MEDICINA REPRODUCTIVA
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD


Sr. Director: Ricardo Rabinovich-Berkman

Estimado maestro y amigo:


Como usted sabe, la medicina reproductiva, por sus altos costos, se mantiene reservada a un grupo reducido de parejas. Como no existen convenios y/o resoluciones tanto en la legislación nacional como en la provincial que avalen, regulen y garanticen estas prácticas, vale decir, al no estar establecida de manera específica en el Programa Médico Obligatorio PMO, lo que sólo podía aspirar una pareja infértil es al diagnóstico o un nivel inicial de tratamiento. En este contexto, se han impulsado un sinnúmero de proyectos legislativos con la finalidad de incorporar la medicina reproductiva al (PMO), soslayando el estado de capital disponible en la nación, para satisfacer las necesidades básicas en nuestro sistema de salud.
Es dable entonces, que la acción de amparo haya resultado la vía más idónea para elucidar sobre este hipotético “derecho a la salud reproductiva”. Precisamente, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 17 días del mes de Abril de 2007, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, con asiento en San Nicolás, se reunió en Acuerdo Ordinario para dictar sentencia definitiva en los autos "M. P. E. Y OTRO C/ MINISTERIO DE SALUD - IOMA S/AMPARO", Expediente Nº 172-2007, estableciendo que el "Programa Provincial que garantiza las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable". La norma constitucional bonaerense prescribe: "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales." Se deja sentado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con relación a la protección de la salud, “que la misma constituye el bien a preservar con la mayor intensidad posible" (Fallos: 324:4061). De allí, se desprende que la obligación legal de la demandada deviene de la Ley Provincial nº 13.066, y del Decreto provincial que la reglamenta Nº 2327/03, por lo que se impuso al Estado Provincial de la obligación de proveer lo necesario y conducente para brindar tratamientos conceptivos, consagrando la garantía del cumplimiento del derecho a la salud y a la vida conjugados, en el caso, con el derecho social de la Familia.
Asimismo, el 20 de noviembre de 2007., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados: “AYUSO MARCELO ROBERTO Y OTROS CONTRA OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/AMPARO (ART. 14 CCABA)”; la Dra. Patricia López Vergara, a cargo del juzgado porteño en lo Contencioso y Administrativo Nº 6, consideró que los beneficiarios de una obra social tienen derecho a “exigir las prestaciones que los adelantos médicos van incorporando". La medida judicial ordena a OBSBA costear hasta cinco tratamientos de fecundación in vitro, de un costo de once mil trescientos pesos cada uno, en el centro de fertilización que la pareja elija.
Deduzco que se trata de un derecho constitucional que ha sido vulnerado, inicialmente por diacronía, y ulteriormente por las oscilaciones financieras y por el colapso histórico del 2001, que forzó al Estado a reanimar al sistema sanitario al borde de la muerte.
En un país donde resulta espinoso distribuir las cargas sociales para costear tratamientos ordinarios, o subsanar las graves secuelas físicas y psicológicas que genera el cáncer o las múltiples enfermedades disvalidantes, constituye una clara evidencia que demuestra desinterés o ignorancia ante el actual proceso de recuperación financiera.
Si a estos hechos le adicionamos los graves problemas no resueltos de alimentación de nuestros niños, que puede afectarlos “la futura fertilidad de nuestros adolescentes” y la falta de acuerdo sobre los interrogantes que plantea la FIV, es lógico que todo proyecto legislativo resulte insostenible.


Respetado profesor, cuando observo las condiciones paupérrimas del hospital público, las exiguas sumas orientadas a las investigaciones en el campo médico, sin ir tan lejos, cuando presto atención a los niños y niñas explotados o abandonados esperando que una familia los adopte, me pregunto: ¿no es una necedad, en las actuales condiciones económicas del país, que el sistema de salud público soporte estas pretensiones?
Cuando desconocemos que el presupuesto biológico no constituye un valor absoluto y rechazamos tener un hijo con ojos, facciones y cabello distintos a los nuestros ¿no somos discriminadores?
Cuando obtengo informes que señalan que de cada niño nacido por fertilización in vitro (FIV), son más de cuarenta los embriones sacrificados, me pregunto: ¿Es posible que los centros especializados valiéndose de un vacío legal, hayan desplegado sin límites precisos sus actividades reproductivas?


En la actualidad, cuando los centros especializados en medicina reproductiva de EEUU y Europa revelan que los bebés concebidos por la FIV corren el doble de riesgo de nacer con malformaciones y con bajo peso, mientras que las mujeres que conciben múltiples bebés corren más riesgo de sufrir problemas de tensión alta que aquellas que tienen concepciones múltiples de manera natural, me pregunto: ¿Es posible que se haya suplido el espíritu de la ciencia por la eficacia financiera?
Examina mis vacilaciones Ricardo, ya que esto antecedentes revelan para mí, un sentido discordante y una opción de tránsito substitutivo por vía destructiva. La vida de tantos embriones es un precio demasiado alto para el fin perseguido. Negar la personalidad o dignidad humana del embrión, para refrendar los innumerables intentos fallidos, es un recurso insubstancial. Cuando los especialistas nos proporcionan información fragmentada respecto a la FIV, es decir, cuando no se nos dice toda la verdad, no es posible que inocentemente nos enfrasquemos a justificar cualquier método de fertilización, porque la valoración ética se construye a partir de hechos lo más precisos posibles, y negar estas circunstancias para superar los intentos fallidos, que genera la manipulación de un solo embrión, convierte al procedimiento en un recurso incierto y subjetivo, por lo tanto, anticientífico. De allí, que considere prudente la posición tendiente a evitar la crioconservación y la reducción del número de embriones a transferir, es decir, volver sobre los pasos de la postergada transferencia in vivo, donde la procreación artificial sea una técnica de ayuda pero no de substitución. El juicio bioético lo constituyo, en principio y más allá de la realidad social, objetando la eticidad de la fecundación extracorpórea, ya que con la supresión del encuentro conyugal, no se ayuda a la naturaleza, sino que se la substituye. En vez de constituir un “auditórium naturae”, la fecundación extracorpórea se convierte en una “substitutio personarum” que quiebra además, la concordancia entre el vínculo biológico con el jurídico. De allí, que establezca respecto a la FIV el juicio crítico fundamental, en la omisión del análisis ético que subyace en la suspensión de la vida del embrión crioconservado durante un lapso de tiempo y, por supuesto, su destino final. Igualmente, considero preciso analizar la incidencia de la biogenética y los problemas que se suscitarían en torno a la filiación –IAD-, es decir, la fertilización extraconyugal o heteróloga por medio de la donación de gametas; como las practicadas después de la muerte del enlace biológico (padre, madre o tercero), tipificando la maternidad sustituta, sin lugar a excepciones, y la venta de semen para inseminación heteróloga.
Tal como lo exteriorizara en las asambleas del Comité de Bioética del CPACF., no tendría ninguna objeción en amparar a una “pareja estable” para que el sistema de salud viabilice los tratamientos de complejidad primaria como la “estimulación ovárica” y si no ocurre el embarazo de manera natural coligarla a “la inseminación artificial intracorpórea”, sea “intravaginal”; “intracervical” o “intrauterina”, o bien, el acceso a las cirugías reparadoras, las prótesis tubarias, el láser, los métodos hormonales y psicológicos. De igual modo, admitiría la Transferencia intratubaria de gametos (GIFT), creada por el doctor argentino Ricardo Asch, evitando la crioconservación y manipulación de embriones múltiples, es decir, soslayando a la FIV hasta tanto no haya sido sometida a pruebas gubernamentales sobre su seguridad, a fin de resguardar el derecho a la procreación responsable de los matrimonios y las parejas estables.


Pero nada se observa en los más de veinte proyectos que he analizado, respecto a adoptar medidas adecuadas tendientes a evitar que el semen liberado sea utilizado en más de una oportunidad, en diferentes mujeres, si con el mismo se hubieran producido nacimientos con vida, lo que el Biólogo Lee Silver denominó “reprogenética”, como una suerte a favor de los padres afortunados, de optar, en vez de enviar una carta a la cigüeña, recurrir a un ingeniero genético para elegir a su hijo. Más allá de la CLONACIÓN; todo tipo de MANIPULACIÓN GENÉTICA “que no tenga fines terapéuticos”, el INTERCAMBIO GENÉTICO O LA RECOMBINACIÓN con otras especies para la obtención de híbridos; la TRANSFERENCIA DE PREEMBRIONES HUMANOS al útero de otra especie y viceversa; la ECTOGÉNESIS o creación de un individuo determinado en el laboratorio; la utilización de la ingeniería genética en casos en los cuales se ponga en riesgo la normal subsistencia de la especie humana, reconozco el derecho a la salud reproductiva
El año pasado, el Ministro Ginés González García reconoció que “la salud es la industria más grande del mundo y que todo el arsenal terapéutico, además de vulnerar los derechos y dignidad del paciente, puede concebir en un excelente negocio”, concluyo entonces, que no sólo crecería exponencialmente el número de parejas si los tratamientos fueran dispensados gratuitamente, sino las ganancias que de ello resulte. Si el mismo Ministro de Salud puntualiza la necesidad de “forjar un sistema de asignación de recursos escasos”, entonces no entiendo lo que algunos propician
Según datos que maneja la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), por año se practican 3500 fertilizaciones asistidas en la Argentina. El número, explicó Claudio Chillik a la Nación, crecería exponencialmente si los tratamientos fueran dispensados gratuitamente. No es difícil imaginar las resultas de este crecimiento exponencial, o no?
Por eso y para finalizar, sólo ante la expectativa de un futuro promisorio para nuestra nación y frente a debates verdaderamente interdisciplinarios respecto a las técnicas y sus consecuencias jurídicas, reanimaría la razón parlamentaria para incorporar a la medicina reproductiva a los Hospitales Públicos, pero sin soslayar las consecuencias civiles y penales de los médico-científicos involucrados.
A partir de algunos ensayos doctrinarios, pretendo generar una visión específica para impulsar la tipificación penal de determinadas conductas, como por ejemplo: cuando se fecundare artificialmente un óvulo sin que la mujer de quien proviene, ni el hombre cuyo esperma fue utilizado, hubieran dado su consentimiento, etc., y siempre que las postergación de la paternidad obedezca a problemas de salud y estableciendo límites graduales, y no de otra índole, que son hechos comunes en toda sociedad cultural y económicamente desarrollada.
Quizá la respuesta correcta sea implementar dos tipos cronogramas: uno de acciones gubernamentales para cubrir primero, los problemas de salud más graves de “nuestra población”, y el otro para garantizar la seguridad de las técnicas utilizadas en los centros especializados en fertilización asistida y los tratamientos de menor complejidad, cuyos costos resulten de estrategias y esfuerzos compartidos, a los efectos de no postergar indefinidamente la atención sobre la problemática de las parejas con dificultades para engendrar y concebir.
En la actual relación desnaturalizada entre el médico-paciente-usuario, dudo que los médicos sean los únicos capacitados para indicar qué es lo aceptable y qué no. Paradójicamente quienes apoyan estas iniciativas son los mismos que han defendido los proyectos sobre esterilización gratuita, vale decir, los que han elegido controlar la descendencia de los pobres, estimulando su decrecimiento vegetativo mediante una sencilla operación. En boca de estos se ha escuchado la siguiente expresión: “…doctor, a quién responde, aquí no estamos planteando la legalidad del aborto, sino lo contrario, de generar vida…” Posiblemente me equivoque, pero estimo que es más barato y más sencillo regalar píldoras anticonceptivas o esterilizar gratuitamente, en lugar de brindar educación y subsanar el estructural déficit económico y cultural de la gente humilde.

Sin más que agregar, te agradezco el tiempo dispensado y si bien he realizado las reservas pertinentes, si lo consideras útil y necesario difundir o compartir estas inquietudes, quedas fehacientemente autorizado.

Un abrazo eterno.

Daniel Barone
http://www.biojuridico.blogspot.com/