Derechos de la personalidad


Luis Moisset de Espanés

María del Pilar Hiruela de Fernández

 

SUMARIO: I. Homenaje a Carlos Fernández Sessarego. II. Introducción. III. Antecedentes. Derecho Comparado. IV. Los derechos de la personalidad en el Derecho Argentino. V. Naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad. VI. Estructura de los Derechos de la Personalidad. VII. Caracteres de los derechos de la personalidad. VIII. Medios de protección de los derechos de la personalidad. IX. Clasificación de los derechos de la personalidad.


I. Homenaje a Carlos Fernández Sessarego

Carlos Fernández Sessarego es uno de los más brillantes juristas peruanos de su generación. Los méritos acreditados a lo largo de su actuación en la vida pública y en la docencia, lo han hecho acreedor de múltiples reconocimientos, tanto en su país, como en otros de América y Europa. Dentro de este quehacer se ha destacado con perfiles muy netos su preocupación por el derecho de las personas y su esfuerzo por distinguir entre los conceptos de "sujeto del derecho" y de "persona".

Sus lecciones de cátedra, sus artículos y libros sobre el tema, han marcado un rumbo en la doctrina, y plasmado también en el derecho positivo peruano, ya que el título que dedica el Código Civil de 1984 a las personas es fruto de sus desvelos como legislador.

En el surco trazado por el maestro han germinado numerosas vocaciones y sus discípulos han sabido recoger y hacer fructificar en sus propios trabajos la enseñanzas del maestro. Por ello nos ha parecido oportuno contribuir a este Libro Homenaje con un humilde estudio sobre los llamados "derechos de la personalidad, estudio en el que retomamos los desarrollos que efectuábamos al impartir la Cátedra de Parte General en la Universidad Nacional de Córdoba.



II. Introducción

En el presente trabajo analizaremos esa particular categoría de derechos subjetivos esenciales que han recibido la denominación de "derechos de la personalidad" por cuanto pertenecen a la persona por su sola condición de tal.

En esta línea, corresponde resaltar que tales derechos aluden a un conjunto de facultades fundamentales que atienden a la más eficaz protección y defensa de la persona individual y de sus atributos. A modo de definición, podemos decir que los derechos de la personalidad -también denominados derechos personalísimos(1)- son aquellos que "corresponden innatamente a toda persona, desde antes de su nacimiento y hasta su muerte, y que le garantizan el íntegro ejercicio y desenvolvimiento de sus atributos esenciales para así poder desarrollarse plenamente en su humanidad".


 

III. Antecedentes. Derecho comparado.

La teoría de los derechos personalísimos es una conquista del siglo XX, al menos en su formulación sistemática y metódica actual.

Ciertamente hay precedentes anteriores, pero se trata de manifestaciones embrionarias y aisladas, carentes de relevancia científica.

Quizás el antecedente más remoto pueda encontrarse en las enseñanzas de la Iglesia Católica y en el pensamiento de la Escuela del Derecho Natural clásico, donde ya se hablaba de la existencia de bienes temporales del hombre, no materiales, como la vida, el honor, etc., y se declaraba que dichos bienes pertenecían al hombre por su sola condición de tal, siendo preexistentes al Estado y a toda legislación positiva(2).

La primera ley civil que se ocupa de los derechos de la personalidad es el código austríaco de 1811, que en su artículo 16 declara que "Todo hombre tiene derechos innatos, evidentes por la propia razón, y por ello tiene que ser considerado como persona".

En una línea similar, aunque más desarrollada, el Código Civil portugués de 1867 dedicaba varias de sus normas a los por él llamados "Derechos originarios" prescribiendo que los mismos son los que "resultan de la propia naturaleza del hombre y que la ley reconoce y protege como fuente y origen de todos los demás".

Se regulaban por separado los derechos a la existencia, a la libertad, a la asociación, a la apropiación y a la defensa, y con carácter general se establecía que tales derechos eran inalienables y sólo limitables por ley expresa. El nuevo código portugués de 1966 presenta una completa regulación sobre el tema en sus artículos 70 a 81.

La consagración y tutela de los derechos personalísimos en Alemania se lleva a cabo parcialmente en el BGB. En dicho código se protege por un lado el derecho al nombre (art. 12) y por otro, en su artículo 823 responsabiliza civilmente a quien lesione lo que llama "bienes vitales": la vida, el cuerpo, la salud y la libertad (expresamente mencionados).

En Suiza el Código, en sus artículos 28 y 29, y el Código de las obligaciones en el artículo 48, establecen una protección a lo que denominan "relaciones personales".

La doctrina y la jurisprudencia han señalado entre esas relaciones personales la lesión de la libertad personal, el honor, la vida familiar, la vida privada y la paz espiritual.

La regulación sobre la materia del Código Civil italiano de 1942 es incompleta y sólo contempla la prohibición de disponer del propio cuerpo, el derecho al nombre y a la propia imagen en sus artículos 5 a 10.

El Código Civil francés, paradójicamente en contraposición con su estandarte revolucionario de libertad e igualdad, carece de una regulación específica de los derechos de la personalidad. En el curso del siglo XX dos leyes modificatorias han incorporado al derecho francés la protección a la vida privada (Ley 17.7.1970) y a la integridad física (Ley 29.7.1994).

En el derecho español la construcción de la figura de los derechos de la personalidad ha tomado carta de naturaleza como derecho positivo en su Código Civil con la modificación de la Ley 13/1981 que reforma el artículo 162.1º excluyendo de la patria potestad de los padres "los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo".

En Latinoamérica son destacables el Código Civil boliviano de 1975, que regula el derecho a la vida y protege los derechos de la personalidad física y espiritual(3), y el Código Civil peruano de 1984, que con una técnica legislativa elogiable contiene una regulación completa de los derechos de la personalidad(4), como paso previo al estudio de los atributos de la persona (nombre(5), domicilio(6), estado y capacidad(7)).

Fernández Sessarego nos muestra con detalle la evolución que ha seguido la protección de la persona en el ordenamiento jurídico peruano(8), tanto en el terreno del derecho constitucional, como en el Derecho Civil, destacando que la Constitución de 1936 no contenía normas que se ocupasen de regular los derechos fundamentales de la persona, que recién aparecen en la Constitución de 1979, en virtud de la presencia de una nueva orientación ideológica que, superando el positivismo ideológico y los enfoques patrimonialistas, comienza a poner el acento en la revalorización del ser humano(9), siguiendo caminos trazados por el propio Fernández Sessarego, en trabajos como "La noción jurídica de persona"(10). El camino culminará luego en el Código Civil de 1984, cuyo Libro Primero es sin duda fruto del esfuerzo intelectual de Fernández Sessarego.

En fecha más reciente el nuevo Código de Brasil, en vigor desde el 10 de enero de 2003, también legisla sobre los derechos de la personalidad(11).

Hemos mencionado el reconocimiento legislativo que han tenido los derechos personalísimos en el derecho civil comparado, pero debemos advertir que la mayoría de las Constituciones Nacionales, principalmente las posteriores a la Segunda Guerra Mundial, han consagrado de manera explícita y plena esta categoría de derechos subjetivos.


 

IV. Los derechos de la personalidad en el derecho argentino

El Código civil redactado por Vélez carecía de una consagración de la doctrina de los derechos de la personalidad(12), y la Ley 17.711 no se ocupó de ellos. La escuela de Derecho Civil de Córdoba, preocupada por el problema, incluyó como tema 2 del Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba 1969), el de "Los derechos de la personalidad y su protección actual"(13), y allí se aprobó una recomendación que propiciaba la inclusión -en una futura revisión del Código Civil- de una "legislación orgánica sobre los derechos de la personalidad, en cuanto derechos subjetivos de carácter especial"(14).

Por nuestra parte, en dicho encuentro habíamos aconsejado sistematizar los diversos aspectos que deben tenerse en cuenta en una legislación integral de ésta índole, a saber: a) la vida y la integridad física; b) la integridad moral; c) los derechos a la esfera reservada de la vida, o intimidad, entre los cuales pueden mencionarse el derecho a la propia imagen, y el derecho al secreto de la correspondencia; y d) el derecho a la individualidad, a través del nombre(15).

A tal fin acompañamos un proyecto de reglamentación de los derechos de la personalidad y su defensa, que se encuentra en las Actas del referido Congreso Nacional(16).

En la actualidad existen una serie de leyes complementarias del Código que consagran la protección ya de un derecho personalísimo en particular, ya la defensa de un aspecto especial de alguno de ellos.

Así, tenemos la Ley 11.723 que en sus artículos 31 a 35 regula y protege el derecho a la imagen; la Ley 18248 que establece la regulación del derecho al nombre; la Ley 21.173 que incorpora al texto del Código Civil el artículo 1071 bis que tutela el derecho a la intimidad; la Ley 23.592 modificada por la Ley 24.782 que tutela el derecho a la igualdad, prohibiendo y penalizando los actos discriminatorios; la Ley 24417 de protección contra la violencia familiar que tutela la integridad física y psíquica de las personas frente a eventuales lesiones o maltratos en el seno familiar y la Ley 24192 de trasplantes de órganos y materiales anatómicos.

Se ha criticado el método seguido para la regulación de los derechos de la personalidad en nuestro ordenamiento jurídico privado, porque esa tutela legislativa se encuentra dispersa y desordenada; por ello hemos recomendado en reiteradas oportunidades su regulación sistemática y metódica mediante una modificación del Código Civil.

Mientras tanto, hasta que se lleve a cabo una eventual reforma, el estudio de la regulación argentina habrá de hacerse a partir de la legislación particular existente.

Resta señalar que la reforma de 1994 a nuestra Constitución Nacional importó una ratificación explícita de los derechos de la personalidad, pues con la incorporación de los Tratados, Pactos y Convenciones prevista en el artículo 75 inciso 22 (con jerarquía superior a las leyes), y la incorporación de los artículos 37, 39, 41, 42 y 43 ha quedado establecido en nuestro ordenamiento jurídico un sistema íntegro de protección de los derechos personalísimos.

Aun cuando lo óptimo sería la adecuación de nuestro derecho interno a lo normado por los Tratados, estimamos, en concordancia a lo sostenido por muchos autores, que los derechos fundamentales reconocidos por estos Tratados son directamente operativos y no necesitan de ley especial alguna que los ponga en acción.



V. Naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad.

Se ha discutido en la doctrina si los derechos de la personalidad son o no verdaderos derechos subjetivos.

Existen básicamente dos posiciones encontradas:

Una primera, que podríamos llamar minoritaria(17), sostiene que los derechos personalísimos no pueden ser considerados como verdaderos derechos subjetivos.

Los fundamentos dados en sustento de esta tesis son de lo más variados pero en lo esencial tienden a destacar que en esta categoría de derechos no se manifestaría la estructura esencial de los derechos subjetivos (sujeto, objeto y contenido).

Así advierten que:

1)Para que exista derecho subjetivo debe haber un deber correlativo y en los derechos personalísimos no existe sujeto pasivo;

2)Todo derecho subjetivo requiere de un objeto preciso y delimitado sobre el cual recaer, pero en los derechos de la personalidad el objeto sería la propia personalidad con lo cual se caería en el absurdo de que la persona sea a la vez sujeto y objeto del derecho. Al respecto se dice que la persona es el sujeto de todo derecho y, consecuentemente no puede ella ser en sí misma derecho y

3)Esta categoría de supuestos derechos carece de modos de adquisición, transferencia y extinción. Por todo ello, se indica que los derechos de la personalidad serían solo facultades, lo lícito, bienes protegidos por el ordenamiento (la vida, el honor, la integridad corporal) pero no derechos subjetivos, y que el derecho subjetivo recién surgiría después de la lesión inferida por otro sujeto a esos bienes (homicidio, lesiones, injurias, etc.) y tal derecho que surge no se caracterizaría como el derecho a la vida o a la integridad física, etc. sino como el derecho a obtener la condena penal o civil del ofensor.

Una segunda posición, mayoritaria(18), entiende en cambio que los derechos personalísimos son verdaderos derechos subjetivos.

Refuta las objeciones esgrimidas por la doctrina negatoria y aduce que los derechos de la personalidad gozan de la estructura propia de los derechos subjetivos, esto es: un sujeto activo o titular, un objeto y un contenido.

Por nuestra parte, adherimos a la posición prevaleciente que ve en los derechos de la personalidad verdaderos derechos subjetivos.

En efecto, consideramos que las objeciones y fundamentos dados por la posición negatoria carecen de trascendencia y se encuentran impregnados de una visión patrimonialista de los derechos subjetivos.

Consideramos que existe un deber correlativo, pero con la característica de que el sujeto pasivo es toda la comunidad (al igual de lo que ocurre en los derechos reales), es decir todos los sujetos tienen el deber de respetar los derechos personalísimos del otro(19).

Con relación a que el objeto se confunde con el sujeto de tales derechos, creemos que ello no es así; el objeto de los derechos personalísimos es el honor, la vida, la integridad física, etc.

Aun cuando tales objetos pertenecen e integran la personalidad humana, una persona puede verse privada de alguno de ellos, con lo cual el objeto es individualizable y separable de la persona sujeto del derecho.

Respecto al tercer argumento consistente en que el derecho objetivo no prevé los modos de adquisición, modificación o extinción de esta categoría de derechos, creemos que se trata de una falacia argumentativa, de una petición de principio.

No es requisito ni recaudo de los derechos subjetivos que el ordenamiento prevea tales cuestiones, de hecho existen derechos patrimoniales que tampoco pueden ser transferidos o cedidos.

Finalmente, no es cierto que el derecho aparezca recién luego de lesionado; si mediante la indemnización de los daños no se pudiera reparar en especie, el resarcimiento no haría más que reemplazar o sustituir el derecho personalísimo lesionado, como sucedáneo del ataque a un derecho anterior.

Creemos que no pueden caber dudas respecto a que los derechos personalísimos son derechos subjetivos, o más bien, relaciones jurídicas tutelables.

Si los terceros tienen la obligación de respetar nuestra esfera propia, nuestra personalidad, es justamente porque es nuestra, porque tenemos señorío o dominio sobre ella.

De lo contrario no se comprendería la facultad de toda persona de hacer cesar toda perturbación a los derechos de la personalidad.

Además carecería de sentido que el ordenamiento jurídico positivo se ocupara de regular con precisión la disposición de ciertos derechos, como por ejemplo el supuesto de los trasplantes de órganos; si no existiera derecho subjetivo, el derecho objetivo no se preocuparía por legislar sobre su disposición.



VI. Estructura de los derechos de la personalidad.

Como en todo derecho subjetivo, encontramos en la estructura de los derechos personalísimos un elemento subjetivo (sujeto), un elemento objetivo (objeto) y un contenido que le es propio. El elemento subjetivo no es sino la persona física, todo hombre, por su sola condición de tal es sujeto activo de tales derechos, en un plano de igualdad total.

Se ha discutido si las personas jurídicas son también titulares de derechos personalísimos; estimamos que aun cuando no lo sean en igual medida y plenitud que las personas físicas, las personas de existencia ideal gozan de algunos derechos de la personalidad como el honor (comercial o societario), o el nombre (razón o denominación social).

En el derecho peruano Carlos Cárdenas Quirós señala con acierto que "las personas colectivas o jurídicas pueden experimentar la agresión de algunos derechos tales como el honor, la buena reputación, el crédito comercial, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de contratación, etc. ..."(20).

El elemento objetivo está íntimamente unido a la persona, y como lo adelantáramos precedentemente, no se confunde con ella. El objeto de estos derechos son las manifestaciones determinadas en los hechos reales de la persona, que la sociedad reconoce y el derecho protege, como, por ejemplo, la integridad del cuerpo, la salud, el honor, etc.

Interesante al respecto ha sido la tesis formulada por Beltrán de Heredia, quien considera que el objeto de los derechos de la personalidad no es el bien en sí mismo (la vida, el honor) como no lo es la cosa en el derecho de propiedad, sino el "interés" que el bien material o inmaterial representa para su titular. Creemos que no se contraponen la idea de "manifestaciones" e "interés", por el contrario, se complementan.

Así, el objeto de los derechos personalísimos son las manifestaciones de la persona en la sociedad, en cuanto dichas manifestaciones importan un interés o beneficio para la persona, interés digno de tutela jurídica.

Finalmente, el contenido de los derechos de la personalidad se integra de un haz de facultades o poderes que permiten al titular del derecho ejercerlo, disfrutar y gozar del bien inmaterial protegido, exigir jurisdiccionalmente el cese de los actos que lo lesionen o perturben, y reclamar la indemnización de la lesión que se le causare.



VII. Caracteres de los Derechos de la personalidad.


Aun cuando los derechos de la personalidad son verdaderos derechos subjetivos, estos derechos tienen un conjunto de notas distintivas que los hacen singulares, especiales y los individualizan y distinguen de los otros derechos subjetivos.

En efecto, se trata de una categoría con perfil propio y con caracteres -en su mayoría(21)- no compartidos con el resto de derechos subjetivos.

Siguiendo, en líneas generales, las enseñanzas de Santos Cifuentes(22), mencionamos como caracteres de esta categoría de derechos los siguientes:

a) Se trata de derechos innatos en virtud de que nacen con el sujeto mismo, es decir con la concepción del nasciturus. Son connaturales al hombre y pertenecen a él por su sola condición de persona humana, siendo indiferente lo que disponga o no al respecto el derecho objetivo.

b) Son derechos vitalicios, ya que pertenecen a la persona durante toda su existencia, no faltando en ningún instante de la vida.

c) Son también derechos necesarios por cuanto no pueden faltarle a la persona, sin perjuicio de que en ciertas ocasiones su ejercicio pueda ser limitado por la autoridad pública (por ejemplo en el caso de una condena penal de prisión se privaría el ejercicio al derecho de libertad ambulatoria, o en el supuesto de un estado de sitio, situación excepcional y temporaria).

d) Asimismo se trata de derechos esenciales, ya que no le pertenecen al hombre por una circunstancia ajena o externa sino que se trata del mínimo indispensable, básico, para el contenido de la personalidad humana. La persona sería incompleta sin estos derechos.

e) Son derechos de objeto interior, en virtud de que al ser manifestaciones de la persona se encuentran íntimamente vinculados a ella y no pueden ser captados sin atender a la unidad compuesta del hombre. Por tanto no se trata de derechos exteriores, sino interiores al propio sujeto titular(23).

f) Son derechos inherentes, en el sentido de que son intransmisibles por no ser posible escindirlos de la persona a la que pertenecen. Como consecuencia de ello resulta que los derechos personalísimos son irrenunciables.

g ) Son extrapatrimoniales ya que no son susceptibles de apreciación o medición pecuniaria. Esto no significa que no sean capaces de producir bienes económicos, mas esto es sólo un efecto secundario de los derechos personalísimos. Asimismo, no obstante este carácter extrapatrimonial, la lesión de los derechos personalísimos tiene repercusiones económicas ya que si se atenta contra ellos, la víctima tiene la facultad de exigir su reparación in natura, y si la reparación en especie fuera imposible, la obligación de resarcir se resuelve en el pago de una suma de dinero.

h) Se trata de derechos relativamente indisponibles ya que no es posible venderlos, transmitirlos. Por ello, los derechos de la personalidad están fuera del comercio y no pueden ser objeto de ningún negocio jurídico. Es decir se trata de derechos inenajenables, inembargables, intransferibles, imprescriptibles e inejecutables. Sin embargo afirmamos que esta indisponibilidad es "relativa" porque es posible alterarlos, transitoria y parcialmente.

i) Son derechos absolutos por cuanto son oponibles erga omnes a todos los miembros de la comunidad y no sólo a los particulares, sino también frente al Estado.

j) Los derechos personalísimos son derechos privados por cuanto se colocan en el campo del comportamiento de los particulares(24).

k) Finalmente se trata de derechos autónomos, porque los derechos de la personalidad tienen un conjunto de caracteres, los estudiados que los caracterizan e individualizan frente a los otros derechos subjetivos.Atendiendo a los caracteres enumerados como tipificantes de los derechos de la personalidad, consideramos importante diferenciar éstos de otros derechos personales con los que algún autor los ha confundido.

Al respecto, creemos que no son derechos personalísimos:

a) Las patentes de invención (ya que no son ni innatas, ni vitalicias, ni inherentes a la persona; además lo protegido por ellas no es la capacidad intelectual del sujeto sino la obra, con lo cual no se presentaría el objeto de los derechos personalísimos);

b) Los derechos de autor (ya que al igual que las patentes de invención no pertenecen a la persona por su sola condición de tal, teniendo cabida y protección en el ordenamiento jurídico sólo a partir de su regulación y reglamentación por el derecho objetivo; asimismo la obra, aunque creada por la persona es perfectamente diferenciable y está separada de ella, no así los bienes objeto de derechos de la personalidad);

c) Los derechos humanos (pues aunque se trata de materias afines, los derechos humanos atienden a la protección de la persona frente a los avasallantes atropellos del Estado y de sus poderes públicos, mientras que los derechos personalísimos se relacionan al aspecto interior y singular de cada persona sin importar a quien sea atribuible el acto dañoso).

En lo que se refiere al nombre nuestro maestro de Parte General, José A. Buteler, lo ubicaba entre los atributos de la persona(25), por considerar que son "calidades inherentes al sujeto del derecho"(26) sin las cuales no se lo puede concebir, línea que hemos seguido en nuestras clases de esa asignatura(27). En sentido similar Díez Picazo y Gullón consideran que "el nombre no es un mero signo distintivo, sino que evoca a la misma persona, en sus cualidades morales y sociales"(28), y protege su personalidad tanto desde el punto de vista moral como físico. La circunstancia de que la elección del nombre de pila no dependa del sujeto que lo lleva, sino de sus padres, y la imposición del apellido filiación corresponda a la filiación, y el hecho de que en algunos casos el nombre pueda ser cambiado, no resultan -a nuestro criterio- factores suficientes para quitarle al nombre su calidad de derecho fundamental de la persona.

En definitiva, ésta es la solución que adopta el Código Civil peruano de 1984 cuando, bajo la influencia de Carlos Fernández Sessarego, su Libro Primero regular en el Título Segundo los derechos personalísimos y luego destina los títulos siguientes a lo que nosotros denominamos atributos de la persona, ocupándose en primer lugar del nombre (Título III del Libro Primero). Vemos así que Juan Espinoza Espinoza, destacado discípulo de Fernández Sessarego, destaca que a las disposiciones sobre el nombre y sobre el domicilio se les "reserva un tratamiento aparte, debido a la especial importancia que estos revisten y a la amplia tutela que el código les ofrece"(29).

 

VIII. Medios de protección de los derechos de la personalidad

Sobre este punto seguimos, en principio, la línea de pensamiento de Matilde Zavala de González, quien analiza el tema con profundidad y de modo completo(30). Como aclaración preliminar, cabe advertir que, pese al desarrollo doctrinario que los derechos de la personalidad han tenido en los últimos tiempos, el aspecto relativo a su protección y a la instrumentación de medios de tutela eficaces y rápidos se encuentra sumamente descuidado, siendo los existentes insuficientes para tales fines. Por ello propugnamos, como el gran desafío de nuestros tiempos, la instrumentación y regulación legal de vías aptas y prontas que garanticen a los derechos personalísimos.

Los medios de protección de los derechos de la personalidad, pueden ser clasificados en: a) preventivos; b) de cesación, c) repertorios y d) punitivos. Los primeros (preventivos) tienen por objeto o bien evitar el acaecimiento del daño cuya producción ha sido amenazada, o bien eliminar la continuación del acto lesivo que ya ha comenzado a producirse, mediante la destrucción de sus causas(31).

Los remedios de cesación del daño representan en el ámbito de los derechos personalísimos un papel importante, que es previo a la propia reparación y punición. En efecto, al sujeto afectado le interesa en primer lugar, y antes que nada, hacer cesar los efectos o consecuencias lesivas del acto.

Los medios de protección repertorios, como su mismo nombre lo indica, son aquellos que tienen por objeto reponer al titular en el goce y disfrute del derecho lesionado, ya mediante el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, ya mediante la indemnización pecuniaria de los daños y perjuicios materiales y/o morales padecidos.

Finalmente, los instrumentos de protección punitivos son aquellos que tienen por finalidad el prevenir la producción de daños futuros similares por el mismo ofensor.

Analicemos pues, por separado, los diversos medios de protección existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Los instrumentos de prevención de daños a los derechos personalísimos pueden ser judiciales y extrajudiciales.

Dentro de las medidas de prevención extrajudicial se han mencionado el autocontrol por parte de las propias entidades prestadoras de servicios peligrosos, de las empresas de informática, de los centros de salud, etc. y la fiscalización estatal mediante el ejercicio del poder de policía. Como medidas de prevención judicial(32) se distinguen:

a) La acción inhibitoria(cuando la persona peticiona ante los órganos jurisdiccionales que se impida la realización del acto dañoso, que aun no habiendo comenzado, ha sido amenazado)(33);

b) La acción de remoción (cuando el titular del derecho solicita la eliminación de las consecuencias de un hecho dañoso a sus derechos de la personalidad);

c) La acción de amparo y de habeas data (como medios sumarios que permiten la supresión o rectificación de una información inexacta);

d) La acción de cumplimiento forzoso(34) (cuando se exige que el ofensor del derecho cumpla con lo prometido u ofertado);

e) Las medidas cautelares innovativas (que imponen al ofensor la modificación de su actitud amenazante) y

f) Las medidas autosatisfactivas (que pueden tener por objeto la protección preventiva de un derecho personalísimo).

En todos los casos, resultaría oportuno que el juzgador impusiere astreintes(35) para compeler al condenado al acatamiento efectivo del mandato jurisdiccional preventivo que impone la inhibición de un futuro acto lesivo.

Tendientes a la cesación del daño se pueden enumerar las siguientes medidas, ejercitables en el ámbito jurisdiccional:

a) La acción de abstención (cuando el sujeto titular del derecho solicita el cese de la conducta lesiva que ya ha comenzado);

b) La acción de amparo y de habeas data (como medios sumarios que permiten la inhibición o cesación del daño producido por una información inexacta) y

c) Las medidas cautelares innovativas (en tanto imponen al atacante el cese de su conducta dañosa).

Al igual que en las medidas preventivas, resultaría también aquí aconsejable la aplicación de astreintes a los fines de compeler al ofensor a cesar con su conducta lesiva.

Como medios repertorios, dos son las medidas previstas por nuestro ordenamiento jurídico(36):

a) Las medidas de reparación en especie(37) (que tienen por objeto la reparación in natura, siempre que sea posible, del daño consumado; es decir el restablecimiento, lo más posible, de las cosas a su estado anterior).

Las técnicas de reparación en especie son variadas, inscribiéndose dentro de estos medios: la retractación (cuando el ofensor, arrepentido, se desdice públicamente, en los medios de amplia difusión, admitiendo lo injustificado de su ataque), el derecho de réplica o respuesta (la posibilidad de la víctima de dar respuesta a las injurias o calumnias sufridas, la rectificación (de errores o falsedades difundidas en los medios de comunicación o bien de procederes), la publicación de la sentencia condenatoria, etc. y

b) La indemnización pecuniaria del daño sufrido, tanto cuando se trate de daño material, como de daño moral(38)

Finalmente, y como medios de protección punitorios, debemos distinguir, las técnicas punitivas en materia civil, las sanciones propias del derecho penal y los medios punitivos en materia administrativa.

En el ámbito del derecho privado, se menciona como medio efectivo de protección la indemnización punitiva de los daños(39), hablándose de "daños punitivos" para referirse a las hipótesis de condenas o sanciones dinerarias que se añaden al resarcimiento pecuniario del daño realmente padecido por la víctima(40).

Ya en el ámbito del derecho penal, encontramos numerosos delitos que atentan contra los derechos de la personalidad, los que en su mayoría son sancionados con las penas más graves de nuestro ordenamiento penal.

Así por ejemplo, protegiendo a la vida humana desde su concepción se tipifica y castiga el aborto provocado en las situaciones previstas por los artículos 85 a 88, y reprime y castiga toda conducta que atente contra la vida (artículos 79 a 84, Código Penal).

Para preservar la integridad física y su salud de la persona el Código Penal prevé y pena el delito de lesiones (Capítulo 2 del Título 1, artículos 89 a 94) y el de abandono de personas (artículos 106 a 108 del Código Penal).

El derecho al honor y a la libertad también se encuentran respectivamente protegidos en los Títulos 2 y 5).También en el campo del derecho administrativo encontramos medios de protección punitivos de los derechos personalísimos.

En efecto, los distintos códigos de salubridad pública, las leyes de protección ambiental, etc. contienen normas que sancionan conductas lesivas, imponiendo por ejemplo la clausura de establecimientos, el decomiso de mercaderías, etc.



IX. Clasificación de los derechos de la personalidad.

La clasificación de los derechos personalísimos ha de realizarse atendiendo a los bienes jurídicos, o a las manifestaciones innatas de la persona que respectivamente protegen(41).

En este sentido se ha clasificado a los derechos de la personalidad en(42):a) Derechos de la integridad física: dentro de los que quedan comprendidos todos los derechos relativos a las manifestaciones de la persona sobre su propio cuerpo(43).

Un jurista español, Borrell Maciá, se pregunta si el hombre tiene derechos sobre su propio cuerpo(44) y luego de pasar revista a la opinión de una serie de autores, señala que "la técnica tradicional encuentra dificultades para amoldarse al reconocimiento del derecho sobre la propia persona"(45), pero su interesante estudio gira sobre el problema de la posible disponibilidad de esos derechos, mientras que nosotros en este trabajo enfocamos principalmente la protección de la persona humana y de su integridad física.

En esta clase de derechos se incluyen las facultades humanas personalísimas vinculadas con el desarrollo, provecho y defensa de la personalidad física de la persona: el derecho a la vida que atañe a la existencia vital del cuerpo (consecuentemente se encuentra sancionado en nuestro ordenamiento el aborto, el homicidio en todas sus modalidades(46) y en general todos los atentados contra la vida(47)) y el derecho a la salud (tanto la conservación como el recupero de la misma(48); por eso se encuentran prohibidas ciertas operaciones quirúrgicas(49), imposibilitados ciertos tratamientos(50) y prohibidos algunos exámenes médicos sin el consentimiento del paciente(51)).

b) Derechos de libertad: que no sólo atienden a la libertad de movimiento (de locomoción o desplazamiento) sino también a la libertad espiritual, es decir a la posibilidad de hacer o no hacer (la concertación de negocios, la realización de actos) y la que se vincula a la libertad de conciencia (libertad religiosa, libre expresión de ideas, etc.).

Estos derechos atienden al ejercicio sin trabas tanto de las fuerzas físicas como de las espirituales(52).

En el derecho peruano Espinoza Espinoza afirma que "el derecho a la libertad tutela tanto el libre desarrollo de la personalidad de los sujetos ... como el poder que estos tengan para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas"(53).

c) Derechos sobre la integridad espiritual: comprensivos del honor(54), de la imagen y del derecho a la intimidad o a la vida privada.

d) Derechos al reconocimiento y respeto de la propia individualidad del sujeto: En esta clase suele ubicarse el derecho al nombre(55); pero, como ya hemos expuesto, para nosotros, más que de un derecho personalísimo se trata de un atributo de la persona.



NOTAS

1. Los derechos de la personalidad han sido llamados de diverso modo por la doctrina y la legislación comparada. Así, han recibido el nombre de "iura in persona ipsa", "derechos en la propia persona", "derechos de la individualidad", "derechos fundamentales", "derechos originarios", "derechos esenciales de la persona", etc. Sin embargo la denominación que ha logrado mayor aceptación, en el derecho privado, ha sido la de "derechos personalísimos", quizás porque la terminología manifiesta con evidente expresividad el vínculo superlativo existente entre esta categoría de derechos y la persona; es decir, si la palabra "personalísimos" tiene algún significado en este contexto, no es sino afirmar que estos derechos son "más personales" que el resto de derechos subjetivos.

2. Algunos autores mencionan como antecedente primero la "actio injuriarum" romana, sin embargo creemos que la misma no puede considerarse como la primera manifestación, ya que se trataba de una acción aislada que de modo alguno reflejaba una preocupación por la defensa de la persona y sus atributos esenciales. Fue la filosofía escolástica la que desarrolló el tema y dio basamento y justificación a la misma, consecuentemente en ella reconocemos el precedente más inmediato.

3. Capitulo III, del Título I del Libro Primero, artículos 6 a 23.

4. Se ocupa del problema en la Sección Primera del Libro Primero, Título II: "Derechos de la persona" (artículos 3 a 18).

5. Le dedica el Título III, artículos 19 a 32.

6. Título IV, artículos 33 a 41.

7. Título V, artículos 42 a 46.

8. Ver Carlos Fernández sessarego, Protección jurídica de la persona, Universidad de Lima, 1992, p. 84 y siguientes.

9. Fernández Sessarego, obra citada, p. 89 y siguientes.

10. . Trabajo publicado en 1962 y reeditado en 1968 por la Universidad de San Marcos, Lima.

11. . Dedica a estos derechos el Capítulo II del Título I, Libro Primero (ver artículos 11 a 21).

12. Circunstancia lógica si se atiende a que la doctrina recién fue sistematizada dogmáticamente en el siglo XX y nuestro código data de finales del siglo XIX (1869). Sin embargo resulta conveniente señalar que nuestra Constitución Nacional si reconoce y consagra los derechos de la persona humana.

13. Presentaron ponencias: Jorge A. Carranza, representante de la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto de Derecho civil de la Universidad Nacional de Córdoba y Celestino Piotti (h.), también de la Universidad Católica de Córdoba.

14. Conf. Recomendación n° 1, en Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, 22-27 de Setiembre de 1969, "Actas...", Imp. Universidad Nacional, Córdoba, 1971, T. I. , p. 103.

15. Al respecto ver observaciones de L.M.E., en "Actas Cuarto Congreso...", T. I, p. 100.

16. Reproducimos a continuación el proyecto de regulación legal que propusimos en dicha oportunidad: la personalidad y su defensa ("Actas Cuarto Congreso....", p. 100-102):

"Defensa de los derechos de la personalidad.

Art. 1.- a) La ley civil protege a las personas contra cualquier ofensa ilícita o amenaza de ofensa a su personalidad física o moral, y en especial contra los ataques a la vida, integridad física, libertad de conciencia, nombre o seudónimo, imagen, secreto de la correspondencia, inviolabilidad del domicilio, creación científica o artística, e invención, sin perjuicio de la protección prevista en leyes especiales.

b) Independientemente de la responsabilidad civil a que haya lugar, la persona amenazada u ofendida, puede requerir la adopción de las medidas adecuadas a las circunstancias del caso, para evitar la consumación de la amenaza, o atenuar los efectos de la ofensa ya producida.

c) Las acciones deben ser deducidas por la persona afectada, o su representante si fuera incapaz.

Imposibilidad de renunciar o limitar anticipadamente los derechos a la personalidad

Art. 2.- Es nula toda renuncia o limitación anticipada del ejercicio de los derechos de la personalidad.

Ofensa a personas ya fallecidas.

Art. 3.- a) Los derechos a la personalidad gozan de protección después de la muerte del respectivo titular.

b) Tienen legitimidad para actuar, en este caso, el cónyuge supérstite, los ascendientes y descendientes, y los herederos del difunto.

Integridad física.

Art. 4.- Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo, cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o pongan en peligro la vida de la persona, o sean de otro modo contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Transplante de órganos de cadáveres.

Art. 5.- a) Podrán obtenerse, prepararse y utilizarse para injertos y transplantes, tejidos y órganos, como huesos, cartílagos, piel, ojos, procedentes de cadáveres.

b) El difunto deberá haber manifestado en vida su conformidad por el acto o documento auténtico; o deberán prestar esta conformidad los familiares con quienes conviviese.

Integridad moral.

Art. 6.- a) La persona injustamente perjudicada en su honra, fama o legítimos intereses morales, tendrá derecho a ser indemnizada.

b) Si el perjuicio resultara de textos o dibujos insertos en publicaciones periódicas, tendrá derecho, además, a replicar, complementar o aclarar dicha información, siempre que la publicación periódica no lo haya hecho de manera espontánea y satisfactoria.

Derecho a la imagen.

Art. 7.- a) El retrato de una persona no puede ser expuesto, reproducido o comercializado sin su consentimiento.

b) No es necesario el consentimiento de la persona retratada, cuando ello se justifica por su notoriedad, por el cargo que desempeña, por exigencias de policía o justicia, finalidades científicas, didácticas, culturales o de información de hechos de interés público.

c) Sin embargo, jamás se podrá exponer, reproducir o comercializar el retrato de una persona si de este hecho resultase perjuicio para su honra, reputación o simple decoro de la persona retratada.

Cartas misivas confidenciales.

Art. 8.- a) El destinatario de una carta misiva de naturaleza confidencial debe guardar reserva sobres su contenido y no le es lícito aprovechar los elementos de información que ella haya llevado a su conocimiento.

b) Muerto el destinatario, el Juez podrá ordenar la restitución de la carta, a pedido de su autor o de las personas enumeradas en el inciso b) del artículo 3.

c) Puede también ordenarse la destrucción de la carta, o su depósito en manos de persona idónea, o cualquier otra medida apropiada.

Publicación de cartas confidenciales.

Art. 9.- a) Las cartas misivas confidenciales sólo pueden ser publicadas con el consentimiento de su autor, o con autorización judicial cuando medien razones de interés público.

b) No procede la autorización judicial cuando sólo se trata de utilizar las cartas como documento literario, histórico o biográfico.

c) Después de la muerte del autor la autorización compete a las personas designadas en el inciso b) del artículo. 3

Memorias y otros escritos confidenciales.

Art. 10.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a las memorias familiares y personales, o a otros escritos que tengan carácter confidencial o que se refieran a la intimidad de la vida privada.

Cartas misivas no confidenciales

Art. 11.- El destinatario de una carta no confidencial sólo puede usar de ella de un modo que no ataque la expectativa del autor.

Derecho a la intimidad de la vida privada.

Art. 12.- a) Todos deben guardar reserva en cuanto a la intimidad de la vida privada de los demás.

b) La extensión de la reserva debe adecuarse a la naturaleza del caso, y a la condición de las personas.

Nombre.

Art. 13.- a) Toda persona tiene derecho a usar su nombre, y a oponerse a que cualquier otro lo use ilícitamente.

b) No puede utilizarse el nombre, sobre todo en ejercicio de una actividad profesional, de manera que perjudique los intereses de quien tuviese un nombre total o parcialmente idéntico. En tales casos el juez, guiándose por la equidad, decretará las providencias que mejor concilien los intereses en conflicto.

Seudónimo

Art. 14.- El seudónimo, cuando sea notorio, goza de la misma protección conferida al nombre".

17. Dentro de esta postura se enrolan, Alfredo ORGAZ ("Personas individuales", Buenos Aires, 1946, p. 121 y siguientes); Adolfo RAVÁ (Conf. "I diritti sulla propria persona: nella scienza e nella filosofía del diritto", en Rivista Italiana per le Scienze Giuridice", Roma, junio 1900, Vol. XXXI) y Manuel ARAUZ CASTEX ( "Derecho Civil - Parte General", Emp. Técnico Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1968, T. I, p. 227). Para este último autor, los derechos de la personalidad no serían ni atributos de la persona ni derechos propiamente, sino que se encuentran por encima de toda la construcción científico jurídica y a modo de axiomas el respeto debido a ellos es una idea indemostrable, aunque básica y evidente.

18. A ella adscriben, entre otros, José A. BUTELER CÁCERES ( "Manual de Derecho Civil - Parte General", ed. Abaco, Buenos Aires, 1979, p. 39 ); Guillermo A. BORDA ("Tratado de Derecho Civil argentino - Parte General", 4ª ed, Perrot, Buenos Aires, T. I, ps. 276 y siguientes); Jorge Joaquín LLAMBÍAS ("Tratado de Derecho Civil - Parte General", Perrot, Buenos Aires, 1961, T. I, ps. 273 y siguientes.); César Augusto Abelenda ("Derecho Civil - Parte General", Astrea, Buenos Aires, 1980, T. I, p. 237); Santos CIFUENTES ( Elementos de Derecho Civil, Parte General, 4ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1997, § 26, p. 49 y siguientes); Julio César Rivera ("Instituciones de Derecho Civil - Parte General", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, T. II, p. 21 y siguientes); Francesco FERRARA (Conf. " Trattato di diritto civile...", obra citada, p. 397); Joaquín Diez Días ("Los derechos físicos de la personalidad", ed. Santillana, Madrid, 1963, p. 31 a 53); Manuel GARCÍA AMIGO (Derecho Civil de España. I. Parte General, Universidad Complutense, Madrid, 1997, p. 284)..

19. También aquí se advierte que el "deber" es elemento predominante para determinar cuándo estamos en presencia de una relación o situación jurídica tutelable.

20. Carlos Cárdenas Quirós, Estudios de Derecho Privado, Lima, 1994, p. 128.

21. Hacemos esta aclaración ya que algunas de las notas que caracterizan a los derechos personalísimos son propias también de otros derechos subjetivos. En efecto, la calidad de inherentes (ver art. 498 Código Civil), otros son también absolutos (los derechos reales, por ejemplo) y la mayoría son privados.

22. Santos CIFUENTES, obra citada, § 27, p. 150 y siguientes.

23. Al respecto enseña Cifuentes que esta conclusión no impide que el objeto interior de estos derechos no requiera de otros bienes exteriores no personalísimos para subsistir, por ejemplo el alimento para la vida, los ámbitos reservados para la intimidad, etc.

24. Sin perjuicio de ello, perfectamente pueden encontrarse tutelados por el derecho público. Así por ejemplo, el derecho penal tipifica y pena numerosas conductas atentatorias de los derechos de la personalidad, igualmente la constitución consagra derechos personalísimos tal como lo indicáramos más arriba.

25. Ver José A. Buteler Cáceres, obra citada, Cap. II, apartado II, p. 43 y siguientes.

26. Ver obra citada en nota anterior, p. 43 y siguientes.

27. A nuestro criterio se trata de un derecho fundamental que le corresponde a la persona por su sola condición de tal

28. Ver Luis Diez Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ª ed., 1ª reimpresión, Tecnos, Madrid, 1982, T. I, ps. 379 y siguientes.

29. Ver Juan Espinoza Espinoza, Derecho de las personas, 4ª edición, p. 169, Palestra, Lima, 2004.

30. Por ello, para quienes quieran profundizar el tema, recomendamos la consulta de la obra de la jurista cordobesa: Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, Resarcimiento de daños. Daños a la Persona (Integridad espiritual y social), Hammurabi, Buenos Aires, 1996, Vol. 2d, particularmente el capítulo IV (ps. 303 y siguientes).

31. Se ha señalado con frecuencia en la doctrina la importancia de estos instrumentos de protección en materia de derechos personalísimos. Al efecto se ha dicho que "la persona no puede ser sustituida ni en dinero ni en especie...por cuanto están comprometidos valores primarios y absolutos, como son los bienes fundamentales de la persona...", consecuentemente... "el problema esencial es el de la prevención, a través de adecuadas técnicas inhibitorias del hecho lesivo y del proceso que conduce a la lesión" (Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, obra citada, Vol. 2d, p. 310)

32. Como presupuestos de las medidas judiciales de prevención Zavala de González indica: 1) La previsibilidad del daño o de su agravación ante una actuación dañosa ya comenzada o amenazada y 2) La antijuridicidad de la conducta del supuesto ofensor, existiendo una inversión de la carga probatoria por cuanto la conducta lesiva de derechos personalísimos se presume ilícita hasta que se pruebe lo contrario. En cambio, entiende que no son recaudos de procedencia de las medidas judiciales ni la culpabilidad del autor ni ningún otro factor de atribución de responsabilidad (Conf. Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, obra citada, Vol. 2d, p. 314)

33. Esta acción, aun cuando no se encuentra regulada de modo expreso en los códigos de procedimientos nacional o provinciales, es una vía idónea y hábil para prevenir la producción del daño. La posibilidad de prevenir, mediante un proceso judicial, el acaecimiento de un daño encuentra su fundamento legal en lo previsto en el artículo 1067 del Código Civil y ha sido objeto de regulación de alguna norma sustancial como por ejemplo el artículo 1071 bis del Código Civil respecto de los daños a la intimidad, el artículo 52 de la Ley 24240 respecto de los derechos de los consumidores, etc.

34. Esta acción tiene vital importancia en los supuestos de daño al derecho de libertad (que no sólo importa la libertad física sino también la espiritual y la negocial). En este sentido el artículo 10 bis de la Ley 24240 de la Ley de Defensa al consumidor dispone que el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, faculta al consumidor a exigir el cumplimiento forzado de la obligación.

35. Artículo 666 bis del Código Civil argentino.

36. La elección de una de estas dos medidas, no importa la exclusión de la otra. De hecho, en la mayoría de los supuestos de lesión al derecho de la personalidad se piden ambas medidas reparatorias conjuntamente, esto es, la reparación en especie y la indemnización pecuniaria.

37. La justificación legal la encontramos en el artículo 1083 del Código Civil que de un modo genérico prevé esta medida de reparación de daño.

38. La indemnización del daño moral, tiene en materia de derechos personalísimos un valor e importancia trascendente, ya que en la mayoría de las hipótesis la lesión a un derecho de la personalidad importa un daño espiritual.

39. Zavala de González, a quien pertenece la expresión "indemnización punitiva de los daños", incluye este medio como de "prevención genérica". Por fines sólo didácticos, hemos preferido incluir esta medida en los medios de punición, porque si bien la finalidad de los daños punitivos es preventiva las consecuencias de su aplicación son esencialmente punitivas ya que implican una imposición de pago extra para el ofensor del daño grave al derecho personalísimo.

40. Creemos que este tipo de sanciones resulta en un todo adecuada y viable en los supuestos de daños graves a la personalidad producidos mediante una actitud manifiesta de menosprecio e indiferencia por los derechos fundamentales de terceras personas y por lo tanto altamente reprochable. Esta forma de punición tiene por finalidad principal evitar la producción futura de daños similares, procurando revertir el desinterés del ofensor.

41. Juan Espinoza Espinoza propone también un interesante esquema de clasificación, que distingue tres categorías principales, a saber: 1) Derechos psicosomáticas; 2) derechos tutelares del desenvolvimiento de la persona en cuanto tal; y 3) derechos personales o morales de autor y divide cada una de ellas en varias subcategorías (ver obra citada, p. 166).

42. Hemos seguido en líneas generales la clasificación elaborada por Cifuentes, obra citada, § 30, p. 54 y siguientes..

43. Juan Espinoza Espinoza nos dice que "el derecho a la integridad tutela la condición misma del ser humano, en cuanto inescindible unidad psico-física" (ver obra citada, p. 195).

44. Ver Antonio BORRELL MACIÁ, La persona humana, Bosch, Barcelona, 1954, p. 16 y siguientes.

45. Autor y obra citados en nota anterior, p. 19.

46. Incluyéndose los que se realizan por razones eutanásicas o experimentales, y por supuesto los efectuados por razones discriminatorias o nacionalistas.

47. El suicidio no es punible en el ordenamiento argentino, aunque sí lo es la ayuda a cometerlo.

48. A diferencia de lo sostenido por Julio César RIVERA (obra citada, T. II, N° 7575, a), p. 67) y Santos CIFUENTES (obra citada, § 39, p, 74 y siguientes); entendemos que no existen derechos personalísimos sobre el cadáver. El cadáver no es persona, luego no puede hablarse de derechos personalísimos que nacen luego de la muerte de la persona. La protección del cadáver no se vincula a la materia de los derechos personalísimos sino a que se trata de una cosa que está fuera del comercio no susceptible de valor. La posibilidad de la persona de disponer relativamente sobre el futuro de su cadáver estableciendo su destino no convierte a tal facultad ni en un derecho personalísimo ni en una proyección de su ejercicio.

49. Como por ejemplo las tendientes al cambio de sexo, salvo en los supuestos de hermafroditismo o la ablación de órganos vitales con fines de trasplante.

50. Como las prácticas esterilizantes sin indicación terapéutica y los tratamientos con fines experimentales.

51. No obstante existen ciertos exámenes clínicos que por ley son obligatorios para la persona, como por ejemplo el examen exigido para la obtención del certificado prenupcial, el examen médico que previo a su ingreso deben cumplir los empleados públicos, etc.

52. Son aplicación positiva de estos derechos personalísimos en el ámbito del derecho civil, los artículos 482, 531 inciso 1º, 3068, 3010 y 953 del Código Civil.

53. Ver Juan Espinoza Espinoza, obra citada, p. 250.

54. El honor, entendido tanto en su sentido subjetivo (como honra, e importa el respeto de la persona humana por su condición de tal) como en su sentido objetivo (la fama o estima que otras persona se han formado del sujeto),

55. Así, por ejemplo, Diego ESPÍN CÁNOVAS nos dice: "A través del nombre se realiza principalmente la identificación del ser humano, y por esto aparece el nombre estrechamente vinculado a los derechos de la personalidad", Manual de Derecho Civil español, Vol. I, Parte General, 8ª edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1982, p. 428.