EL CASO DE LA BEBA CAMILA SÁNCHEZ

Juan Patricio Avaca [1]

 

 

“La situación por la que estamos pasando como familia es desgastante y dolorosa, considerando que tenemos una beba de 2 aĖos y 3 meses en Estado Vegetativo Permanente. La situación de mi hija es irrecuperable e irreversible, y hay un vacío legal que impide retirar el soporte vital”, decía Selva Herbón, la mamá de la beba Camila, en una carta que recientemente enviaba a la Cámara de Diputados con el objetivo de que su caso sirva para tratar el tema de la “muerte digna”.

 

El caso tuvo una honda repercusión en la sociedad, tanto que ha obligado al titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el senador José Manuel Cano, a incorporar el debate en la reunión de asesores, de manera que una vez analizado el tema en su total integridad, pueda ser llevado al tratamiento plenario de la Comisión.

 

El caso está, claramente, ubicado dentro del marco jurídico de los derechos de la personalidad (iura in persona ipsa, derechos sobre la propia persona) y estrechamente vinculado al derecho a la vida, cuya naturaleza jurídica es la de ser un verdadero derecho subjetivo.

 

La revaloración que actualmente se observa por el derecho a la vida, hunde sus raíces más remotas en el cristianismo, el que reconoce al hombre como un ser creado a imagen y semejanza de Dios.

 

El derecho a la vida, “de vivir”, está protegido desde el mismo instante de la concepción (Constitución Nacional, Art. 75, 23; Pacto de San José de Costa Rica, Art. 4; Ley 23849, Art. 1; Ley I-0584-2007, San Luis).

 

Ahora bien, una consideración racional, objetiva y axiológica del caso en cuestión, nos exige descartar la “eutanasia” y, del mismo modo, tomar distancia del término “muerte digna”, por tratarse de una expresión que en la cultura post-moderna se ha transformado en un no-sentido, equívoca, ambigua y, por ello, impide iluminar la situación vital que nos ocupa, desde el momento en que ha sido defendida, sobre todo en sectores de cuĖo positivista, como una variante de la eutanasia. Sí me interesa, en este contexto, llamar la atención acerca de las características fundamentales del “ensaĖamiento o encarnizamiento terapéutico”, cuya configuración brinda las pautas razonables para adoptar una solución lícita, de tipo práctico-valorativa a casos vitales como el de la beba Camila.

 

La “eutanasia” ya sea activa o pasiva, en cuanto implique provocar deliberadamente la muerte, ya por acción u omisión, para evitarle al paciente una dolorosa agonía, nunca será permitida dado que cae dentro de la figura penal del homicidio; y, por lo tanto, un acto contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. Así lo ha confirmado la encíclica Evangelium vitae al seĖalar como enseĖanza definitiva e irreformable, la intrínseca ilicitud de la eutanasia, por tratarse de “una grave violación de la Ley de Dios, en cuanto muerte deliberada, inaceptable moralmente, de una persona humana” (n° 65). Empero, nada de esto tiene que ver con el caso de la beba Camila.

 

Por otro lado, destacados pensadores de indiscutible competencia profesional hablan de “ensaĖamiento terapéutico” o “encarnizamiento terapéutico”, en lugar de “muerte digna”, con el fin de evitar la confusión con la “muerte dulce” en clara referencia a la eutanasia y expresamente condenada en la Gaudium et spes, n° 27 y en la Declaración Iura et Bona acerca de la eutanasia. En efecto, el prudente discernimiento entre las intervenciones terapéuticas que tienen el perfil del “ensaĖamiento terapéutico” o de “terapias proporcionadas”, entra en el derecho de cada persona de vivir una vida digna, que no excluye la muerte, sino que más bien comprende su aceptación.

 

Advierto, entonces, que la intervención médica se puede convertir en “encarnizamiento terapéutico” cuando se acude a medios demasiado gravosos para el enfermo o comúnmente desproporcionados en relación con los modestos resultados que se puedan llegar a conseguir. Este es el caso de la beba Camila, en una situación de salud irrecuperable, unido a un estado vegetativo permanente e irreversible y que sus padres ya no pueden sobrellevar más. Los hombres de ciencia hicieron, según lo refieren los padres de la niĖa, todo lo que profesionalmente tenían y podían hacer, ahora sólo una intervención sobrenatural podría cambiar el curso de la historia de Camila.

 

A mi modo de ver, los padres de la beba, como cualquier buen padre y madre, no pretenden provocar la muerte de su hija; al contrario, ACEPTAN NO PODER IMPEDIRLA. Parece claro, entonces, que el deseo de los padres de Camila a no seguir usando el soporte vital como medio desproporcionado para mantener a su hija con vida, no equivale al suicidio o a la eutanasia; expresa más bien la aceptación de la condición humana de frente a la realidad de la muerte.

 

De manera que una persona que padezca una enfermedad tal que, después de haber hecho todo lo humanamente a su alcance y recurrido a todas las soluciones profesionalmente posibles, igualmente quedara de frente a una situación vital límite que sólo pudiera ser cambiada por un milagro de Dios tendría que ACEPTAR NO PODER IMPEDIRLA e incluso lo asiste el derecho a negarse a recibir aquél tratamiento médico extraordinario, mediante el cual se prolongaría artificial e inútilmente un estado permanente e irreversible.

 

Por lo que toca a las decisiones que deben tomarse al respecto, ellas deben ser manifestadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.

 

En conclusión, la “eutanasia” es una rebelión contra la muerte, en el sentido que, no pudiéndola evitar, el enfermo o los parientes la quieren acelerar. Por el contrario, con el “ensaĖamiento o encarnizamiento terapéutico”, se le impide al paciente, el morir, siguiendo el curso natural de la naturaleza, insistiendo en el mantenimiento de la vida a toda costa y al precio de sufrimientos inútiles. Y aquí, es claro, se ubica la situación de la beba Camila Sánchez. En este último caso, la renuncia a insistir con las intervenciones médicas indebidas más que un derecho se convierte en un deber, sobre todo para los parientes o para los médicos, dado que el enfermo no se encuentra en condiciones de tomar una decisión por si mismo.

 

Aquí esta, pues, el meollo del debate que, por estos días, se ha introducido en nuestra sociedad acerca de una eventual legislación —que hoy se ha hecho ciertamente necesaria— sobre el final de la vida humana, a partir del caso Camila Sánchez. Considero, sin embargo, que ello alcanzará una genuina concreción al cabo de una inevitable instancia dialógico-argumentativa, que tenga como referencia insoslayable las delicadísimas peculiaridades del asunto y apoyada por la concreta participación de los principales referentes axiológicos de la comunidad argentina. A esa comprensión van dirigidas estas brevísimas y modestas reflexiones.



[1]  El autor es abogado