Corte Suprema de los Estados Unidos de América

LOVING ET UX. v. VIRGINIA 

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

388 U.S. 1

El 12 de junio de 1967 se decidió que:

 

Su Señoría WARREN presentó la opinión de la Corte.

El presente caso surge un paradigma constitucional que nunca fue tratado por esta Corte: si el esquema legislativo adoptado por el estado de Virginia para impedir uniones civiles entre personas, basado solamente en clasificaciones raciales, viola la Cláusula de  Protección Igualitaria y Debido Proceso de la decimocuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América. Por razones que, a nuestro entender, reflejan el significado principal de aquellas órdenes constitucionales, concluimos que dicha normativa no es consistente con la nombrada decimocuarta enmienda.

En junio de 1958, Milfred Jeter, una mujer negra, y Richard Loving, un hombre blanco, residentes del estado de Virginia, se casaron en el Distrito de Columbia de acuerdo a las leyes del lugar. Poco después de su casamiento, la familia Loving volvió a Virginia, y estableció su lugar de residencia en el condado de Caroline. En octubre de 1958, en el tribunal de circuito del condado de Caroline, un gran jurado acusó a la familia Loving de violar la ley del estado de Virginia que prohíbe las uniones civiles entre personas de diferentes razas.

“Dios Todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y colorada, y las ubicó en diferentes continentes. De no ser por la intromisión en su arreglo, no habría lugar a tales uniones. El hecho de que haya separado las razas demuestra que no era su voluntad que las razas se mezclaran”.

Una vez cumplida la condena, la familia Loving decidió mudarse al Distrito de Columbia. El 6 de noviembre de 1963 presentaron un recurso para dejar sin efecto la sentencia, basándose en el hecho de que las leyes que habían violado contradecían la decimocuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América.

La legislación por la cual los apelantes habían sido condenados y sentenciados forma parte de un amplio esquema legislativo que estaba orientado a prohibir y castigar uniones civiles interraciales. La familia Loving fue condenada por violar el artículo 20-58 del Código de Virginia:

“Salir del estado para evadir la ley. - - Si una persona de raza blanca y otra de color salieran de este estado con el propósito de unirse en matrimonio, y con la intención de volver a residir una vez casados, viviendo juntos como marido y mujer, serán castigados de acuerdo con lo provisto en el artículo 20-59. Asimismo, tal unión civil será tratada como si se hubiera llevado a cabo dentro del estado. Su convivencia en el mismo hogar como marido y mujer será evidencia de su unión civil.”

El artículo 20-59, que define la pena por cruce de razas, dispone que:

“Pena por casamiento. - - Si una persona blanca se casara con una de color, o si una persona de color se casara con una persona blanca, éstas será culpable de un delito, y será sentenciado a prisión por no menos de uno y no mas de cinco anos”.

El articula 20-57 representa otra disposición central en el esquema legislativo del estado de Virginia. En ESTA, las uniones civiles entre “una persona blanca y otra de color” quedan automáticamente anuladas, sin procedimiento judicial alguno. Asimismo, a los fines de la presente legislación, los artículos 20-54 y 1-14 respectivamente, presentan una definición de “persona blanca” y “persona de color e Indio”. La familia Loving nunca cuestionó, en el transcurso del proceso legal, que Milred fuera una “persona de color”, o que Richard fuera una “persona blanca”, de acuerdo a las definiciones provistas por la legislación de Virginia.

En la actualidad, Virginia es uno de los 16 estados que prohíben y penan uniones civiles de acuerdo a clasificaciones raciales. El presente esquema legislativo data de la adopción de la ley de Integración Racial de 1924 (Racial Integrity Act of 1924), que fue promulgada durante el periodo de nacionalismo extremo que precedió el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las características centrales de esta ley, aun en vigencia en el estado de Virginia, son: la prohibición absoluta de una persona “blanca” a casarse con otra que no sea “blanca” y la prohibición de emitir permisos de casamiento hasta que el celebrante crea que las declaraciones de las partes con respecto a su raza sean correctas. Asimismo, el registro civil debe guardar certificados de “composición racial” de las partes. 

I.

A fin de ratificar la constitucionalidad de estas leyes en el fallo que figura ut infra, la Corte Suprema de Apelaciones del estado de Virginia se refirió a su fallo de 1955 en el caso Naim v. Naim, donde se presentan las razones que apoyan la validez de estas leyes. En Naim v. Naim, el tribunal llego a la conclusión que los propósitos legítimos del Estado eran “preservar la integridad racial de sus ciudadanos”, y prevenir que “la sangre se corrompiera”, así como el “mestizaje de los ciudadanos” y la “obliteración del orgullo racial”: obviamente, un respaldo a la Supremacía Blanca. La corte consideró también que tradicionalmente el casamiento ha estado sujeto a regulaciones estatales sin la intervención federal y, en consecuencia, la regulación acerca de uniones civiles debería ser a nivel estatal exclusivamente, de acuerdo con la décima enmienda.

El Estado de Virginia no sostiene en su argumentación frente a esta Corte que sus poderes para regular las uniones civiles sean ilimitados, a pesar de los mandatos de la decimocuarta enmienda. Por el contrario, el Estado sostiene que la Cláusula de Protección Igualitaria (Equal Protection Clause), tal como fue ideada por sus mentores, solamente significa que las leyes penales estatales que contienen un elemento interracial como parte de la definición de la ofensa deben aplicarse en igual manera a blancos y negros. Esto es, que las penas sean iguales sin importar la raza. Por ende, el Estado sostiene que, dado que las leyes que legislan los cruces de razas condenan en igual manera al blanco y al negro en uniones civiles interraciales, esta legislación, a pesar de su dependencia de clasificaciones raciales, no constituye una discriminación injusta basándose en la raza. El segundo argumento presentado por el Estado supone la validez de su teoría de aplicación igualitaria. La defensa es que si la Cláusula de Protección Igualitaria no proscribe la legislación acerca del cruce de razas por su dependencia de las clasificaciones raciales, el planteo sobre la constitucionalidad se tornaría, entonces, a si había alguna base racional para que el Estado tratara las uniones civiles de forma diferente a otras. En cuanto a esta cuestión, el Estado discierne: la evidencia científica está sustancialmente en duda y, en consecuencia, esta Corte debería ceder al conocimiento de la legislatura estatal en cuanto a disuadir las uniones civiles interraciales.

Dado que se desestima el concepto de que la mera “aplicación igualitaria” de una ley que contenga clasificaciones raciales es suficiente para retirar las clasificaciones proscriptas por la decimocuarta enmienda, esta corte no acepta el punto de vista del Estado de que esta legislación debería ser sostenida si existe la posibilidad de concluir que han servido para un propósito racional. El solo hecho de la aplicación igualitaria no significa que nuestro análisis de esta legislación debería seguir el enfoque que hemos tomado en casos relacionados con otros tipos de discriminación diferentes a la racial, donde la Cláusula de Protección Igualitaria ha sido presentada contra una ley que diferenciaba los tipos de propagandas que pueden ser expuestos en los camiones de la ciudad de Nueva York o una excepción a los impuestos ad valorem para la mercadería de los no residentes del estado de Ohio. En estos casos, que involucraban distinciones que nada tenían que ver con la raza, la Corte simplemente se ha preguntado si hay una fundamentación racional para las discriminaciones, y se ha remitido al conocimiento de los legisladores estatales.

El Estado sostiene que declaraciones en el trigésimo noveno Congreso, cerca de la fecha de promulgación de la decimocuarta enmienda, indican que no era la intención de los mentores que la enmienda tornara inconstitucionales algunas leyes estatales relacionadas con el cruce de razas. Muchas de las declaraciones aludidas por el Estado tienen relación a debates acerca del Freedmen’s Bureau Bill, el cual fue vetado por el Presidente Johnson, y el Civil Rights Act de 1866. Mientras que estas declaraciones tienen algo de relevancia en cuanto a la intención del Congreso al redactar la decimocuarta enmienda, debe entenderse que se refirieron a algunas leyes en particular y no al propósito amplio y orgánico de una enmienda constitucional. Con respecto a las varias declaraciones relacionadas directamente con la decimocuarta enmienda, hemos dicho en un caso similar que, aun cuando estas fuentes históricas “iluminan un poco el camino”, no son suficientes para solucionar el problema: “no son concluyentes. Los más ávidos defensores de las enmiendas posteriores a la Guerra sin duda intentaron remover toda distinción legal entre ‘todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos de América’. La oposición, casi con certeza, era antagonista de tanto la letra como el espíritu de las enmiendas y deseaba que tuvieran el efecto MAS limitado posible”. Hemos desestimado la propuesta de que los debates del trigésimo noveno Congreso o las legislaturas estatales donde se ratificó que la decimocuarta enmienda apoyaba la teoría presentada por el Estado, que el requisito para la protección igualitaria de las leyes está satisfecha por medio de las leyes penales que delimitan los delitos basados en clasificaciones raciales siempre y cuando los participantes (tanto el blanco como el negro) fueran castigados de la misma manera frente al mismo delito.

La Cláusula de Protección Igualitaria requiere considerar si las clasificaciones hechas por cualquier ley constituyen una discriminación arbitraria e injusta. El propósito central de la decimocuarta enmienda, que es bastante claro, era eliminar toda forma oficial de discriminación racial por parte de la nación en los estados. 

No hay duda que la legislación del estado de Virginia en contra del cruce de razas se basa solamente en distinciones hechas en torno a la raza. Por lo general, la legislación proscribe conductas aceptadas, de ser iguales para los miembros de distintas razas. A través de los anos, esta Corte ha repudiado consistentemente las “distinciones entre ciudadanos en base a sus ancestros”, y ha tratado esta conducta de “odiosa para un pueblo libre cuyas instituciones se basan en la doctrina de la igualdad”. La Cláusula de Protección Igualitaria requiere, al menos, que las clasificaciones raciales – especialmente en el caso de legislación penal – estén sujetas al “más exhaustivo análisis” (Korematsu v. United Status, 1944). Además, de llegar a ser ratificadas, debe demostrarse su utilidad para el logro de algún objetivo nacional en concreto, independientemente de la discriminación racial, la cual fue el objeto que la decimocuarta enmienda intentó eliminar. Mas aun, dos miembros de esta Corte ya han declarado que “no pueden concebir un propósito legislativo valido (…) que haga que el color de piel de una persona sea la prueba en la cual basarse para saber si su conducta representa una ofensa”.  

Al parecer no existe un propósito legítimo primordial independiente de la injusta discriminación racial que justifique esta clasificación. El hecho de que el estado de Virginia prohíba solamente uniones civiles interraciales que involucren personas blancas demuestra que las clasificaciones raciales representan medidas diseñadas para mantener la Supremacía Blanca. Esta corte hay negado categóricamente la constitucionalidad de medidas que restrinjan los derechos de los ciudadanos en base a su raza. No hay duda que basarse en clasificaciones raciales para restringir la libertad de casarse viola el significado central de la Cláusula de Protección Igualitaria.

II.

 

Esta legislación también viola la cláusula de Debido Proceso de la decimocuarta enmienda, al privar a la familia Living de su libertad sin un debido proceso judicial. La libertad para unirse en matrimonio ha sido reconocida por mucho tiempo como uno de los derechos personalísimos vitales, esenciales para que el hombre libre encuentre su felicidad.

El matrimonio es uno de los “derechos civiles básicos del hombre”, fundamentales para nuestra existencia y sobrevivencia. Negar esta libertad fundamental tomando como base una teoría sin fundamentos que tiene como eje central clasificaciones raciales que atentan el principio de igualdad, principio que se encuentra junto al corazón de la decimocuarta enmienda. Dicha enmienda estipula que la libertad de elección a la hora del casamiento no debe ser restringido por discriminaciones raciales. Bajo nuestra Constitución, la libertad de casarse o no con una persona de diferente raza reside dentro del individuo y no puede ser infringida por el Estado.

Estas sentencias deben ser revocadas.

Su Señoría Stewart esta de acuerdo.

He expresado anteriormente mi creencia de que “es simplemente imposible que una ley que estipula la criminalidad de un acto de acuerdo con la raza del actor sea valida bajo nuestra Constitución”. Dado que es esta mi creencia, estoy de acuerdo con la sentencia de esta Corte.

TRADUCCIÓN DE TOMÁS DOSTAL FREIRE