CURAR LA DESOBEDIENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES,
POR ORDEN JUDICIAL

 

por Mirentxu Baca, Andrea Quaranta y Luis Vallone

 

En agosto de 1990, se crea por decreto presidencial N° 1606/90 el Consejo Nacional del Menor y la Familia, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social. Al mes siguiente, Argentina incorpora a su legislación la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N° 23.849), promulgada el año anterior por la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuatro años más tarde, al reformar la Constitución Nacional, la Convención adquiere la máxima jerarquía jurídica en el orden nacional.

 

Entre los compromisos tomados con la incorporación de la Convención, los estados asumen la responsabilidad de adoptar medidas administrativas y legislativas para hacer efectivos los derechos por ella reconocidos. Si bien varias provincias realizaron cambios legislativos y se ha avanzado en el tratamiento de algunos temas que afectan a la infancia y la adolescencia, la situación general para la mayoría de los niños y adolescentes en nuestro país, ha empeorado. Han transcurrido catorce años desde la incorporación de la Convención, sin embargo a la fecha sigue vigente la Ley N° 10903 de Patronato de Menores o “Ley Agote”, de 1919

 

Cada una de estos cuerpos normativos implica una doctrina conceptual y metodológica con relación a la infancia. La “Ley Agote” ha sido elaborada bajo el espíritu de la “Doctrina de la situación irregular”, mientras que la Convención propone una “Doctrina de la protección integral”. La Doctrina  de la situación irregular está dirigida a un “menor abandonado, delincuente, en situación irregular, que es entendido como incapaz y constituye por tanto un objeto pasivo de intervención y de control social más allá de las situaciones por las que atraviesa”[1] Sus familias “configuran un riesgo de tal magnitud para el menor que justifican una intervención estatal destinada a proteger al niño mediante el ejercicio del patronato”[2].

 

Se implementan así diferentes medidas hacia las familias “tendientes a reeducarlas de acuerdo con los valores socialmente predominantes acerca de la familia y la vida en sociedad”[3]. El patronato o tutela se ejerce por medio de los jueces, quienes, con la concurrencia del Consejo Nacional y el Ministerio Público de Menores, indican las medidas a implementarse y deciden el tiempo que durará la intervención.

 

La doctrina de la protección integral concibe al niño como una persona, sujeto de derechos y obligaciones, que tiene ciertas prerrogativas legales diferenciadas que obligan al Estado a proteger especialmente su condición de niño. Abarca al conjunto de la infancia, poniendo énfasis en la promoción y apoyo de la familia. “Establece claramente que las cuestiones sociales son ámbito de abordaje de las políticas públicas y no del sistema judicial”.[4]

 

Si bien existe consenso sobre la necesidad de definir políticas públicas que respondan a la doctrina de protección integral, no se ha logrado avanzar en su formulación, ni modificar la practicas cotidianas en las instituciones que trabajan con la infancia, manteniéndose vivo el espíritu de la ley tutelar.

 

Sostenemos como hipótesis de trabajo que la coexistencia de estos dos cuerpos legales, ha permitido al Estado mantener un sistema legal de vigilancia e intervención sobre las familias con las facultades discrecionales de la Ley de Patronato, bajo el ropaje cientificista de la psicología y la psiquiatría. Coexistencia que permite intervenir al estado como reaseguro de las fisuras y deficiencias de los sistemas de integración social, que no llegaron a conformar una política global hacia la familia y la infancia.

 

 En este marco de reducción del estado y focalización de las políticas sociales,  los organismos específicos de infancia en Argentina, concentraron sus esfuerzos en asistir a grupos familiares, niños, niñas y adolescentes que no se ajustaban a los ideales familiares imperantes, o que no encontraban otras respuestas sociales ni institucionales.

 

La focalización en un grupo pequeño de individuos precisa que el mismo tenga alguna característica común que requiera un abordaje especial: cierta incapacidad familiar o individual para ajustarse adecuadamente a lo social. La inadecuación, la vulnerabilidad, la exposición al riesgo, el desafío a los límites, el delito, etc. son las características de los que deben ser asistidos, normalizados, resocializados, tratados, integrados, disciplinados. Reservándose siempre la posibilidad de disponer de medidas judiciales.

 

En el caso concreto del Consejo Nacional de Niñez, la Adolescencia y la Familia, esta lógica asistencial requirió múltiples especialistas en salud mental. De este modo se propició y multiplicó la intervención de psicólogos y psiquiatras, no así  la de trabajadores sociales.

 

Psicología y psiquiatría, disciplinas que funcionaron como el soporte técnico-ideológico  para la Justicia de Menores, que fundan sus decisiones en informes detallados de la personalidad de cada uno.

 

 “Ejercer la policía de prevención y protección de menores en la esfera de su competencia”, tal es una de las funciones definidas para el organismo en el decreto de su creación, función que se cumple con las herramientas legitimadas socialmente para diagnosticar, clasificar y proponer una terapéutica como vía de normalización de los sujetos desadaptados.

 

         Este anudamiento entre lo jurídico y lo terapéutico ha atravesado de diversas formas la mayoría de los programas de asistencia directa del organismo, resultando particularmente visible en los programas de internación, dado que el ingreso a los mismos se produce casi exclusivamente por orden judicial sobre la base de recomendaciones de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras.

 

                     Los siguientes pedidos de ingreso a dispositivos de internación se seleccionaron un mismo día en el mes de septiembre. Se tomaron tres legajos del conjunto que espera una definición sobre lugar de destino o autorización judicial que permita un cambio de programa. Se excluyeron aquellos que provienen del sistema de jóvenes en conflicto con la ley penal y los que registraban internaciones anteriores en el sistema. Por lo antedicho, los casos que presentamos a continuación no pueden ser considerados como una muestra representativa del universo que ingresa a los sistemas de internación, sino sólo ilustrativos de las afirmaciones anteriores. Gran parte de lo que sigue se ha transcripto textualmente, los nombres han sido modificados.

 

 

 

María, 15 años.

 

A fs. 2 de legajo de María, el Principal Fernández de la Policía Federal, informa al director del instituto “en relación a actuaciones sumariales caratuladas “PROTECCION DE PERSONA con intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces ...a fin de remitir, por orden de dicha Defensoría, a ese instituto a la menor María, argentina, 15 años, sin domicilio fijo, nacida en 1988, adjuntándose a la presente fotocopia del informe médico de la misma.”

 

Primera imagen de un traslado a un instituto, sin conocer la causa. Ya sabemos que llega al Consejo por orden de una Defensoría trasladada por la policía federal. Recordemos que la carátula del expediente es “protección de persona”.

 

El informe psicosocial de admisión (junio del corriente) proporciona los datos de rutina: nombre, edad, escolaridad, datos familiares, etc. Sobre el motivo de ingreso informa: “La joven comenta que se fugó del domicilio paterno hace tres meses, conviviendo con su novio, Fernando, de 34 años de edad. Refiere que en oportunidad que va a visitar a su padre al negocio en el que trabaja, su madre y la pareja llegan con la policía. Dice que su madre no quiere que viva sola, por lo que pide su institucionalización.”

 

No tiene antecedentes de institucionalización. Sus padres se separan cuando ella tenía dos años, desde hace tres años vive con el padre. Cuando el padre forma una nueva pareja comienzan los problemas para comunicarse con él. Hace un año consume cocaína, marihuana, y alcohol.

 

Sobre la ocasión de su fuga se informa “Se va del domicilio paterno cuando el padre le encuentra “papeles de marihuana, pertenecientes, dice, a un amigo, por lo que la encierra en la habitación”. Ella se escapa y pide ayuda a un amigo. Al momento actual la joven no acepta su derivación a ninguna institución, refiriendo que quiere continuar conviviendo con su novio.

 

María es definida, según su comportamiento en las entrevistas psicológicas, como “respetuosa, predispuesta al diálogo, con un discurso que por momentos resulta contradictorio y confuso, expresándose en forma fluida con vocabulario acorde a edad, no aceptando su institucionalización, no recapacitando por lo motivos que determinaron la misma, ni aceptando permanecer en este Centro, con ideación de fuga, por momentos angustiándose ante la situación que vive. Presenta potencial para responder favorablemente al abordaje verbal”....”ha presentado conductas actuadoras y desafiantes hacia las figuras adultas produciéndose peleas con pares. Al momento no se observan alteraciones sonsoperceptivas, ni de ideación o curso de pensamiento. Ubicada en tiempo y espacio. Nivel intelectual medio.”

 

“En virtud de lo expuesto y atendiendo que por el momento no cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de la misma, habiendo manifestado su padre en la entrevista mantenida en mayo de 2004, que no se encuentra en condiciones de contener a la joven temiendo por su integridad psicofísica, se considera conveniente su urgente derivación a institución acorde a sus características, desde donde se continúe abordando  la problemática vincular familiar y se acompañe en el inicio de un tratamiento psicoterapéutico, con control psiquiátrico”. Intervienen un trabajador social y un psicólogo.

 

A los pocos días se reitera que es conveniente la derivación de María a otro centro ya que no puede integrarse al grupo de pares, mantiene conductas impulsivas, ansiedad, etc. Se insiste en la conveniencia de iniciar tratamiento.

 

Es trasladada a otro centro. A los tres días se informa que ha abandonado el lugar. Situación que no sorprende al equipo interviniente ya que les había manifestado que se sentía encerrada, no deseaba retomar sus estudios y sólo quería ver a su novio. Se informa a la Defensoría. Para ese momento se encuentran interviniendo dos juzgados; el último en tomar intervención cesa su actuación a fin de no interrumpir lo iniciado por el primero. Tomado conocimiento de tal situación el Juzgado oficia al organismo en los siguientes términos “proceda a inmediata reinternación de la menor de autos María... en alguna institución acorde a su problemática”.

 

A fin de dar cumplimiento a la orden judicial, es citada a la sede central del organismo. Concurre con el padre y la tía paterna, con quien convive. En esta ocasión el padre expresa que está dispuesto a hacerse cargo de la hija, necesitando ayuda psicológica para ambos, se compromete a concurrir al juzgado para lograr autorización judicial. El profesional interviniente acuerda, ofreciendo ayuda psicológica a través de un programa ambulatorio del organismo. El legajo sigue en admisión a la espera de respuesta formal del juzgado.

 

 

Alicia, 15 años

 

Otra historia de familias “ensambladas”: los padres se separan cuando ella tenía 8 años, ella permanece con la madre hasta los 11 años, otros hermanos también dejan la casa materna. El padrastro, tal como informa el psiquiatra, abusa de ella desde los 12 años, con conocimiento de la madre.

 

En el curso del corriente año la relación con el padre se torna cada vez más conflictiva a partir de continuas discusiones por “su actitud hostil y rebelde”, motivo por el cual se aloja en la casa de una amiga. Posteriormente, el padre de la amiga le propuso ayudarla para ubicarla en un Hogar, atento a que ella le confiara que quería irse de su casa por los conflictos que mantenía con su padre.

 

Tras una actitud confusa y sorprendente de parte de este hombre, quien le declara su interés sentimental, y la pone en una situación nuevamente de maltrato, abuso y abandono, intenta suicidarse ingiriendo pastillas. Es trasladada a un hospital público y luego a una clínica psiquiátrica a través de la obra social del padre.

 

Luego de meses de internación con cobertura de la obra social paterna, se informa al juzgado que Alicia se encuentra en condiciones de alta psiquiátrica. El juez ordena la intervención del Consejo, “a fin de que realicen una evaluación psico socio familiar del grupo de autos, analizando los factores de riesgo con indicaciones terapéuticas”.

 

El psiquiatra que la evalúa informa “se encuentra bien presentada, lúcida, tranquila, bien orientada, su actitud es correcta, el trato cordial, el discurso coherente, lenguaje adecuado...no se evidencian alteraciones en el curso o contenido del pensamiento ni en las funciones psíquicas superiores. Refiere que se siente agobiada por el encierro ya que hace dos meses que no la dejan salir al patio y está confinada a no salir de las habitaciones del 1° piso, salvo para realizar actividades...”

 

El profesional recomienda su traslado a un hogar en el que continúe con “tratamiento de la especialidad y pueda reinsertarse en la comunidad, salir los fines de semana con su familia y retomar sus estudios ya que debe 8 materias de 2° año...” quiere seguir estudiando. Se obstaculiza su derivación en función del temor que  genera la admisión de “este perfil psicológico” en estructuras asistenciales simples.(Hogares). Se considera entonces la posibilidad de un traslado a un hostal o medio camino, dispositivo en el que se encuentra Alicia actualmente.

 

 

Soledad, Lucía y Sofía, 12, 11 y 10 años.

 

En este caso la intervención judicial se produce hace 6 años, por denuncia de la escuela cuando Soledad concurre con signos de haber sido golpeada. Poco tiempo después la madre queda viuda y para poder sostener a la familia, decide dejar a las niñas a cargo de la abuela paterna, visitándolas frecuentemente. La abuela también trabaja por lo que las niñas son cuidadas por unas vecinas, de quienes no hay datos.

 

Hace unos pocos meses retorna a la casa de la abuela un hijo de la misma. Tío que abusa de las niñas. La abuela niega toda veracidad a los relatos de las mismas, se ofende con ellas. Retornan a la casa materna. Por orden judicial se realizan estudios socio-ambientales; desde el organismo se propone algún tipo de ayuda económica y controles domiciliarios periódicos, la madre se opone a una posible internación.

 

Al mes la madre se presenta en el organismo. Manifiesta que la situación con sus hijas ha llegado a un “punto insostenible”. Ella tiene dos empleos, uno de lunes a viernes y otro el fin de semana, las personas que ha contratado para el cuidado de las hijas han dejado de concurrir por la mala conducta de las niñas, “no aceptan límites y son desobedientes”. Soledad ha llegado a fugarse del hogar. Teme perder el empleo ya que no puede cumplir como antes, por todo ello pide la internación de sus hijas.

 

Esta decisión es respaldada por la justicia. Intervienen una psicóloga y una trabajadora social, quienes recomiendan “que las niñas continúen la escolaridad y reciban apoyo psicológico a fin de ayudar a la aceptación de pautas mínimas de convivencia para favorecer su evolución.” El legajo permanece en admisión hasta que se encuentre un lugar que permita reunir a las tres hermanas.

 

 

Comentarios Finales

 

En los tres casos aquí presentados podemos encontrar elementos comunes, sobre un fondo familiar en el que están desdibujadas las figuras parentales, a quienes se las describe como incapaces de hacerse cargo de sus hijas, aparecen éstas como seres conflictivos y desafiantes, no se sabe bien qué hacer con ellas. Las primeras intervenciones están orientadas a diagnosticar y someter a estudio a las jóvenes y niñas, no así para investigar más detalladamente si es posible encontrar con ellas otras soluciones.

 

Para las adolescentes se recomienda tratamiento psicológico, y para las niñas apoyo psicológico a fin de ayudar a la aceptación de pautas mínimas de convivencia para favorecer su evolución. Sus palabras no tienen peso, no tienen crédito, tiene peso la palabra de los adultos cuando dicen no poder con la desobediencia de las niñas.

 

La desobediencia a los mayores une a los tres casos, hay un acuerdo tácito entre los jueces y profesionales sobre la necesidad de intervenir cuando la autoridad familiar se ve amenazada o se encuentra desdibujada. Identificándose la internación como una acción terapéutica, destinada a “curar la desobediencia”.

 

La intervención judicial, sobre todo en el caso de María, es inquietante. Es llevada por un patrullero a un instituto por pedido de la madre, que no convive con ella y que rápidamente vuelve a la ciudad en la que reside habitualmente. El juez no requiere su presencia, no solicita informes socio-ambientales, no considera la posibilidad de escucharla, ni pide su opinión. Lo mismo le ocurre a Alicia, quien desde su lugar de internación puede expresar que desea retomar actividades, continuar con su vida sin ser escuchada.

 

En este contexto el poder judicial se muestra descarnadamente, sólo como poder, con el respaldo de una ley que permite disponer inconsultamente de la vida de niños y adolescentes. Se decide más allá de sus deseos y reclamos, la instancia judicial tiene la última palabra, facultada por la ley de tomar cuanta medida crea conveniente y por el tiempo que estime necesario. Los padres también se sitúan ante aquella como niños que deben ser autorizados.

 

Los casos que presentamos ejemplifican la continuidad de un sistema legal de disciplinamiento, legitimado por el discurso de las ciencias de la salud, que definen la “desobediencia” como un estado irregular de la conducta que puede ser “tratado” con la internación.

 

No se trata de definir a todos los jueces por lo actuado en estos casos, ni de atenuar la responsabilidad que cabe a los profesionales, o desconocer la ductilidad del organismo para encontrar respuestas creativas, incluso desafiando esta lógica de “disposición” de personas, dado que hay innumerables casos que responden a otra lógica de intervención que intenta brindar protección desde el paradigma de la Convención. Se trata, en todo caso, de poner de manifiesto que el Estado mantiene vigente un instrumento legal que permite suprimir elementales derechos ciudadanos a niños y adolescentes.


[1] Laje, María Inés, Debates y usos en el campo de las políticas para la infancia.

[2] Laje, op. cit.

[3] Laje, op. cit.

[4] GCBA, Los derechos del niño, una nueva perspectiva de análisis.