Las empresas
productoras
de celulosa
y el contencioso
entre Argentina
y Uruguay



                                  Alfredo H. Rizzo Romano

 

 La prestigiosa "Revista Electrónica Persona", defensora de la vida y, en general,  de todos los derechos humanos, no puede quedar ajena a una causa en que dos empresas multinacionales, aprovechando la debilidad de un Estado del Tercer Mundo, firman convenios leoninos con el mismo y construyen "inaudita parte", pese a las claras normas del Convenio de 1975 denominado "Estatuto del Río  Uruguay", suscripto con la República Argentina y la República del mismo nombre (aprobado por ley  21.413),  dos plantas productoras de pasta celulósica que luego será procesada en la República Popular China, bajo normas que ya en Chile han sido condenadas expresamente, al igual que en España y en el resto de Europa.


     Desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como del Derecho Internacional Ambiental, resultan conculcados, tanto por la vecina Nación como por dichas empresas, en materia de Derechos Humanos, lo que el Prof. uruguayo Camilo H. Rodríguez Berrutti denomina seria amenaza de riesgo ecológico, contaminación ilegítima del hábitat, violación de pactos universales de derechos humanos, como el de 1966, normas de "ius cogens", e incluso el que menciono como bien común internacional e interés general; que revisten en materia del Derecho Internacional, las mismas categorías que las normas constitucionales del Derecho Interno.


     El Santo Padre en período de beatificación, Juan Pablo II, en su Encíclica "Sollicitudo rei socialis" sostuvo que la humanidad "enfrentada a una etapa nueva y más difícil de su auténtico desarrollo, necesita hoy un grado superior de ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las economías y de las culturas del mundo entero..." (punto 43). La estrecha relación entre el medio ambiente, la paz y el desarrollo, ha sido puesta de resalto en las encíclicas "Mater et magistra", "Pacem in terrris", "Gaudium et spes", "Populorum progressio", "Sollicitudo rei socialis", y en especial la "Centesimus annus".

 

 El derecho a un medioambiente sano fue alentado por la Autoridad Suprema de la Iglesia desde la Conferencia de Estocolmo y el discurso de Paulo VI al Instituto Internacional de Estudios Jurídicos, así la responsabilidad de cada Estado de prevenir el daño de la atmósfera y de la biósfera, y la garantía a los ciudadanos propios y de Estados vecinos de no estar expuestos a agentes contaminantes o a residuos tóxicos.

 

 El 18 de agosto de 1985 Juan Pablo II visitó el Centro de las Naciones Unidas para el medioambiente en la ciudad africana de Nairobi, y sostuvo que "La Iglesia Católica se acerca al problema de la protección del medioambiente desde el punto de vista de la persona humana. Es Nuestra convicción que todo programa ecológico debe respetar la plena dignidad y libertad de quien pueda ser objeto de tal programa. El problema ambiental debe ser visto en relación con la necesidad de hombres y mujeres concretos, de sus familias, de sus valores, de su inestimable herencia social y cultural. Porque el fin último de los programas ambientales es elevar la calidad  de la vida humana, mantener de la mejor forma posible lo creado al servicio de la familia humana..."

 

 Por eso ya desde antiguo venimos sosteniendo (en nuestra obra Derecho Internacional Público, 3a ed, Buenos Aires, Plus Ultra, 1994), y recientemente en El Derecho (24 de febrero de 2006), con citas al ilustre Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Tomás D. Casares (v. su artículo de octubre de 1973 en la misma revista) cuando enseñaba que el bien común (que en nuestro citado libro sostenemos es uno de los cinco sustratos de todos los Estados nacionales, al que denominamos "sustrato ético", junto con el "material" o territorio, el "jurídico" o gobierno, el "biológico" o población, y el "autonómico" o soberanía), debe ser "indivisiblemente participado en su bondad por todos ... y que es un justo orden en la vida de la comunidad nacional e internacional, con el que se dispone la participación en el conjunto de los bienes del universo NINGUNO DE LOS CUALES ES ORIGINARIAMENTE DE ALGUIEN EN PARTICULAR, SINO, POR DESIGNIO DEL CREADOR, PARA EL BIEN DE TODOS ...." (mayúsculas propias).

 

Por razones de espacio, no efectuaremos un análisis más detenido de las reglas de Helsinki 1966 y las que surgen de la Conferencia de Ginebra 1961 definiendo la contaminación de ríos, ni el art. 47 del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, suscripto con el Uruguay (19/11/1973) que define la contaminación como "... la introducción directa o indirecta por el hombre, en el medioambiente, de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos".

 

La Corte Internacional de Justicia se refirió indirectamente, al uso de aguas marítimas en el "asunto del Canal de Corfú" (Albania vs. Gran Bretaña, sentencia del 9 de abril de 1949) y más recientemente en 1996 en el aviso consultivo sobre legalidad de la amenaza o empleo de armas nucleares, del 8 de julio de 1996, publicado en el "Recuel" del mismo año, especialmente en la página 505 que habla del "Principio General de Buena Vecindad" y en la página 506 donde se refiere a los derechos relativos a los Derechos Humanos, hablándonos de los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así como la página 502 al comentar la prohibición de daños al medioambiente, y en la página 503 donde alude a la doctrina rusa que establece  que  estos daños son crímenes internacionales y no meros delitos. A ello debemos agregar el caso de presunta contaminación del río Danubio entre Eslovaquia y Hungría (CIJ, "recuel" 1997 "asunto relativo al proyecto Gabcikovo-Nagymaros, sentencia del 25 de septiembre de igual año.

 

 Recordemos que las fábricas que se están construyendo sobre la margen de un río internacional como el Uruguay, ni siquiera son papeleras como se las menciona, sino meramente "pasteras celulósicas"  o "pulperas maléficas"  (no confundir con la Pulpera de Santa Lucía de la que nos hablaba tan elogiosamente el poeta Héctor Pedro Blomberg).

 

 Queremos destacar que una distinguida colega de Córdoba, la abogada Romina Picolotti fue premiada en Oslo (Noruega) por la Fundación Sophie, por sus trabajos en defensa de los pobladores entrerrianos y en el futuro bonaerenses y porteños, ante el Banco Mundial, logrando que el Ombudsman de la referida institución, declarase que la misma no podía otorgar préstamos en las condiciones actuales con la tecnología empleadas por las empresas finlandesa y española, esta última condenada también en España.

 

 Por último, echarle la culpa a Botnia y a los pobladores entrerrianos, ante la "púnica fide"  (así llamaban los romanos a la dudosa fe con que negociaban los cartagineses), cuando es el Estado Uruguayo que se ligó leoninamente con estas empresas, quien debe arbitrar los medios para lograr el mínimo pedido argentino de suspensión por noventa días para realizar estudios ambientales, resulta simplemente absurdo, mal que le pese a algún funcionario argentino.