Corte Suprema de los Estados Unidos de América

BUCK v. BELL, 274 U.S. 200 (1927)

274 U.S. 200

BUCK v. BELL, Director de la State Colony Epileptics and Feeble Minded
(Colonia estatal para epilépticos y personas con retrasos mentales).
No. 292.

Presentado el 22 de abril de 1927.
Resuelto el 2 de mayo de 1927.

[274 U.S. 200, 201]  Representante de la apelante: I. P. Whitehead, de Lynchburg, Va.

[274 U.S. 200, 203]  Representante del apelado: A. E. Strode, de Lynchburg, Va.

[274 U.S. 200, 205]   El honorable Holmes presentó el fallo de la Corte Suprema.

El presente fallo es una revisión de sentencia del fallo de la Cámara Superior de Apelaciones del estado de Virginia, quien confirmó el fallo del Tribunal de Primera Instancia del condado de Amherst, por el cual se le ordenó al apelado – el Director de la State Colony for Epileptics and Feeble-minded (Colonia estatal para epilépticos y personas con retrasos mentales) -  a realizar la operación de salpingectomía a Carrie Buck, la apelante, con el propósito de hacerla estéril. (143 Va. 310, 130 S. E. 516.)

La controversia del caso se plantea en torno a que la ley que autoriza la sentencia es nula bajo la 14º Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, ya que le niega al apelante la garantía del debido proceso legal e igualdad frente a la ley.

Carrie Buck es una mujer blanca con un retraso mental que fue enviada a la colonia estatal mencionada anteriormente mediante el debido proceso. Carrie es hija de una persona con retraso mental – quien también se encuentra en la misma institución –, y madre de un niño ilegítimo que también sufre un retraso mental. Carrie Buck tenía 18 años a fines de 1924, cuando su caso fue llevado a juicio en el Tribunal de Primera Instancia.

Una ley del estado de Virginia, aprobada el 20 de marzo de 1924 (LAWS 1924, c. 394) sostiene que: (a) la salud del paciente y el bienestar d la sociedad deben ser promovidos en ciertos casos mediante la esterilización de personas con problemas mentales, bajo una minuciosa cautela, etc; (b) la esterilización puede llevarse a cabo mediante vasectomía en el caso de los hombres y salpingectomía en el caso de las mujeres, sin un gran sufrimiento o daño substancial a la vida; (c) el Commonwealth mantiene en diversas instituciones a un gran número de personas que sufren problemas mentales que, de ser dadas de alta ahora, representarían una amenaza para la sociedad. Sin embargo, si se las incapacitara para procrear, sería posible dárselas de alta con la seguridad de que podrían ser independientes, beneficiarse y beneficiar a la sociedad; (d) la experiencia muestra que la herencia juega un papel importante en la transmisión de las enfermedades mentales. La ley, entonces, establece que en el caso de que el Director de alguna institución, incluso la mencionada anteriormente, considere que un interno bajo su cuidado debe ser esterilizado en pro del bien de los pacientes y de la sociedad, puede realizar la operación a cualquier paciente afectado con formas hereditarias de insanía y retraso mental, siempre y cuando cumpla con las provisiones por las cuales la ley protege a los pacientes de posibles abusos.

El Director debe primero presentar un recurso a la Junta Directiva Especial perteneciente a su hospital o colonia en donde deben constar, bajo juramento,  los hechos y fundamentos en los cuales basa su opinión Si el interno fuera un menor, debe informarse a los padres de la situación. Junto con la notificación, se les debe adjuntar una copia del recurso. La Junta Directiva debe asegurarse que el interno atienda a las audiencias, si es que éste o su guardián lo desean. Toda la evidencia presentada debe ser por escrito, y luego de que la Junta Directiva haya dirimido la situación – a favor o en contra de la operación –, tanto el Director como el interno o su guardián pueden apelar la decisión frente al Tribunal de Primera Instancia del condado. El Tribunal de Primera Instancia podrá tener en cuenta la decisión de la Junta Directiva, así también como toda evidencia que se pueda presentar. El Tribunal podrá confirmar, rever, ó revocar la orden de la Junta Directiva, y pronunciar la sentencia que considere justa. Finalmente, las partes podrán elevar el caso a la  Cámara Superior de Apelaciones quien, de conceder el recurso de apelación, lo resolverá en base al registro de actuaciones del Tribunal de Primera Instancia y podrá pronunciar la sentencia que considere que el Tribunal de Primera Instancia debería haber pronunciado. No puede haber lugar a duda de que, en lo que al procedimiento respecta, los derechos del paciente son minuciosamente tenidos en cuenta, y cada uno de los pasos de este caso fue tomado en conformidad con la ley. Asimismo, luego de meses de observación, no hay duda de que en este respecto el apelante tuvo el debido proceso legal.

La apelación no se presenta sobre el procedimiento sino en cuanto al fundamento de derecho. Pareciera sostenerse que bajo ninguna circunstancia se puede justificar dicha orden. Ciertamente se sostiene que la orden no puede ser justificada en base a los fundamentos existentes. La sentencia se basa en los hechos que fueron relatados y en el hecho de que Carrie Buck “es una madre en potencia de un nacimiento inadecuado, afectado en igual manera que la madre. Carrie Buck puede ser esterilizada sin detrimento de su salud en general. Asimismo, su bienestar y el de la sociedad serán beneficiados por su esterilización”. Por lo tanto, se da la orden de efectuar la operación. En vistas de las declaraciones generales de la Legislatura y las decisiones específicas de la cámara, obviamente no podemos decir que como cuestión de derecho no existen los fundamentos y, si existen, justifican la decisión. Hemos visto en más de una oportunidad que el bienestar general puede llegar a demandar la vida de los mejores ciudadanos. Sería extraño entonces si no pudiera demandar la vida de aquellos que con su incapacidad ya minan la fuerza del Estado, por estos sacrificios más pequeños, que generalmente ni siquiera sienten, a fin de prevenir que el Estado se inunde de retrasos mentales. Es mejor para el mundo entero si en vez de esperar a ejecutar al nacido con retraso mental por un crimen, o dejarlo morir de hambre por su retraso, la sociedad previene a aquellos cuya incapacidad es manifiesta de continuar con su especie. El principio que sostiene la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio para cubrir la ligadura de las trompas de Falopio. (Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 , 25 S. Ct. 358, 3 Ann. Cas. 765). Tres generaciones de retrasados mentales es suficiente. [274 U.S. 200, 208]  Pero, sin embargo, se dice que aún si este razonamiento fuera aplicado en general, falla cuando se lo restringe a un pequeño número de internos que se encuentran en las instituciones nombradas, y no se aplica a las multitudes fuera de estas instituciones. Marcar deficiencias de este tipo es, generalmente, el último recurso en discusiones constitucionales. Pero la respuesta es que el derecho hace todo lo necesario cuando hace todo lo que puede; indica una política a seguir y la aplica; busca también similitudes tan rápido como sus medios lo permiten. Por supuesto que en cuanto las operaciones permitan volver al mundo a aquellos que de otra forma deberían estar encerrados, y por ende dejar lugar en los manicomios a otros, estaremos más cerca de la igualdad que buscamos.

 

Sentencia confirmada

 

El Honorable Butler disiente.

 

TRADUCCIÓN DE TOMÁS DOSTAL FREIRE