la Constitución está por encima de cualquier norma legislativa que no esté de acuerdo con ella, o el legislativo puede modificar la Constitución por una ley ordinaria. Entre esas dos alternativas no hay término medio. O la Constitución es una norma superior y suprema y no puede ser alterada por los medios ordinarios, o está al mismo nivel que las disposiciones legislativas ordinarias y, con ellas, puede ser alterada cuando al legislativo le plazca alterarla ... Si una ley aprobada por el legislativo, contraria a la Constitución es nula, ¿podrá, no obstante su invalidez, obligar a los tribunales, forzándolos a ponerla en práctica? ... La obligación y el deber del departamento judicial es, sin ningún género de dudas, declarar el Derecho .... así, pues, si una ley está en pugna con la Constitución, si tanto esa ley como la Constitución son aplicables a un caso particular, de tal modo que el Tribunal deba decidir el caso con arreglo a la ley, apartándose de la Constitución, o con arreglo a la Constitución, apartándose de la ley, el tribunal debe determinar cuál de estas dos normas contradictorias en conflicto es aplicable al caso, lo que corresponde a la propia esencia del poder de los jueces”.-

Desde la resolución de este caso, la doctrina de la revisión judicial de las leyes, salvo contadas excepciones, ha sido mantenida en los EE.UU. de manera invariable como función inherente, en última instancia, al Tribunal Supremo Federal.-

Sin embargo, bien destaca Boffi [16] que, antes del dictum de Marbury, ya se contaba en U.S.A. con antecedentes que reconocían a Superiores Tribunales la prerrogativa de declarar inconstitucionales los mandatos de los otros poderes, tal lo que se vertió en los casos Josiah Philips –1778, Virginia-, Bayard v. Suigleton –1787, Carolina del Norte- y Vanhorne Lessee v. Dorrance –1795, Pennsylvania-.- 

En opinión de Bertrand Russell -refiere Puig [17]-, en la Constitución de los Estados Unidos, sin darse cuenta, se convirtió al Tribunal Supremo en una rama de la legislatura, pues una ley no llega a serlo si el Tribunal Supremo dice que no lo es –rectius si dice que es inválida-. Ítem más, el hecho de que se pretenda que los poderes del Tribunal Supremo sólo son interpretativos, en realidad contribuye más a incrementarlos, por ser más difícil criticar lo que se presenta como la más fiel y elevada hemenéutica legal –la efectuada por el Superior Tribunal de Justicia-.-

Jerome Frank, entre otros autores, explica que la frase “un gobierno de leyes y no de hombres” (a government of laws and not of men), que resume el ideal del Estado de Derecho –norteamericano, al menos-, se popularizó en América a través de John Adams, segundo Presidente de los EE.UU., que en 1780 la había incorporado a la Constitución de Massachusetts. Adams la tomó de un autor inglés del siglo XVII, Harrington, quien a su vez la encontró en Aristóteles [18].-

Al presente, la Corte norteamericana está enrolada en la línea tendencial de la judiciabilidad de toda cuestión en donde se presenten conflicto de intereses y, desde Baker v. Carr –Fallo señero del 26/03/1962-, sólo Gilligan v. Morgan (413 U.S. 1, 1973) ha sido el único caso en que la Corte Suprema de los EE.UU. invocó la doctrina de la cuestión política no judiciable para abstenerse de decidir jurisdiccionalmente un asunto [19].-

Focalizando a nivel vernáculo, está claro que el Poder Judicial en general, y la Corte Suprema en particular, es un verdadero poder del Estado. Así surge de los arts. 108 y sgtes. de nuestra Ley Fundamental.-

La lectura desapasionada del art. 116, ab initio, persuade formidablemente en el sentido de tener que admitir, inexcusablemente, que la Corte tiene potestades permanentes para conocer y decidir en causas que estén regidas por la Constitución [20]. Y, forzoso es decirlo, difícilmente un conflicto de intereses de cierta entidad no tenga al menos conexión tangencial con nuestra Carta Magna, lo que lleva a concluir que, en las grandes decisiones al menos, la Corte está habilitada para marcar derroteros.-

Nótese que desde la propia Constitución se veda al Ejecutivo –“poder de la espada”- ejercer funciones judiciales –art. 109-, limitándose expresamente, vía texto constitucional, las potestatades del Legislativo –“poder de la bolsa”, conf. art. 75-. Pues, así los tantos, es sólo el Judicial el “permisionado” por el Poder Constituyente para asumir los derechos/deberes del art. 116 [21]. Es que, como recordara Boffi [22], fue el pueblo de la República, ejerciendo en su día ese Poder Constituyente, quien ha puesto en manos del Poder Judicial, y especialmente de la Corte Suprema, su cabeza, tan magnas facultades. La Justicia desempeña entonces un mandato popular, sólo que entregado por medio de la Convención Constituyente y en condiciones técnicas y de estabilidad que le hacen voz de las líneas permanentes del país en grado mucho mayor que los Poderes cuya composición humana se renueva electoralmente de modo periódico y están así más cerca de las opiniones cambiantes y, por ello mismo, más contingentes que necesarias [23].-

La tarea más elevada de la Corte es la de la guarda permanente de la Constitución Nacional, esto es, la custodia de la voluntad del pueblo, ordenada a través del “contrato basal” constitucional, expresada de manera permanente por las normas de la Ley Fundamental [24].-

No debe perderse de vista que cuando el departamento jurisdiccional del Estado realiza la exégesis de la Constitución se aboca a la tarea de interpretar un texto “político” por antonomasia, esto es, un instrumento que, según tiene dicho el propio Tribunal, “hace a la ordenación política y moral de la Nación” [25].-

La circunstancia de que la Corte sea Suprema, la convierte, a la vez que en “intérprete final”, en órgano de cogobierno de la Nación, al decir de Renato Rabbi-Baldi Cabanillas [26]; una institución “reguladora” de la vida política y jurídica del país (Narciso J. Lugones); en definitiva ... un “quasilegislador” (Cueto Rúa) [27]. Para decirlo con sus propias palabras, la Corte Suprema se autoconcibe como un “órgano superior de un Poder del Estado”, como la “cabeza de uno de los Poderes del Estado” [28].-   

La circunstancia de ser “intérprete final” de la Constitución, pone a la Corte en rol de árbitro definitivo de la totalidad de los actos y medidas de los restantes órganos de gobierno. En palabras de Oyhanarte –referidas también por Rabbi-, la Corte Suprema coparticipa en el ejercicio del poder estatal y tiene a su cargo funciones que son materialmente políticas en el más elevado sentido del vocablo, al extremo que podría decirse sin error que las principales decisiones del Estado están expuestas a riesgo de invalidación mientras no reciban el exequátur de la Corte Federal [29].-

Con mucha agudeza ha discurrido Boffi [30] en el sentido de que no puede confundirse una cuestión política con una (cuestión) constitucional de contenido político –verbigracia, las relativas a un Partido Único regulado infraconstitucionalmente-; como tampoco se podría confundir una cuestión artística con una constitucional de contenido artístico –verbigracia, “Cine Callao” [31]-; y, como así, sucesivamente, ello no sería posible de indiferenciar referido a cuestiones económicas de cuestiones constitucionales de contenido económico .... .-

Ha sabido afirmar Cueto Rúa, trayendo a colación palabras del obispo Hoadly  que el verdadero legislador no es quien pronuncia las palabras de la ley por vez primera, sino aquél que las pronuncia de manera final y definitiva ... [32].-

Dable es recordar un lúcido voto de Boffi [33], en ocasión de integrar el más Alto Tribunal de la Nación, vertido en fecha 8 de abril de 1959, al plantearse por primera vez, en la Corte instalada después del 1º de mayo de 1958, el problema de la justiciabilidad de las cuestiones electorales –de las más rotuladas como “políticas”, si las hay-:

“Que los poderes políticos deben ejercer sus facultades respectivas sin afectar los derechos y obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico, porque lo contrario transformaría las facultades privativas en facultades sin control de los jueces”.-

“Que ello es así porque una cosa significa la política en sí misma y otra es el derecho político que regula jurídicamente la vida de aquella; y una es, en consecuencia, la política en materia de elecciones y una muy diferente es el derecho electoral que regula”.-

“Que cuando las transgresiones de los poderes políticos afecten la materia sometida a la competencia jurisdiccional de esta Corte, se impone la sustanciación de las causas respectivas para decidir en consecuencia, sin que esos Poderes del Estado puedan legítimamente alegar que se trata del ejercicio de facultades privativas (Fallos 147:286)”.-

En fin, la actuación de la Corte como Poder del Estado se patentiza, entre otros, en los siguientes Fallos [34]:

-                     Pérez de Smith, Ana M. y otros (Fallos 297:338), Suárez Mason (Fallos 321:2031) y Urteaga (Fallos 321:2767), en lo que hace a “mandar” la colaboración institucional entre Poderes;

-                     Ángel Siri (Fallos 239:459) y Samuel Kot (Fallos 241:291), en lo que se vincula con el develamiento y operatividad de las garantías constitucionales;

-                     Ekmekdjian (Fallos 315:1492), en lo atinente a desarrollo y reglamentación pretoriana de derechos fundamentales –en la especie réplica y hábeas data-.-

Leyes como la Nº 16.986 y la Nº 25.326 son consecuencia infraconstitucional derivada de los tres últimos pronunciamientos referenciados.-

   

  

IV) La historicidad del enunciado del art. 19 de la Constitución y la regla naeminem laedere.-

 

La base de la fórmula estudiada, señala Roberto Vicente Vasquez [35], fue fijada por los arts. 4º, 5º y 10º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del Estado Francés del 26 de agosto de 1789: “la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otro”, no pudiendo la ley “prohibir más acciones que las nocivas a la sociedad” , pontificándose que “nadie debe ser molestado por sus opiniones, aun las religiosas, con tal que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”.-

A su turno, en la Constitución Federal de los Estados de Venezuela, sancionada el 21 de diciembre de 1811, se regló, en el art. 2º de su cap. 8º que “la libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los derechos de otros individuos, ni al cuerpo de la sociedad cuyos límites sólo pueden determinarse por la ley; porque de otra suerte serían arbitrarios y ruinosos a la misma libertad”.-

En el orden nacional, la primera recepción del precepto se advierte en el Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas [36], presentada en la Asamblea del Año 1813, que reza en su art. 7º del cap. 2º: “La libertad es la facultad de obrar cada uno a su arbitrio sin violar las leyes ni dañar los derechos de otro”. A su vez en el Nº 3 del cap. III del Proyecto de la Comisión Oficial de la citada Asamblea, se prescribía que: “Ningún habitante de la República puede ser perseguido y molestado en su persona y bienes por opiniones religiosas, con tal que no altere el orden público y respete las leyes y costumbres piadosas del Estado”. Sumados normativamente ambos preceptos basales, resulta acabada síntesis de la primera parte del actual art. 19 de nuestra Ley Fundamental.-

El principio en análisis se plasmó definitivamente –salvo un agregado de 1853, destaca Vasquez con acierto [37]- en la secc. VII, cap 1º, art. 1º, del Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815, a saber: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden público, ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. La fórmula mantuvo su base al exigir el perjuicio para someter la conducta a la autoridad estatal y, a la vez, se especializó respecto de las acciones privadas inofensivas librándolas al examen divino [38].-

A partir de aquí, la norma fue reiterada en el Reglamento Provisorio de 1817 y en las Constituciones de 1819 y 1826.-

Ni el Proyecto Alberdi ni el Proyecto De Angelis preveían la estipulación [39].-

También el art. 134 de la Constitución de la R.O.U. de 1829 fue aporte final para el enunciado actual.-

Así, el 25 de abril de 1853, el Constituyente Pedro Ferré propone una ligera modificación a la primera parte del artículo en cuestión, sugiriendo que en vez de decir “al orden público” dijera a la moral y al orden público, lo que finalmente fue aprobado por unanimidad [40].-

Pero el 1º de mayo de 1853, al sancionarse el texto definitivo de nuestra Constitución se reprodujo en la cláusula sobre la que se viene discurriendo el giro “al orden y a la moral pública” en vez del aprobado por la Convención al momento de votarse la norma en particular, esto es “a la moral y al orden público”, no surgiendo por ello diferencia hermenéutica válida alguna, por cuanto en ambos casos se vinculan dos sujetos –orden y moral- a un mismo predicado –público/a-, lo que evidencia que los aspectos privados de la vida del hombre que no sean antagónicos o vulnerantes respecto de valores públicos –de orden institucional y morales-, están en todo caso fuera de la jurisdicción humana [41].-

La Carta Fundamental de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 –art. 6º-, la Constitución de Italia de 1948 –arts. 19 y 21- y la de Alemania Federal de 1949 –art. 2º- han reproducido un texto similar al de nuestra Carta Magna.-

La Corte aplicó la norma del art. 19 en comentario con un sentido distinto de la “tutela de la privacidad” en dos Fallos rectores: “Santa Coloma, Luis y otros c/ Ferrocarriles Argentinos” [42]  y “Gunther, Fernando Raúl c/ Nación Argentina” [43], ambos del 5 de agosto de 1986.-

En el primero la Corte descalifica por arbitrariedad la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al señalar que se había lesionado el principio de alterum non laedere dimanante del art. 19 de la Constitución. Y por el segundo, proveniente del mismo ad quem de segundo grado, se destacó que los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil no son sino consagración infraconstitucional de lo estipulado en el art. 19 de la Carta Federal.-

Describe Leonardi de Herbón [44] que la redacción de la norma abordada tuvo como artífices a los presbíteros Antonio Sáenz y Pedro Ignacio de Castro Barros, quienes, con belleza literaria y espíritu liberal, insertaron un principio general del Derecho en nuestros antecedentes constitucionales.-

Por último, dable es destacar que la incorporación de la fórmula analizada a la Constitución de 1853 se debió a la tarea realizada en el marco de la Comisión de Negocios Constitucionales del Congreso de Santa Fe, en especial la desarrollada por José B. Gorostiaga y Juan M. Gutiérrez, quienes tomaron casi “a la letra” las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución de 1826 [45]. El nombrado en primer término integró, con posterioridad, como se anticipó más arriba, el Supremo Tribunal Federal.-


 

[1] Mayormente se compulsó para este acápite a Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, especialmente págs. 19 y sgtes. y 78 y sgtes..-

[2] Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 14.-

[3] Conf. Jiménez, Eduardo Pablo, Nos los representantes del pueblo (Apostillas históricas acerca de los orígenes del proceso constitucional argentino), JA 2003-II, Fascículo Nº 5, págs. 38/9, y nota 18 con cita de Vanossi.-

[4] Jiménez, Eduardo Pablo, Nos los representantes del pueblo (Apostillas históricas acerca de los orígenes del proceso constitucional argentino), JA 2003-II, Fascículo Nº 5, págs. 38/9.-

[5] Conf. Pellet Lastra, Arturo, 140 años en los laberintos de la historia de la Corte. Una historia complicada por la falta de conocimiento del rol político del alto tribunal y la tendencia a nombrar jueces “adictos”, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, págs. 45/6.-

[6] Conf. Pellet Lastra, Arturo, 140 años en los laberintos de la historia de la Corte. Una historia complicada por la falta de conocimiento del rol político del alto tribunal y la tendencia a nombrar jueces “adictos”, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, pág. 46.-

[7] Conf. Pellet Lastra, Arturo, 140 años en los laberintos de la historia de la Corte. Una historia complicada por la falta de conocimiento del rol político del alto tribunal y la tendencia a nombrar jueces “adictos”, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, pág. 47.-

[8] Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 23.-

[9] Reproducido por Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 23.-

[10] Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 462/3.-

[11] Ref. por Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 463/4.-

[12] Cit. por Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 519/20.-

[13] Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 464.-

[14] Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 464.-

[15] Cit. por Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 517/8.-

[16] Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 149.-

[17] Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 519.-

[18] Cit. por Puig Brutau, José, La historia constitucional angloamericana narrada por un civilista, en Medio siglo de estudios jurídicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 465.-

[19] Conf. Ferreyra, Raúl Gustavo, Notas sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Implicancias y efectos de la estructura normativa sobre su efectivo papel institucional: 1853/2003), JA 2003-II, Fascículo Nº 5, pág. 31.-

[20] “Cuando se confiere el mandato constituyente de juzgar, se está diciendo al Poder Judicial que en cada causa deben analizarse todos los tramos normativos, desde el ‘hecho antecedente’ hasta el ‘consecuente’. No dejar nada fuera de examen y ulterior juzgamiento. Actuar en sentido contrario sería tanto como detraer potestades al Poder Judicial y, al hacerlo, desequilibrar los poderes del Estado”; Boffi Boggero, Luis María, La teoría de la separación de los poderes y el gobierno de los jueces, ED-12, pág. 836.-  

[21] Ver Nota 20.-

[22] Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 52. Ver Nota 20.-

[23] Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, págs. 111/2.-

[24] Conf. Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 136.-

[25] Fallos 247:646.-

[26] Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, La Corte Suprema como “poder del Estado” y el desarrollo de las garantías constitucionales, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, pág. 51.-

[27] Cueto Rúa, Julio C., La Corte Suprema como poder del Estado, LL 1987-D, pág. 867 y sgtes..-

[28] Fallos 300:1286, 305:504, entre muchos otros. Ref. por Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, La Corte Suprema como “poder del Estado” y el desarrollo de las garantías constitucionales, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, pág. 51 .-

[29] Conf. Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, La Corte Suprema como “poder del Estado” y el desarrollo de las garantías constitucionales, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, pág. 51.-

[30] Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 31.-

[31] Fallos 247:121.-

[32] Cueto Rúa, Julio C., La Corte Suprema como poder del Estado, LL 1987-D, pág. 868.-

[33] Fallos 243:260, 264. Conf. Boffi Boggero, Luis María, Tres Centenarios de la Corte Suprema de Justicia, Ediciones Pizarro, Bs. As., 1979, pág. 113.-

[34] Sumaria sistematización efectuada en base a un mayor desarrollo de Rabbi-Baldi Cabanillas, Renato, La Corte Suprema como “poder del Estado” y el desarrollo de las garantías constitucionales, JA 2003-IV, Fascículo Nº 9, págs. 53 a 60.-

[35] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, pág. 917.-

[36] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, pág. 919.-

[37] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, pág. 920.-

[38] Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED 141, pág. 920.-

[39] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, pág. 921.-

[40] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, pág. 922.-

[41] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, págs. 922/3.-

[42] LL 1987-A, pág. 442.-

[43] JA 1987-IV, pág. 663. Fallos 308:1118.-

[44] Leonardi de Herbón, Hebe Mabel, La regla naeminem laedere en el Derecho Constitucional, en Alterini, Atilio Aníbal - López Cabana, Roberto Manuel, La Responsabilidad, Homenaje al Prof. Dr. Isidoro H. Goldenberg, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995, pág. 93.-

[45] Conf. Vasquez, Roberto Vicente, La historia del primer enunciado del art. 19 de la Constitución Nacional, ED-141, pág. 921.-