Editorial


ABORTO,
DISCRIMINACIÓN
Y SOCIEDAD ABIERTA

 

 Quizás una de las mayores contrariedades que la defensa de la vida humana antes del nacimiento ha tenido en estas últimas décadas, es su apropiación, con la mejor de las voluntades, por parte del pensamiento institucional católico, o de personas identificadas con entidades católicas (universidades de esa confesión, el Opus Dei, órdenes religiosas, etc.) Ello ha llevado a una identificación veloz, sobre cuya falta de fundamentos nos hemos referido ya reiteradamente desde este mismo espacio. No hemos, pues, de reiterar que el aborto es rechazado por otras confesiones diversas del catolicismo, como el Islam, el budismo, y gran parte del judaísmo. No hemos de volver a destacar que pensadores de extracción francamente ajena (cuando no contraria) al catolicismo, como Phillip Dick o Aldous Huxley, fulminaron el aborto. Ni tampoco, finalmente, que los constructores del sistema jurídico más protector del humano no nacido, los antiguos juristas romanos, fueron paganos, y varios incluso poco amigos de los seguidores de aquella por entonces nueva y asombrosa secta que le había surgido al siempre inquietante judaísmo.

Nada de todo eso traeremos a colación en esta oportunidad. Ni siquiera aquella paradoja, a la que nos refiriéramos algunos números atrás, con motivo de la campaña de una candidata a legisladora argentina, que presentándose como socialista esgrimía, cual bandera de su postulación, la instauración del "derecho al aborto" como conquista femenina. Hasta el cansancio podría reiterarse que en vano ha de buscarse en las páginas de Marx y Engels una invitación a legalizar el aborto como medio de solución de conflictos, y mucho menos su reconocimiento al nivel de una prerrogativa materna. Sólo torturando con desparpajo el pensamiento de los creadores del comunismo podría hacérselos coincidir con estas respuestas, flagrantemente opuestas al paradigma humanista y de enaltecimiento de nuestra especie que guiara a los autores del Manifiesto. Si la identificación de la defensa de la vida naciente con el catolicismo ha sido funesta, la del permiso de abortar con el socialismo no le ha ido en zaga. Ambas son superficialidades, y no resisten el mínimo análisis... que pocos están dispuestos a realizar.

Pocas semanas atrás, en la Argentina, país cuyo Código Civil, desde 1871, que no es poco decir, reconoce la existencia de los derechos humanos desde la concepción, y que ha conferido en 1994 "jerarquía constitucional" al Pacto de San José de Costa Rica, donde ese criterio se reafirma, y que ostenta una larga y sólida trayectoria doctrinaria y jurisprudencial de amparo de la vida y la salud del que aún no ha nacido, sin dudas fundada en sus abrumadoras raíces jurídicas romanas, sendos tribunales autorizaron dos abortos, uno en la Provincia de Mendoza, y el otro en la de Buenos Aires, que se realizaron sobre criaturas en avanzada gestación y con excelente desarrollo, en virtud de haberse probado que las respectivas madres padecían afecciones mentales que importaban una disminución importante de su inteligencia.

Al efecto, se empleó la cláusula del Código Penal que exime de castigo a quienes concreten el aborto si la criatura a la que se mata es resultado "de una violación o de un atentado al pudor", y la madre es "idiota o demente". La violación se entendió presumida (lo que es muy poco ortodoxo) por el estado intelectual de estas mujeres. Hoy soslayaremos la urticante cuestión acerca de si la reforma constitucional de 1994 ha derogado o no esta norma (creemos que sí lo ha hecho, pero esa es harina de otro costal). También dejaremos de lado otro aspecto notable: que en algunos de los fundamentos de las decisiones judiciales se haya empleado expresamente la analogía, recurso que toda la doctrina, desde hace dos siglos, considera inaplicable en el derecho penal.

Esta eximente del castigo correspondiente al aborto no se funda en el derecho de la mujer encinta a decidir acerca de su embarazo, porque, por definición, al ser ella incapaz (o, por emplear la expresión más común en bioética, incompetente), sus opciones carecen de relevancia jurídica. Que se asuma que sus padres deciden a nombre de ella, y según ella supuestamente decidiría, no pasa de ser una obvia ficción. En realidad, es claro que son los padres, o "representantes" legales de la persona, quienes resuelven, según sus propios criterios, deseos, intereses, conveniencias y proyecto de vida. Eso no es peculiar de estos casos: sucede en todos los supuestos en que se ejercen los derechos conferidos a una persona incapaz. Esta representación es metafórica. Ello no es bueno ni malo en sí, pero debe ser tenido en cuenta, no olvidado ni oculto.

Históricamente, ésta aparece como una respuesta acorde a los criterios del positivismo biológico y la eugenesia, tan en boga en el mundo en la década de 1920 (el Código Penal es de 1922). En realidad, es posible que la idea subyacente fuera la de que esas mujeres no tuvieran hijos en modo alguno. Sin embargo, como la esterilización, que hubiera sido para los sostenedores de estas ideas lo más deseable, no aparecía políticamente viable en un país donde la cosmovisión católica conservaba tanto arraigo, se echó mano de esta alternativa. Eran legión, en esos días, las obras que propugnaban la necesidad de evitar, en aras de la "higiene", que las personas con deficiencias mentales tuvieran hijos. Esta postura entroncaba con dos fundamentos, ampliamente aceptados por entonces: que los dementes tienden a tener vástagos de "calidad racial" inferior (con gran perjuicio de la especie toda), y que no todas las vidas "merecen ser vividas" (tesis especialmente vigorizada por la aparición del libro de Binding y Hoche en 1920, y en la década siguiente el del eugenista católico Alexis Carrel). Aspectos a los que hemos hecho referencia en editoriales anteriores, y en artículos publicados en esta revista.

En el caso mendocino, se introdujo otro factor: se adujo la existencia de un riesgo para la salud de la madre, en caso de proseguir la gestación. Éste es un tema muy diferente. Como lo hemos expresado en editoriales previos, si tal supuesto realmente se da (lo que hoy en día es muy raro, y cada vez más tiende a convertirse en meramente académico), entonces nos hallamos ante un típico "estado de necesidad": se presenta la necesidad de optar entre dos males que se consideran más o menos equivalentes. Es por ello que preferimos centrar la atención en el aborto autorizado en Buenos Aires. No sin antes dejar asentado el asombro que produce esta novedad: que la no punición derivada del estado de necesidad, que siempre, por definición, involucra un juicio a posteriori de los hechos, se haya transformado en una autorización judicial emitida con anterioridad a éstos. Ello resulta muy anómalo, y peligroso como antecedente más allá del tema del aborto en sí, además de que rompe por la base toda la teoría del estado de necesidad.

Pero vamos a enfocar, pues, el caso bonaerense. Una criatura de 22 semanas (o sea, plenamente formada), sana, fue muerta en un hospital (hubo que buscarlo con esmero, ante la negativa de varios médicos a realizar este aborto en base a argumentos éticos) con previa garantía, emitida por el superior tribunal de la Provincia, de que no se imputaría delito alguno a los participantes. Es decir, que podían matar libremente al niño, porque éste había sido desamparado, dejado fuera de la protección que el ordenamiento jurídico y la comunidad brindan a los seres humanos. No se  negó al pequeño el carácter de persona, pero se aceptó que, en determinados supuestos, los hombres sean muertos impunemente, en virtud de una autorización conferida a priori por los magistrados.

Se creó así la figura del ser humano sin derechos humanos. Concretamente, sin el derecho a la protección de su vida. Esto no es una novedad, porque lo propio sucede en el caso del condenado a muerte, en las naciones que mantienen esa institución, como los Estados Unidos de América, donde los hermanos Bush y el gobernador Conan son campeones del castigo capital. También es común esta punición en estados musulmanes. Sin embargo, en aquel supuesto la desprotección se deriva de conductas realizadas por el propio sujeto que será desamparado. Éste, al violar el orden establecido, se habría hecho voluntariamente acreedor a la pérdida de ese asilo jurídico.

Muy diferente es el cuadro de este aborto. Porque el hecho que fundó la decisión desamparadora fue la deficiencia mental de la madre. La diferencia entre esta criatura y cualquier otra de la misma edad, cuya vida sí se protege, fue ser hija de una mujer con coeficiente intelectual reducido. Ni siquiera hablamos de una tara propia del niño matado, porque ese extremo ni siquiera fue objeto de investigación. De modo que el factor eugenésico, con todo lo terrible que es, careció de relevancia en el caso, aunque fundamente la norma empleada. Lo único que incidió fue la enfermedad de la progenitora. Y de ese elemento se derivó... el permiso para matar a un ser humano.

El grado de discriminación al que nos enfrentamos es atroz. A partir de ahora, en la Argentina, todos los hijos de mujeres con problemas mentales podrán ser muertos impunemente, con el requisito previo (susceptible de obviarse) de pasar antes por un tribunal y obtener el permiso. Los derechos humanos han pasado a estar reconocidos, por lo menos antes del nacimiento, sólo a los hijos de mujeres que posean coeficiente intelectual normal. Es uno de los esquemas discriminatorios más graves de la historia mundial reciente. Solamente cabe esperar que el INADI, entidad gubernamental encargada de combatir la discriminación en el país, tome urgentes cartas en el asunto, para evitar que este cuadro denigrante y terrible se consolide.        

Una sociedad plural y abierta impone la desaparición de la discriminación en todas sus formas, y el pleno respeto por los derechos existenciales de todos los seres humanos que la integran. Sean hijos de quien sean, tengan su padres el color de piel, los rasgos físicos, la pertenencia étnica, las creencias religiosas, las ideas políticas, la orientación sexual, que tengan. Y, por supuesto, posean la inteligencia que posean. Matar impunemente a los vástagos de las mujeres enfermas es tan atroz como hacerlo con los de las musulmanas, o de las judías, o de las indígenas, o de las comunistas, o de las lesbianas, o de las que sea...

Con decisiones como ésta, estamos destruyendo la comunidad abierta, y levantando un horrendo escenario fascista necrófilo. Imagino qué cosas hubieran dicho al respecto Erich Fromm y Hannah Arendt, entre tantos otros. Sólo queda, flotando en el ya tan deteriorado y violentado ambiente del país que una vez fuera orgulloso defensor de la vida desde sus inicios, en aquellos mismos tiempos en que abría, con una generosidad sin igual, sus puertas a todos los inmigrantes del mundo, y construía la sociedad más mezclada e integrada que haya existido en toda la historia del mundo, un pesado aroma acre de tristeza.   

Ricardo D. Rabinovich-Berkman