EL ORIGEN CONTRACTUALISTA DE LA ÉTICA Y EL DERECHO.*

 

FERNANDO GUZMAN MORA, MD (Cirujano Cardiovascular. Hospital Militar Central, Abogado penalista. Universidad Militar, Magistrado Tribunal Nacional de Ética Médica, Especialista en Bioética. Universidad El Bosque.)

CN SARA EDITH MORENO MAZO, MD (Oftalmóloga. Subdirectora Servicios Ambulatorios. Hospital Militar Central. Especialista. Docencia Universitaria, Magister en Bioética. Universidad El Bosque)

BORIS JULIÁN PINTO BUSTAMANTE, MD (Médico cirujano Universidad Nacional de Colombia. Especialista, Magister Bioética, estudiante Doctorado Bioética, Universidad El Bosque. Especialista Creación Narrativa, Universidad Central, Profesor Investigador Universidad El Bosque, Fundación Universitaria Sánitas)

 

* Artículo de reflexión. Una primera versión de este documento, fue publicada en La Gaceta Jurisprudencial del Tribunal de ťtica Médica de Colombia, enero de 2013, (Delitos contra la integridad sexual en el acto médico), pp 273-283. La presente, es una versión ampliada.

 

INDICE

1.    INTRODUCCIÓN.

2.    LA DISCUSION ENTRE DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO.

3.    EL POSITIVISMO JURIDICO.

4.    LAS TEORIAS CONTRACTUALISTAS DEL DERECHO Y LA ÉTICA.

5.    DERECHO POSITIVO Y NATURALISMO RELIGIOSO.

6.    CONCLUSIONES.

 

 

RESUMEN

  Las teorías esencialistas sobre el origen y el contenido de la moral, suponen la existencia de normas morales reguladoras de la conducta humana, como normas universales, objetivas, absolutas, con existencia propia e independiente, reconocibles por los mismos sentidos humanos y cuya esencia ontológica salta a la vista como algo obvio e inherente a la naturaleza misma del hombre. Al respecto de esta posición, de tipo naturalista, de fundamento transcendental y esencialista, herencia del estoicismo y que se fundamenta en la ley natural de la experiencia moral, los teóricos del derecho positivista ofrecen múltiples réplicas.

 

 

ABSTRACT

  Essentialist theories about the source and content of morality, presuppose the existence of  moral rules that regulate the human behavior as universal norms, objectives, absolutes, self-existents and independents, recognizable by the same human senses and whose ontological essence are notable as the obvious and inherent to the nature of the human being. About this position, of naturalist, essentialist and transcendental foundation kind whose is inheritance stoicism and is based on the natural law of moral experience, positivist legal theorists offers multiple objections.

 

 

Palabras clave: Teoría Ética, Ley Natural, Justicia, Legislación, Positivismo jurídico.

Key Words: Ethical Theory, Natural Law, Justice, Legislation, Legal Positivism.

 

 

INTRODUCCIÓN

 

     La eudaimonía de la que hablara Aristóteles, o la felicidad a la que tiende el hombre en virtud de la ley natural como fuente de la experiencia moral (Cortina, 2000, pág. 58) no es, en las sociedades contemporáneas, un predicado objetivo. El bien, como algo que tiene valor, no es definido exclusivamente a partir de los predicados naturales. Para otros autores, el hombre puede despojarse de la ley natural y definir el contenido de aquello que considera bueno, haciendo uso de la libertad y la racionalidad. Esta práctica de auto-poiesis, implica el reconocimiento de una implícita naturaleza histórica de la persona moral. Este es uno de los principios de la noción moderna de la dignidad humana encarnada en el pensamiento kantiano. Así, es posible considerar la noción de bien como artefacto cultural, histórico y social, y no como una entidad objetiva y ahistórica. 

 

     La prioridad de la ética radica, como afirmara Levinas, en el fomento de la reflexión sobre el asunto de la moralidad en general. En términos amplios, dos grandes corrientes de pensamiento ofrecen sus argumentos en relación a los fundamentos de la ética:

 

    

SUBJETIVISTA O RELATIVISTA. Esta postura afirma que los predicados morales y las visiones del bien y la felicidad, no son absolutas en sí mismas y mucho menos se pueden proponer como normas universales. Son contingentes, subjetivas, contextuales e históricas. Son el resultado de la libre elección y formulación de quienes los enuncian y aceptan.

 

     Dentro de esta corriente hay varias escuelas: la primera, denominada no cognitiva, plantea que la moralidad y sus normas universales, no guardan relación con la razón, pues tales normas no son verificables de manera empírica o demostrable, ya que es imposible, según este postulado, derivar hechos verificables a partir del fenómeno moral. Quiere esto decir que los principios morales universales no son absolutos ni pertenecen a una especie de verdad irresistible, pues lo que determina la bondad de las acciones humanas es el sentimiento individual que tales acciones suscitan en el proceso histórico y en las conclusiones que permitan calificar tales acciones como morales o inmorales. La ponderación entre la naturaleza de las acciones y sus secuelas es un asunto racional; pero la valoración del contenido moral, para los subjetivistas de este cuĖo, es un asunto sentimental.

 

     La segunda, o corriente utilitaria, busca un criterio de aceptación comunitaria con base en la máxima producción de placer y la mínima causación de dolor, en una especie de cálculo de costos y beneficios para el mayor número de las partes en cuestión.

 

     La última, o contractualista, concluye que el bien moral está determinado por el libre acuerdo de voluntades entre los sujetos de la comunidad, que de manera mayoritaria, deciden los términos de las obligaciones, políticas, económicas y personales, como un instrumento que gestiona la consecución de los intereses de los ciudadanos. 

 

  

  OBJETIVISTA O PERSONALISTA.  Esta línea intelectual sostiene que sí es posible acceder al conocimiento del bien como verdad conocida, objetiva y absoluta, que trasciende a los individuos, que tiene existencia propia, y que puede ser identificada por medio de la razón o la intuición.

 

     Una discrepancia similar se plantea entre el derecho natural y el derecho positivo, con referencia a los derechos fundamentales de la persona. Es la centenaria discusión entre iusnaturalismo y iuspositivismo.

 

     Como herencia de la modernidad, las teorías éticas y jurídicas contemporáneas más prevalentes, aceptan que el ser humano posee un conjunto de derechos en virtud de su condición inalienable de persona. Esta es la base normativa de los derechos universales que hoy por hoy se promueven en la mayor parte del mundo.

 

     Pero la pregunta más importante es: ņQuién ha enunciado tales derechos fundamentales inherentes al ser humano en virtud de su dignidad?

 

     Existen dos tendencias, como se ha mencionado:

 

n  Aquellos que afirman que los principios del derecho y de la ética, así como la distinción entre el bien y el mal, son inherentes al ser humano y, según algunos, inscritos en el mismo corazón de las personas (naturalistas, intuicionistas).

 

n  Los que defienden la teoría de los derechos fundamentales de las personas, la ética y la distinción entre el bien y el mal como un fruto de la conquista humana a través de la historia y conseguida por medio de la ley, instrumento creado por el mismo ser humano y de obligatoria observación (utilitaristas, contractualistas).

 

 

LA DISCUSION ENTRE DERECHO NATURAL Y DERECHO POSITIVO

 

     El Derecho Natural ha sido definido como el capítulo del ordenamiento jurídico compuesto por principios objetivos originados en la razón o la intuición, y cuyo objetivo es la regulación de las inclinaciones y la convivencia humana.

 

     El Derecho Natural sugiere que existen principios superiores que sirven como fundamento del derecho positivo. Y, aunque el concepto de su inmutabilidad y eternidad ha sido impugnado, se conservan como un ideal de corrección y perfeccionamiento del derecho vigente.

 

     A lo largo de la historia del pensamiento, siempre se ha considerado la existencia de una ley no dependiente de la voluntad humana, fundamentada en algo que trasciende la norma positiva, que sirve de fundamento a las normas en general, y que es aplicable en cualquier momento y lugar de la evolución social. El Derecho Natural, surge entonces de la naturaleza misma del hombre y, por lo tanto, es universal.

 

     Los principios primarios del Derecho Natural, de acuerdo con sus defensores, se encargan de sentar los cimientos de la organización social. Se fundamentan en la inclinación natural al Bien, como cualidad verdadera y conocida, en la obediencia razonable al instinto, en la naturaleza sociable del hombre y en la tendencia prevalente hacia lo trascendente.

 

     Las condiciones de estos principios son, según quienes los propenden, la universalidad, (es decir, su vigencia para todos los individuos en todo tiempo y lugar); la cognoscibilidad, (su evidencia a todas las personas a través de la razón); la inmutabilidad, su (conservación sin cambios); y su carácter abstracto. En la historia de la civilización se pueden identificar cuatro grandes tendencias iusnaturalistas: la antigua, la teológica, la justicialista y la racionalista.

 

     El iusnaturalismo antiguo no se plantea problemas de tipo jurídico sino en el plano de la justicia natural, y afirma que existen derechos otorgados por naturaleza al ser humano, los cuales son verdaderos y conocidos como preceptos normativos. La justicia legal o humana debe estar en relación directa con la justicia natural. La naturaleza es el canon del cual se derivan las normas morales. La prudencia, como la ponderación de los juicios de valor, debe procurar el justo medio como expresión del equilibrio, de la isonomía natural.

 

     Los iusnaturalistas teológicos, siguiendo la corriente ideológica religiosa que los ha mantenido por espacio de siglos, afirman que estos derechos provienen de Dios, quien los ha inscrito en el corazón de cada persona y son reconocidos de inmediato por cualquier ser racional. Es necesario anotar que este iusnaturalismo teológico se desarrolla en un contexto pagano, alimentado a partir de corrientes filosóficas clásicas, particularmente el estoicismo. Tras la promulgación del Edicto de Milán en 313 d.c por Constantino el Grande, en donde el Imperio reconoce libertad de cultos, y el Edicto de Tesalónica suscrito por Teodosio en 380 d.c., que declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, El iusnaturalismo teológico se instala en occidente y será refrendado por los Padres de la Iglesia hasta la doctrina católica contemporánea, si bien no ha estado exenta de desviaciones cismáticas como el maniqueísmo, el gnosticismo y el paganismo.

 

     Este iusnaturalismo teológico fue el fundamento de la teoría del origen teocrático del Estado, que defiende el origen divino del poder y la procedencia divina de los reyes, cuya relevancia es preponderante en la Edad Media.

 

     Los iusnaturalistas justicialistas, representan el renacimiento de la antigua teorías clásicas sobre la justicia, representadas, entre otros, por Aristóteles, Ulpiano y Cicerón. Afirman que la Justicia es un valor jurídico, una cualidad moral y una filosofía jurídica integral. Como valor jurídico, la justicia demanda actuar dentro de la Ley, a pesar de los afectos subjetivos de quien aplica la norma. Como cualidad moral, es una disposición continua y periódica de reconocer los derechos de las demás personas. Y como filosofía jurídica integral, es la aplicación e interpretación de la ley de la manera más equitativa, dentro de lo que la misma ley permite.

 

     La justicia “o la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho” (MuĖoz & Gracia, 2006, pág. 165), consiste en el conjunto de principios, normas formales y marcos procedimentales, que procuran la correcta distribución de bienes y obligaciones en una sociedad. Así, es posible hablar de justicia conmutativa, distributiva, retributiva, entre otras posibilidades. La justicia distributiva regula los términos de distribución de todo el conjunto de condiciones, bienes y responsabilidades que configuran el bien común. Intenta solucionar las graves diferencias entre las clases sociales, haciendo énfasis en la naturaleza social del ser humano y en la función social de la riqueza, con base en principios de solidaridad.

     La Justicia, así definida, debe reconocerse en todos los actos de los poderes estatales. En el Legislativo, inspirando y diseĖando las leyes, considerando en pie de igualdad los derechos de todos los ciudadanos, con base en conceptos de igualdad y libertad. En el Poder Judicial, ajustando las sentencias a las normas constitucionales y a la Ley, que desde la implantación del Estado Social de Derecho, rigen la vida de los asociados. En el Ejecutivo, protegiendo a los débiles del abuso de quienes detentan el poder económico y político, e incluso del Estado mismo, cuya imponencia no puede arrollar a las personas individuales.

 

     La justicia implica beneficio mutuo e imparcialidad en los juicios de valor. Y aunque la justicia perfecta no es asequible, es una guía permanente en la conciencia de las sociedades y las personas, pues el sentido último del derecho es la justicia. Lo justo entendido como particular, porque la justicia es abstracta y lo justo es concreto.

 

     Los iusnaturalistas racionalistas se basan en el reconocimiento que hace la propia naturaleza racional de cada ser humano, cuando se encuentra frente a otro de su misma especie, de esos derechos esenciales e inherentes a cada miembro de la raza humana.

 

     Esta tendencia emerge en el Renacimiento y se consolida en la modernidad, cuando se manifiesta un antropologismo heliocentrista (Copérnico), con el desarrollo posterior de las ciencias físicas y las matemáticas (Galileo, Newton), la astronomía (Kepler) y la geometría cartesiana. En 1517, tras la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittemberg, en contra de la eficacia de las indulgencias promovidas por el papa León X, surgirá la Reforma Protestante cuyo apogeo significa la fractura de la hegemonía que ostentó la Iglesia Católica durante la Edad Media. Al tiempo que el cristianismo se fractura en disidencias por Europa, surgen los Estados Modernos como una ficción política en torno a un progresivo “humanismo nacionalista-burgués” (en palabras de Peter Sloterdijk), que iniciarán un largo proceso de unificación en territorio y poder. En este marco histórico, el iusnaturalismo racionalista dará paso a las teorías sobre el contrato social y el positivismo jurídico.

EL POSITIVISMO JURIDICO

 

     Norberto Bobbio considera la evolución ética de la humanidad, como el tránsito desde “descubrimientos morales” hasta el asentamiento de “verdades morales” (Bobbio, 1991, pág. 93-95).  En general, los positivistas no aceptan la existencia de un derecho natural, como proveniente de la naturaleza humana o de otra fuente universal. Para los positivistas, el derecho se origina en el legislador, siendo particular de cada pueblo o Estado.

 

     La ley, como las instituciones, obedece a una construcción cultural, a una confección histórica, a una segunda naturaleza cuyo propósito es definir aquellos principios, normas y reglas morales que permitan la vida en comunidad, que garanticen el conjunto de condiciones sociales para alcanzar las nociones particulares sobre la vida buena, y que beneficien más ampliamente al mayor número de personas.

 

     Por lo tanto, esa creación del espíritu humano que se llama ley, tiene como tarea definir los límites aceptables del arbitrio humano en tanto ser social. En tal sentido, los denominados derechos fundamentales obedecen a una confección humana, creados, asignados y obligados a respetar por la sociedad, por disposición de la misma ley. El positivismo jurídico no acepta que tales prerrogativas o aspiraciones humanas sean inherentes al hombre en virtud de su naturaleza. Prefiere recurrir a la prescripción de normas objetivas y vinculantes, con el fin de promover, tutelar, proteger o imponer, por medio de su legítima y convenida capacidad de coacción, aquellos valores que socialmente han sido considerados por la sociedad misma como “lo bueno, lo valioso, lo justo” (González, 2008, pág. 95), cuya determinación previa, en términos del contenido de tales valores, es papel de la ética (descriptiva, normativa, política), y de la moral social (González, 2008, pág. 95).

     En el marco del iusnaturalismo justicialista, la formulación de los derechos fundamentales del individuo es un corolario de la idea de justicia que defienden las democracias liberales constitucionales (Gutmann, 2003, pág. 174). Aunque Dworkin exprese que tales derechos son anteriores a cualquier pacto social, puede afirmarse, desde una perspectiva positivista, que la existencia efectiva de tales prerrogativas humanas sólo ha sido posible en el seno de sociedades estructuradas a partir del imperativo de la fuerza y coactividad del Derecho.

 

Las corrientes positivistas son básicamente dos:

 

Š      La radical, que afirma que es la ley quien ha creado las formas de Estado, las prohibiciones conductuales, las advertencias sobre los actos que ocasionen daĖos en otros, la destinación de los recursos del Estado para la protección de los más débiles.

Š      la relativa, que se fundamenta en el origen contractual de la ley, pero admite algunos elementos del derecho natural como inherentes a las personas.

 

     El derecho positivo también posee una serie de elementos fundamentales: Las proposiciones jurídicas procuran su sustento en hechos verificables, más que en disertaciones metafísicas. Las prohibiciones, obligaciones y permisos de acción, se basan en acuerdos sociales y en premisas empíricas, no en juicios particulares de valor y, mucho menos de origen trascendental. La experiencia se adquiere a través de la observación y la comprobación de los fenómenos naturales y sociales.

 

     Por todo lo anterior, la norma debe ajustarse a las exigencias del contrato social de los países. Y tales exigencias se fundan en hechos verificables, en costumbres, en análisis científicos y en el conocimiento de cada sociedad en particular y de la raza humana en general. La norma debe ser acordada, válida, aceptada y lógica en su estructura. Es decir, acorde con el deseo social de los representantes de la comunidad y obediente a los principios del aparato jurídico de cada país. La base de la norma es la legitimidad (Hierrezuelo Conde & Stammler,  pág. 641-643), y su ejercicio se verifica mediante el Poder y la Autoridad. Ellos organizan la convivencia social por medio de la fuerza del derecho, como “un producto de la voluntad, de carácter social y que se afirma con fuerza autárquica e inviolable." (Hierrezuelo Conde & Stammler,  pág. 641-643).

 

     Los pensadores más importantes del positivismo jurídico son Rudolf Stammler (1853-1938) Alf Ross, Norberto Bobbio, Herbert Hart y Hans Kelsen (1881-1973)

 

 

LAS TEORIAS CONTRACTUALISTAS DEL DERECHO Y LA ÉTICA

 

     Las teorías contractualistas se encuentran representadas en dos vertientes: la ABSOLUTISTA, cuyo máximo exponente es Tomas Hobbes (Siglo XVI), autor de la obra Leviatán, y la DEMOCRňTICA, en cabeza de John Locke (Siglo XVII) y Juan Jacobo  Rousseau. (Siglo XVIII). Todos Influyeron en la concepción del Estado Nacional y Liberal.

Las teorías tienen varios aspectos en común:

    1-Todas tienen fundamento hipotético, es decir, ninguna ofrece una base científica de la evolución del hombre. No tienen en cuenta documentos, informaciones históricas, etc. Sus hipótesis se fabrican en abstracto y se aplican a todos los Estados.

     Un modelo histórico de un contrato social, es el “Pacto del Mayflower”, en referencia al documento suscrito por los puritanos que alcanzaron las costas de Massachusetts en 1620, a bordo del barco Mayflower, cuando 102 puritanos diseĖan las reglas de gobierno de la nueva colonia, al saber que habían equivocado su destino en Virginia, donde tenían permiso para asentarse como colonos.

     2-Todas parten del concepto del “estado de naturaleza del hombre.” En este estado no existían normas de convivencia, ni fronteras. No había limitaciones impuestas por el hombre.

     3-Consideran que el hombre, en algún momento de la evolución decidió formar un Estado y organizarse civilmente. Esa decisión la tomó mediante un pacto o consenso. Es decir, de un contrato social o acuerdo de voluntades.

     Cuando se conforma el pacto, nacen unas normas que implican deberes y derechos, en lo que Juliana González ha denominado “un contrato pragmático para asegurar la convivencia”. En la institución de este contrato, los ciudadanos renuncian a ciertas libertades individuales a cambio de la seguridad que debe prodigar su gobernante. Este será el Leviatán, o la Res Publica, la forma organizada de autoridad sobre las cuestiones públicas, personificada en la monarquía absoluta, cuya legitimidad está condicionada al cumplimiento del contrato social. Cuando el poder se divide, nace la monarquía constitucional (John Locke), es decir, con una limitación en el ejercicio del poder a través del Parlamento. Cuando el poder reside en el pueblo, existe una democracia directa y una soberanía popular (Rousseau).

     El impulso de estas teorías se verifica en los cambios sociales ocurridos a raíz del ascenso de la burguesía, que desencadenaron posteriormente la Revolución Francesa y las revoluciones parlamentarias en la Inglaterra del siglo XVII.

     En el contractualismo existen tres elementos básicos: Estado Natural, Contrato Social y Estado. Sin embargo, las concepciones entre los pensadores difieren de manera profunda. Para Hobbes, el hombre es lobo para el hombre y por ello, el estado de naturaleza es de guerra continua. Locke piensa que el ser humano vive en estado de igualdad y libertad. Rousseau cree que poseyendo los elementos básicos de subsistencia, se alcanza la felicidad.

     Las teorías contractualistas fueron protagonistas en la ideología de la Revolución Francesa y la independencia de las colonias norteamericanas.

 

 

 

 

DERECHO POSITIVO Y NATURALISMO RELIGIOSO

 

     Frente a la procedencia divina de los derechos fundamentales, el derecho positivo no encuentra argumentos lógicos que la sustenten. La idea de Dios es individual, íntima, personal, subjetiva y carente de pruebas científicas que la sostengan. Aun como creyentes, los tratadistas de derecho no pueden inmiscuir la idea de Dios en sus raciocinios, ni en el diseĖo de sus normas, ni en la aplicación de las mismas, pues su fuerza normativa no es operante en el ámbito de los deberes imperfectos, restringidos al fuero particular de las libertades subjetivas, de las cuales, la idea de Dios es una de sus manifestaciones.

 

     Uno de los pilares de los modernos estados sociales de derecho, es la consideración de la dignidad de la persona humana como atributo inalienable, en virtud del cual, el hombre es un fin en sí mismo y no un medio. El derecho a la afiliación religiosa y a la libertad de culto, se enmarca en esta concepción de las libertades fundamentales. El Estado tiene la obligación de garantizar el conjunto de condiciones necesarias para el disfrute de tales libertades, conforme a la particular noción de perfección a la que aspira cada uno de sus ciudadanos. No es tarea del Estado, ni del derecho, prescribir reglas morales en los ámbitos privados. Tal fuerza prescriptiva en el ámbito de las libertades individuales, representaría una amenaza para el pluralismo como virtud cardinal de los estados modernos. Sin embargo, la gestión que cada quien ejerce en el perímetro de sus libertades individuales, tiene como límite el ámbito de los intereses públicos. Si una particular idea de Dios, o del bien, trasgrede los límites del ámbito privado y lesiona intereses de terceros, o bienes comunes, la fuerza legítima del derecho debe operar para retribuir, castigar y compensar el daĖo, el agravio o la lesión causada.   

 

 

 

 

CONCLUSIONES

 

     La ética, como el derecho, la sociedad, la cultura, las ideas de justicia y todas las ideas implícitas al ordenamiento jurídico, social y conductual, nacen de una especie de acuerdo de voluntades entre las personas que conforman la sociedad, las cuales intercambian una restricción a la libertad por una ganancia en seguridad y, con base en ese acuerdo, elaboran las premisas de convivencia entre las personas, las ideas del bien y el mal, la asignación de deberes y obligaciones a los ciudadanos, y el reconocimiento de principios de conducta que respeten los derechos fundamentales, asignados como tales a las personas por la misma ley.

     Desde una óptica positivista, puede afirmarse que la ética, como reflexión crítica sobre el fenómeno moral, y el derecho, como “sistema normativo que define y organiza el Estado y la conducta de los individuos en sus relaciones” (González, 2008, pág. 94), exhiben principios elaborados por el mismo ser humano, quien ha determinado los conceptos de aquello que se considera socialmente como correcto o incorrecto, para, en esa forma, dictar una serie de postulados de tipo interno denominados moral, y otros de tipo externo, llamados leyes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

1.    BOBBIO, Norberto, El tiempo de los derechos. Madrid: Editorial Sistema, 1991, pp. 93-95.

2.    CORTINA, Adela, Ética Mínima. Madrid: Tecnos, 2000, pp. 58.

3.    GONZÁLEZ, Juliana, Perspectivas de bioética. México: Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 95.

4.    GUTMANN, Amy, Rawls on the Relationship between Liberalism and Democracy. En: Freeman, S (Ed.). The Cambridge Companion to Rawls. New York: Cambridge University Press, 2003. pp. 174.

5.    HIERREZUELO CONDE, Guillermo & STAMMLER, Rudolf, La génesis del Derecho: (traducción del alemán por Wenceslao ROCES SUÁREZ y edición al cuidado de José Luis MONEREO PÉREZ, Comares, Granada, 2006. Rev. estud. hist.-juríd. [online], 2007, n.29, pp. 641-643.

6.    MUĄOZ, Sagrario & GRACIA, Diego, Médicos en el cine. Madrid: Editorial Complutense, 2006, pp.165.