Linchamiento

 

por Rômulo de Andrade Moreira

 

 

“Se puede hasta decir que el progreso de la cultura humana, que anda pari passu con el de la vida jurídica, obedece a esta ley fundamental: se verifica un pasaje gradual en la solución de los conflictos del plano de la fuerza bruta al plano de la fuerza jurídica. En las sociedades primitivas, todo se resuelve en términos de venganza, prevaleciendo la fuerza, sea del individuo, sea de la tribu a la que él pertenece.” Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, São Paulo, Saraiva, 1991, 19 ed.,  p 75

 

 

Es aterrador cómo cada día se multiplican en los noticieros de nuestra prensa las informaciones acerca de un fenómeno social que se manifiesta peligrosamente contumaz en nuestra sociedad, extendiéndose por todo el Brasil, y teniendo el Estado de Bahia, indiscutiblemente, la triste prioridad de estar ocupando un lugar de distinción: hablamos del linchamiento.

 

Los medios de comunicación, cotidianamente, nos trae la visión de la brutal y cobarde práctica del linchamento, consumado por un cierto número de personas transformadas, por instantes, en verdaderas “bestias humanas”. Lo que resta, por regla, es un cuerpo lacerado por la brutalidad salvaje del grupo agresor.

 

Se ocultan en nuestra memoria las escenas bárbaras publicadas por los noticieros televisivos, tales como las que ocurrieran hace algunos años, cuando una presidiaria de 35 años fue agredida por otras detenidas en el interior de la prisión donde se encontraba, bajo la acusación de homicidio. No obstante hallarse ya sujeta al sistema penal, fue juzgada y condenada a muerte por otras presidiarias; en la época, una revista semanal así reportó el hecho:

 

La presa fue asesinada a puntapiés, golpes dados con una plancha, sus ojos fueron perforados con las uñas, y, como a una víctima de indios comanches en una película del lejano oeste, sus cabellos le fueron arrancados a la fuerza, junto con pedazos del  cuero cabelludo[3]

 

Meses después, un hecho semejante ocurrió en la ciudad de Matupá, en Mato Grosso, oportunidad en que tres hombres acusados de robo fueron golpeados hasta la muerte por una multitud, siendo, al final, quemados vivos como registró un impasible camarógrafo de la ciudad. Un detalle: entre los responsables por la matanza estaban, posiblemente, un próspero comerciante local y un concejal del mismo Municipio.

 

En marzo del año 1994 otra, igualmente feroz, multitud, invadió la Comisaría de Policía de la ciudad de Salto de Lontra, en Paraná, matando a un médico de 44 años y a dos presos, todos recogidos bajo la sospecha, ni siquiera formalizada, de participación en la muerte de una enfermera. Todo, una vez más, filmado por una cámara. De hecho, en esta región del sur del País, según el vehículo periodístico ya referido, hasta aquella fecha, ocho linchamientos habían ocurrido en los últimos once años.

 

En el Estado de Río de Janeiro, el IBOPE realizó una encuesta en 1980, constatando que el 44% de los entrevistados apoyaban el linchamiento, bajo la ingenua alegación de que “si la justicia no actúa, el  pueblo tiene que actuar”.[4]

 

Aún según elementos indicados en la obra de Hélio Bicudo, de “septiembre de 1979 a febrero de 1982, la prensa divulgó 82 casos en Brasil: 38 linchamientos con víctimas fatales y 44 tentativas. Podemos notar que en la década anterior (1969-1979), se  informaron, sólo en Río de Janeiro, 41 casos de linchamiento”.

 

En el Estado de Bahía, principalmente en la Capital, los linchamientos se transformaron en noticias corrientes de la sección de policía, pese a mayores conmociones.

 

Según el periódico O Globo[5] doce personas, nueve de ellas en Salvador, “ya fueron golpeadas hasta la muerte este año en Bahía”, informando, incluso, que “hace tres años que el número de linchamientos viene aumentando”, siendo que “en algunos casos las víctimas eran sospechosas de pequeños robos”.

 

El fenómeno continúa repitiéndose, y de manera más constante, bastando una rápida investigación en las páginas policiales de nuestros periódicos. La cifra impresiona...

 

Hechas estas primeras consideraciones, mucho más ilustrativas, diríamos que el linchamiento involucra tres aspectos principales: la crueldad, la cobardía y  la inutilidad de su práctica.

 

Es cruel, porque se mata lentamente, minando las fuerzas del agredido con golpes sucesivos y en los diversos órganos del cuerpo, utilizándose los más diferentes instrumentos, postrando la víctima paulatinamente y dejándole sentir lentamente el dolor y la muerte. A veces, el espectáculo aterrador se termina con la incineración de lo que quedó de la materia, como un premio a los vencedores. Nada más torturante.

 

Ya la cobardía se traduce en el hecho de que se reúnen varios hombres, y atacan a uno, dos o, como máximo, tres, actitud absolutamente pusilánime. La falta de coraje salta a los ojos cuando observamos el hecho de que el linchamiento es siempre precedido por la reunión de los verdugos, nunca actuando aisladamente. No prediquemos, en absoluto, intrepidez en el actuar, o bravura en hacer “justicia con las propias manos”, puesto que tal procedimiento, solitariamente o en grupo, es siempre detestable, además de prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, excepto casos especialísimos, permitidos por la ley, entre los cuales no se encuentra la ejecución sumaria de individuos indefensos.

 

Así, es lógico que numéricamente inferiorizada, la víctima del linchamiento oportunidad ninguna posee de defensa. Hecho éste, incluso, también calificador del homicidio cometido, al lado de la torpeza y de la crueldad.

 

Pensamos, también, que el linchamiento es un ejercicio inocuo, teniendo en vista que, siquiera en apariencia, solucionaría la cuestión de la violencia urbana. La idea de que matando un individuo, sumariamente o no, se camina hacia la solución de la delincuencia, es tacaña, falaz, y está superada (es como imaginar, inocentemente, que la transposición de las aguas del Velho Chico resolvería el problema de la sequía en el Nordeste).

 

La cuestión, para nosotros, debe ser enfrentada bajo otro aspecto. Téngase presente que consideramos tremendamente nocivo, en un estado democrático de derecho, que la sociedad disemine el jus puniendi como un derecho puesto a disposición de los ciudadanos cuando, en verdad, él pertenece tan solamente al Estado. Estos hechos van generando una incredulidad progresiva en los poderes constituídos (lo que, de más a más, ya ocurre), agravando un peligroso proceso de “cada uno por sí”, y aumentando, sin duda, el grado de violencia. Así, visto también por ese prisma, es infructuoso el linchamiento.

 

En el presente análisis hay algo que no puede ser olvidado: la causa de la contumacia de los linchamientos. Tenemos para nosotros, a priori, que el aumento de la violencia, aliado a la falta de confianza de la población en el castigo de los infractores, motiva actos de esa naturaleza. La creencia de que la policía no puede dar cuenta de la violencia (lo que, dígase rápidamente, es verdad, en consecuencia del estado de miseria en que vive nuestra población) ni, al menos, reducirla a niveles soportables (ésta es una circunstancia perfectamente factíble, ante los mecanismos puestos a disposición de la organización estatal), acarrea la revuelta y el deseo de decir el Derecho motu proprio, sin aguardar que lo haga el Estado.

 

En ese punto resulta exactamente el mayor error de quien participa de un linchamiento (y de quien lo aplaude o lo acepta): el mismo órgano (el grupo agresor) acusa, defiende, juzga y ejecuta, tal como en la Inquisición, sin que sea dado al “reo”, por si mismo o por tercero, oportunidad de defenderse, expurgando del Estado la posibilidad de aplicar el debido proceso legal (art. 5º, LIV de la Constitución Federal brasileña). Principio, por cierto, existente desde la Constitución Americana de 1791 (due process of law) y según el cual es vedado el juicio de un ciudadano sin que le sea asegurado un proceso legalmente constituído, garantizándose, absoluta e inevitablemente, su derecho a la más amplia e irrestricta defensa con todos sus corolarios (proceso contradictorio, doble grado de juzgados, no auto-incriminación, etc.) Sin el debido proceso legal, cualquier juicio será execrable; todo proceso que diga respecto a la liberdad, al patrimonio o a la vida de una persona debe observarlo, disociando claramente acusador, defensor y juzgador (sistema acusatorio), bajo pena de no legitimarse constitucionalmente.

 

La socióloga Jacqueline Sinhoretto define los linchamientos como “prácticas colectivas de ejecución sumaria de personas consideradas criminales. Su característica diferenciadora de otros tipos de ejecución sumaria es su carácter de acción única, o sea, el grupo linchador se forma en torno de una víctima, o grupos de víctimas, y después de la acción, se disuelve. Por eso, se dice de los linchamientos que son acciones espontáneas y sin previa organización.” En una excelente monografia, ella informa, incluso, que “la literatura internacional con  respecto a linchamientos es básicamente de origen norteamericano, y está referida al período de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, momento en que ocurrieron muchos linchamientos en los Estados Unidos, especialmente victimizando negros. Por estar referida a este contexto específico, esa literatura remite al lector mucho más a las diferencias entre los fenómenos brasileño y americano, que a sus semejanzas.”[6]

 

Fragoso ya afirmaba que “el Estado tiene el monopolio del magisterio punitivo, aun cuando la acusación es promovida por el ofendido (acción penal privada)”, lo que significa que el individuo, aunque el bien jurídico alcanzado sea propio, no puede, por sí sólo, querer decir el Derecho, bajo pena de injerencia indebida en las cosas específicas del Estado.[7]

 

En el linchamiento, al revés, se contraria este principio jurídico, puesto que, tal como lo concibió el norteamericano Willian Lynch (1742-1820), es una ejecución sumaria, sin prerrogativas de ninguna especie para el individuo.

 

Se retorna, entonces, a los primordios de la Roma Antigua (753 a.C.), donde “el transgresor era considerado execrable o maldito (sacer esto), sujeto a la venganza de los dioses o de cualquier persona, que podría matarlo impunemente”, como nos recuerda Fragoso.[8]

 

Dice Tornaghi que el “homo sacer  era aquel que, por haber practicado acto nefasto era maldito. Casi todos los autores sustentan que el sacer homo perdía la protección del Derecho, era abandonado a la propia suerte y podía hasta ser muerto por cualquier persona.” En Alemania se daba lo mismo, pues “el profanador, privado de la paz (friedensloss) se metia por las selvas para escapar al castigo. Cuando aparecía sórdido, barbado, tenía el aspecto de un lobo (wolf), de donde el nombre de wolfmensch (hombrelobo). Algunos estudiosos sustentan que la denominación proviene del hecho de ser el criminal rebajado a la condición de animal que, por ser daniño, debía ser muerto (Brunner-Schwerin, História del Derecho Germânico, p. 22).” Y, finalizando, compara el inovidable procesalista brasileño: “Por más extraña que parezca esa costumbre, de ella no difere el linchamiento americano.”[9]   

 

Se observa que este fenómeno, además de nefasto por todo lo dicho, también lo es por la real posibilidad de no matarse un culpable (lo que bastaría para serlo), sino eliminar a un inocente, hecho bastante probable a la vista de la precipitación y rapidez en que ocurre la masacre.

 

Si errores judiciales ocurren no obstante el referido due process of law, ¿qué pensar de sentencias sumarias? En el error cometido por un Magistrado, el sentenciado posee la posibilidad, incluso, de una reparación civil, sin hablar de la devolución de la libertad física (si aún es posible, evidentemente). Al contrario, en el error perpetrado por los linchadores, se vislumbra para el ofendido, tan solamente, la muerte o, en la hipótesis mejor, la marca indeleble de la tortura.

 

Otro dato escalofriante en todos los linchamientos es la falta de castigo de los agentes, sea por ser difícil la identificación, sea por la falta de testigos disponibles o, aún, por el poco interés en averiguar el delito, pues, a lo que parece, la muerte de un supuesto autor de un crimen es mucho más cómoda que el trabajo de averiguar la responsabilidad penal de los autores. La falta de castigo, como es lógico, lleva a la repetición de los actos ilícitos.

 

Al final de las consideraciones arriba expuestas, queda nuestra expectativa de que el Brasil supere la crisis social en que está sumergido desde hace mucho, originada en el indisfrazable desnivel social que lleva, a su vez, a la mayoría de la población a un estado de miseria total, proporcionando, indudablemente, este alarmante índice de violencia, del cual el linchamiento es una vertiente más, de entre tantas otras.

 

Es incuestionable que este triste fenómeno, cada vez más creciente, proviene de la cuestión socio-económica. Resuelta ésta, ciertamente morir linchado será tan raro y extraño como, por ejemplo, morir de hambre...

 

Para finalizar con letras más insignes, transcribiremos, una vez más, la lección de un gran jurista brasileño, un hombre que dedicó su vida al Derecho y al orden jurídico:

 

Matar a alguien es un acto que hiere tanto un mandamiento ético-religioso como un dispositivo penal. La diferencia está en que, en el plano jurídico, la sociedad se organiza contra el homicida, a través del aparato policial y del Poder Judicial”.[10]


 

[3] Revista Veja, 09 de mayo de 1990, p. 63.

[4] Hélio Bicudo, Violência – O Brasil cruel e sem maquiagem, São Paulo, Moderna, 2º. ed., p. 30.

[5] 10 de julio de 1995.

[6] Os Justiçadores e sua Justiça, São Paulo: IBCCrim, 2002, pp. 40 e 84.

[7]  Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal – Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 9ª. ed., p. 02.

[8] Ob. cit. p. 24.

[9] Compêndio de Processo Penal, Tomo I, Rio de Janeiro, José Konfino, 1967, p. 7 (nota).

[10] Ob. cit., p. 74.