RELEVANCIA DE LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DIGNIDAD HUMANA

PARA EL TRATAMIENTO DE LA EUTANASIA EN CUBA

 

Orisel Hernández Aguilar[1]

 

“...una obra sobre la eutanasia en realidad

consiste en un debate sobre la vida...”

 Diego Valdés

 

Resumen:

El presente trabajo  pretende un acercamiento a la legislación cubana para realizar un examen de sus capacidades para tratar un tema tan polémico en la dimensión como lo es la eutanasia. Para ello nos detenemos en el análisis la categoría eutanasia, su evolución, y los derechos inherentes a la personalidad enfocados en la legislación cubana actual y su posible interpretación a la luz de las prácticas de eutanasia.

 

Abstract:

The present article seeks an approach to the Cuban legislation to carry out an exam of its capacities to treat such a polemic topic in as the euthanasia. In order to make it  we analyze the category euthanasia, their evolution, and the inherent rights to the personality focused in the current Cuban legislation and their possible interpretation in the euthanasia practices.

 

 

Introducción

La eutanasia[2] es un concepto de una innegable trayectoria histórica que debe, en buena medida, la diversidad de opiniones en cuanto a su justo contenido a las más  disímiles valoraciones de que fue objeto durante siglos[3].

En los 70 el debate en torno a la eutanasia adquirió nuevos bríos al aparecer los avances tecnológicos aplicables a la medicina[4] que ayudan a prolongar la vida pero que no curan.

Conociendo la multitud de conceptos relativos a prácticas médicas que se asocian a la eutanasia partimos de declarar que nada une a la noción que abordaremos de eutanasia con la eugenesia[5], la lasitud médica[6], distanasia[7], ortotanasia[8] y las mal llamadas eutanasia “sugerida”[9], eutanasia lenitiva[10].

Una vez hechas las precisiones de rigor a fin de evitar confusiones lamentables precisamos que en cuanto en el presente trabajo aludamos a la eutanasia[11] nos referimos a aquella acción u omisión en el actuar médico de carácter excepcional, insertada dentro de un sistema de salud que proporcione el máximo de atenciones y “cuidados paliativos” al paciente, encaminada a producir la muerte de un paciente que se encuentra padeciendo sufrimientos insoportables y permanentes, producto de una enfermedad terminal o una condición motivada por un estado clínico crónico e irreversible, acorde a su deseo manifestado a través de su consentimiento informado y con el empleo de medios o técnicas encaminadas a lograr su objetivo con el mínimo de dolor posible. Partiendo de estos presupuestos nos adentraremos a analizar las regulaciones actualmente vigentes en Cuba y su aptitud para regular la práctica o la prohibición de la eutanasia.

 

Las regulaciones relativas a la eutanasia en Cuba

Si hubiésemos de tomar un punto histórico como antecedente dentro del Derecho en Cuba de  acercamiento a la eutanasia este tendría que ser, sin dudas, de naturaleza  penal pues como expusimos con anterioridad el enfoque desde los derechos inherentes a la personalidad no fue posible hasta la aparición de esta categoría en nuestra legislación lo que ocurre tardíamente. [12]

Si bien ya sabemos que en las legislaciones civiles el derecho a la vida es de tratamiento reciente, en materia constitucional los cuerpos legales vigentes en la isla han estado encaminados a protegerla estableciendo con carácter general  la prohibición de actos que conlleven a la privación ilegítima de ella y  estableciendo claramente las excepciones a la tutela que se le concedía[13].

Las normas constitucionales sentaban así las bases para la perseguibilidad en el orden penal de tales conductas por lo que las prácticas eutanásicas se sancionaban, y aún se sancionan, a través de su encuadre dentro de alguna de las figuras penales que tiene como bien jurídico protegido a la vida.[14]

Otro aspecto que estará presente en la historia de esta temática, y cuyas reminiscencias son perceptibles aún, será la marcada influencia del pensamiento religioso en las cuestiones relativas a la vida. Recuérdese que Cuba fue colonia de EspaĖa hasta casi entrado el siglo XX y las legislaciones que imperaron sobre nuestras relaciones sociales, permeándolas también con su ideología, provenían de una sociedad en la que la Corona y  la Santa Sede, amén de las ocasionales contradicciones, compartían un número significativo de intereses. [15]

Lo antes expuesto es la confirmación de una tradición legislativa de protección a la vida de los seres humanos, solo exceptuada por razones puntualmente previstas y fundamentadas, y de punibilidad de cualquier actuación que pudiera ser catalogada de eutanásica. Tradición que se ha mantenido hasta la actualidad y que se respalda desde la percepción imperante sobre los derechos inherentes a la personalidad.

 

La regulación legal actual de los derechos inherentes a la personalidad

La forma en que se encuentra preceptuado el reconocimiento legal de los derechos inherentes a la personalidad en el vigente Código Civil cubano es resultado del análisis de varias propuestas  de codificación que se presentaron entre 1979 y 1986 las cuales expusieron regulaciones legales  a las instituciones jurídicas desde las más disímiles tendencias que determinaron la extensa lista de fuentes de influencia del Código resultante [16].

En lo tocante a las proposiciones de regulación de los derechos inherentes a la personalidad vale la pena analizar las versiones que hicieron alusión a los mismos a fin de comprender mejor lo actualmente establecido en el Código Civil.

La versión de febrero de 1979 parte de reconocer con carácter inalienable, lo cual resulta redundante, los derechos a la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral de las personas, a la de su dignidad y honor personal y familiar y a la reserva de los actos de su vida privada. Se prevé el establecimiento del límite al disfrute de estos derechos en el debido respeto a los derechos de terceros.

Mención especial merece la previsión de instituir la prohibición de  intervenciones quirúrgicas, reconocimientos médicos, actos de publicidad o denigración que atenten contra la dignidad, el honor y la privacidad de una persona sin su consentimiento, salvo  en las situaciones en que medien  estado de necesidad, razones de salud pública o interés o seguridad social, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación complementaria espacial que se dicte para establecer el contenido y alcance de cada una de tales excepciones. Lo que vendría a constituir una segunda limitación  a tales derechos, a la vez que ilustra que tipo de conductas se tendrían por lesivas a los derechos inherentes a la personalidad y dejaría como garantía de su protección la previsión anterior en la ley de las limitaciones.

Significativa también resulta  la propuesta de la versión de agosto de 1979  que incluye la regulación de los términos en que resultaría permisible la donación de órganos, tejidos y partes del cuerpo humano, con la consecuente previsión de la necesidad de una posterior y específica complementación legal para esta materia.

A su vez recoge acciones para la promoción de procesos en defensa de los derechos a la imagen, al nombre y a la integridad física ante los tribunales civiles en caso de que estos resultaran vulnerados.

Tras su omisión en las versiones de febrero de 1982 y de enero de 1983 esta temática es retomada por la versión de febrero de 1985 dando esta una clara muestra de la “economía preceptual”, que sería característica de la versión definitiva, al  limitarse sólo a enunciar aquellos que, a consideración del legislador, debían ser reconocidos como derechos inherentes a la personalidad. Los aludidos fueron el derecho a la integridad personal, la libertad, la libertad de conciencia, el nombre, el honor, la propia imagen y los derechos relacionados con la actividad creadora.

El texto  que se refiere a los derechos inherentes a la personalidad en el artículo 38 de nuestro Código civil aparece, tal cual lo conocemos, en la versión de diciembre de 1986 estableciendo que “La violación de los derechos inherentes a la personalidad consagrados en la Constitución, que afecte al patrimonio  o al honor de su titular, confiere a éste o sus causahabientes la facultad de exigir:

el cese inmediato de la violación o la eliminación de sus efectos, de ser posible;

la retractación por parte del ofensor; y

la reparación de los daĖos y perjuicios causados.”

La forma en que está redactado el citado precepto puede inducir a la confusión o la falsa creencia de que en el cuerpo constitucional se hallarán expuestos los derechos inherentes a la personalidad siendo esto errado pues “Estos derechos no tienen como sujetos pasivos a las entidades públicas o al Estado, pues las relaciones entre tales entidades y los ciudadanos se regulan en otras ramas de la legislación como la constitucional o la penal. Los derechos de que ahora se trata, desde la perspectiva del Código Civil, se originan en relaciones de sujetos que actúan en el plano de la igualdad, aunque los intereses que protegen las normas jurídicas en este caso coinciden con los que sirven de fundamento a las libertades públicas.”[17] El legislador ha optado por remitir a la Constitución pues algunos derechos fundamentales y derechos inherentes coinciden en cuanto al interés  protegido, a pesar de las diferencias en cuanto a extensión, esfera, y forma de realizarlo,  y porque de todas formas ante la jerarquía de las disposiciones constitucionales aparece para el legislador el deber “...de acomodar el derecho civil a los principios constitucionales” [18] a fin de lograr la unidad interna del ordenamiento jurídico.

La formula negativa  y reduccionista empleada por el legislador para reconocer los derechos inherentes a la personalidad deja, en mi consideración, demasiado campo a la interpretación toda vez que no establece siquiera criterios generales de qué debe ser entendido por derecho inherente a la personalidad, no ofrece relación alguna de ellos de la que se pueda hacer abstracción para precisar las consideraciones a seguir para su identificación sino que sólo  consigna  los medios de defensa de los mismos en la vía civil.[19]

Algunos, de forma indulgente, han estimado que “es novedosa la regulación del nuevo código sobre los derechos inherentes a la personalidad...”[20] en tanto otros, dotados de una visión más justa y crítica, apuntan que “El código se ocupa de los derechos inherentes a la personalidad (Art. 38); tan sólo a propósito de la violación de los consagrados en la Constitución -lo que hace lamentar su estrechez y cristalización, dado el reenvío a un catálogo fijo, posiblemente superables por vía jurisprudencial- para estatuir su tutela...” [21]

Afortunadamente a los efectos de esta investigación la protección al bien jurídico vida humana, que es el fundamento del derecho a la vida, tanto en su variante de derecho fundamental como inherente a la personalidad, que es el que  puntualmente nos interesa por su conexión con la eutanasia, es primaria a todos los demás derechos y por ende libre de debate sobre su  existencia.

Dentro del texto constitucional no hay mención expresa al derecho a la vida, aunque “...en apretada síntesis puede decirse que nuestra Carta Magna protege este derecho en los artículos 9. b, 47, 48 y 50, aunque no se refiere expresamente al mismo, pues en principio la vida se garantiza con el derecho a la subsistencia y a la salud.”[22]

Sin embargo el resto de las leyes, en especial el Código Penal, protegen este derecho prohibiendo todo atentado o conducta que implique riesgo a la vida de cualquier ser humano e imponiendo severas penas a quien incurra en los delitos de homicidio, riĖa tumultuaria, asesinato, auxilio al suicidio y aborto ilícito, previstos en los artículos 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269, 270 y 271 respectivamente del citado cuerpo legal.

Las garantías que implementa  el Estado, a través de regulaciones legales y de aseguramientos, alcanzan un elevado número de actividades de la más variada naturaleza entre las que se encuentran la existencia y funcionamiento de hospitales, las instituciones como la policía o el ejército, la lucha contra las epidemias, la práctica de las profesiones sanitarias; las normas sobre seguridad en el trabajo, la regulación de la calidad de los alimentos y otras semejantes que el Estado promueve o ampara como expresión de su compromiso en la defensa de la vida humana y de su calidad.

A pesar de que, como exponíamos anteriormente, nuestra legislación no hace relación alguna que  permita precisar los caracteres que reconoce el legislador a los derechos inherentes a la personalidad la doctrina patria suscribe íntegramente los que clásicamente se le han atribuido.[23] No obstante la  falta de formulaciones expresas en el tratamiento de los mismos nos obliga a hacer un manejo de ellos desde posiciones interpretativas lo menos extensivas posibles ante el riesgo de incurrir, inadecuadamente, en creaciones normativas que son solo facultad de la Asamblea Nacional del Poder Popular[24].

El derecho a la vida por tanto, dentro del ordenamiento jurídico cubano posee las mismas características clásicas que en todos entre las que se encuentran, entre otras, el carácter absoluto,  indisponible, intransmisible e irrenunciable, con lo que queda fuera de aquellos  derechos a los que el Artículo 5  hace referencia cuando establece “Los derechos concedidos por este código son renunciables, a no ser que la renuncia redunde en menoscabo del interés social o en perjuicio de tercero” en virtud del interés social contenido en su regulación de acuerdo a tales principios.

Como todo derecho, a pesar de su carácter absoluto, el derecho a la vida está sometido a la posibilidad de ser limitado por razones de interés social o por el respeto debido a los derechos de terceros.[25] Además se han admitido excepciones, amparadas únicamente en normas legales, a su indisponibilidad como la legitimación de la pena de muerte, la autorización del aborto no punible en determinados casos y la privación de la vida cuando se actúa por legítima defensa o estado de necesidad.

La amplitud de su objeto de protección conlleva a que, como otros, este derecho, se vea afectado por otras diversas regulaciones de conductas que tienen incidencia sobre su objeto de protección, tal es el caso en particular de las normativas relativas a las actuaciones sobre la salud humana, campo donde el derecho a la vida y la práctica de la eutanasia se conectan,  de ahí que resulte útil un acercamiento a las mismas.

La regulación de la legislación relativa a la protección de la salud parte de las disposiciones que desde la Constitución de 1976 se hace de ella[26]  que  vienen a ser desarrolladas por la Ley 41  de 1983,  Ley de la Salud Pública.

Esta Ley fija básicamente su atención en el establecimiento y ordenación del sistema nacional de salud desde un punto de vista organizativo, dedicando muy  pocos espacios a cuestión como los principios básicos  de la atención de salud entre lo que se debería apuntar  los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios y de las instituciones sanitarias, el derecho a la información del ciudadano cuando demanda la atención sanitaria y los demás derechos de los pacientes [27] los que solo quedan delimitados  en algunos de sus rasgos más generales.

En cuanto a los aspectos de esta regulación que resultan de nuestro interés por su vinculación con la práctica de la eutanasia estarían los relativos a los medios de tratamiento y diagnóstico que se emplean, los principios en que debe fundamentarse el actuar de los profesionales de la salud, el derecho a la información del paciente y el consentimiento informado.

El desarrollo de la actividad médica es de carácter social y se realizará”...de acuerdo con los principios de la moral socialista y de la ética médica establecida,... [y] la aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y de la técnica médicas mundiales...”[28], de lo que resulta que la máxima autoridad de la materia ha de establecer las pautas que permitan determinar cuando un acto se ajusta a la ética médica y la adecuada aplicación de los medios. Corresponde, pues, al MINSAP[29], de entre las autoridades de salud pública, desarrollar los postulados legales antes aludidos y aprobar “...los métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento que se utilizan en el Sistema Nacional de Salud....”[30] Ha sido, y lo sigue siendo al amparo de nuestra concepción de la  moral socialista, un principio del sistema de salud cubano su carácter humanista que garantiza a todos los ciudadanos una esmerada atención que incluye los más modernos servicios de que disponemos, entre los que figuran por  supuesto aquellos cuya más directa incidencia va encaminada al aspecto humano de la misma.

El derecho a la información del paciente, aunque redactado en forma bastante ambigua, se reconoce para todos los procederes médicos en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, y cuando no sea posible ofrecerla a este se les dará a sus familiares[31]. Otro tanto sucede con el consentimiento informado toda vez que “...las intervenciones quirúrgicas, procederes diagnósticos y terapéuticos a pacientes...”[32] han de realizarse con la aprobación del paciente o sus familiares, salvo en casos previamente ponderados por su significación y regulados a modo de excepción.[33]

Cierto resulta, sin embargo, que estas regulaciones son meramente elementales y que el esperado desarrollo tampoco llegó con la promulgación del Reglamento de la Ley de Salud Pública, Decreto No. 139 de 1988 que repitió las mismas fórmulas.[34]

Aun cuando la Ley 41 de 1983 reconoce el derecho a la información, nada especifica sobre aspectos relevantes que pueden llegar a atentar, de ser reducidos, contra la existencia misma de este, tal es el caso de quién debe informar, de qué aspectos, cómo debe informar y  a quién.

Ante todo veremos que el médico a cargo de la asistencia sanitaria del paciente es quien en mejor posición se encuentra de garantizar el cumplimiento del derecho a la información por su relación directa con este y por los conocimientos que tiene del estado de salud del paciente y sus características personales.

El contenido del derecho a la información alcanza a todos aquellos aspectos relevantes para la salud del individuo desde  sus condiciones de salud; la finalidad, naturaleza, riesgos, consecuencias y alternativas de cada actuación que se proponga en el ámbito de su salud; hasta la información epidemiológica sobre los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual.

La información, para que cumpla con su función de ayudar a la toma decisiones de acuerdo con la propia y libre voluntad, debe ser verdadera y comunicada  al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades.

El paciente, la persona requerida de asistencia sanitaria y sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud, es el titular originario del derecho a la información y por ende puede autorizar que sean también informadas personas vinculadas a él, lo que de no ser así constituiría una violación de su derecho a la privacidad. La incapacidad del paciente conllevaría al deber de informar en su lugar a  su representante legal, y en aquellas circunstancias en que la incapacidad sea solo transitoria la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Por su parte el consentimiento informado debió siquiera definirse en sus términos más generales, como manifestación de voluntad libre y consciente del paciente en pleno uso de sus facultades sobre una actuación médica que afecta a su salud, y que por su naturaleza debe obtenerse después que se haya ofrecido la información adecuada. Valga de paso aclarar que aun cuando su denominación induce a creer que se trata siempre de aceptación de las propuestas realizadas por los galenos, el consentimiento informado puede tener carácter negativo, o sea,  de rechazo a cualquiera o todas las alternativas ofrecidas. Previendo una posterior delimitación de responsabilidades convendría, además, dejar constancia escrita de la información ofrecida y del consentimiento emitido, especialmente para la aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Una regulación más atinada que perfeccione estos aspectos, especialmente en lo tocante a la información al paciente y el consentimiento informado, al proveer mayores garantías a todos los ciudadanos en el disfrute de su derecho a la salud fortalecerían la protección de la salud que reconoce la Constitución y consecuentemente a todos los derechos cuyos bienes jurídicos se conectan con este, entre los que figura el derecho a la vida.

Queda en evidencia, a pesar de lo primario de las aludidas regulaciones, que sobre la base del derecho a la información y la exigencia de consentimiento informado para las actuaciones médicas  el tratamiento médico sólo es legítimo si el paciente consiente en él. Por lo tanto la elección y renuncia a tratamientos es decisión de cada persona.

En el particular de las personas con una enfermedad crónica terminal o condición irreversible que produzca padecimientos insoportables y permanentes, pueden optar por los tratamientos que en su medio se consideren proporcionados, pudiendo rechazar responsablemente medios excepcionales, desproporcionados o alternativas terapéuticas con probabilidades de éxito dudosas. Esta actitud del paciente debe ser respetada y no puede confundirse con una conducta suicida, pues la renuncia que se hace de tratamiento no representa una renuncia a una posibilidad de salvar la  vida a mediano o largo plazo.

Con frecuencia se observa reticencia a admitir la mención a la eutanasia pasiva, que se funda en el respeto al derecho de rechazar tratamientos o terapias del dolor que puedan indirectamente acortar la vida, ignorando que estas circunstancias están plenamente respaldadas en la mayor parte de las legislaciones sanitarias.

 Ahora bien, la libertad del paciente para recibir o no un determinado tratamiento, o sufrir o no una intervención quirúrgica, no llega hasta el extremo de obligar al médico a cometer un delito como privarle de  la vida.

Recordemos que el derecho a la vida presenta la condición personalísimo, otro de los caracteres de los derechos inherentes, aspecto este que nos interesa retomar en el contexto de nuestro Derecho Civil y su interrelación con el desarrollo de la actividad sanitaria la cual debe desarrollarse sobre la base del respeto al derecho a la información del paciente y el acatamiento de la voluntad por él manifestado a través del consentimiento informado.

Al abordar la titularidad del derecho a la información se contemplaba la posibilidad de que ante la incapacidad del titular originario este se trasladaba a sus representantes, lo que en caso de requerir el asentimiento para un determinado tratamiento o para su abstención o supresión trae a colación la  posibilidad de admisión de juicio sustituto.

Aquí se nos presentan en lo fundamental dos posibilidades, una cuando se encuentra designado un representante legal y otra cuando no existe pues el estado de incapacidad ha sobrevenido recientemente.

 Constataremos que a la luz de lo dispuesto por el Código Civil en nuestro derecho positivo no se encuentra permitido trasladar una decisión tan extrema a un sujeto distinto del propio afectado en forma inmediata en cualquiera de los dos supuestos anteriores

Para empezar aunque “...la norma no limita que la representación opere únicamente en el ámbito de los contratos, sino todo lo contrario extiende el criterio admitiendo una extensión amplia del fenómeno representativo (...) es necesario precisar que la norma tiene carácter general y no incluye en  su extensión el análisis de aquellos actos jurídicos denominados personalísimos, en los cuales por ley el fenómeno no es aplicable.”[35]

La representación legal se contrapone al necesario imperio de la voluntad del titular del derecho inherente a la personalidad en su ejercicio pues “...esta modalidad de representación se caracteriza por el hecho de que su origen se encuentra en la ley y no en la voluntad del representado, partiendo del presupuesto de que este no es capaz para la realización de actos jurídicos... el representante es el actor del negocio y su voluntad es la determinante a la hora de la realización del mismo...”[36] Resulta lógico entonces que no se contemple entre sus facultades la de determinar cual hubiese sido el parecer del representado.

En el caso de que no haya un representante designado es igualmente imposible determinar la voluntad del paciente sobre su estado por lo que si el estado es transitorio o de corta duración resultaría inapropiado promover un proceso para designarle uno, además si la situación requiere una respuesta rápida de nada serviría este aun en el caso de que su opinión fuese de peso.

Así las cosas, la jerarquía otorgada al derecho a la vida, primero y más importante, impone que en tales circunstancias siempre deba estarse por la solución más favorable a su prolongación o subsistencia.

El carácter personalísimo de los derechos inherentes conlleva que su ejercicio sea conforme a la voluntad de su titular lo que no está reĖido con el hecho de que puedan hacerlo “...por sí o por apoderado, pero siempre con la inconfundible voluntad impulsora de aquél que tiene el goce innato de tal derecho por su condición de persona...”[37], lo que fuerza a que sean por instrucciones precisas del titular para lo cual es ideal el otorgamiento de un poder especial.

El Código Civil al regular esta figura confunde algunos términos pero deja bien claro que este negocio nace de la voluntad del poderdante y que cuando el apoderado actúa la relación jurídica se establece entre el representado y el tercero como si fuera el mismo el que estuviera actuando, siendo conocido por el tercero que se actúa a nombre del representado.

Las exigencias de capacidad para el otorgamiento del poder son semejantes a las de cualquier otro negocio jurídico, el otorgante debe estar dotado de capacidad  para la realización del acto para el que emite el poder y los apoderados deben tener la capacidad necesaria para la realización del acto  jurídico para el cual se le apodera.

El contenido específico de este tipo de poderes los hace clasificables como especiales al dar solo facultades para realizar los actos determinados por las disposiciones del poderdante respecto a su vida. El apoderado estará limitado en su actuación  por los límites dispuestos en el poder para su actuación.

La trascendencia de la  manifestación de voluntad expresada en el poder hace necesaria su protección a través de la garantía de la fe pública notarial  por lo que el Código Civil dispone en su artículo 414.3:” El poder debe otorgarse ante notario...”.

Si nos amparamos en estos preceptos podemos admitir, en principio, la creación de documentos notariales de apoderamiento que desempeĖen el rol de los documentos de voluntad anticipada, esta vez sí en el más estricto sentido del término.

Dentro de las normas de salud a efectos de la eutanasia debemos considerar también en este momento lo relativo al criterio de determinación de la muerte que fue establecido en la Resolución Ministerial No. 90 de 2001 del Ministro de Salud Pública[38] adoptando una posición combinada acorde  a lo más modernos criterios, con lo que se ubica temporalmente la práctica posible de la eutanasia entre el momento en que se diagnostique un estado clínico con las características que planteábamos para ser susceptible de admitirla y la verificación por parte de un médico de la muerte acorde a tales criterios.

Queda evidenciado que al amparo de las regulaciones de la Ley de Salud Pública analizadas están establecidos los presupuestos básicos para la admisión de la eutanasia pasiva, no así la activa que encuentra un freno en el carácter absoluto e indisponible de los derechos inherentes a la personalidad. La autorización al ejercicio de la eutanasia activa, al suponer un quebrantamiento al carácter indisponible de la vida, sería posible solo a través de la previsión legal de una excepción que, dada la naturaleza del caso, trajera carta de fundamento en la valoración de su connotación respecto al valor dignidad humana, único referente posible fuera de la oscura normativa civil de la materia con entidad suficiente para ello, dado el carácter informante del mismo dentro del ordenamiento jurídico, a través de una formulación normativa con rango de ley, en vista de los contenidos que se deben manejar.

 

La dignidad humana: criterio para una excepción al derecho inherente a la personalidad vida

La concepción kelseniana de que el Derecho era norma y solo norma con su carácter reduccionista ha quedado superada. Modernas teorías, concientes de que el Derecho es un fenómeno complejo, parten de tal comprensión y   explican que este posee tres dimensiones: la normativa que se refiere a él como sistema de normas; la valorativa que alude precisamente a los valores que refleja y los que pretende fomentar; y la dimensión social que lo enfoca como producto de las circunstancias propias de la sociedad y  a la vez encargado de desempeĖar  determinadas funciones sociales.

 Por lo tanto "... los derechos deben apoyarse en una axiología y en un marco conceptual que no sólo explique los planteamientos actuales sino que además nos brinde una perspectiva práctica para su ulterior e inagotable desarrollo y aplicación. "[39]

“Al hablar de valores estamos hablando en términos de significación, y por lo tanto de importancia de las cosas para el ser humano por lo que  "Valor"  será  definido  como  las  propiedades  funcionales  de objetos,  procesos  o  fenómenos  que  tienen  una  significación positiva para la dignidad humana. [40]

Nuestras necesidades individuales y sociales, a las cuales debemos dar respuesta, tienen un carácter sumamente dinámico y por lo tanto también la significación de los procesos, fenómenos y objetos portadores de propiedades relativos a su satisfacción, por lo que para establecer una jerarquía de importancia entre los valores cobra especial relevancia las capacidades y posibilidades de orientarnos con relación a ellas a través del valor fundamental dignidad humana.

La dignidad humana debe ser entendida como el  respeto que cada ser humano merece, tanto de los demás como de él mismo, por el sólo hecho de pertenecer a nuestra especie, independientemente de su raza, sexo, edad, afiliación política o religiosa, profesión, utilidad como persona a la sociedad, calidad de vida o cualquier otro elemento cuantificable que pueda dar lugar  a clasificación y diferenciación entre las personas.  Este merecimiento incluye el mantenimiento de la integridad y  desarrollo del agente social hasta su realización.

Debemos explicar que  “El valor fundamental no determina de manera absoluta el universo de valores, su jerarquía y contenido, pero si su influencia  es realmente grande, ya que los valores tienen justificación y sentido en función de su orientación al valor fundamental: “dignidad humana”.[41]

Si enfocamos esta cuestión desde nuestro tema veremos que “... los avances de la medicina en los últimos 25 aĖos han sido mayores que en los 25 siglos precedentes, cambiando sus contenidos, marcos de referencia y estructura como ciencia...”[42]  y por ende han tenido repercusión en el plano de la valoración que se haga, desde la perspectiva de la dignidad de la vida humana, de algunos actos y bienes sobre los cuales tienen implicaciones la aplicación de alguno de estos avances.

Al adentrarnos en este razonamiento debemos prevenir errores de confusión entre dignidad de la vida, de la muerte o de cualquier otro acto, fenómeno u objeto y dignidad de la persona o dignidad humana. Pueden en efecto existir vidas dignas y vidas indignas, como puede haber muertes dignas y muertes indignas, pero por indigna que sea la vida o la muerte la  persona tiene siempre la misma dignidad. Todo representante de nuestra especie, desde la concepción hasta la muerte, posee una dignidad intrínseca  que no se fundamenta en su condición, su estado de salud, su raza o cualquier otra circunstancia, sino en el hecho esencial de pertenecer a la especie humana.

La vida, en tanto presupuesto primario para la existencia del individuo y por ende de todas sus relaciones, incluidas las que dan lugar a la existencia de los cuerpos colectivos que estos conforman tales como asociaciones, partidos y la sociedad de forma general y aquellas otras que por su relevancia alcanzan el carácter de jurídicas, es relevante en un doble sentido, y doblemente protegida en consecuencia.

El Estado la protege  creando una armonía entre el interés individual y el colectivo, por lo que se niega la absoluta libre determinación del individuo sobre su final, se penaliza la supresión arbitraria o cualquier atentado de terceros contra esta y se limita la  posibilidad del poder público de aplicar la pena de muerte a los casos previamente determinados por la ley.

Como todo derecho este se encuentra sometido a excepciones por razones previamente determinadas y ponderadas, en virtud de intereses y situaciones que ameritan una consideración especial.

Cabría entonces preguntarse por qué no contemplar otra excepción al carácter absoluto de la protección a la vida fundado en casos particulares en que hay un desbalance considerable entre el interés individual y el general en su preservación, cuando el primero es casi inexistente debido a que continuar viviendo en circunstancias muy bien determinadas atenta contra la propia estimación de la dignidad en el vivir y las expectativas del último tampoco podrán ser satisfechas a mediano o largo plazo, ante la inminencia del  deceso, y a corto plazo tendrán una realización mínima por la precaria calidad de vida en tales situaciones.

Aceptar la posibilidad de la ruptura de tal equilibrio en estos términos, por un interés primariamente individual, pero con trascendencia general, no contraría las principales finalidades de un sistema jurídico moderno, ya que estos como regla se encuentran construidos en torno a “…un concepto que funciona como centro del suelo axiológico; como epicentro que permite construir el cuerpo de derechos lo constituye (...)”[43]: la dignidad humana.

O sea, “…la dignidad en tanto valor que ubica al ser humano como objetivo primordial de la comunidad políticamente organizada tiene una naturaleza fontanal, un papel cimentador del cuerpo de derechos, un rol clave dentro del plano axiológico de la Constitución, sentido y significado que se  dimensiona y solo se alcanza dentro del resto de los valores que sustentan el texto fundamental… Por ello la dignidad deviene valor inexcusable, primario y suficiente para cualquier interpretación, integración o formulación legal.”[44]

Por lo que se reconoce que “...si bien la vida es un bien supremo y el primer derecho de toda persona, éste debe armonizarse con (...)la dignidad de la persona contemplada en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (Art. 5.1, 7.1, 11.1 y 16, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros (...) Apelando a las bases de un país democrático y pluralista, que impiden imponer a la población una concepción de la vida como algo sagrado propio de un pensamiento religioso o moral determinado[45]

Por ello es especialmente relevante que la dignidad humana aparezca reconocida desde el preámbulo de la Constitución[46] y como parte de los Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado que en su Artículo 9 establece “ El Estado: a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y (...) garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre...” sentando un importante referente “…a la luz del cual deben interpretarse sus preceptos, suplirse sus lagunas y resolverse sus contradicciones, por lo que nos brinda la clave ideológica imprescindible para contextualizar y hacer inteligible un texto constitucional determinado”[47]

En el nuestro, como en todos los demás ordenamientos, “...la Constitución también ha de tenerse en cuenta a la hora de interpretar y aplicar todo el Derecho Civil, (...) lo cual exige una delimitación e identificación de los principios constitucionales que, a diferencia de los tradicionales que aparecen en el Código Civil, van a  ser preferidos a la propia ley cuando la que a primera vista parezca aplicable no sea portadora de una cláusula general  a cuyo través puedan- y deban- filtrarse las directrices constitucionales.”[48]

Criterio que no es de forzosa aceptación porque provenga del consenso de la doctrina sino que goza de reconocimiento legislativo desde que el Código Civil lo refleja en su “Artículo 2: Las disposiciones del presente Código se interpretan y aplican de conformidad con los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado cubano expresados en la Constitución de la República.”

Al ser el nuestro un país laico, queda claro que no existe una concepción dogmática de la significación de la vida, pues “(...) En la República de Cuba, las instituciones  religiosas están separadas del Estado...”[49], sino que prima la concepción dialéctica para la comprensión y valoración de los fenómenos, los objetos y los sujetos dentro de las circunstancias particulares de cada uno de ellos, al ser el nuestro un “...Estado socialista...”[50].

Cuando aludimos a la eutanasia lo hacemos en defensa del derecho a una muerte digna. Siendo la muerte parte de la vida el derecho a “morir con dignidad” está íntimamente vinculado con el de vivir con dignidad,  integrando el propio “derecho a la vida”. El derecho a morir voluntariamente resulta digno cuando continuar viviendo implica no solamente que la muerte futura es inminente e inevitable sino que el tránsito hacia ella, la vida misma, puede resultar indigna.

Otro tanto se puede decir de las prácticas eutanásicas pues “Un  acto  u  omisión  tiene  implicación  moral,  no sólo por sus consecuencias para el valor fundamental  sino también por el vínculo psicológico del agente moral con los resultados de su  conducta, por  la calidad  ética de  los motivos  morales que participaron en la elección libre.”[51] El sentimiento subjetivo de estar eliminando el dolor ajeno es elemento necesario de la eutanasia y aunque como regla  es “bueno” luchar en favor de la vida contra la muerte, en estos casos no es realista rechazar la muerte como si se pudiera evitar, ignorando lo que siente la persona que padece una condición crónica e irreversible de salud.

“La  autonomía, la  calidad ética   de los  motivos morales,  y la significación positiva para el  valor fundamental "dignidad humana" se han de concebir en estrecha  relación.  La absolutización  de  uno  u  otro  elemento  conduce  a posiciones extremistas. “[52] Por ello la eutanasia que defendemos agota, en perfecto equilibrio, todos estos presupuestos al estar concebida como un actuar que se funda en una motivación piadosa y noble de quien responde a la solicitud consciente, autónoma y voluntaria de una persona, sensibilizado ante el conocimiento de que esta transita por un estadio terminal o una condición irreversible, insoportable y permanente que hace inminente la muerte y que es estimada por quien la padece como autodegradante.

En el particular de la eutanasia estaríamos hablando de la colisión entre un derecho inherente a la personalidad, como el derecho a la vida, con un presupuesto informante superior de todo el ordenamiento, criterio de valoración del significado y  valor real de los derechos, el cual se encuentra por encima de aquel y debe ser tomado como base a cualquier valoración. Luego debidamente razonadas las circunstancias del caso puede entenderse admisible en nuestro criterio la práctica de la eutanasia.

En el caso de nuestro país proponer la tolerancia a la eutanasia a través de interpretación de los preceptos legales existentes aparte de incompleta, como solución, es insegura pues la jurisprudencia no se considera fuente de Derecho, aunque variantes no aceptadas como parte de esa definición, pero sin dudas equivalentes prácticos, sean al final de obligatoria observancia.

Se trataría, además, de regular una excepción a un derecho inherente a la personalidad que trae fundamento de la protección con rango constitucional del bien jurídico vida, aunque al tratarse del ejercicio de la eutanasia se presente en  su variante de derecho inherente a la personalidad al tener lugar fuera del ámbito público, donde la vida se protege como derecho fundamental, en el espacio de las relaciones entre particulares, la esfera privada.

A fin de dispensar una adecuada protección del bien jurídico y dar coherencia a lo que hasta este punto hemos expuesto, determinados los excepcionales casos en que se permitiría la práctica de la eutanasia y los presupuestos básicos garantes de su ejercicio adecuado, sería ideal hacerlo a través de una ley, en sentido estricto.

Poniendo su regulación en una ley, en sentido estricto, su inclusión dentro de la principal fuente del ordenamiento jurídico, le daría toda la legitimación y fuerza propia de una manifestación de voluntad del máximo órgano legislativo, puesto que afecta desde una concepción constitucional, que desarrollaría, hasta sus ramificaciones en las legislaciones penales y de salud principalmente, las cuales modificaría, lo que conllevaría la necesidad de dotarla de la máxima protección y legitimación posibles de una norma.

"Nos declaramos, por razones éticas, a favor de la eutanasia..."[53] toda vez que nos resulta perfectamente aceptable que sin quebrantar el respeto a los valores de nuestro sistema legal se puede autorizar, ante la excepcionalidad de los casos que estimamos susceptibles de eutanasia, la regulación legal de su practica en razón de su relación con el pilar axiológico de nuestro ordenamiento: la dignidad humana  a través de una ley en sentido estricto que sistematice la previsión legal existente en la Ley de Salud Pública, que se soslayo permite el ejercicio de la modalidad pasiva, y sentar las bases para la activa, que a la luz de tal interpretación nos parece admisible,  formulando otra excepción legal a la indisponibilidad de la vida.

 

CONCLUSIONES

La eutanasia ha tenido múltiples definiciones y clasificaciones toda vez que es un concepto de largo tracto histórico, durante el que ha sido confundida con otras categorías, según el criterio del que se haya partido para su análisis, conllevado a la escisión de posiciones polarizadas, subsistente actualmente, entre los que defienden su permisibilidad y los que la rechazan.

Entre tantas definiciones que se han dado, abogamos por conceptualizarla como aquella acción u omisión en el actuar médico de carácter excepcional, insertada dentro de un sistema de salud que proporcione el máximo de atenciones y “cuidados paliativos” al paciente, encaminada a producir la muerte de un paciente que se encuentra padeciendo sufrimientos insoportables y permanentes, producto de una enfermedad terminal o una condición motivada por un estado clínico crónico e irreversible, acorde a su deseo manifestado a través de su consentimiento informado y con el empleo de medios o técnicas encaminadas a lograr su objetivo con el mínimo de dolor posible.

El derecho inherente a la personalidad vida, como parte la categoría de derechos subjetivos que se reconocen a la persona sobre bienes consustanciales a su propia naturaleza, en este caso la vida, posee una conexidad obligatoria con la eutanasia, por cuanto esta va encaminada a ponerle fin.

El derecho a la vida no aparece expresamente mencionado ni en nuestra Constitución, en su variante de derecho fundamental, ni en el Código civil, el cual hace una parca regulación de los derechos inherentes a la personalidad, y  tiene un desarrollo elemental en otros cuerpos legales entre los que se encuentran también los relativos a las atenciones de salud.

Dadas las características del ordenamiento legal cubano y el rango del bien jurídico vida, constitucional desde que el Código Civil remite a su previsión en la carta magna para fundamentar su existencia con relevancia legal, nos obliga en la búsqueda de alternativas legales para la admisión de la eutanasia a hacer un manejo de las mismas desde posiciones interpretativas lo menos extensivas posibles y solo a la luz de bienes o principios contemplados con idéntica jerarquía mediante  creaciones normativas de iguales características.

La legislación de salud vigente, aun cuando adolece de una formulación legal bastante inacabada, al exigir que todo actuar médico cuente con el consentimiento del paciente avala el ejercicio de la eutanasia pasiva y supone el deber, tanto para el Estado como para terceros, de respetar  la decisión de los pacientes sobre el empleo de medios, tratamientos y técnicas para alargarles la vida.

La autorización al ejercicio de la eutanasia activa, al suponer un quebrantamiento al carácter indisponible de la vida, solo sería posible en nuestro ordenamiento jurídico a través de la previsión legal de una excepción que, dada la naturaleza del caso, traiga carta de fundamento en la valoración de su connotación respecto al valor dignidad humana, combinando armónicamente la  autonomía, la  calidad ética   de los  motivos morales,  y la significación positiva para el  valor fundamental "dignidad humana" de la misma, toda vez que es este el único referente posible, fuera de la oscura normativa civil de la materia, con entidad suficiente para ello, dado su carácter informante dentro del ordenamiento jurídico, a través de una formulación normativa con rango de ley, en vista de los contenidos que se deben manejar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Profesora Instructora de la Universidad “Hermanos Saíz Montes de Oca”, e-mail: [email protected]

[2] Existe, con mucho, consenso sobre el origen griego del término eu” (bueno) y thanatos” (muerte), muerte buena; pero como en tantas categorías el asunto no es saber que significa sino cual es su alcance real y sobre este particular, aún dentro de la misma Grecia, existieron posiciones dispares entre quienes intentaron determinar  el exacto sentido de la bondad en el morir.

[3] Referencias sobre el tema han hecho autores como Platón, Aristóteles, Bacon, Tomas Moro, entre otros muchos, aportando cada uno de ellos matices diferentes desde sus propias concepciones filosóficas.

[4] V. Gr.: Ssporte ventilatorio a través de respiradores automáticos, técnicas de resucitación cardio-pulmonar y los métodos invasivos hemodinámicas.

[5] Aplicación de las leyes biológicas de la herencia para el perfeccionamiento de la especie humana, la que aplicaron los nazis, la política Gradentod  “muerte dulce” nazi  equivale a un asesinato.

[6]“…relajamiento en la continuación y el rigor del tratamiento en aquellos enfermos en quienes la evolución ha sido mala…” Kraus A. “Eutanasia: Reflexión Obligada” Publicado en Cano Valle, F., Díaz Aranda, E., Maldonado  de Lisalde, E.(coordinadores) : “Eutanasia: Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos” UNAM, México, 2001, Pág. 164

[7] “…es el polo situado en el extremo contrario de la eutanasia “se le conoce también con el nombre de  ensaĖamiento terapéutico, porque su rasgo distintivo es la prolongación[7] de la vida -y la agonía- mediante la prolongación del sufrimiento físico y mental del enfermo, así como del padecer de la familia y del cuerpo social”Fernández de Castro, H., “Aspectos médicos de la eutanasia” Publicado en Cano Valle, F., Díaz Aranda, E., Maldonado  de Lisalde, E.(coordinadores) ob. Cit., Pág.226

[8] Del griego orthos "recto" y thanatos "muerte" se verifica  por la omisión de los medios desproporcionados de prolongación artificial de la vida, ofreciéndole al paciente todas las atenciones necesarias para aliviar, en la medida de lo posible, sus sufrimientos.

[9] Se trata de aquella que es solicitada como resultado de las presiones que se ejercen sobre enfermos crónicos o graves.

[10] Se trata  de administrar  calmantes para aliviar, que traen como consecuencia secundaria la anticipación de la muerte. El médico actúa dentro de la lex artis.

[11] Respecto a la eutanasia existen múltiples clasificaciones:

Eutanasia Autónoma: la que es provocada por el propio individuo, sin la intervención de terceros, equivalente al suicidio.

Eutanasia Heterónoma: la que resulta de la acción, omisión o participación, ya sea por inducción o auxilio, de terceras personas. Siendo esta la que más universalmente se asocia al término mismo y la que nos ocupa.

Cabría distinguir entre las actuaciones en cuanto a la manifestación de voluntad del paciente:

Eutanasia Involuntaria: se impone a un paciente contra  su voluntad, contra sus deseos, de lo que resulta que deba ser totalmente intolerable.

Eutanasia No voluntaria: se practica “en aquellos seres incapaces de dar su consentimiento, como lo serían infantes incurables o con malformaciones, o adultos, que ya sea por enfermedad, accidente o edad, haya perdido la aptitud de comprender y decidir acerca de su estado y su futuro.” Aunque en principio es inaceptable cabría distinguir si previamente hubo manifestación de voluntad tipo testamento vital o si se pudiera resultar aceptable un “juicio sustituto” algo muy discutido, como casi todo lo relativo a este tema, pero que ha ido ganado espacios entre los que son favorables a la eutanasia, especialmente lo relativo a documentos de voluntad anticipada.

Eutanasia Voluntaria: la que se practica a partir de la  petición consciente del paciente:

Por infinidad de razones.

Por padecimientos asociados a una condición crónica de salud irreversible que   no presenta serias expectativas de vida, que provoca un sufrimiento intolerable y permanente, que no es secundario a cuidados inadecuados, y que implica un grado  importante de degradación humana.  Por lo que del alcance del consentimiento dependerá la clasificación de la eutanasia en:

Eutanasia Activa: consiste en la administración por terceros, generalmente el médico,  de una droga que  provoca la muerte, sin causar dolor.

Eutanasia Pasiva: que a su vez puede  tratarse de:

Abstención terapéutica: cuando no se acepta ninguno de los tratamientos propuestos por el galeno, o de

Suspensión terapéutica: cuando se solicita, con el fin de acelerar la muerte, el cese de todo tratamiento.

[12] Por Real Decreto de 31 de julio de 1889 el Código Civil promulgado en la metrópoli  se extiende a Cuba,  apenas tres meses después de su entrada en vigor en EspaĖa.

[13] V. gr.: El apartado quinto de la Constitución Provisional  de Santiago de Cuba o de Leonardo Wood de 20 de Octubre 1898 (“El acusado no puede ser obligado a declarar en contra suya, ni podrá privársele de la vida, de la libertad o de su propiedad, sino por las leyes del país.”) o el Artículo 14 de la Constitución de la República de Cuba de 1901(“No podrá imponerse en ningún caso, la pena de muerte por delitos de carácter político, los cuales serán definidos por la Ley. “) o el Artículo 25 de la Constitución de la República de Cuba de 1940 (“No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.”)

[14] El antecedente más cercano de la actual tratamiento penal de la eutanasia lo tenemos en el artículo 437 del Código de Defensa Social cuyo contenido se diseminó entre varia figuras del Código Penal vigente, de ahí que en ocasiones se le encuadre como Auxilio al Suicidio (artículo 266 del Código Penal cubano)  y en otros como Homicidio (artículo 261 del Código Penal cubano), en tanto los móviles piadosos del sujeto activo pasaron al artículo 52 inciso d) como parte las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal previstas en la parte general  del Código. Por lo que no existe una figura específica que agote en sí ni todos los posibles supuestos de eutanasia ni todas sus peculiaridades.

[15] Desde la época de los reyes católicos y el papado de Alejandro VI, del linaje espaĖol de los Borgia,  las relaciones de la monarquía espaĖola con la Iglesia irían en ascenso en perfecta congruencia con el interés de ambos en la utilidad de la fe como instrumento ideológico.

[16] Los profesores Rapa y Fernández Bulté  apuntan que entre “...las fuentes de inspiración cabe significar: el Código de Comercio espaĖol, aún vigente en Cuba desde 1886; el Código Civil espaĖol, vigente en Cuba desde 1889 y hasta su abrogación en 1988; el B.G.B.;  los Códigos Civiles de las Repúblicas Socialistas de Checoslovaquia (de 1964, modificado en 1983 por Ley 70), de Polonia (de 1964), de Rusia (1964), de Hungría (tal y como quedó redactado por la Ley No. IV de 1977) y de Alemania Oriental (de 1975); la Constitución cubana de 1976;  la Ley espaĖola de bases para la modificación del Título Preliminar del Código Civil, Ley No. 3 de 1973, y Decreto – Ley de 31 de marzo de 1974; el Código Civil chileno de 1857;  el Código Civil argentino de 1869; el Código Civil suizo de 1907;  el Codice Civile de 1942 y el anteproyecto del que después sería el Código Civil peruano de 1984.” En Rapa Álvarez, V. y Fernández Bulté, J.: “El Código Civil cubano y el sistema jurídico latinoamericano” en Il Codice Civile di Cuba e il Diritto Latinoamericano,  Centro interdisciplinare di studi Latino – Americani, Roma, 1990, p. 42.

 

 

[17] Rapa Álvarez, V. y Fernández Bulté, J.: Ob. Cit,  Pág. 54.

[18] Colectivo de Autores.: “Manual de Derecho Civil I, Introducción y derecho de la persona.” Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, Pág. 22

[19] La civil es la primera vía de protección de dichos derechos, pero se puede accionar además en su defensa por vía penal, en el caso de la vulneración de los mismos haya sido prevista como delito por su peligrosidad social,  o por vía de los medios de tutela de los derechos fundamentales previstos por el Derecho Constitucional, en aquellos ordenamientos en que estos existan y se haya admitido la extensión a estos  para dar coherente protección a un bien jurídico de relevancia constitucional,  amparados muchos de ellos en las no universalmente aceptas, pero sí muy ingeniosas, doctrinas alemanas de la unmittelbare Drittwirkung o eficacia inmediata de los derechos fundamentales o la mittelbare Drittwirkung o eficacia mediata o la Ausstrahlungskraft o fuerza de irradiación.

[20] Rapa Álvarez, V. y  Fernández Bulté, J.: Ob. Cit., Pág. 54.

[21] Hinestrosa, Fernando, “Notas sobre el Código Civil cubano. Ley No. 59 de 16 de julio de 1987” en Il Codice Civile di Cuba e il Diritto Latinoamericano, Centro interdisciplinare di studi  Latino – Americani, Roma, 1990, Pág. 92.

[22] Díaz Magrans, M. M.: La persona individual”, en Colectivo de Autores, “Derecho Civil. Parte General” Editorial Félix Varela, La Habana, 2000, Pág. 147

[23] Vid. Díaz Magrans, M. M.: La persona individual”, en Colectivo de Autores, “Derecho Civil. Parte General” Editorial Félix Varela, La Habana, 2000 y Valdés Díaz, C. “Algunas consideraciones jurídico-filosóficas en torno al final de la vida y sus efectos.”, en biblioteca digital de la UNJC de Pinar del Río.

[24] Cfr.: Constitución de la República de Cuba, Artículo 70: La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República. 

[25] La prevalencia de los intereses sociales y del Estado se constata desde que se declaran  nulos los actos realizados contra sus intereses en los artículos 67 a) y 68-1del Código civil. El  respeto a los derechos de terceros se colige de la condena que formula el  artículo 4 al ejercicio abusivo de los derechos.

[26]La Constitución parte de reconocer en el Capítulo I Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado que “Artículo 9: El Estado: (...) b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza (...) que no haya enfermo que no tenga atención médica;...” , a lo que sigue en el Capítulo VII Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales el reconocimiento de que “Artículo 50: Todos tiene derecho a que se atienda y se proteja su salud. El Estado garantiza este derecho...”

[27] Organizaciones  como Naciones Unidas, UNESCO o la Organización Mundial de la Salud, o, más recientemente, la Unión Europea o el Consejo de Europa, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud con su Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa,   promovida el aĖo 1994, aparte de múltiples declaraciones internacionales de mayor o menor alcance e influencia se han referido a dichas  cuestiones. Últimamente, cabe subrayar por su relevancia especial el Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina de abril de 1997 adoptado por el Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina.

[28] Cfr.: Artículo 4, Ley No. 41 de 1983, Ley de la Salud Pública.

[29]Artículo 3.- El Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la rectoría metodológica, técnica y científica, en la prestación de los servicios, elabora el Plan Ramal de la Salud Pública y regula el ejercicio de la medicina y de las actividades que le son afines, fijando las condiciones, requisitos y limitaciones de las mismas.” Ley No. 41 de 1983, Ley de la Salud Pública.

[30] Artículo 17, Ley No. 41 de 1983, Ley de la Salud Pública.

[31]Artículo 35.- Las decisiones para la realización de los procederes médicos en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, se valoran por el personal facultado para ello, teniendo en consideración la alteración de la salud de que se trate e informando al paciente o familiares la conducta a seguir. En todos los casos se respeta el pudor y la sensibilidad de los pacientes y familiares.” Ley No. 41 de 1983, Ley de la Salud Pública.

[32] Cfr.: Artículo 19 en relación con el Artículo 18 Ley No. 41 de 1983, Ley de la Salud Pública.

[33]Artículo 19.- Las intervenciones quirúrgicas, procederes diagnósticos y terapéuticos a pacientes, se realizan con la aprobación referida en el artículo anterior. 

No obstante en aquellos casos de carácter urgente en los que peligre la vida del paciente, las intervenciones quirúrgicas, procederes diagnósticos y terapéuticos se hacen sin la aprobación antes consignada.”

“Artículo  36.- Los pacientes con trastornos mentales, que constituyen amenaza o peligro para sí o para la convivencia social y que no controlan sus acciones ni prevén el resultado de las mismas, pueden ser hospitalizadas independientemente de la autorización o no, por parte de los familiares o de sus representantes legales, y se dará cuenta a la autoridad judicial correspondiente de acuerdo con el procedimiento legal establecido, para que se dispongan las medidas que procedan.” Ley No. 41 de 1983, Ley de la Salud Pública

[34] V. gr.: “Artículo 69.- Los procederes médicos con el paciente podrán ser de promoción, prevención, diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación, y se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley, y en correspondencia con los principios que rigen la ética médica.

Artículo 70.- El Ministerio de Salud Pública dictará las disposiciones para la aplicación en el Sistema Salud de los procederes médicos que correspondan a los adelantos de las ciencias médicas.” Reglamento de la Ley de Salud Pública, Decreto No. 139 de 1988

 

[35]  Fernández Martínez, M.: “La representación”, en  Colectivo de Autores, “Derecho Civil. Parte General” Editorial Félix Varela, La Habana, 2000, Pág. 272

[36] Idem,  Pág.281

[37] Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense de 9 de febrero de dos mil cinco, doctores Hitters, Roncoroni, Negri, Kogan, Genoud, Soria, Pettigian, rechazando pedido de autorización de un curador para interrumpir la asistencia artificial que sostiene con vida a su cónyuge, en estado vegetativo. Publicado por el Diariojudicial.com, 14 de febrero de 2005.

 

[38] Resulta cuestionable que una regulación de esta naturaleza que debe desarrollar preceptos legales de rango de ley haya sido emitida a través de Resolución.

[39] Fernández Bulté, J.: "Los fundamentos de los derechos humanos. " citado  en: Villabella Armengol, C., “La axiología de los Derechos Humanos en Cuba”, publicado en Pérez Hernández, L. (compiladora), “Selección de lecturas sobre el Estado y el Derecho. Curso de formación de trabajadores sociales”, Pág. 121

[40] Sánchez Hernández, A.: "Similitudes y diferencias entre los valores de las diferentes zonas o dominios axiológicos"., Rev. Humanidades Médicas, Vol. 3, No 7, Enero - Abril del 2003. publicado en www.bvs.sld.cu, marzo de 2007.

[41] Sánchez Hernández , A.: "Algunas reflexiones en torno al concepto de valor ético-moral", Rev. Humanidades Médicas, 2001; 1(1) publicado en www.bvs.sld.cu, marzo de 2007.

[42] Macias Llanes, M. E., Aguirre del Busto, R.: "Hermenéutica y valoración: alternativas de la Bioética contemporánea", Rev. Humanidades Médicas 2001; Vol.: 1, No. 1. publicado en www.bvs.sld.cu, marzo de 2007.

 

 

[43] Villabella Armengol, C., Ob. Cit., Pág. 122

[44]Idem, Pág. 124

[45] Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense de 9 de febrero de dos mil cinco, doctores Hitters, Roncoroni, Negri, Kogan, Genoud, Soria, Pettigian, rechazando pedido de autorización de un curador para interrumpir la asistencia artificial que sostiene con vida a su cónyuge, en estado vegetativo. Publicado por el Diariojudicial.com, 14 de febrero de 2005.

[46] “...DECLARAMOS  nuestra voluntad  de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí: “Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de todos los hambres a la dignidad plena del hombre”...”

Constitución de la República de Cuba.

[47] Villabella Armengol, C., Ob. cit, Pág. 122

[48] Colectivo de Autores.: “Manual de Derecho Civil I, Introducción y derecho de la persona.” Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, Págs. 22-23

[49] Artículo 8, Constitución de la República de Cuba.

[50] Artículo 1, Constitución de la República de Cuba.

[51] Sánchez Hernández A.: "Replanteamiento de la teoría de la virtud desde un enfoque axiológico", Rev. Humanidades Médicas, Vol. 2, No 6, Septiembre-Diciembre del 2002. publicado en www.bvs.sld.cu, marzo de 2007

[52] Idem.

 

[53] Suscribimos las opiniones del “Manifiesto a favor de la eutanasia” publicado en The Humanist en 1975 y rubricado por varios premios Nobel y otras personalidades relevantes que afirma el individuo "...tiene la libertad para decidir razonablemente su propia muerte, (...)es cruel y bárbaro exigir que una persona sea mantenida viva contra su voluntad, rehusándole la liberación que desea (...) puesto que todo individuo tiene el derecho a vivir con dignidad..., también tiene el derecho a morir con dignidad".