Señor Director
Acabo de leer la nota del Dr. Schwab sobre el proyecto de ley de
protección de las personas por nacer y de las mujeres nacidas.
Sin ser penalista o especialista en derecho de familia, quiero
transmitir mi adhesión en general al proyecto de ley, si es que esta
adhesión es útil para la difusión del proyecto.
Adhiero a toda postura antiabortista -con las salvedades escasas que
hay que reconocer dadas ciertas circunstancias que, en todo caso, deben ser
extremas y probadas-.
El proyecto apunta a una protección de la vida tanto del
nasciturs como de la mujer, al desalentar que aquel sea violentado y al
promover que ésta sea asistida.
Desde tal quicio, el proyecto está en la dirección de lo que
impone el art. 75 de la Constitución Nacional en cuanto establece que el
Congreso debe promover la protección del niño no nacido y de la mujer
embarazada, así como de las mujeres en general (cláusulas de igualdad de
oportunidades y de desarrollo social).
El proyecto está en la orientación de lo que enseñaba Pablo VI en su
Declaración sobre el aborto, en donde destacaba la necesidad de asistir a la
mujer.
También respeta la línea trazada por Juan Pablo II, particularmente
en lo que se refiere a Latinoamérica, a través del Documento de Puebla.
He leído algunos informes sobre el daño síquico que queda en la
mujer que abortó. Con este proyecto, quedaría aventada esa posibilidad.
Sin entrar en un análisis particularizado del proyecto, únicamente
diría ahora que las dependencias públicas que reciban al bebé o beba
deberían en 24 hs. ponerla a disposición del Ministerio Público de Menores,
a través de la Defensoría que en turno corresponda. La ley de Ministerio
Público tiene una normativa muy detallada sobre las facultades de los
tutores de menores abandonados. Creo que eso facilitaría la atención
inmediata sanitaria y alimenticia, sin perjuicio de la ulterior intervención
del juez que corresponda.
Creo que habría que evaluar la posibilidad de que la ley entre a
regir en todo el país, es decir con la obligación de que las dependencias
públicas que reciban al bebé o beba sean también provinciales y locales. La
ley tendría que tener un artículo bien claro al respecto para evitar
conflictos interjurisdiccionales.
En términos generales, soy de opinión que la legislación debiera
establecer algún día en nuestro país un sistema amplio de becas integrales,
ya que la dificultad de acceso a la educación es la principal causa de
embarazos de mujeres muy jóvenes y empobrecidas que si tuvieran un futuro,
educación y trabajo, postergarían a edades de mayor discernimiento su
decisión de quedar embarazadas. Creo que la más idónea herramienta de
evitación de los "embarazos no deseados" es la cultura y educación.