DONACIÓN CADAVÉRICA

DE ÓRGANOS

DE MENORES

en la ley argentina 26.066

 

                                                   Andrea Verónica Quaranta

 

"Si yo fuera un ciudadano de primera,
amparado por una Constitución...

¡Cómo me gustaría ser negro!"

Charly García

 

INTRODUCCIÓN

 El año pasado el Congreso sancionó mediante la Ley N° 26.066 algunas modificaciones a la Ley de Transplante de Órganos y Tejidos.

 

Desde mi trabajo con chicos y adolescentes comúnmente llamados “de la calle”, quisiera compartir algunas inquietudes que me surgen al conocer esta modificación.

 

Me voy a centrar en su artículo 6°, que incorpora al artículo 19 lo siguiente:

“En caso de fallecimiento de menores de Dieciocho (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal, exclusivamente, podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma.

El vínculo familiar o la representación que se invoque será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas la documentación respectiva.
La falta de consentimiento de alguno de los padres eliminará la posibilidad de autorizar la ablación en el cadáver del menor.

En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar, quien podrá autorizar la ablación.

De todo lo actuado, se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas constancias, incluyendo una copia certificada del documento nacional de identidad del fallecido. De todo ello, se remitirán copias certificadas a la autoridad de contralor. Las certificaciones serán efectuadas por el director del establecimiento o quien lo reemplace. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasible a los profesionales intervinientes de la sanción establecida en el artículo 29.”

 

Quisiera destacar tres aspectos del artículo que alarmaron mi atención:

 

1.       En caso de fallecimiento de menores de 18 años no emancipados, la autorización sobre la ablación de órganos o tejidos debe ser realizada por los padres o representante legal, exclusivamente.

2.       El vínculo familiar o la representación que se invoque será acreditado, a falta de otra prueba mediante declaración jurada (...) debiendo acompañarse dentro de las 48 horas la documentación respectiva.

3.       En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar, quien podrá autorizar la ablación.

 

 

¿LO PRIMERO ES LA FAMILIA?

 

 En relación al primer punto, se menciona que la posibilidad de autorizar o no la ablación de los órganos y tejidos de las personas menores de 18 años corresponde, a nivel familiar, a los padres exclusivamente.

La Convención Internacional de Derechos del Niño, que desde 1990 tiene carácter de ley y en 1994 adquirió rango constitucional,  otorga un status especial a la familia. La considera el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños”[1].

Menciona a la familia en gran parte de sus artículos. Sin embargo, en ninguno limita su alcance a “los padres exclusivamente”.

De hecho, especifica que “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad”[2]

 

La Ley 26.006, al referirse a los padres exclusivamente parece ignorar a la Convención y a la legislación vigente en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

¿Qué lugar le da a la familia ampliada?

 

¿Qué sucede con los chicos que viven, tal como lo autoriza y dispone la Ley Nacional N° 26061[3], en “ámbitos familiares considerados alternativos”, es decir “con personas vinculadas a ellos, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad”?

 

¿Qué ocurre con aquellos chicos que no viven con sus padres, ni tienen representantes legales?

 

¿Alguien pensó, por ejemplo, en los denominados “chicos de la calle”?

 

 

ME DICEN EL CLANDESTINO, POR NO LLEVAR PAPEL

 

En relación al segundo punto, los legisladores parecen desconocer la situación de los niños y adolescentes indocumentados.

Como es habitual en nuestro país, es difícil contar con estadísticas completas y confiables.

Por lo tanto tomaré algunos datos, que al menos servirán para tener una dimensión de la magnitud del problema.

 

A nivel regional, de acuerdo con el Informe “Excluidos e invisibles” elaborado por UNICEF este año, en América Latina el 20 % de los chicos nacidos en áreas rurales y el 8% de los que nacieron en áreas urbanas, no han sido inscriptos.

Se sabe que en 2003, 15 millones de niños de América latina y el Caribe carecían de certificados de nacimiento.

En la Argentina no hay datos específicos y en algunas zonas rurales y cercanas a las fronteras se demora mucho el registro de los nacimientos”[4].

 

En cuanto a la población específica en la que centro esta exposición, desde el Programa de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en el que me desempeño, se han contactado en el período de abril a diciembre de 2005 a 2985 chicos menores de 18 años en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

 

Aproximadamente el 80% de ellos no posee documentos. Muchos de ellos porque nunca han sido inscriptos; en otros casos el DNI ha sido extraviado o quedó olvidado en alguna de las instituciones por las que circularon; la gran mayoría de los que alguna vez lo tuvieron no realizó la renovación correspondiente a los 8 y 16 años.

 

En idénticas condiciones se encuentran los 1258 chicos menores de 18 años que concurrieron al CAINA (Centro de día para chicos en situación de calle, perteneciente al GCBA) solo en el año 2004.

 

Esta situación difícilmente sea revertida en el corto o mediano plazo. El tan mentado derecho a la identidad sigue siendo, para los “chicos de la calle”, un lujo muy festejado cuando es ejercido.

Los costos económicos que implica la tramitación de los DNI; las dificultades para gestionar las partidas de nacimiento; la exigencia de que se presente uno de los padres sin considerar la dificultad que esto implica para un chico en situación de calle; y en ocasiones la falta de documentación de los mismos padres, quienes se ven imposibilitados de acreditar el vínculo con el niño en cuestión, son obstáculos que están lejos de salvarse.

 

En estos casos, en los que como ya mencionara se encuentran miles de chicos en el país, los padres no podrán acompañar la documentación que acredite el vínculo en 48 horas.

 

 

¿Y AHORA QUÉ PASA?

 

Con respecto al tercer punto, es el que parece dar respuesta a los problemas mencionados precedentemente. La solución otorgada por la ley es dar intervención al Ministerio Pupilar.

La suerte que corran los órganos y tejidos de los chicos de la calle no será decidida entonces ni por ellos mismos (otro aspecto que considero discutible, aunque no lo haya tocado en esta presentación) ni por sus padres, familiares o referentes afectivos.

Será decidida por un lejano Ministerio Pupilar, sin tener en consideración la opinión de los chicos, por el sencillo motivo de no conocerlos.

¿Se tendrá en cuenta la voz de sus familiares, aún cuando no puedan acreditar el vínculo? ¿Serán consultados los directores de los hogares o casas abiertas, los operadores de calle, que no son sus representantes legales, pero sí sus referentes adultos afectivos?

¿En qué basará sus decisiones el Ministerio Pupilar? ¿El interés superior de qué niño será considerado al momento de autorizar o no las ablaciones? ¿El del que necesita el órgano, el del chico que de la calle que fallece solo, sin documentos? ¿ Se buscará una respuesta armónica que considere la situación de manera integral?

 

¿O se convertirán los llamados “chicos de la calle” en un stock permanente y accesible de órganos y tejidos para transplantes?

 

 

REFLEXIONES.

 

Esperemos que no. Que el Ministerio Pupilar convoque a todos los interesados y escuche su opinión. Que a la hora de decidir, prime la ética.

 

De hecho, considero justo aclarar que, hasta el momento, no ha sido motivo de inquietud entre quienes trabajamos en esta problemática el destino final de los órganos de los chicos.

La idea de mafias secuestrando y matando chicos de la calle para el contrabando de órganos, encuadra en la categoría de leyenda urbana.

 

Lo que realmente me preocupa de esta modificación es que con ella, la Ley de Transplante se suma a la larga lista de legislación que olvida a enormes sectores de la población: los indocumentados, los que no tienen una familia legalmente constituida, los chicos que viven en las calles, en instituciones, a  los  niños y adolescentes que incomodan la vida social con su presencia descarnada, amenazadora o violenta.

 

Entiendo que es una situación compleja.

La muerte de los chicos en la calle se debe con frecuencia a circunstancias trágicas. Pocos fallecen luego de una enfermedad prolongada. En general se debe a accidentes, sobredosis, tiroteos, situaciones que se desencadenan de manera repentina.

 

A esto se suma que muchos de ellos han perdido la vinculación con sus padres. Sin embargo, la mayoría mantiene contacto con sus abuelos, tíos, hermanos mayores, una madrina.

Otro gran número de estos chicos tiene algún referente adulto en los hogares o programas de atención, a quienes se dirigen ante las dificultades que se les presentan diariamente. Adultos que los conocen, que los quieren genuinamente y que suelen ser los primeros en llegar ante las circunstancias fatales.

 

Considero que tanto la familia ampliada como estos otros significativos deberían ser  contemplados de alguna manera en las legislaciones al referirse a los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

 

Lamentablemente no es un problema menor. Ni por las variables que involucra ni por la cifra de afectados. 

Se estima que solo en Capital Federal hay entre 3000 y 5000 chicos y adolescentes en la calle.

La Municipalidad de Rosario informó que en esa ciudad viven en calle unos 500 chicos.[5]

En la Ciudad de Santa Fe, hay entre 200 y 300 chicos en esta situación. En Rafaela, unos 90[6].

En la Ciudad de Corrientes hay relevados 150 chicos.[7]

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza calculó en el año 2004 que, en la Ciudad de Mendoza vivían 250 niños y adolescentes en la vía pública.[8]

 

En fin, a lo largo del país son miles chicos que no existen en los censos; no son tenidos en cuenta por las políticas públicas, ni tampoco por algunas legislaciones.

 

Aquellos que han permanecido en vida fuera de toda atención social, parecen estar condenados a no tenerla tampoco una vez fallecidos.

 


[1] Convención Internacional de Derechos del Niño, Preámbulo.

[2] CIDN, Artículo N°5

[3] Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

[4] Declaraciones de Jorge Pizarro, representante de UNICEF Argentina, al diario Página 12, 14/12/05

[5] RosarioNet.com.ar: Fuente: Prensa Municipal, 11/03/06

[6] Diario La Opinión, 14/06/05

[7] Diario El Litoral, 24/11/04

[8] Diario La Nación; 18/03/06