Amicus curiae.
El amigo de los pibes

 

Ricardo Carlos Köhler*

 

 

Sin ánimo de faltarle el respeto a los lectores de esta prestigiosa revista electrónica, por su evidente originalidad, propongo un título que en lunfardo y metafóricamente alude a la institución del amicus curiae y a su reciente intervención en un proceso judicial referente a la utilización del predio denominado: “Puerto pibes”.

Recreando la institución del amicus curiae, antiguamente el amigo del tribunal meramente ilustraba al mismo con sus aportes a la causa. Actualmente, su campo de acción ha mutado y se lo observa desprovisto de la neutralidad de otrora, trocando por una evidente parcialidad. Para tal fin, aporta elementos de hecho o de derecho para la resolución de la litis.

Su utilización se ha generalizado, y pasó a ser moneda corriente en los más diferentes fueros e instancias internacionales, siendo hoy un lugar común que presentaciones de este tipo se formalicen ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como ante sus similares de Europa y Africa.

Precisamente, abrevando en el derecho internacional y en el anglosajón, esta institución en la última década, en la Argentina dio un gran salto cuantitativo al convertirse en una saludable costumbre ante nuestros tribunales, con tenue recepción legal expresa.

 

 

 

 

Referencias históricas.

 

El amicus curiae como tantas otras figuras jurídicas, tiene su origen veinte siglos atrás, en el ámbito del Derecho Romano, de allí su denominación del latín, cuya traducción literal significa amigo de la Corte.

Tal antecedente surge precisamente durante la etapa republicana, en circunstancias en que Cicerón[1] pronunciara un encendido discurso[2] en contra de Lucio Catilina[3], a quien acusara ante el Senado de Roma inicialmente por cohecho y a posteriori, por tentativa de homicidio y rebelión; cargos que provocaran la pérdida de la candidatura a cónsul  y el destierro de Catilina.

Dicha institución fue recogida por el derecho inglés desde tiempos inmemoriales, hallamos como un antecedente –lego- a la figura examinada, que existió a partir del año 1066 la curia regis, que era un grupo itinerante de nobles y obispos que asesoraban al rey donde este se encontrara, con funciones administrativas y judiciales.

Un dato no menor[4], es que la instauración normativa de la figura del amicus curiae en Inglaterra (y con ello un mayor protagonismo del pueblo en las decisiones judiciales), se produjo durante el reinado de Enrique IV que se extendió desde 1399 a 1413, con la particularidad que dicho monarca contaba con una endeble autoridad real.

A posteriori, esta práctica inglesa fue trasladada a sus colonias, particularmente al comon law norteamericano, con activa participación e influencia jurisdiccional en el caso de instituciones públicas.

 

 

Ámbito de aplicación en el Derecho Anglosajón.

 

Como se destacara esta figura tuvo acogida principalmente en el derecho anglosajón, siendo receptado por la legislación del Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), Canadá, Australia, India, Nueva Zelanda, Hong Kong, Sudáfrica, y principalmente en los Estados Unidos.

En este país el primer caso data de 1812 en los autos: “The Schooner Exchange vs. McFadden”, siendo admitido como amicus curiae el Abogado General de los Estados Unidos en una causa relativa al derecho de la navegación[5]. Transcurrió un siglo para que también fuera admitido un particular como amicus curiae, a través de pequeñas asociaciones para la defensa de los intereses privados[6].

Con relación a ello, se registra estadísticamente el record de presentaciones en el caso: “Webster v Reproductive Health Services” con 46 intervenciones a favor del apelante y 32 en pro de la apelada. Dichas presentaciones representaron a 335 organizaciones, 140 legisladores, 167 científicos, 608 legisladores estaduales, 896 profesores de leyes y miembros de religiones católica, protestante y judía, entre otras.

En la Unión es notoria la diferencia entre los dos grupos de amicus, el amicus público o governante y el privado, aquel goza de amplias facultades judiciales similares a la parte, en tanto las atribuciones de los privados son marcadamente más atenuadas y con el paso del tiempo se tornaron más interesados con el resultado del pleito.

Además, se traza otra diferencia en cuanto a que el amicus privado requiere del previo consentimiento de las partes e indicará las fuentes de financiamiento, en tanto el público prescinde de tales recaudos.

En líneas generales la doctrina critica la intervención del amicus curiae privado, por interpretar que sólo constituyen una manera de burlar los recaudos legales requeridos para admitir la intervención de terceros en un proceso judicial[7].

Al respecto, son célebres las intervenciones en dos casos de fuerte incidencia en materia de derechos existenciales, nos referimos a:

Roe c/ Wade. Caso que dividió a la población entre pro abortistas y contrarios a tal postura o pro vida (la del feto), numerosos escritos se presentaron como amicus curiae adoptando alguna de las posturas descriptas, incluso Hugh Heffner (fundador de la revista de contenido erótico “Play Boy”). Jane Roe en 1970 a través de una acción declarativa cuestionó la constitucionalidad de las leyes del estado de Texas (y con ello, los de toda la Unión que eran uniformes al respecto), referentes a la prohibición de abortar. Para ello, alegó que su embarazo se originó en una violación. Al fallar la Corte del Distrito hizo lugar al aborto, sin emitir un mandamiento a favor de la actora.

Apelada, la causa arribó a la Corte Suprema (y con el nacimiento ya consumado) en el año 1973 y sobre la base de la enmienda XIV de la Constitución Nacional reconoció el derecho de la mujer para abortar, hasta el momento en que el feto se transformara en viable fuera del útero materno, estimando para ello el tiempo de 28 semanas de gestación.

Cuadra destacar que posteriormente a la sentencia, las nóbeles abogadas de Roe admitieron que habían tergiversado la realidad de los hechos, por cuanto la actora no fue embarazada como consecuencia de una violación. [8]

Jodie c/ Mary. Otro caso de alta sensibilidad y rodeado de aspectos bioéticos es el presente, donde se debatiera la intervención quirúrgica de gemelas siamesas, quienes compartían órganos vitales. Las opiniones vertidas por los amicus curiae así como los dictámenes médicos no aseguraban el éxito de la operación destinada a separar a tales gemelas, intervención que al aprobarse según algunos atribuiría al juez las facultades que sólo Dios puede ejercer válidamente: decidir sobre la vida o la muerte de las personas.

Finalmente, la sentencia dispuso la operación, que culminó en la tragedia, al fallecer ambas gemelas[9].   

 

 

Ámbito de aplicación en el Brasil. 

 

En el caso de nuestro querido país vecino, la República Federativa del Brasil, su acogida jurisprudencial es relativa, incorporándoselo a la legislación positiva de manera implícita a través de diversas leyes y para casos específicos y  presenta activa intervención dentro del campo de la acción de inconstitucionalidad[10].

La primera ley que contempló la figura es la nº 6.385 que data del año 1976, y que en su artículo 31 prevé que la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios (CVM) se podrá presentar en carácter de amicus curiae en procesos judiciales de derecho societario, en tanto litigaren entidades sometidas a su fiscalización (por cotizar públicamente sus acciones).

Ya en la década del 90 dos leyes también la prevén, la nº 8.884 de junio de 1994 que  habilita al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), para intervenir en tal carácter y  obligatoriamente cuando el proceso tuviere interés para el mercado de capitales.

De manera análoga, la Ley 8.906 de julio de 1994 consagra la intervención obligatoria de la Orden de Abogados del Brasil (OAB) en todo litigio donde se debatan cuestiones relativas a la precitada normativa.

De similar manera, la ley nº 9.279 de mayo de 1996 habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para intervenir en el carácter de amicus curiae en todo proceso relativo a la propiedad industrial.

La ley 9.469 de 1997, mediante su artículo 5 autoriza la intervención analizada en procesos por control abstracto de inconstitucionalidad que se ventilen ante el Supremo Tribunal Federal[11].

Establece la ley examinada que el tercero que con carácter excepcional se presente deberá acreditar representatividad adecuada, requiriéndose a la luz del art. 103 de la Constitución Federal, que la pretensión deducida por el tercero ostente pertinencia directa con sus objetivos institucionales o constitutivos[12].

Bajo el marco de esta última ley, son numerosos los casos judiciales en los que se presentaron y fueron admitidas diversas entidades como amicus curiae, se pueden citar por ejemplo: 1) la  participación de la Asociación de Magistrados Catarinenses fue aceptada en un proceso por inconstitucionalidad de la resolución administrativa del Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina relativa al monto de las remuneraciones de los desembargadores locales activos e inactivos; 2) entidades del movimiento negro de Río de Janeiro y de San Pablo, para vertir opiniones referentes a la inconstitucionalidad de leyes sobre otorgamiento de becas de estudio universitarias ante el Superior Tribunal de Justicia; 3) la Federación de Empresas de Seguro Privado y Capitalización en un proceso donde se cuestionara la transferencia por ley ordinaria de atribuciones del Instituto de Reaseguros de Brasil a la Superintendencia de Seguros Privados; 4) la presentación de numerosos organismos vinculados con la salud en el proceso por inconstitucionalidad entablado por el Estado de Río de Janeiro cuestionando facultades otorgadas al Consejo Nacional de Salud; 5) la presentación de la Orden de Abogados del Brasil en la acción que cuestionara parcialmente la constitucionalidad de la Ley Nº 8.906 del año 1994 o Estatuto de la Abogacía; 6) la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA) y el Sindicato de Metalúrgicos de ABC en acción que cuestionara la constitucionalidad del Convenio de Cooperación Técnico-Institucional para fines de acceso al Sistema “Bacen Jud” que posibilita al juez laboral la traba de inhibiciones vía internet; 7) la Asociación Mato-Grossense de Magistrados (AMAN) fue admitida en acción que cuestionara las costas porcesales en el Estado de Mato Grosso del 12% del monto del proceso; y  para finalizar 8) la Asociación de Abogados de San Pablo fue admitida en acción que cuestionara la constitucionalidad del art. 19 de la Ley 11.033 del año 2004 según la cual el levantamiento de las medidas precautorias dependía del certificado negativo de parte del acreedor[13]. Recientemente, se acordó la intervención del amicus curiae en un proceso relativo a la utilización de cédulas tronco embrionarias para fines científicos, en aquel carácter se presentaron diversas ONG, a saber: Comité de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos, Movimiento en pro de la vida, Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género y la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil.

Es decir que de la compulsa citada surge, que la figura en cuestión alcanzó legitimación popular y su verdadero impulso a fines del año 1999, ya que con anterioridad, tan sólo se admitía en tal carácter a organismos públicos específicos, la CVM o al CADE.

Más aún, la doctrina y jurisprudencia le confiere facultades al amicus curiae admitido en dichos procesos para entablar recursos de apelación contra las decisiones los agraviaren.[14]

En tal sentido, la doctrina brasileña sostiene que la globalización tiene como consecuencia la revisión del proceso judicial y con ello, la aparición de figuras foráneas como es el caso de la intervención del amicus curiae, que ganará más revuelo cuanto el thema decidendum tenga razones de interés público, o sea cuando la cuestión ostente gran trascendencia[15].

También la Ley 9.784 de 1999 que regula el proceso administrativo recepta la figura.

Cuadra destacar que la expresión amicus curiae, únicamente surge de manera expresa en la legislación brasileña a través, de la Resolución nº 390 del 17 de setiembre de 2004 del Consejo de la Justicia Federal, órgano encargado de uniformar la jurisprudencia en cuestiones de derecho material ante los Juzgados Especiales en lo Civil y Criminal Federal en materia recursiva, admitiendo en tales incidentes la presentación de memoriales de amicus curiae.

La ley 10.259 del año 2001, en su artículo 14 lo prevé para el ámbito de los Juzgados Especiales Federales.

Las leyes 11.417 y 11.418 del 2006, regulan la figura para el procedimiento ante el Superior Tribunal de Justicia.

Por último, el art. 482 del Código Procesal Civil prevé el control difuso de constitucionalidad, en este caso, los autores están divididos entre los que consideran que la figura bajo análisis es admitida (la mayoría de la doctrina entre los que se cuenta a Pedro Lenza)[16] y quienes la rechazan (Scarpinella Bueno).

 

 

 

Su aplicación en la Argentina

 

Ámbito nacional

 

La figura que se trata, lejos de repugnar a las normas procesales, ha sido admitida por el Congreso de la Nación para ciertas situaciones especiales, a partir de la última reforma constitucional, nos referimos particularmente a las Leyes 24.488 y 25.875. Además, para el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dictaron las Acordadas Nº 28/2004 y 14/2006.

Ley Nº 24.488. Con respecto a esta norma, originariamente -como señala Uzal[17]- nuestra Constitución nada preveía sobre la inmunidad de jurisdicción de los estados y representantes diplomáticos extranjeros.

Ley Nº 25.875. Seguidamente pasaremos al análisis de la segunda de las normas que institucionaliza la figura del Procurador Penitenciario dentro del ámbito del Poder Legislativo Nacional[18], asignándole diversas funciones, entre ellas la de AC, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su objetivo fundamental es proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal.

El 14 de julio de 2004 mediante la Acordada nº 28/2004 la Corte Suprema Nacional se expidió explícitamente por la admisión del amicus curiae en asuntos radicados ante ella. Cabe acotar que el silencio guardado por la Corte hasta esa fecha había generado una cierta dificultad para descifrar cuál sería su posición sobre el tema.

Una segunda Acordada del Cimero Tribunal sobre el tema, individualizada bajo el nº 14/2006, el 3 de mayo de 2006 reglamenta a la anterior y dispone en el ámbito de sus Secretarías la publicación del listado de causas en trámite en las que puntualmente se invita a la participación  del amicus curiae.

Es así que, durante el mes de agosto del año 2006, el tribunal Cimero habilitó por primera vez vía internet, la participación de los amicus curiae en el expediente: “Juplast S.A. c/ E.N. y AFIP s/Amparo”, y relativo a la aplicación del ajuste por inflación para determinar el impuesto a las ganancias.   

 

 

Ámbito local.

 

Las provincias argentinas no prevén legislación específica para la figura tratada, y en algunas ocasiones judicialmente fueron admitidos al amparo de cláusulas constitucionales sobre la participación ciudadana y la doctrina imperante en la materia; también recurren para su admisibilidad a la interpretación analógica de las acordadas de la Corte Suprema.

Particularmente dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el amicus curiae está previsto en la Ley nº 402 que regla -entre otros- el procedimiento de las acciones declarativas de inconstitucionalidad o judicial review ante el Tribunal Superior de Justicia, norma que entró en vigencia el día de su publicación, esto es el 17 de julio de 2000.[19]

En la especie, una vez agregado el escrito del asistente oficioso, si el Tribunal lo considera conveniente, el presentante puede ser citado a audiencia pública (en algunos casos televisada) previa a los alegatos.

El texto establece que cualquier persona puede actuar como amicus curiae, lo que torna amplísima su legitimación, ya sea un particular, un grupo de individuos, una ONG, un organismo público o la Defensoría del Pueblo.

 

 

Los amicis curiae en el procedimiento judicial argentino.

 

Los amicis curiae registran una actividad “in crescendo” en los procesos judiciales, admitidos originariamente por vía pretoriana (excepto casos de legislación específica que los prevé), a nivel interno, sea de competencia federal, nacional o local.

El primer antecedente judicial que admite la participación del amicus curiae en nuestro país se remonta al 18 de mayo de 1995, es la denominada: “Causa nro. 761. Hechos denunciados como ocurridos en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (E.S.M.A.)”[20]. En tal proceso penal Emilio Mignone padre de la desaparecida Mónica María Mignone elevó ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (en pleno, sus dos Salas) una solicitud de investigación por los hechos ocurridos en la Argentina entre los años 1976 y 1983, que presuntamente motivaron la desaparición de su hija, por parte del grupo de tareas que cumpliera funciones en la ESMA.

Promediando el año 1995 se presentó un memorial como amicus curiae por parte de dos organismos no gubernamentales (ONG) internacionales de derechos humanos: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Human Rights Watch/Americas (HRW), quienes en sus libelos aportaron al tribunal de la causa argumentos de derecho internacional referentes a la obligación del Estado de brindar información veraz, y a la vez, reclamaron la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la verdad en favor de los familiares de desaparecidos.

La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional por mayoría de votos, consideró admisible dicha presentación en atención a los aportes teóricos que eventualmente pudieren contribuir a la resolución definitiva del caso y además, estimó comprendida la intervención del “amicus curiae” dentro del art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instrumentos legales incorporados al art. 75 inc. 22 de la CN a través de la reforma de 1994.

Como posible estándar para su incorporación procesal, se estableció que las presentaciones debían ser realizadas por organizaciones no gubernamentales que persiguieran un interés válido y genuino en el tema y, además, acreditaran una especialización en él. También, se afirmó la necesidad de que la materia a opinar resultara un caso de amplio interés público.

El voto en disidencia emitido por la juez Riva Aramayo considera no admisible tal presentación; ello, ante la falta de norma procedimental que contemple la figura, y además, que dicha intervención conculca el principio iura novit curia.

Por último, cuadra destacar que actualmente, la Cámara Federal dispuso la reapertura de la causa.

 

 

Versatilidad de la figura.

 

Su intervención en los distintos fueros en razón de la materia es indudable, de allí su utilidad, ya que originariamente parecería concebida para cuestiones penales, no obstante la agudeza de nuestros juristas permitió su introducción en los más bastos intereses en juego.

Una rápida recorrida de algunas causas donde se las planteara nos dará mayor coincidencia con lo apuntado: “ Sterla, Silvia s/ interrupción de la prisión preventiva”, que tramitara por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, de ésta ciudad, a cargo en esa causa de la Dra. María Servini de Cubría donde se sometiera a consideración del Juzgado la excarcelación de una detenida infectada con HIV[21].

“Astiz, Alfredo Ignacio s/pedido de extradición”, tramitada durante el año 2003 ante el Juzgado Federal de Bahía Blanca  (Provincia de Buenos Aires), a cargo del Juez Claudio Tórtora, un grupo de organismos de derechos humanos, encabezados por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel[22], solicitaron ser considerados como amicus curiae en la causa iniciada por el pedido de extradición de Alfredo Astiz por parte de la justicia italiana. Ello, a raíz del presunto secuestro, tortura y posterior desaparición de tres personas de origen italiano, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en circunstancias en que el marino integraba los grupos de represión en ese centro naval[23].

Por su parte, en los autos: “Felicetti, Roberto y Otros s/ Recurso de revisión”, inicialmente la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín condenó en el año 1989 a Felicetti a la pena de reclusión perpetua con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, junto con otros veinte procesados por el copamiento del cuartel del Ejército Argentino sito en La Tablada, Provincia de Buenos Aires[24].

En “Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus” el periodista y aquí titular del Centro de Estudios Legales y Sociales interpuso acción de hábeas corpus correctivo y colectivo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas otras detenidas en tales lugares pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería cumplirse en centros de detención especializados. Asimismo, destaca la deplorable situación en la que se encuentran en dichos sitios las mujeres y los menores de edad[25].

Dentro de la esfera civil, una causa con hondo contenido bioético fue la iniciada el 17 de junio de 1993 mediante denuncia del eminente jurista director de esta revista electrónica: “Rabinovich, Ricardo David s/ medidas precautorias”, que tramitara ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 56, planteando que del matutino La Nación los días 14 y 15 de junio de ese año “surge que las personas y/o instituciones que en ellas se mencionan están practicando la técnica de congelamiento de personas por nacer, con diversas finalidades y absolutamente fuera de todo contralor por parte del Ministerio Pupilar y/o de los Jueces competentes”.

En materia comercial podemos citar al respecto la causa “Editorial Perfil S.A. s / Concurso Preventivo”. La editorial concursada promovió un incidente tendiente a que se declarase que habían quedado suspendidos por el plazo de 3 años (cf.  art. 20 de la Ley de Concursos) tanto el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 301/75, como también el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas[26].

Entre los precedentes contenciosos de índole administrativa, en la causa ”Provincia de San Luis c/Estado Nacional s/amparo”, entablada directamente como instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto que el Banco de la Nación Argentina restituyese en la moneda de origen –dólar estadounidense- fondos públicos pertenecientes a la provincia mencionada y depositados en dicha entidad bancaria, impugnando con ello la normativa que conformaba el denominado “corralito financiero” y la “pesificación” de ahorros en moneda extranjera[27].

Por último, dentro de la competencia de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha verificado un activismo judicial creciente en la materia. Al respecto, el primer precedente que cuadra citar es: “Valdés, Eduardo F. V Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, que trascendió bajo el nombre de la “causa de los cartoneros” y que refiere a la validez de las Ordenanzas 33581 y 39874 que prohibían bajo pena de multa o clausura, la recolección, selección, remoción y venta de los desechos domiciliarios, por personas ajenas al servicio público de recolección de basura. Tal causa, tuvo una marcada incidencia social, económica y cultural[28].

En “Asociación Cristo Sacerdote y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo”, se presentó Xavier Ryckeboer, en su carácter de apoderado y miembro de la Asociación Cristo Sacerdote (entidad católica). Interpuso acción de amparo con el objeto de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se abstuviera de exhibir obras en una muestra artística, por considerar que éstas afectaban los sentimientos religiosos de la comunidad católica[29].

En la causa: “Liga de amas de casa, consumidores y usuarios de la República Argentina y Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. La liga mencionada y la Asociación Pro Familia, promovieron demanda a fin que se declarase la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 7 de la Ley nº 418 y su modificatoria nº 439, normativa referente a la salud reproductiva y procreación responsable[30].

 

 

 

 

La defensa de los derechos del niño. El caso “Puerto Pibes”

 

Puerto Pibes es un predio existente en el ejido urbano que cuenta con una capacidad suficiente para albergar aproximadamente ciento veinte niños o pibes  -como en otras epocas llamábamos los porteños a nuestros semejantes de escasa edad y grandes ilusiones-, destinado a actividades turísticas y esencialmente de esparcimiento y contención social, al frente del cual se encuentran las autoridades de la Escuela Municipal Nº 11, de esta ciudad.

Estas instalaciones ya cuentan con dos décadas de existencia y se localizan en la costanera norte en la autopista Cantilo y La Pampa, recibiendo anualmente un promedio de treinta mil niños y adolescentes de entre 6 y 21 años de edad.

Al visitar el predio el ministro de seguridad de la ciudad, Dr. Guillermo Montenegro, informó a la directora de la Escuela, que en adelante dichas instalaciones serán compartidas con los miembros de la “nueva” policía de la ciudad, previéndose la elevación de un muro que dividiría el predio en dos: de un lado la escuela y del otro la policía.

Como consecuencia de ello, para impedir la reducción del predio ante los tribunales de la ciudad se inició una causa judicial[31], caratulada:”PARADA, Liliana Beatriz c/ GCBA  s/ Amparo” (Expediente nº 33.567/09).

Oportunamente se presentó con fecha  22 de abril del corriente año el miembro del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Machaín, junto al abogado Juan Manuel Di Teodoro, como amicus curiae.

La jueza interviniente Dra. Andrea Danas, no se limitó al habitual: “Agréguese y téngase presente”, con que normalmente se despachan aquellas presentaciones, y dispuso proveer: "Se toma como prueba la documental presentada".
Sintéticamente el consejero
Machain aportó al Juzgado el acta que labrara en su visita a "Puerto Pibes" el día 1 de abril de 2009 donde comprobó la presencia de miembros de la Policía Metropolitana y más aún, la convivencia de estos uniformados armados, junto a los niños y niñas asistentes a la escuela referida, con quienes comparten las instalaciones.

Asimismo, invocó en su presentación argumentos constitucionales afines a la causa, como diversas convenciones internacionales con jerarquía constitucional, ente ellas: El Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Declaración Internacional del mismo nombre.
A mayor abundamiento, se destacó la flagrante violación de los principios de no regresividad y de progresividad, consistentes en la prohibición de volver a instancias anteriores de no cobertura o disminución de aquella, tanto en cuanto a la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños
.
Por último, en dicho proceso se ventilan aspectos relativos a la zonificación de la ciudad, que impedirían la utilización del predio para el nuevo destino.

 

 

Conclusión

 

En primer lugar deseamos destacar la versatilidad de posibilidades que nos brinda la figura del amicus curiae, permitiendo como surge precedentemente de las variadas presentaciones que se registran: desde aspectos netamente penales, a materias de índole civil, laboral y empresarial, hasta campear en el ámbito de los derechos existenciales, instalándose en la discusión jurídica de elementos que nutren de argumentación causas donde se debaten aspectos relativos al aborto, la eutanasia, la tutela de los derechos de los niños carenciados como se ventilan en el caso: “Puerto Pibes”.

Además, en los aciagos tiempos que corren, a pocos meses de cumplirse el segundo centenario de la Revolución de Mayo, debemos tener presente que nuestra participación en cuestiones de interés público, no se limita a la mera emisión de un sufragio para que “Otros hagan lo que deberían hacer y muchas veces no hacen”. Precisamente, existen otras herramientas que gradualmente descubrimos y nos legitiman para intervenir haciendo uso del principio republicano de gobierno.

En efecto, la figura –aun poco difundida- del amicus curiae nos permite ejercer en el ámbito jurisdiccional (e incluso en el administrativo) con mayor protagonismo la coparticipación en la “cosa pública”, agiornando el adagio de: “El pueblo quiere saber”, en: “El pueblo quiere saber y además, decir”.

Para finalizar, deseo destacar que al tomar conocimiento del caso “Puerto Pibes”, resultó una excelente ocasión para aportar estas líneas a favor de esta figura, aun con escasa difusión. 



* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Magíster en Derecho Empresarial. Especialista en Derecho de Daños. Especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial. Especialista en Derecho Bélico y Humanitario. Profesor de las Universidades de Buenos Aires y de Belgrano. Secretario de la Carrera de Posgrado en Ciencias Forenses (Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina)

[1] M. Tullius Cicero (106-43 ac), la filosofía de Cicerón no es, ciertamente original, pero la influencia que ha ejercido hace de ello una pieza indiscutible en la historia. En efecto, no solamente divulgó para el mundo romano lo más importante de la tradición intelectual griega, sino que muchas de sus obras fueron leídas con frecuencia por los filósofos posteriores, tanto paganos como cristianos. Cf. José FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ed. Ariel Filosofía, T 1 - AD, pag. 543, 2004. 

[2] CICERON, Marco Tulio, Obras completas, Madrid, Biblioteca Clásica, 1898, T IV, pág. 105,  (traducción Diaz Tendero, Fernández Llera y Calvo).

[3] Existen dos versiones de Catilina, “el malo o tradicional” inspirado en los discursos de Cicerón, y  “ el bueno” según Ernesto Palacio, cf. Rabinovich-Berkman, Ricardo D., Un viaje por la Historia del Derecho, Bs. As., Ed. Quórum, pag. 21.

[4] TERAN LOMAS, Roberto A., Historia de la Constitución Inglesa durante la Edad Media, Buenos Aires, LL, Páginas de ayer, año 4, nº 3, abril 2003, pag. 6.

[5] SCARPINELLA BUENO, Cassio, Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro, Um terceiro enigmático, Ed. Saraiva, 2006, Pag. 93

[6] SCARPINELLA BUENO, Ob. cit., Pag 93

[7] SCARPINELLA BUENO, Ob. cit., Pags 94/108

[8] 410 U.S. 113 (1973).

[9] Disponible en línea: http/www.johnnytourolawpops.demon.co.uk/poetry/articles/Jodieandmary,24/10/2007.

[10] GUSMAO CARNEIRO, Athos, Intervençao de Terceiros, San Pablo, Ed. Saraiva, 2001, pag. 151.

[11] Disponible en líena: jus2.uol.com.br/doctrina/texto.asp.

[12] SCARPINELLA BUENO, Ob. cit, pag. 141.

[13] SCARPINELLA BUENO, Ob. cit., pag. 148.

[14] SCARPINELLA BUENO, Ob. cit., pag. 171.

[15] GUSMAO CARNEIRO, Athos, Mandado de Segurança, Pareceres, Revista de Processo, San Pablo, pag. 219; Milton Luiz PEREIRA, Amicus curiae – intervençao de terceiros-, Dereito Procesal Civil, Brasilia, jul/set 2002, nº 18, pag. 83/86.

[16] LENZA, Pedro, Directo Constitucional Esquematizado, San Pablo, Editora Método, 2007,  pag. 226,.

[17] UZAL, María Elsa, La inmunidad de jurisdicción y ejecución de estados extranjeros (El rol del Estado Argentino como “Amicus Curiae”), Buenos Aires, LL-2003-C, pags. 1365/1375.

[18] Figura antiguamente dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, empero, al derogarse por dicha ley el decreto 1598/1993, en virtud del art. 31 del plexo legal vigente, cambió su dependencia funcional.

[19] LEY DE PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  Objeto.Artículo 1º — Los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derivados de los supuestos contemplados en el Art. 113 de la Constitución de la Ciudad se rigen por la presente ley...II - Acción Declarativa de Inconstitucionalidad. Procedencia. Art. 17 — La acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar si son contrarias a esa constitución o a la Constitución Nacional...Amicus Curiae Art. 22 — Cualquier persona, puede presentarse en el proceso en calidad de asistente oficioso, hasta diez (10) días antes de la fecha de celebración de la audiencia. En la presentación deberá constituir domicilio en la jurisdicción. Su participación se limita a expresar una opinión fundamentada sobre el tema en debate.
El/la juez/a de trámite agrega la presentación del asistente oficioso al expediente y queda a disposición de quienes participen en la audiencia. El asistente oficioso no reviste calidad de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que corresponden a éstas. Las opiniones o sugerencias del asistente oficioso tienen por objeto ilustrar al tribunal y no tienen ningún efecto vinculante con relación a éste. Su actuación no devengará honorarios judiciales.
Todas las resoluciones del tribunal son irrecurribles para el asistente oficioso.
Agregada la presentación, el Tribunal Superior, si lo considera pertinente, puede citar al asistente oficioso a fin de que exponga su opinión en el acto de la audiencia, en forma previa a los alegatos de las partes.

[20] Disponible en línea: cels.org.ar/site_cels: 19/5/2005.

[21] BAZAN, Victor, El amicus curiae , su incidencia en el debate judicial y la discusión acerca de la necesidad de interpositio legislatoris para su admisibilidad, Bs.As, Lexis Nexis, 2003, pag. 13.

[22] Se presentaron la Asociación de ex Detenidos –Desaparecidos , el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Plata y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

[23] LL 2004-B-pag. 22.

[24] LL 2001-B-145; LL 2001-B-64 y LL 2001-B-783.

[25] LL 26/5/2005, pag. 2.

[26] Suplemento de Concursos y Quiebras 2003 (diciembre), pag. 63.

[27] LL, Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, 4/4/2003, pags. 34/40.

[28] BAZAN , Ob. cit. , pag. 11.

[29] LL 2005-C-707. Caso llamado vulgarmente: “León Ferrari”.

[30] DJ 2004-1-258, LL 2004-B-413.

[31] Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nº 9.