Rocamora, Sergio R.

Investigación Fiscal
y Control Jurisdiccional.
Procedimiento penal preparatorio

Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2010, 572 pp


            Si bien suele ser bastante profusa la publicación de obras concernientes a distintos aspectos del Derecho procesal penal, lo cierto es que muy pocas de ellas se dedican específicamente de un tratamiento pormenorizado de los distintos aspectos que hacen a la investigación penal preparatoria y del papel que el Ministerio Público tiene respecto de ello, especialmente, respecto del ordenamiento procesal penal de la provincia de Mendoza. El texto que es objeto de estas palabras no sólo es una de esas excepciones, sino que, por otra parte, tiene la virtud de constituirse en una obra de referencia necesaria a la hora de analizar la problemática propia de dicha instancia procesal. Máxime respecto a cómo los modernos sistemas procesales penales provinciales se ocupan de esta instancia procesal.

            En primer lugar, no se puede dejar de destacar la autoridad de quien lleva adelante este estudio. Es que se trata de una persona de una alta vocación académica y por la investigación científica. Su participación como coordinador de investigación en Derecho penal y criminología, como luego secretario técnico y de redacción de la revista jurídica “Lecciones y Ensayos” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es una primer prueba de ello. A la que hay que agregar su innumerable cantidad de becas de investigación a las que accedió, entre otras,  en la Universidad de Buenos Aires, como en el CONICET, en la Universidad Nacional de Cuyo, como así también para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ILANUD y el Instituto de Investigaciones en Saarbruken que dirigiera Alessandro Baratta.

            En segundo lugar, el contenido de esta obra es otra de las razones por las que este trabajo sea una referencia a tener en cuenta a la hora de analizar los problemas que se pueden suscitar en la etapa de investigación penal preparatoria. Es que no se trata de un libro en el que se hace simplemente un comentario de las normas procesales y nada más, como bien podría ocurrir en un texto de un código comentado. Va mucho más allá. Una de las razones de ello es el espíritu crítico con el que fue escrito el libro. La que se refleja en el estudio comparado al que fue sometido el trabajo que aquí se presenta. No sólo respecto a cómo se vincula el procedimiento penal mendocino respecto al modelo cordobés que le fue de inspiración, sino también respecto al sistema procesal penal de Costa Rica, el cual es tomado como una referencia constante a la hora de realizar su análisis y someter, por ende, su estudio a un constante ejercicio de comparación.

La actualidad de su pensamiento es justamente otro de los puntos a destacar. Un ejemplo de ello es su vocación por realizar un texto en el que la claridad del lenguaje prime sin que por ello se vea menguada la profundidad de la obra. Y en función de ello, es que rescata el valor que tiene la participación ciudadana en la administración de justicia. En este sentido, es que recuerda cómo una de las consecuencias beneficiosas adicionales del juicio por jurados es la de suscitar la preocupación de los profesionales del derecho por expresarse de forma entendible: “Para eso tendrán que prescindir de la jeringoza del mundillo judicial y, sobre todo, sustituir por otros más asequibles a la población, los términos técnicos de la dogmática jurídico-penal. De esa manera se podrá dar satisfacción a los ciudadanos en general, sin mengua para el progreso del derecho que habrá de verse enriquecido con la difusión y clarificación de sus preceptos”. No se puede dejar de señalar que este espíritu de tolerancia que guiaron sus palabras ha sido más que cumplido por Rocamora.

Es seguramente en función de todo ello que en el prólogo de esta obra, el Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni señalara que la obra que hoy presenta Sergio R. Rocamora se constituye en una obra en la que se realiza un profundo análisis dogmático jurídico de la ley procesal, del instituto, pero en el que además el autor propone ir un poco más allá y excedernos del ámbito propio de la legislación positiva, para tomar en cuenta las pautas desde sus conexiones con la política criminal, en la actual perspectiva latinoamericana. De tal forma que le lleva a concluir que “no se puede menos que felicitar al autor por su capacidad práctica y su utilidad cotidiana para los diversos operadores jurídicos, pues se ha logrado esa síntesis tan difícil de obtener calidad teórica y la utilidad práctica”.

Me aúno a dichas palabras. Ignacio F. Tedesco.