A DOSCIENTOS AÑOS DE LA PRIMERA CARTA CONSTITUCIONAL

EN ESPAÑA E INDIAS: EL ESTATUTO DE BAYONA (1808)

 

 

Sandro Olaza Pallero*

 

 

1.      Introducción

 

El movimiento emancipador de la América española se desarrolló simultánea o sucesivamente a partir de 1810, al encontrar los americanos la oportunidad para deshacerse de unos vínculos de dependencia que ya carecían de sentido. La demolición del Imperio español se produjo en el terrible año de 1808 y sobre el mismo había pasado un siglo entero de empobrecimiento y rebajamiento moral, de despotismo burocrático sin grandeza ni gloria, de impiedad vergonzante, de tratados desastrosos, de ruina acelerada de cuanto quedaba de las libertades antiguas de la vieja monarquía federativa.

Una política que en los hechos se tradujo en la sustitución del régimen acuerdista y de compromiso -aceptado por los Austrias- y consagrado en el Derecho Indiano, por una actitud de gobierno fuertemente regalista desde Carlos III.[1]

Con el advenimiento de los Borbones se implementó una nueva política autoritaria y metropolitanista, acentuada en los reinados de Carlos III y Carlos IV. A medida que avanzó el siglo XVIII, se intensificó notablemente la presión sobre los territorios americanos. Se presenta un fenómeno general de dinámica estatal, con una fuerte “administrativización” del aparato institucional, que adquiere una acentuada militarización y degenera en un despotismo.[2]

La crisis de la monarquía española de Carlos IV explica por sí misma que la subida al trono de José Bonaparte se viera como una aceptable solución política. Buena parte de la elite ilustrada española que preconizaba la necesidad de llevar a cabo reformas políticas y sociales se puso a las órdenes del nuevo rey, temerosa de que el enfrentamiento bélico con Francia conllevara no sólo la ruina para la nación, sino –como así sucedió- la pérdida de los reinos americanos.

Uno de los más destacados afrancesados, el escritor Leandro Fernández de Moratín escribió: “Espero de José I una extraordinaria revolución capaz de mejorar la existencia de la monarquía, estableciéndola sobre los sólidos cimientos de la razón, la justicia y el poder”. En junio de 1808 un decreto imperial proclamó a José Bonaparte rey de España y de las Indias.

Previamente a la partida del nuevo rey hacia su destino, se había reunido en Bayona una comisión de notables con el fin de redactar una nueva constitución que, inspirada en el Código Napoleónico, diera marco legal a la nueva monarquía. Las Cortes de Bayona se inauguraron el 15 de junio, bajo la presidencia de Miguel de Azanza, antiguo virrey de Méjico y Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de la Masonería Española, a quien asistieron como secretarios Mariano Luis de Urquijo, del Consejo de Estado y Antonio Ranz Romanillos, del de Hacienda.

 

 

2.      Por la igualdad de derechos y contra una discriminación odiosa

 

En junio de 1808 en la ciudad francesa de Bayona, Napoleón convocó la reunión de notables, donde los representantes americanos hicieron oír largamente sus agravios. Los animaba la buena voluntad demostrada por el emperador francés hacia América, ya que por primera vez se sentaban americanos en unas “cortes” españolas, o como quisiera considerarse a ese asamblea de donde surgiría la constitución destinada a regir en la Península y sus reinos de Indias.[3]

Los últimos años del gobierno de Carlos IV habían despertado una viva oposición, especialmente por la ineptitud del favorito Manuel Godoy, constituido en el árbitro de los destinos de la monarquía. La causa de este malestar quedó evidenciada cuando, después de autorizar el monarca a los franceses para cruzar el territorio hispano con destino a Portugal, la propia Corona hispana fue víctima de los ambiciosos planes del general francés, quien no tardó en aprovechar las debilidades existentes y en ocupar el reino.

Al estallar un motín en Aranjuez, donde residía la corte, el 19 de marzo, en un escrito carente de validez jurídica, Carlos IV abdicó la corona en favor de su hijo Fernando, proclamado rey días después. Bonaparte obligó a Carlos y Fernando a renunciar a sus derechos a la corona y el emperador lo cedió el 6 de junio a su hermano José, hasta entonces rey de Nápoles.

Muchos funcionarios españoles se sometieron a la nueva autoridad extranjera. Pero la mayoría del pueblo español, por convicción o circunstancias, prefirió revitalizar las viejas concepciones del poder político, adormecidas durante el siglo XVIII, sosteniendo que el rey no podía disponer de la corona a su antojo sin consentimiento de la Nación, y mucho menos cederla a un extranjero.

Algunos otros principios completaban este movimiento popular que desembocó en una cerrada defensa de lo español, contra la invasión foránea. Se había esperado que eliminado el gobierno despótico de Godoy, el reinado de Fernando significara una rectificación y una vuelta a la tradición.

Ello concluiría con la proclamación del derecho de los pueblos a aceptar y reconocer a sus príncipes, así como también el deber de éstos de respetar las leyes del reino. Napoleón no ocultaba su buena predisposición hacia las Indias, ya que juzgaba que la incorporación a la carta constitucional de los derechos que reclamaba América, bien conocidos por cierto, podría mantener en su cerco a las antiguas posesiones españolas.

Así fue como concedió casi todo lo que le solicitaron, que quedó plasmado en el texto de la Constitución de Bayona. Los criollos expusieron ante el emperador y el rey José la penosa situación en que se encontraban en su “tierra”.

El diputado por Nueva Granada, natural de Medellín, Francisco Antonio de Zea, tomó la palabra en nombre de sus hermanos. Se trataba de un prestigioso científico que estuvo preso por cómplice de la revuelta de Antonio Nariño, uno de los precursores de la independencia de América; integraba las principales sociedades científicas de Francia y España y en 1804 el rey lo nombró director del Jardín Botánico de Madrid.

En nombre de sus pares, contestaba el discurso de bienvenida que les diera el nuevo monarca de España, de esta elocuente manera: “Olvidados de su gobierno; excluidos de los altos empleos de la monarquía, privados injustamente de las ciencias y de la ilustración, y por decirlo todo de una vez, compelidos a rehusar los mismos dones que les ofrece la naturaleza con mano liberal, podrán los americanos dejar de proclamar con entusiasmo una monarquía que se anuncia por apreciarlos, que los saca del abatimiento y la desgracia, los adopta por hijos y les promete la felicidad?” [4]

Siguieron luego encendidas expresiones de adhesión a la nueva dinastía y al augusto emperador que “reconcilió, por un acto propio de su genio, el nuevo con el antiguo mundo”. Incorporado el diputado por Caracas, José Hipólito Odoardo y Grand Pré a la Asamblea, volvieron los diputados hispanoamericanos a expresarse; esta vez ante el emperador y por escrito.

El documento, dado a conocer por el historiador Carlos A. Villanueva, no tiene fecha y es de puño y letra de Zea. Bien pudo haber sido entregado a Napoleón al término de las sesiones, cuando todos los diputados, incluyendo los americanos, concurrieron al palacio de Marrac a agradecer al emperador la Constitución otorgada.

Asimismo el diputado caraqueño se destacó los sufrimientos del Nuevo Mundo, dejado de lado por “un gobierno ingrato, que siempre correspondía a los nuevos servicios con nuevo olvido y nueva indiferencia”. Serán éstos, en general, los argumentos que utilizarán los representantes americanos en la Junta de Notables de Bayona: olvido, desprecio, despreocupación de la suerte de América, sojuzgamiento a los intereses metropolitanos, desconocimiento de sus derechos y de su personalidad, diferencia de trato, ausencia de igualdad, falta de participación en las decisiones que les afectan y de todas en general, y falta de libertad en lo económico, desigualdad en lo social, ingratitud y recelo.

Eran los mismos argumentos que desde hacía tiempo se destacaban en los memoriales de los americanos y los mismos que, una vez que se desencadenó la guerra de la independencia en España, para conservar los dominios de ultramar, utilizaron en sus encendidas protestas los nuevos órganos del gobierno español que dieron razón a la protesta criolla. Constituida la Junta Central “de España e Indias” con el aporte de dos diputados de cada una de las juntas locales, todas soberanas, autodeclaradas representantes de Fernando VII, preso en poder de los franceses, y siguiendo una conducta inspirada por su presidente el octogenario José Moñino conde de Floridablanca, el nuevo gobierno central expedía el decreto de 22 de enero de 1809 por el que disponía la incorporación de algunos criollos a su seno.

En la proclama que lo acompaña dirigida a América, se dice a sus habitantes que “los dominios de España no son propiamente colonias o factorías como las de las otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía” y por ello deben tener “representación nacional y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del reino, por medio de sus correspondientes representantes”.

 

 

3. Proclama de la Junta de Madrid respecto de la convocatoria a Cortes en Bayona

 

Cuando el ejército francés invadió España en 1808 y Carlos IV fue obligado a abdicar en favor de José I, hermano de Napoleón, éste último precisaba legitimar de algún modo al nuevo rey. Para ello, convocó una Asamblea de diputados españoles, con el objetivo de elaborar una carta constitucional, a la que se llamó “Estatuto de Bayona”.

La “Gaceta de Madrid” publicó, el 25 de mayo de 1808, un decreto del emperador francés que decía: “Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones de las provincias y ciudades. Quiero asegurarme por mí mismo de vuestros deseos y necesidades. Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré vuestra gloriosa corona en las sienes de un otro yo, garantizándoos al mismo tiempo una constitución que concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo. Españoles: recordad lo que han sido vuestros padres, y contemplad vuestro estado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os ha regido; tened una gran confianza en las circunstancias actuales, pues yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y exclamen: Es el regenerador de nuestra patria. Napoleón”.

En los hechos, de los 150 representantes españoles de los tres brazos: clero, nobleza y estado, sólo concurrieron 65, quienes se limitaron a aprobar los textos redactados por el francés Jean-Baptiste Esménard y revisados por el propio Napoleón. Algunos representantes fueron elegidos por los ayuntamientos, otros por sus respectivas corporaciones y otros designados por la junta de gobierno.

El Estatuto de Bayona fue obra del llamado “constitucionalismo napoleónico” que respondió a las corrientes iluministas, liberales e individualistas. En las constituciones “dadas” a las naciones satélites por el emperador francés, se destacaban fuertes rasgos comunes: 1°) Neutralización de la sociedad estamental; 2°) La voluntad de un mismo derecho para todos; 3°) La absoluta desconfianza de las libertades individuales y públicas; 4°) El principio monárquico apoyado en el Consejo de Estado y 5°) Una soberanía tutelada por Francia.[5]

Esto fue una extraña combinación de los principios consagrados por la Revolución Francesa y su declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, con la desbordante presencia napoleónica de los nuevos tiempos. El Código Civil francés fue modelo de la codificación europea y americana.[6]

Los nombres de los diputados fueron publicados en la “Gaceta” del 24 de mayo, si bien con la circunstancia notable de haberse omitido la fecha en el documento: “El Serenísimo Señor Gran duque de Berg, lugarteniente general del reino, y la Junta suprema de gobierno se han enterado de que los deseos de S.M.I. y R. El emperador de los franceses, son de que en Bayona se junte una diputación general de ciento cincuenta personas, que deberán hallarse en aquella ciudad el día 15 del próximo mes de junio, compuesta del clero, nobleza y estado general, para tratar allí de la felicidad de toda España”.

Los ayuntamientos podrían elegir como representantes a los grandes de España y títulos de Castilla. A todos los diputados  electos se les pagarían las dietas acostumbradas con los fondos públicos.

Del estado eclesiástico se nombrarían dos arzobispos, seis obispos, diez y seis canónigos o dignidades, dos de cada una de las ocho curias metropolitanas, electos por los cabildos eclesiásticos y veinte curas párrocos del arzobispado de Toledo y demás obispados. El reino de Navarra nombraría dos representantes.

Igualmente estarían presentes las diputaciones vascas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Otros representantes nombrados por la Península fueron: Cristóbal Cladera y Compañy (Mallorca); Estanislao Lugo (Canarias); Antonio Saviñón (Canarias).

Por los reinos americanos serían diputados: el marqués de San Felipe y Santiago (Habana); José del Moral (Nueva España); Tadeo Bravo y Rivero (Perú); León de Altolaguirre (Buenos Aires); Francisco Zea (Guatemala) e Ignacio Sánchez de Tejada (Santa Fe).

El jurista Benito María de la Mata Linares, funcionario de la Corona, natural de Madrid y que había sido regente de la real audiencia de Buenos Aires y oidor de las audiencias de Chile y Lima, donde  dictó sentencia contra el rebelde Túpac Amaru (1782), por esta época era miembro del Consejo de Indias. De ideas afrancesadas y adepto a la masonería, fue autor de unas anotaciones al Estatuto de Bayona, donde señalaba: “1°) El deseo de que las Indias tuvieran una mayor figuración en la Constitución y el empeño en señalar el particularismo de lo americano; 2°) La subsistencia del Consejo de Indias, como órgano supremo del gobierno americano; 3°) La defensa de la legislación indiana contra las pretensiones de unificarla con la del resto de la monarquía; 4°) La dificultad e inconveniencia de aplicar en América algunos de los preceptos constitucionales; 5°) El reconocimiento de una igualdad de derechos entre todos los reinos de la Monarquía, pero la limitación circunstancial de algunas de esas libertades”.

Estas notas de Mata Linares, redactadas con espontaneidad y a las que les falta seguramente la decantación propia de todo escrito definitivo, nos permiten, sin embargo, apreciar que su planteo desbordaba a un ensayo constitucional meramente racionalista, como era el de Bayona.[7]

El Estatuto, sancionado el 6 de julio de 1808, fue una carta otorgada que recogió algunos derechos fundamentales como la supresión de privilegios, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de imprenta, la abolición del tormento y el derecho al acceso a cargos públicos. El texto que incluía 146 artículos dispuestos en 13 títulos, instituyó la monarquía hereditaria como forma de gobierno, aunque señalaba que el rey debería contar con sus nueve ministros, un secretario de estado, el parlamento y el consejo de estado para gobernar el país.

No proclamaba la división de poderes, sino que el rey ocupaba el centro del sistema y era el que nombraba a los ministros, a los miembros del Consejo de Estado, a algunos diputados, al presidente de las cortes y a los jueces. El culto católico era la religión del rey y de la nación y no se permitía ninguna otra: “Art. 1°: La religión Católica Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá ninguna otra”.[8] José Bonaparte abolió la Santa Inquisición y suprimió toda jurisdicción civil y criminal de los eclesiásticos.

Se estableció un sufragio indirecto para la elección de los diputados provinciales: “Art. 93: Estos diputados serán nombrados por los Ayuntamientos de los pueblos que designen los virreyes o capitanes generales en sus respectivos territorios. Para ser nombrados deberán ser propietarios de bienes raíces y naturales de las mismas provincias. Cada Ayuntamiento elegirá a pluralidad de votos, un individuo, y el acta de los nombramientos se remitirá al virrey o capitán general. Será diputado el que reúna mayor número de votos entre los individuos elegidos en los Ayuntamientos. En caso de igualdad decidirá la suerte”.[9]

El Estatuto contenía diversos elementos especialmente dirigidos a fomentar el desarrollo de la sociedad y a favorecer el auge de la burguesía, en detrimento de la nobleza. Se incentivó el comercio, mediante el establecimiento de la libertad de industria y la supresión de los privilegios económicos.

Se eliminaron las aduanas interiores y se concedió la igualdad de los reinos americanos con respecto a la metrópoli: “Art. 87: Los reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos derechos que la metrópoli. Art. 88: Será libre en dichos reinos y provincias toda especie de cultivo e industria”.[10]

El senado estaría integrado por los infantes de España y por 24 senadores elegidos por el monarca. Otras disposiciones sobre el senado establecían: “Art. 33: Ninguno podrá ser nombrado senador si no tiene cuarenta años cumplidos.  Art. 34: Las plazas de senador serán de por vida. No se podrá privar a los senadores del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia legal dada por los Tribunales competentes. Art. 36: El presidente del Senado será nombrado por el rey y elegido entre los senadores. Sus funciones durarán un año”.[11]

Las Cortes tenían un carácter estamental. La iniciativa legislativa correspondía al Consejo de Estado.

Sobre el orden judicial establecía: “Art. 96: Las Españas y las Indias se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales. Art. 99: El Rey nombrará todos los jueces. Art. 112: El derecho de perdonar pertenecerá solamente al Rey y lo ejercerá oyendo al Ministro de Justicia, en un Consejo privado compuesto de los Ministros, de dos senadores, de dos Consejeros de Estado y de dos individuos del Consejo Real. Art. 113: Habrá un solo Código de Comercio para España e Indias”.[12]

 

 

4. Los diputados rioplatenses

 

León de Altolaguirre fue mencionado como diputado por el Río de la Plata, pero no asumió su cargo en Bayona. Permaneció leal a la antigua dinastía y el 13 de enero de 1809 figuró en el decreto de premios otorgado por Fernando VII que lo elevó a la dirección de la Real Renta.

En cambio fueron nombrados diputados por Buenos Aires José Milá de la Roca y Nicolás de Herrera quienes se encontraban en España desde 1807 como enviados del cabildo de Montevideo para pedir premios por la victoria rioplatense frente a los invasores británicos. En el Buenos Aires de fines del siglo XVIII podían desconocerse muchos detalles del drama europeo pero no eran ignorados los hechos principales de la Revolución de Francia ni los lineamientos generales de la doctrina que la había informado.[13]

Montevideo era considerada desde hacía tiempo como el principal foco de ideas afrancesadas, ciudad la “más a propósito para toda iniquidad”. Antonio Olaguer y Feliú recordó que mientras estaba al frente del gobierno de Montevideo, en 1799 se hicieron conocer pasquines de gente mal intencionada “con que intentaban persuadir la figurada libertad”.

Más tarde, al firmarse la paz con la República Francesa y estrecharse las relaciones con la misma, fue casi imposible impedir el paso de la propaganda revolucionaria y Montevideo debió abrir las puertas a muchos navíos galos cuyas tripulaciones venían inficionadas del mal que se pretendía evitar. Entre los afrancesados montevideanos se encontraba José Ramón Milá de la Roca, que según Bernardo Gregorio de las Heras en carta del 16 de diciembre de 1798, hacía “de apoderado y alcahuete de todos los franceses”. [14]

Milá de la Roca, comerciante y hacendado nació en Cataluña en el año 1769. Educado en su patria participó de la filosofía liberal de la época.

Arribó al Río de la Plata en 1790, trayendo grandes capitales dedicados al comercio. En julio de 1798, resultó electo diputado del Consulado de Montevideo, pero no quiso recibirse del cargo, lo que motivó un pleito del que se liberó dos años después.

Para evitar los alcances de los decretos virreinales, pasó a Buenos Aires, y así transcurrió el bienio del cargo para el que había sido elegido. En octubre de 1802 ya estaba en la metrópoli porteña, y reclamó del Consulado la devolución de los impuestos cobrados a la entrada de mercaderías rioplatenses en el puerto de La Habana.

Intervino destacadamente en las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y tuvo tratos con Santiago de Liniers. Se puso al lado de los “afrancesados”, pero sufrió mucho con la derrota de José I, hasta que pudo salir de la Península y volver al Río de la Plata.

Fue amigo del doctor Manuel Belgrano durante más de un cuarto de siglo. Lo último que se sabe de este personaje es su nombramiento como miembro del Consulado de Buenos Aires en 1821.[15]

Nicolás Gregorio de Herrera, jurisconsulto, político y diplomático, nació en Montevideo el 8 de septiembre de 1774. Fueron sus padres Miguel de Herrera y Catalina Ximénez, pobladores de dicha ciudad.

Cursó sus primeros estudios de latinidad en el convento de San Francisco, pasó luego a continuar la carrera de jurisprudencia en la Universidad de Córdoba a la que ingresó en 1793 y posteriormente,  en Chuquisaca se recibió de bachiller y licenciado en cánones el 31 de mayo de 1795. Se trasladó a España con el objeto de concluir allí sus estudios, los que terminó el 21 de mayo de 1799, graduándose de abogado en los Reales Consejos de Castilla.

En 1801 regresó a Montevideo donde ejerció la profesión de abogado, y cinco años después el cabildo local lo comisionó para defender los intereses de su ciudad natal en la corte de Madrid e informar sobre la victoria sobre los ingleses, obteniendo para ella, el título de “Muy fiel y reconquistadora”, como algunos privilegios para su comercio. Fue ministro de la Real Hacienda, y en la Revolución de Mayo concurrió a las deliberaciones que se llevaron a cabo para el reconocimiento de las nuevas autoridades.

Posteriormente apoyó las pretensiones de la princesa Carlota de Borbón y asesoró a Felipe Contucci en los asuntos rioplatenses. Hábil redactor de nota, en esas circunstancias, debió hacerse cargo de la “Gaceta de Montevideo”, aparecida el 8 de octubre de 1810, y cuya imprenta fue enviada desde Río de Janeiro para contrarrestar las doctrinas de la prensa de Buenos Aires.

Después de la batalla de Las Piedras, fue desterrado de Montevideo por el gobernador Francisco Javier de Elío, trasladándose al campo sitiador patriota. Fue nombrado ministro de Guerra y Hacienda, tocándole desempeñarse conjuntamente con Bernardino Rivadavia.

Partidario de Carlos de Alvear, a su caída sufrió prisión por los vencedores de éste último, junto con otras personas notables. Posteriormente colaboró con los portugueses y los brasileros en la Banda Oriental, recibiendo el título de conde del Rosario y tres millones de reis anuales a pagarse con las rentas de la Provincia Cisplatina. Falleció en la villa de Santa Lucía el 28 de febrero de 1833, a los 58 años de edad.[16]

Los diputados Milá de la Roca y Herrera presentaron dos “Memorias” sobre la situación del Virreinato del Río de la Plata. En la primera titulada “Memoria presentada en Bayona por José R. Milá de la Roca y Nicolás de Herrera sobre el Virreinato del Río de la Plata para lograr su progreso”, fechada en Bayona el 28 de junio de 1808, proponían 22 principios esenciales en que debían fundarse la prosperidad general de las provincias del Río de la Plata.[17]

Entre esos principios se destacaban: “1°) Realización de un plano exacto de las provincias del Río de la Plata; 2°) Ordenar al comandante de Buenos aires el ataque y toma de San Pedro y Porto Alegre, a fin de obtener el comercio exclusivo de los cueros y evitar el contrabando y usurpación de ganados y tierras de los portugueses; 3°) Extensión de las fronteras de Buenos Aires hasta el río Negro en la costa patagónica. El territorio recuperado de los indígenas sería distribuido gratuita y proporcionalmente entre todos los habitantes que quisieran poblarlo; 4°) Formación de un código municipal, civil y de comercio”.

Al día siguiente, el 29 de junio, se presentó el segundo documento titulado “Memoria presentada en Bayona por José Milá de la Roca y Nicolás de Herrera con los medios conducentes para asegurar la adhesión y fidelidad de los habitantes del Río de la Plata a la política napoleónica” [18], basado sobre dos puntos esenciales para asegurar la conservación de la provincias rioplatenses: “1°) Manifestar las justicia y la ventaja del nuevo sistema; 2°) Poner al país en condición de defenderse contra las tentativas de los enemigos”.

Para llevar a los hechos el primer punto sería fundamental hacer saber a los pueblos su incorporación a la metrópoli; protección de su libertad civil y la capacidad de sus habitantes para pretender a todos los empleos públicos. Asimismo sería necesario reconocer los servicios importantes prestados por los habitantes en las invasiones inglesas y por los cuales no tuvo Carlos IV ninguna consideración.

 

 

5. Repercusión en el Plata. Desconfianza hacia Liniers

 

En mayo de 1808, y como una reacción contra la invasión napoleónica, comenzaron a erigirse en España “juntas” de gobierno, cada una de las cuales se decía ser única depositaria de la autoridad del rey cautivo Fernando, en cuyo nombre obraban. Después de algunos enfrentamientos, provocados por desinteligencias entre las numerosas juntas –celosas de su autonomía- se constituyó en Aranjuez un gobierno central, el 25 de septiembre.

Tal organismo tomó el título de Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, y la constituían representantes de las juntas locales –aunque no de todas-. Ante el avance francés, se trasladó a Sevilla el 17 de diciembre de 1809, y más tarde a la isla de León en enero de 1810. Aquí fue disuelta en seguida, y reemplazada por un Consejo de Regencia.[19]

Las juntas españolas plantearon desde un comienzo la desconfianza sobre la lealtad de los reinos de Indias, de cuya ayuda financiera dependía en gran medida el destino de la Península. Echaron mano a toda clase de recursos posibles para retener las colonias en su dominio, compitiendo para ello con la pertinaz acción bonapartista, entre cuyas banderas de propaganda estaba la Constitución dada en Bayona, que reconocía los derechos y ambiciones de los americanos.[20]

Sin embargo, los americanos, enfrentados al peligro de la invasión francesa y la disolución de la monarquía, admitieron en general las órdenes que recibieron de Sevilla y a los enviados del gobierno provincial -no lo hicieron por ejemplo en Nueva España, y en Buenos Aires medió un corto período de duda-. En algunos casos encontraron en el “juntismo” peninsular el modelo para promover ellos mismos la modificación del poder político local, constituyendo juntas como por ejemplo la impulsada por Elío en Montevideo para independizarse del virrey Santiago de Liniers de Buenos Aires, o la que intentó formar el alcalde de Buenos Aires Martín de Alzaga para separarse de la misma autoridad.[21]

Francisco Bruno de Rivarola en 1809 afirmaba que distinta sería la situación de las provincias del Río de la Plata si tuvieran voz y voto en las Cortes, entonces reinaría la justicia y la equidad: “¡Qué distinto aspecto de pública felicidad brillaría en las provincias del Río de la Plata si se adoptase el pensamiento de que sus ciudades capitales tuviesen voz y voto en las Cortes! Entonces se renovaría la faz del pueblo argentino. Reinaría la justicia y la equidad. Florecerían las ciencias y las artes, la agricultura, el comercio y navegación tomarían incremento y saldría de un sinnúmero de trabas que oprimen a estas ocupaciones útiles”.[22]

Los intentos franceses por acercarse a América merecieron el repudio generalizado y casi unánime, tanto por parte del gobierno metropolitano –al que las autoridades locales siguieron fielmente-, como de los futuros revolucionarios rioplatenses. El envío de un emisario de Napoleón a Buenos Aires para  entrevistarse con Liniers, reproducida en Caracas con las gestiones de Lamanón ante el capitán general de Venezuela, fueron fracasados ensayos del emperador francés para ganar la adhesión a su política, que pusieron en evidencia la inutilidad de los recursos diplomáticos.[23]

La Suprema Junta de Sevilla desconfiaba de Liniers y remitió un oficio al brigadier Molina para que se tomara precaución sobre el virrey de origen francés: “Esta Junta Suprema ha tenido noticias de que el Emperador de los franceses tiene dispuesto seducir la fidelidad del virrey interino de Buenos Aires don Santiago Liniers de nación francés con cuyo motivo ha acordado que V.S. toque en este punto con la debida precaución…preparando si fuese preciso los ánimos de aquellos naturales para que defiendan la causa de nuestra religión, de nuestro legítimo soberano y de la patria apoderándose si las circunstancias lo exigiesen de la persona del virrey, y entregando el mando de las tropas al oficial que considere más digno dicho reverendísimo obispo y, acuerdo de la real audiencia tomando las demás medidas que lo dicte su celo y exijan las circunstancias”.[24]

Lo cierto es que Liniers, caballero con sentimientos de honor y lealtad a un rey lejano al que juró servir con su buen nombre desde su juventud, acabaría fusilado por las tropas enviadas por la Junta porteña en Córdoba el 26 de julio de 1810.

 

 

6. Conclusiones

 

La sanción del que Eduardo Martiré ha dado en llamar Nuevo Derecho Indiano, de corte liberal, se produjo en medio de especiales circunstancias históricas para España y sus dominios.[25] Para Napoleón “dos fragatas” y dos palabras mágicas: “libertad de comercio y gobierno constitucional” habían de lanzar a los americanos en sus brazos.

Era la primera vez en la historia de las Indias, que estos territorios concurrirían a integrar las Cortes españolas. A pesar de que se trató de un documento directamente dictado por el invasor francés y no se reconoció en los reinos de Indias, lo cierto es que el Estatuto de Bayona constituyó la primera experiencia constitucional española y, aunque resulte paradójico, influyó en la que sería la primera Constitución elaborada y aprobada por los españoles en Cádiz, en 1812.

Obviamente, la vida de los afrancesados se complicó a la caída del régimen intruso. La represión popular fue terrible –venganzas, linchamientos, denuncias-, y a ello sucedió, al retorno de Fernando VII, una dura represión que llevó a muchos de ellos al exilio.

Tras la caída de Napoleón, el rey José se exilió a Estados Unidos. Su intención fue vivir una plácida existencia burguesa y básicamente lo consiguió.

En 1816 una comisión de patriotas hispano-mexicanos le ofrecieron la corona de México y ante este ofrecimiento respondió: “Vuestro gesto me asombra, me emociona y me enorgullece. Pero después de probar las excelencias de las formas republicanas para los países de América, os aconsejo que adoptéis tal régimen en México como un don precioso del cielo”.[26]

 

* Abogado. Docente de Historia del Derecho Argentino en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. Miembro de los Institutos de Historia del Derecho y Derecho Político del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

 



[1] Advierte Zorraquín Becú que la organización política y administrativa de Hispanoamérica revela una gran ductibilidad, una enorme aptitud inicial para crear instituciones, no sobre la base de ideologías preconcebidas, sino sobre una base empírica que las adecuaba a los fines de la Corona. La religión, el derecho natural y la prudencia política, al ser factores que impidieron el avance del poder, forjaron el admirable equilibrio de un sistema a la vez fuerte y respetuoso del derecho, sin contrapesos humanos pero limitado por las leyes divinas y por las normas morales (ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo, La organización política argentina en el período hispánico, Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, 1962, pp. 52-53).

[2] GARRIGA, Carlos, “Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV”, en MARTIRÉ, Eduardo (Coordinador), La América de Carlos IV. Cuadernos de Investigaciones y Documentos, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2006, vol. I, p. 96.

[3] Burkholder y Chandler llaman “Edad del Poder” al período entre 1750 y 1808, donde se realizaron las grandes reformas políticas, militares y económicas y señalan el enojo de ciertos americanos por la fuerza demostrada por la Corona. La creciente prosperidad fomentó las ambiciones de los americanos por ocupar cargos de responsabilidad y poder, en un momento en que las autoridades se propusieron limitar la influencia directa e indirecta de las familias criollas en el gobierno del Nuevo Mundo. La Corona había exigido y obtuvo un fuerte apoyo económico de las colonias, pero después de 1750, a cambio de él, concedió muy pocos beneficios personales a sus súbditos de ultramar por su colaboración. (BURKHOLDER, Mark A.-CHANDLER, D.S., De la impotencia a la autoridad. La Corona española y las Audiencias en América 1687-1808, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 125).

[4] MARTIRÉ, Eduardo, 1808: La clave de la emancipación hispanoamericana (Ensayo histórico-jurídico), Buenos Aires, El Elefante Blanco, 2002, p. 76.

[5] MARTIRÉ, Eduardo,”La importancia institucional de la Constitución de Bayona en el constitucionalismo hispanoamericano”, en Historia Constitucional (Revista electrónica) n° 9, Madrid, 2008, pp. 1-6 (http: hc.rediris.es/09/index.html).

[6] El religioso mexicano fray Servando T. de Mier, exiliado en Francia, fue testigo de la promulgación del Código Civil de Napoleón y lo calificó como un “Código excelente” (MIER, Fray Servando Teresa de, Memorias, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1994, p. 105).

[7] TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, “Las observaciones de Benito de la Mata Linares a la Constitución de Bayona”, en TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, La ley en América Hispana. Del Descubrimiento a la Emancipación, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1992, pp. 251-265.

[8] TIERNO GALVÁN, E.[nrique], Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936), Madrid, Editorial Tecnos, 1968, p. 3.

[9] Ídem, p. 15

[10] Ibídem, p. 14.

[11] Ibídem, pp. 7-8.

[12] Ibídem, pp. 16-18.

[13] Las ideas del siglo XVIII habían prendido también en América, por influencias recibidas de los propios pensadores españoles o por conocimiento directo de los libros más destacados de ese tiempo. Estas ideas penetraron especialmente en aquellas ciudades privilegiadas por su ubicación estratégica o por su actividad comercial. En el ámbito del Río de la Plata, ello aconteció particularmente con Buenos Aires y Montevideo, donde se advertía a principios del siglo XIX el influjo de los nuevos valores económicos y sociales (TAU ANZOÁTEGUI, Víctor-MARTIRÉ, Eduardo, Manual de Historia de las Instituciones Argentinas, Buenos Aires, Emilio J. Perrot, 2005, p. 276).

[14] MARILUZ URQUIJO, José M. El Virreinato del Río de la Plata en la época del Marqués de Avilés (1799-1801), Buenos Aires, Plus Ultra, 1988, p. 501.

[15] CUTOLO, Vicente Osvaldo, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, Buenos Aires, Editorial Elche, 1971, t. IV, p. 555.

[16] Ídem, t. III, pp. 580-582.

[17] Mayo documental, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1962, t. II, pp. 17-20.

[18] Ídem, pp. 22-27.

[19] RADAELLI, Sigfrido, “Las juntas españolas de 1808. Errores y fantasías de nuestros historiadores”, en Anuario de Historia Argentina. Año 1939, Buenos Aires, Sociedad de Historia Argentina, 1940, vol I, pp. 579-580.

[20] Señala Eduardo Martiré que ante la desaparición de la dinastía de los Borbones y su reemplazo por los Bonaparte, se pensó en algunas salidas, entre ellas figuró la infanta Carlota Joaquina como legítima sucesora de la Corona española. Apoyada por los moderados españoles y algunos americanos, en cambio tuvo fuerte oposición del grupo “revolucionario” que dominaba las Cortes, dado su pensamiento tradicionalista y su fuerte personalidad (“Carlota Joaquina en las Cortes españolas (1789-1814)”, en MARTIRÉ, Eduardo (Coordinador), La América de Carlos IV. Cuadernos de Investigaciones y Documentos, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2008, vol. IV, pp. 218-219.

[21] MARTIRÉ, 1808: La clave de la emancipación hispanoamericana…, pp. 275-276.

[22] RIVAROLA, Francisco Bruno de, Religión y fidelidad argentina (1809), Estudio preliminar de José M. Mariluz Urquijo, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1983, p. 152.

[23] HEREDIA, Edmundo A., “El contexto internacional antes y después de las invasiones inglesas”, en ASPELL, Marcela-BISCHOFF, Efraín U.-CALVIMONTE, Luis Q.- DE LA CERDA DONOSO, Jeanette C.- GARZÓN, Rafael-HEREDIA, Edmundo A.-LLAMOSAS, Esteban F.-SAGUIER FONROUGE, Alberto- TEJERINA CARRERAS, Ignacio G., Santiago de Liniers y las invasiones inglesas, Córdoba, Junta Provincial de Historia de Córdoba, 2006, pp. 30-31.

[24] Mayo documental, t. II, p. 83.

[25] MARTIRÉ, Eduardo, “Las Indias en la Constitución de Bayona. Un nuevo Derecho Indiano”, en Actas y Estudios del IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Madrid,  Universidad Complutense, 1991, t. I, p. 348.

[26] QUERALT DEL HIERRO, M. Pilar,  “La aventura del exilio”, en Historia y vida n° 450, Barcelona, Septiembre 2005, pp. 54-55.