EL SACRIFICIO DE LAS GARANTÍAS

EN ARAS DE LA EFICACIA,
ES EL PRIMER PASO
HACIA EL AUTORITARISMO
reflexiones en una imperdible mesa redonda

 

por Federico Piedras

 

 

            El pasado jueves once de junio tuvo lugar, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, la conferencia sobre “Seguridad y Criminalización: selectividad del sistema penal y situación actual del sistema penitenciario”. Los panelistas fueron los Dres. Eugenio Raúl Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación, y Sergio Daniel Torres, Juez Federal en lo Criminal y Correccional.

            El primero en hablar fue el Dr. Torres, quien tituló su charla “El poder punitivo del Estado. Legalidad y discurso de emergencia”. Comenzó diciendo que el delito es un fenómeno social, motivado por diferentes variables, como las económicas, sociales, educativas, entre otras. Por consiguiente, la respuesta hacia el delito, adujo, debe provenir de diferentes ámbitos, no sólo desde el derecho penal. El magistrado ejemplificó lo anterior a través de dos variables sumamente relacionadas: por un lado, el trabajo, cuya ausencia afecta gravemente a la persona y, a la vez, a la sociedad. De este modo, ante el desempleo y el semiempleo, la precarización laboral y una amplia población de jóvenes que no trabajan ni estudian, el capitalismo salvaje en el que vivimos, en vez de buscarle una solución a todo ello, lo que hace es excluirlos aún más. Descarta al pobre, éste no interesa, debido, nada más ni nada menos, a que no consume. Por otro lado, trató el tema de la educación, la cual, hoy en día, también está sumergida en una grave crisis: ha perdido su rol principal, que es el de educar, para convertirlo a un rol, en gran cantidad de casos, casi exclusivamente social; los chicos van al colegio a alimentarse. Así las cosas, tanto los unos como los otros, pertenecen a la franja de la población excluida que no tiene acceso ni a la educación ni al trabajo.

            A lo anterior, continuó el Dr. Torres, hay que sumarle la creciente desaparición del Estado a lo largo de los últimos años. Una retirada que abarca prácticamente todos los ámbitos donde el Estado debería ejercer su rol de contralor, poder de policía, etc. Es decir, que nos encontramos con que, frente a la extinción del tejido social, el Estado se dedicó a crear más Derecho Penal, o sea, más normas penales de emergencia, basándose únicamente en discursos de emergencia. Por lo que hoy en día, el Derecho Penal se encuentra con que el principio de legalidad es penetrado una y otra vez por la autoridad; a esto debe sumársele el descreimiento en lo político, la afectación de las garantías procesales, la ola de inseguridad y el agravamiento de las penas como respuesta exclusiva a los males que nos aquejan. Así, las reformas penales, basadas en un prevencionismo general, sólo buscan el aumento de las penas, lo cual, desde ya, “no sirve absolutamente para nada”, fueron las palabras exactas del expositor. Y no sirven para nada, agregó, porque se llevan a cabo sin ningún plan, sin ninguna sistematización. El Derecho Penal debe reformarse sin avasallar los derechos y garantías; el sacrificio de las garantías en aras de la eficacia, es el primer paso hacia el autoritarismo.

            Por último, el Dr. Torres habló sobre la hiperinflación del Derecho Penal especial, a través del surgimiento de nuevos tipos penales especiales, perdiendo autonomía y lógica el Código Penal. Esto ha llevado a una judicialización de la sociedad, y, en vez de emplearse el Derecho Penal como ultima ratio, se lleva cualquier conflicto a los tribunales para resolverlo, aunque, en verdad, allí nada se resuelve. El Dr. Torres concluyó la participación planteando que un Estado eficiente no debe superar las garantías de la Constitución Nacional, su poder punitivo debe legitimarse y limitarse a través de los derechos fundamentales, y, si realmente se desea resolver algo, hay que saber que el plan debe ser encarado tanto a mediano como a largo plazo, empezando con la violencia de arriba para luego terminar con la de abajo.

            A continuación fue el turno de Francisco Mugnolo, quien habló sobre la “Legitimación del poder punitivo: reflexión desde la visión de la cárcel”. En primer lugar trató el tema del castigo, el que ha sido, dijo, desde siempre de gran preocupación para los filósofos. Desde siempre, también, cuando alguien ha cometido una ofensa a otro, como contrapartida ha recibido un castigo. Junto a la idea de castigo, hoy está asociada la de cárcel, la cual es, ni más ni menos, una construcción social, donde la persona encarcelada forma, precisamente, parte de la sociedad. Así es que entonces, los presos conservan sus derechos.

            De esta manera, cuando se habla de cosas tales como tolerancia cero o mano dura, lo que se hace es predicar el Estado de guerra, donde el criminal es un enemigo, olvidándose que son resultado de causas sociales, y parte de la sociedad.

            Asimismo, continuó el Procurador, en el ámbito de los Derechos Humanos, el Derecho Penal es un elemento subsidiario, no constitutivo de ellos (lo que no quita que no los deba tener en cuenta). Sin embargo, en un Estado autoritario el Derecho Penal no actúa como elemento subsidiario, sino que intenta dar soluciones que son ajenas a su competencia. En el Derecho Penal de un Estado democrático, la pena debe ser justa, es decir, debe apuntar a prevenir, proteger los bienes jurídicos y, al mismo tiempo, buscar la resocialización de los condenados. De esta forma, el Dr. Mugnolo encaró la segunda parte de charla, enfocándose en el tema de la resocialización. Comenzó diciendo que debido a la Constitución Nacional y normas internacionales, la resocialización es una obligación fundamental de las penas. La pena debe ser rehabilitadora para cumplir con su fin: la reinserción social del condenado. Así, dejaría de ser un mero castigo por el que se reduce la dignidad humana. Desde luego que el Dr. Mugnolo conoce la situación actual de nuestras cárceles, y por eso es que dijo que hoy la resocialización es una utopía.

            Para terminar, Mugnolo brindó cifras actuales sobre el sistema penitenciario federal, por ejemplo: hoy existirían, por lo menos, 10.000 personas privadas de la libertad, de las cuales el 85% son argentino y el 15 restante extranjeros. A la vez, de esos diez mil iniciales, el 60% son procesados y sólo el 40% tiene condena firme. La mayor cantidad de presos se encuentra en la franja que va desde los dieciocho años hasta los veinticuatro (70%), y luego le sigue la de 25 a 29 años (22%). La población femenina es del 17% del total. En cuanto a los delitos, las cifras son las siguientes: contra la propiedad, el 40%, contra las personas, el 4%, delitos económicos, adivinen, 50, 60, 80%, no, supuso bien, sólo el 3,3%; tenencia de armas, 1,7% y por estupefacientes, 32,6%. Este último delito ha hecho que creciera el número de mujeres y extranjeros dentro de la población carcelaria.

        A todo esto, hay que sumarle el hecho de que gran cantidad de los presos están detenidos en comisarías. Por lo que, para concluir, dijo el Dr. Mugnolo, la población carcelaria se encuentra completamente desamparada, y casi la talidad son pobres que no tiene recursos ni educación. Lo que no sólo es un problema para ellos, sino que además reviste de gravedad hacia el resto de la población, ya que si de ahí el delincuente sale más delincuente, bueno, no hay que ser muy inteligente para saber qué es lo que sucede, sólo basta con echar una miradita a nuestro país, y, si alguien quiere ampliar la mirada, a toda Latinoamérica (en esto sí que somos hermanos). Una vez más, al igual que lo hizo Torres, el Dr. Mugnolo finalizó diciendo que el límite al poder punitivo se sitúa en la defensa de los Derechos Humanos, y que, a la vez, poco es lo que puede hacerse si hay personas a las que el delito no alcanza, o, si lo hace, esas personas continúan usando los tapados de pieles en sus magníficas “celdas”.

            Finalmente, el auditorio repleto de estudiantes escuchó las palabras de Eugenio Zaffaroni. Lo primero que dijo fue que los anteriores problemas sobre los que habían hablado los otros panelistas, son problemas que se presentan en todo el mundo y, en especial, en Latinoamérica.

            Para seguir con la idea, el flamante Ministro de la Corte dijo que la globalización ha traído, entre otras cosas, el desapoderamiento de los Estados nacionales, lo polarización de riquezas y exclusión social, una anomia social que implica falta de pautas y alternación de la identidad social (la identidad se define más que nada por el trabajo; la pérdida de éste incide en la identidad), penitenciación de conflictos (a todo se le aplica el Derecho Penal). A esto agregó que el sistema penal, por definición, es selectivo: lo es siempre y en todas partes del mundo, en todos los sentidos (condiciona tanto a las víctimas como a los presos), y también selecciona a la policía. Por lo que este triángulo del sistema penal funciona como una contradicción entre excluidos y ricos, buscándose que la exclusión se controle como se lo hacía en el siglo XIX, lo cual es ridículo, pero más ridículo es que hoy se deje a los excluidos matarse entre ellos. La realidad latinoamericana agudiza las características del sistema penal. En esta parte del mundo, continuó Zaffaroni, se pretende controlar a las sociedades corruptas con un sistema corrupto, el penal. Este sistema corrupto va acompañado por un desconcierto político, donde existe un “Estado espectáculo” (no me importa lo que hago, piensa el político, sino que sólo me interesa mostrar obras).

            Luego, Zaffaroni trató el rol de la víctima dentro del sistema penal: ninguno. El sistema penal no hace nada por ellas, la trata sólo como un dato, además de ser la primera sospechosa (ante la muerte de un familiar, al primero que se apunta es al familiar más cercano).

            Seguido a lo anterior, Zaffaroni vertió sus opiniones respecto a la legislación penal. La calificó de autoritaria, pero ese autoritarismo, dijo, es un autoritarismo nuevo, diferente, donde prima la estupidez, el vacío de ideas y, por lo tanto, de ideologías. Existe en estos autoritarismos una irracionalidad del ejercicio de poder: hay sólo slogans, carentes de ideas, donde se va derribando la legislación penal construida poco a poco durante el modernismo, y todo en aras del postmodernismo, que más bien es premoderno, ya que imparte políticas inquisitoriales propias del siglo XV, es decir, que la postmodernidad significa haber descubierto el siglo XV, dijo Zaffaroni. Los principales vendedores de esta postmodernidad, continuó, son lo Estados Unidos de América, que venden a Latinoamérica proyectos diciendo que hagamos los que nos dicen, pero no lo que ellos hacen.

            Cerca del final, Zaffaroni explicó que de esta situación se sale aplicando políticas republicanas, y no del modo en el que hoy se vive, donde nadie es responsable de la seguridad, no existen datos ciertos, no se investiga, no se sabe qué sucede respecto a los delitos, y tampoco se sabe qué hacer con el presupuesto, el cual es uno de los más grandes del país. El mejoramiento de la seguridad se lleva a cabo desde la prevención, mejorando el servicio de la seguridad, mejorando la policía (no corromperla, sino cuidarla). Hoy, a la policía, no se le permite formar sindicatos, tienen sueldos de hambre, se la degrada, se la vuelve anémica y, lo cierto, es que no hay sociedad sin policía (las hay sin ejército, pero en todas hay policía).

            El límite político, concluyó Zaffaroni, son lo cadáveres: cada barbaridad, error en el sistema penal, significa muertos. No debe jugarse más con los cadáveres, lo que se traduce en una política seria de seguridad, sin mediatizar las discusiones en cinco minutos televisivos.