CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO EN COLOMBIA Y DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA.

Por: Norma Cecilia Nieto Nieto[1]

 

El propósito fundamental de este trabajo consiste en mostrar cómo la constitucionalización del Derecho Privado en Colombia ha permitido la defensa de los derechos de la persona en contextos de fricciones entre: el derecho constitucional de libre asociación de los accionistas en las sociedades anónimas y los derechos al mínimo vital, la salud, la seguridad social, la igualdad, la vida en condiciones dignas y la integridad física y moral de las personas de la tercera edad.

A fin de dar tratamiento al problema se presentarán: i) la importancia y utilidad de los tipos societarios como elementos de organización económica y jurídica de la actividad empresarial; ii) los fundamentos constitucionales de la conformación de sociedades comerciales en Colombia; iii) el efecto de la constitucionalización del derecho societario sobre la elección de los agentes económicos en relación con la estructura de riesgo en la sociedad anónima; y vi) finalmente se presentan algunas consideraciones a modo de conclusión.

 

i) Importancia y utilidad de los tipos societarios como elementos de organización económica y jurídica de la actividad empresarial

El derecho se ocupa de las sociedades por la importante función que cumplen como figuras económicas e instrumentos de organización empresarial; por ello, les reconoce una personalidad jurídica[2], por la cual se verifica la separación patrimonial entre ella y los socios que la constituyeron y la consecuente limitación del riesgo. El esquema societario permite elegir diferentes tipos de sociedad, que, a su vez, determinan mayor o menor compromiso para el patrimonio de los socios, en relación con las obligaciones del ente; permite la confluencia de esfuerzos y recursos económicos, con la posibilidad de diferenciar roles entre los asociados, y desempeĖa adecuadamente una función de atracción de recursos de inversión.

Una vez constituida la sociedad, con todos los requisitos para su regularidad surge una persona jurídica[3] independiente de los socios que han decidido actuar bajo esta forma jurídica y económica para el desarrollo del objeto social elegido. El ente así constituido goza de una estructura técnica que puede desarrollar a partir de sus atributos (capacidad, nacionalidad, nombre, domicilio); puede ser sujeto de derechos y obligaciones y cuenta con un patrimonio que permite el desarrollo de las diversas actividades para el logro de sus objetivos, plasmados en lo que constituye el propósito de su creación[4].

No obstante la personificación jurídica de la sociedad, aquélla es un artificio del derecho que reconoce a ésta como un sujeto a fin de facilitarle algunos efectos económicos, pero no siempre es una necesidad para todas las sociedades. Algunas carecen de la personalidad jurídica y, en consecuencia, no surge la separación patrimonial ni la limitación del riesgo para los socios, pero pueden desarrollar su objeto y cumplir finalidades importantes, incluso para la economía de los estados[5]. Los sujetos, personas naturales o jurídicas, eligen la organización societaria desde el punto de vista jurídico y económico para la organización de su actividad mercantil, en atención a que el marco legal que las regula ofrece incentivos razonables, como el beneficio de la personalidad jurídica[6] y la separación patrimonial, con la consecuente limitación del riesgo. La amplitud del riesgo que comparten los socios con la persona jurídica societaria depende de qué elemento prime en la sociedad, la calidad de las personas de los socios o el capital que éstos aportan. Cuanto más personalista (intuito personae) sea la sociedad, mayor será el nivel de responsabilidad de los socios; cuanto más capitalista (intuito rei), como en las sociedades anónimas, más se contrae el riesgo hasta el monto del aporte de cada socio. De allí, entonces, que en los regímenes societarios las normas sobre el nivel de riesgo de los socios y los eventos en que se amplía, son de orden público, por cuanto protegen intereses de terceros y constituyen lo que podríamos denominar reglas de tipicidad estricta[7].

En el caso de la sociedad anónima es importante su función como incentivo para la promoción de la inversión, pues el esquema de limitación del riesgo motiva a los accionistas para hacer aportes considerables a la conformación del fondo social, por tanto la existencia de este tipo societario se erige como condición fundamental para la atracción, estabilidad y desarrollo de la inversión extranjera[8]. Por tanto en este tipo de sociedad se revela con mayor ahínco la resistencia frente a hipótesis que permiten u ordenan levantar el velo. Una visión más optimista, permite pensar que tales instrumentos demuestran su capacidad de adaptación a las circunstancias adversas que atentan contra su prevalencia en el régimen societario. (Reyes, 2002: 181).

No obstante lo anterior, la limitación de la responsabilidad de los socios ha evolucionado a partir de la constatación de fricciones entre el derecho de los acreedores a la satisfacción de sus créditos y los derechos fundamentales de los socios a la libre asociación, la iniciativa privada, la libertad de empresa y la libre competencia, con las prerrogativas propias, según el tipo societario escogido.

Esta evolución se destaca en la doctrina, la jurisprudencia (Colombia, Corte Constitucional, 1999)[9] y la legislación, mediante discusiones, pronunciamientos y normas[10] que consagran figuras como el allanamiento de la personalidad jurídica, o el levantamiento del velo societario, o la desestimación de la personalidad jurídica, disregard o piercing the veil of limited liability. Estas figuras, que se acaban de mencionar, no son más que teorías enraizadas en el abuso del derecho (con fundamento y aplicación de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad en caso de concordatos o liquidaciones obligatorias, la responsabilidad de los empresarios únicos, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad laboral[11]), que llevan a desconocer el sistema de limitación de riesgo y a permitir una intercomunicación patrimonial entre alguno o algunos de los socios y la compaĖía. Por tanto, es dable sostener que no es correcto referirse al fenómeno como una desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad, sino como el desconocimiento del principio de limitación del riesgo de los socios, mediante la consagración legal de eventos en los que se predica responsabilidad solidaria entre la sociedad y los socios.

La razón fundamental en la que encuentra sustento el surgimiento de las sociedades coincide con la necesidad de otorgar a los particulares un mecanismo jurídicamente seguro, que les proporcione, como efecto, la limitación de su responsabilidad frente a terceros, en relación con la teoría del patrimonio, según la cual a cada persona corresponde uno y sólo un patrimonio indivisible. Por ello, en tanto se acepta que luego del cumplimiento de ciertos ritos se crea un ente titular de un patrimonio distinto y separado del de sus integrantes, se logra, también, la conformación de grupos de acreedores diferentes y de prendas comunes para ellos. Los acreedores de los socios tienen como prenda el patrimonio de éstos, y los acreedores de la sociedad tienen como prenda el patrimonio de la persona jurídica reconocida por el derecho[12].

 

ii) Fundamentos constitucionales de la conformación de sociedades comerciales en Colombia.

 

La Constitución Política de 1991 declara las aspiraciones del constituyente primario por la consagración, desarrollo, respeto y garantía de un Estado Social de Derecho en el que la autonomía de la voluntad, el derecho a la propiedad privada libre, la libertad de asociación y de escogencia de profesión u oficio, la libre iniciativa empresarial y la libre competencia económica concurren con la función social de la propiedad y de la empresa. La Constitución propone un sistema de preceptos que la erigen como norma fundamental, incluye un preámbulo y una enunciación de fines y principios a la vez que contiene, en la parte dogmática, una consagración de Derechos humanos que interpretados con un criterio evolutivo, integral, e interdependiente superan la anacrónica distinción según generaciones.

 

La carta política define un modelo económico interpretado por la doctrina como economía social de mercado[13], en el que el Estado interviene como director de la economía, a la vez que enfatiza las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación masiva, como de interés público y en consecuencia condiciona su ejercicio a un régimen estricto de autorización previa y regulación permanente por parte del Estado. La fiscalización de las sociedades comerciales es función del poder ejecutivo en cabeza del Presidente de la República y se ejerce por delegación a través de las superintendencias de sociedades, financiera y de industria y comercio. Solo con fines de interés público o social y en virtud de la ley se pueden establecer arbitrios rentísticos que se someten a un régimen propio fijado por el Gobierno. El Estado tiene como una de sus funciones la promoción de la libre competencia económica. No obstante, el libre juego de la oferta y la demanda en mercados de competencia perfecta, algunos, dada la naturaleza de los bienes que se transan en ellos, constituyen mercados regulados[14].En estos casos el Estado interviene para proteger el trabajo, garantizar la integridad patrimonial de terceros, amparar la integridad del orden público y salvaguardar la buena fe.

 

A efectos de salvaguardar la carta de derechos y garantías constitucionales, así como la integridad del texto, se organiza la jurisdicción constitucional mediante la atribución de competencia a los jueces ordinarios y la implementación de la jurisdicción especializada ejercida por el Consejo de Estado y se erige a la Corte Constitucional como tribunal de cierre de la Jurisdicción Constitucional[15]. Por otro lado, la Carta se puede reformar con un Acto Legislativo expedido por el Congreso de la República, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, o a través de un Referendo. Por la importancia que reviste la modificación de la Constitución, los anteriores actos necesitan de la concurrencia de requisitos especiales y más exigentes que los de una ley ordinaria[16].

 

Por tanto, siguiendo a Ricardo Guastini y Paolo Comanducci[17] en el derecho Colombiano se verifican importantes elementos para sostener que nuestra Constitución es un texto rígido y cuenta con mecanismos para su salvaguarda mediante la garantía jurisdiccional de la Constitución; la fuerza vinculante del texto constitucional; la sobre interpretación de la Constitución; la posibilidad de aplicación directa de normas constitucionales; la interpretación conforme de las leyes y finalmente la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Además de estas características brevemente enunciados como fundamentos útiles a la determinación del grado de constitucionalización del derecho societario en Colombia, es importante considerar los efectos de este proceso sobre las formas en que los agentes económicos utilizan el derecho para la concreción de transacciones mercantiles y cómo las decisiones de la jurisdicción constitucional afectan las normas que conforman el sistema jurídico vigente aplicable a los asuntos societarios.

 

iii)           Constitucionalización del derecho societario y efectos sobre los agentes económicos en relación con la estructura de riesgo en la sociedad anónima en Colombia.

 

Dos decisiones de la Corte Constitucional servirán de punto de partida para mostrar algunos efectos del proceso de constitucionalización del derecho societario en Colombia. La primera, se trata de una sentencia que resuelve el trámite de revisión de una acción de tutela y la segunda, de una providencia que decide una acción de inconstitucionalidad.

 

a)   La sentencia SU- 1023 de 2001

Mediante la sentencia SU 1023 de 2001[18] la Corte Constitucional Colombiana resuelve la revisión de una acción de tutela interpuesta por algunos pensionados y familiares de pensionados fallecidos, beneficiarios por sustitución[19] en contra de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. Los accionantes instauran la acción de amparo al considerar que la falta de pago de las mesadas pensionales por parte de la accionada vulnera sus derechos constitucionales al mínimo vital, a la igualdad ante la ley, a la vida en condiciones dignas, a la integridad física y moral, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección de personas de la tercera edad. Los actores manifiestan que la sociedad demandada aduce que el incumplimiento de los pagos se origina en su situación de insolvencia patrimonial. Los pensionados y sus familiares (en el caso de los fallecidos) solicitan al tribunal que se llame a cumplir con el pago de las mesadas a la sociedad Fondo Nacional del Café S.A, socia mayoritaria de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., entidad que cuenta con la solvencia suficiente para atender los pagos.

Se trata de una controversia propia del derecho privado, societario, que los accionantes deciden sea intervenida por el derecho constitucional para la atención y superación del déficit de protección de los derechos de personas en situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad manifiesta, tal como lo son las personas de la tercera edad. La discusión constitucional supera el escenario de la aplicación de las normas de derecho societario contenidas en los artículos 376 del Código de Comercio y 148 de la Ley 222 de 1995. La primera de ellas consagra para la sociedad anónima, según las reglas de tipicidad estricta, que los accionistas serán responsables hasta el monto de sus aportes. La segunda, a su vez, contiene una presunción iuris tantum de responsabilidad de la matriz por la situación de insolvencia de la o las controladas. El debate se concreta entonces en el plano de los derechos constitucionales de la persona humana para los que piden protección los accionantes y los, también constitucionales, derechos a la propiedad privada, y a las libertades de escoger profesión u oficio, elegir asociarse, conformar y desarrollar empresa y competir libremente en el mercado de la accionada.

Los empresarios, en este caso aportantes al fondo social que sirve de base para conformar el capital de la sociedad anónima, confían en el esquema de riesgo que el mismo legislador les propone mediante reglas de orden público y tipicidad estricta. La Corte se enfrenta a un problema jurídico que le implica desarrollar un ejercicio de ponderación entre grupos de derechos constitucionales de los accionistas de un lado, y de los pensionados o sus familiares del otro.

 

Antecedentes jurisprudenciales sobre el problema

Si bien, la sentencia SU 1023 de 2001 marca el hito dentro de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional al abordar el problema jurídico de los límites a la responsabilidad de accionistas en sociedades anónimas y la garantía y respeto de los derechos de la persona, emanados de relaciones de trabajo que se objetivan en derechos de crédito a favor de trabajadores y pensionados; con antelación se produjeron pronunciamientos del tribunal en las sentencias T- 313 de 1995[20] y T – 014 de 1999[21]. En estas providencias la corte allanó el camino hacia la construcción de la doctrina sobre el tema.

En tal sentido enfatizó en que el reconocimiento y pago de pensiones es derecho fundamental cuando de él dependen otros derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la igualdad y la integridad de las personas. En igual sentido llama la atención sobre la vulneración al principio fundamental consistente en la consagración de la eficacia real y no solo formal de los derechos fundamentales de los asociados, lo que desarrolla uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

El derecho a la seguridad social no está incluido dentro del conjunto de los que la constitución enuncia como fundamentales. Sin embargo, adquiere tal carácter cuando en las circunstancias concretas del caso su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales. En algunos casos su fundamentalidad deriva de forma directa e inmediata del derecho al trabajo, considerado también como principio esencial del Estado Social de Derecho y siempre que recaiga en personas titulares de pensión por diversas razones (invalidez, vejez). La Corte destaca el deber de protección de estos derechos pues los pensionados merecen una especial consideración como parte de la sociedad y el Estado. Para el Tribunal en el caso de personas de la tercera edad el derecho a la seguridad social que se hace efectivo a través del pago de las mesadas pensionales y la prestación de servicios médico asistenciales es derecho fundamental, pues el mínimo vital de los ancianos, quienes están excluidos del mercado laboral o encuentran severas restricciones para ingresar a él depende por entero de los recursos que reciben de las pensiones.

En los casos en los cuales el empleador incumple su obligación respecto a las pensiones de jubilación y derechos complementarios, con el no pago o con la mora en el pago, no solo lesiona el derecho a la seguridad social y desconoce el principio de solidaridad, que busca matizar la desigualdad existente imprimiendo a la empresa determinadas cargas públicas para garantizar una equitativa distribución de los bienes. De igual forma, la omisión del empleador es incompatible con la confianza depositada por el trabajador. El principio de Buena fe, resulta de este modo claramente quebrantado.

La empresa, tal como lo propone la Constitución Política, se constituye en la base del desarrollo económico y fuerza motora del bienestar de los individuos de tal manera que ella se encuentra íntimamente ligada con la efectividad de los valores, principios y derechos constitucionales. Se constituye como un ámbito privilegiado dentro del cual la persona puede desarrollar su libertad y anhelos de realización. En consecuencia el valor del trabajo cobra una especial significación dentro del ámbito de la actividad empresarial. La empresa de que habla la constitución en consecuencia tiene “forma y rostro humanos y a la altura del principio de dignidad de la persona. La Corte rechaza cualquier concepción de la actividad empresarial que tienda a convertirla en instrumento de alienación del individuo o en un instrumento cuyo único objetivo sea la pura y simple reproducción del capital, en detrimento de la dignidad e intereses de las personas que, por medio de su trabajo diario, contribuyen día a día a la construcción de la riqueza nacional”. Corte Constitucional colombiana, Sentencia C- 324 de 1999, pp 22).

La corte ha entendido en los citados antecedentes jurisprudenciales que la empresa constituye un escenario en el cual la libertad y la dignidad se proyectan y desarrollan a través del trabajo humano.

 

Procedencia de la acción de tutela y definición de los efectos del fallo

Antes de analizar el tratamiento sustancial que hace la Corte del problema en la sentencia SU 1023 de 2001, es importante enfatizar en algunos elementos relacionados con la procedencia de la acción de tutela y sus efectos para el caso concreto. En primer lugar, el Tribunal profiere una sentencia de unificación en la que revisa las múltiples acciones de tutela interpuestas por diferentes actores, basadas en el mismo sustento fáctico: el incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales por parte de la persona jurídica demandada. En consecuencia el fallo se produce luego de la aplicación del principio procesal de acumulación de acciones. En segundo lugar, se extienden los efectos del fallo a todos los pensionados de la sociedad demandada, hayan sido o no accionantes. Por tanto, el fallo se produce luego de la aplicación del principio procesal de efectos inter comunis, a su vez desarrollo del principio de solidaridad. Como tercer elemento a destacar, la Corte encuentra una base sólida para excepcionar el principio de subsidiaridad de la acción de tutela, al afirmar que si bien existen otros medios judiciales[22] para la protección de los derechos, se justifica la intervención vía la acción de amparo por tratarse de una situación que ha generado un perjuicio irremediable consistente en la vulneración del derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad. Y finalmente, en cuarto lugar, el Tribunal aplica el principio de conexidad según el cual, para el caso que se comenta, el no pago de las mesadas pensionales constituye una afectación a derechos prestacionales, como lo son los relacionados con la seguridad social, que implica de suyo una afectación para derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la integridad física y moral, el libre desarrollo de la personalidad y la especial protección para personas de la tercera edad, derechos para los que la acción de tutela es un mecanismo idóneo de protección.

 

El fallo de la Corte

En los fundamentos esbozados en la obiter dictum, en los que finalmente se apoya la ratio decidendi, la Corte reitera que se han vulnerado derechos constitucionales fundamentales de la persona humana y que en tanto se afecta el mínimo vital de los accionantes o sus familiares decaen la efectividad e idoneidad de otros mecanismos de defensa. Estas circunstancias hacen necesaria la intervención pronta y eficaz del juez de tutela para evitar la vulneración continuada de derechos fundamentales.

La Corte Constitucional refiere precedentes en su jurisprudencia que definen el estado de subordinación como una relación de índole jurídica que determina la dependencia de una persona a otra. Por su parte para el mencionado Tribunal el estado de indefensión comporta una relación dependiente originada en circunstancias fácticas que colocan al sujeto en imposibilidad de defenderse de una agresión.

Resulta claro para la Corte que los jubilados ostentan un derecho adquirido a recibir con oportunidad y sin interrupción sus mesadas pensionales. Se trata de un derecho subjetivo, cuya desatención afrenta los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, sobre todo en circunstancias como las de los accionantes que son personas que sobrepasan el índice promedio de vida de los colombianos. Por tanto la acción de tutela debe prosperar en este sentido. Sin embargo, el problema radica en configurar un pronunciamiento con implicaciones materiales. Es decir, teniendo en cuenta la insolvencia de la entidad accionada resulta determinante que la sentencia proponga mecanismos para garantizar el cumplimiento de la protección del derecho.

La sociedad que originariamente tiene la carga pensional ha entrado en liquidación y suscribió un contrato de fiducia que no la exonera de responsabilidad laboral. La pregunta que enfrenta la Corte es: ņsi los socios pueden relegarse de dicha obligación?. En aplicación del principio legal de solidaridad y refiriendo precedentes de la Corte Suprema de Justicia: casación del 9 de abril de 1960 y del 28 de marzo de 1969, la Corte transcribe: “al respecto no vale el argumento de que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, al contemplar solo la responsabilidad solidaria de las sociedades de personas con sus miembros y de estos entre sí, excluye las de capital, puesto que si se creyó conveniente regular de manera especial en dicho estatuto tal aspecto de la responsabilidad, no fue con el ánimo de exonerar de la que incumbe a las sociedades anónimas, casi siempre con mayor suma de obligaciones laborales por su basto radio de acción, sino porque esa materia está regulada en su integridad en el derecho comercial aplicable en lo pertinente a las obligaciones surgidas del contrato de trabajo, a falta de disposición expresa”.

Finalmente, la Corte con los fundamentos brevemente expuestos profiere una decisión según la cual:

1)            El liquidador de la sociedad subordinada, deudora de las pensiones, debe pagarlas de forma oportuna y con prelación sobre otros créditos presentados al concurso, hasta agotar los activos disponibles, en atención al principio de pago preferente de las obligaciones laborales contenido en el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. Así mismo deberá incluir a los pensionados que hayan adquirido su derecho a pensión con posterioridad a la fecha de la providencia de graduación de créditos. Es de aclarar que esta orden ostenta carácter transitorio y no implica pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad que le corresponda como matriz en aplicación del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. 

2)             El socio mayoritario de la sociedad anónima, a su vez persona jurídica de naturaleza societaria, responde de forma solidaria por el pago de estas obligaciones, subsidiariamente y en aplicación de preceptos constitucionales y doctrina de la Corte que consideran el derecho al trabajo como un derecho fundamental, por conexidad con derechos constitucionalmente definidos, cuyo núcleo básico implica una obligación de garantía y respeto para la vida en condiciones dignas, con un efecto material directamente relacionado con la protección del mínimo vital.

3)            El Tribunal Constitucional reitera su jurisprudencia en el sentido de indicar que cuando se trate de personas de la tercera edad no es determinante acreditar que el no pago o el no pago oportuno afectan el mínimo vital del pensionado, sino que tal causalidad se presume a favor de los ancianos.

 

b)   La sentencia C – 865 de 2004[23].

Tres aĖos después de proferida la sentencia SU 1023 de 2001 el activismo ciudadano llevó a la interposición de una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas de derecho societario que definen el esquema de riesgo de los accionistas en las sociedades anónimas. Según el accionante[24] los artículos 252 y 373 del Código de Comercio que consagran la estructura de riesgo limitado que asumen los accionistas de la sociedad anónima, solo hasta el monto de sus aportes, respecto de las obligaciones de la sociedad, desconoce principios, valores y derechos de rango constitucional[25] y por lo tanto deben ser declarados inconstitucionales. Sus argumentos gravitan en torno al deber solidario, que debe afectar a los accionistas, de pagar las obligaciones que emanan del contrato de trabajo y en especial aquellas directamente relacionadas con la seguridad social. La textura de las normas acusadas, según el actor, constituye una omisión legislativa relativa, por la ausencia de un precepto legal que establezca una condición distinta para los acreedores que son trabajadores de la sociedad a quienes se les incumplen sus obligaciones laborales y pensionales, en cuanto según la Constitución son derechos irrenunciables[26] que no deberían estar atados a la suerte económica de la sociedad. Incluso el Código Sustantivo del Trabajo consagra el no sometimiento de los derechos de los trabajadores a los resultados económicos de la sociedad, de lo contrario estarían asumiendo las pérdidas y riesgos del desarrollo del objeto social. Así como la fuerza laboral a través del reparto de los dividendos permite generar riqueza al accionista, de igual manera este debe ser llamado a responder de forma solidaria cuando el patrimonio societario no alcance a cubrir los créditos laborales.

La demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa enfrenta a la Corte a resolver el siguiente problema: ņel legislador al fijar el régimen de limitación de riesgo de los accionistas de las sociedades anónimas, incurrió en una omisión legislativa relativa al no consagrar disposiciones especiales para hacer responder solidariamente a los asociados por la insolvencia de la sociedad, cuando previamente dicha persona jurídica ha incumplido el deber de pagar o asegurar el pago de las acreencias laborales y con posterioridad, sus activos resultan insuficientes para acreditar la cancelación de dichas obligaciones sociales ?

En la providencia, la Corte defiende el principio de libre configuración normativa de que goza el poder legislativo en materia económica, lo que implica que libremente pueda adicionar, modificar o excluir tipos societarios disponibles para los agentes económicos que luego de cumplir los requisitos de tipicidad, puedan obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica para el ente artificial con fines económicos que la conforman y la consecuente separación patrimonial que implica el mayor o menor nivel de comunicabilidad de riesgo según la estructura de cada tipo.

Es importante destacar la torpeza con que los accionantes configuran la acción, pues alegan una inconstitucionalidad sobreviniente sobre algunas normas de derecho societario, al considerarlas disonantes con el contenido de una norma con efectos interpartes contenida en una sentencia de unificación en revisión de acciones de tutela y no por ir en contravía de preceptos contenidos en el texto constitucional.

 

La Constitución Política de Colombia reconoce como derechos de la persona la libertad autónoma para aunar esfuerzos y recursos con el ánimo de adelantar conjuntamente actividades enfocadas a la realización de fines comunes. Esta libertad se consagra mediante el derecho de asociación que puede concretarse en la conformación de distintas formas asociativas, tales como las asociaciones, corporaciones, sociedades, cooperativas, etc.

Como uno de los pilares esenciales de la constitución económica se erige el propósito de impulsar el crecimiento y desarrollo económico. A este efecto la sociedad anónima permite conformar una modalidad asociativa para impulsar grandes capitales hacia actividades con importante nivel de riesgo, organizadas bajo la modalidad de sujetos creados por el legislador, cuyo reconocimiento no contraviene valor o principio constitucional alguno y por el contrario corresponde a una manifestación del ejercicio del derecho de asociación, cuya limitación de riesgo o división patrimonial entre socios y sociedad facilita la atracción, desarrollo y estabilidad de la inversión. Su inexistencia generaría efectos tales como: 1) la atrofia del mercado de valores; 2) la afectación a la obtención de beneficios de la economía mundial de producción; 3) la obstrucción del desarrollo de la empresa mercantil, ya que mediante la desaparición de la teoría de riesgo limitado se convertiría en una medida regresiva para el incremento de las tasas de empleo y para el incremento de los recursos fiscales del Estado. En desarrollo, respeto y garantía del principio de buena fe las normas acusadas por inconstitucionales en ningún caso facultan a los socios para utilizar el esquema de limitación de riesgo de los accionistas con el propósito de defraudar los intereses de los trabajadores y pensionados.

Las normas que se estudian se limitan a reconocer la existencia de las sociedades anónimas, como estructuras de riesgo limitado que cumplen la función de impulsar el crecimiento y desarrollo armónico de todos los operadores económicos de la nación. Este reconocimiento normativo de la estructura y características del tipo, obedece al principio de libre configuración del legislador en materia económica con sujeción a los valores, derechos y principios constitucionales (salvaguarda la integridad del derecho de asociación) En defensa de los trabajadores y pensionados el ordenamiento jurídico ha establecido diferentes herramientas legales de protección respecto de las cuáles están disponibles la jurisdicción ordinaria laboral y civil a fin de defender los derechos de los trabajadores y pensionados.

En consecuencia con los argumentos anteriores la Corte resuelve declarar la exequibilidad de las normas acusadas.

 

CONSIDERACIONES FINALES

1.             El esquema de las sociedades de capitales o por acciones constituye una de las principales herramientas jurídicas dispuestas para el desarrollo económico de los modelos capitalistas. Su habilidad para atraer recursos, aunar esfuerzos y fomentar la inversión destaca dentro de las organizaciones jurídicas contemporáneas como estructura de administración empresarial y riesgos asociados. Su potencial contribución al desarrollo económico y fortalecimiento de las variables macroeconómicas motiva a los estados para reconocerles personalidad jurídica cuando se conforman legalmente. Lo que implica una separación patrimonial que diferencia las prendas comunes de los acreedores de la sociedad y las de los accionistas. A fin de lograr el fin descrito anteriormente, el legislador en desarrollo del principio de libre configuración normativa en materia económica, define la estructura de cada tipo societario. Bajo reglas de tipicidad estricta determina el nivel de riesgo patrimonial que asumen los socios o accionistas en relación con las obligaciones del ente. En el caso de la sociedad anónima, para lograr los fines económicos que persigue, el riesgo en las normas del Código de Comercio de Colombia que le son aplicables se contrae hasta el monto de los aportes. Pero en caso de abusos del derecho o fraude a la ley el sistema se excepciona y emergen supuestos en los cuales los accionistas son llamados a responder de forma solidaria por las deudas de la sociedad, lo que parece acercar el tipo al de las sociedades de personas.

2.             En la Constitución Política de Colombia a partir de la consagración de garantías y libertades tales como: la propiedad privada, la libre escogencia de profesión u oficio, la libertad de asociarse, la libre iniciativa privada y de competencia económica; se desarrolla la “constitución económica” que conforma el pilar fundamental del reconocimiento constitucional a la empresa como actividad libre que cumple una función social y factor que aporta al desarrollo, por lo que su ejercicio implica responsabilidades. A su vez el texto constitucional y la doctrina de la Corte reconocen la fundamentalidad directa o por conexidad de los derechos a la seguridad social de los pensionados, más aún cuando están atribuidos a las personas de la tercera edad, por su innegable relación con el mínimo vital. En el contexto de las consecuencias económicas y vitales que se derivan de la relación de trabajo entre trabajadores o pensionados y empleadores que son sociedades anónimas, ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales por insolvencia de la sociedad anónima deudora, se originan fricciones entre los distintos grupos de derechos enunciados en los anteriores numerales de este apartado.

3.             Los derechos que emergen del contrato de trabajo son irrenunciables y por tanto no pueden sujetarse a la suerte económica y jurídica de la sociedad. (artículo 28 Código Sustantivo del Trabajo). El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Por tanto, los derechos de los trabajadores no pueden dejarse afectar por la suerte de la sociedad, lo que implicaría que sean ellos quienes asumen las pérdidas o riesgos del emprendimiento empresarial. Cuando el empleador, sociedad anónima, no cumple con el pago de las mesadas pensionales, por insolvencia, no puede operar la estructura de limitación de riesgo so pena de expropiar los derechos irrenunciables de los acreedores laborales a favor del enriquecimiento injustificado del patrimonio de los accionistas. El artículo 28 citado prohíbe someter a los trabajadores y pensionados a la suerte económica de la sociedad y, por ende, consagra la imposibilidad jurídica de tener que asumir riesgos o perdidas de la empresa social. Al confluir intereses privados a través de la adopción de un modelo de libertad económica, fundada en la libre iniciativa, la libertad de empresa y de establecimiento y la libre competencia económica, (artículo 333 Constitución Política de Colombia), junto al reconocimiento de la potestad de intervención del Estado en la economía con el propósito de dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para el desarrollo normal de una vida digna; han permitido a la doctrina constitucional entender que la economía colombiana con sujeción a las disposiciones de la Carta Fundamental, se definió bajo las premisas de la denominada economía social de mercado”, según la cual las reglas de la oferta y la demanda deben estar al servicio del progreso y desarrollo económico de la nación

4.             Cuando una controversia como la que se describió, originalmente de derecho privado, resulta cruzada por el proceso de constitucionalización del derecho, (entendido como aquel en virtud del cual las categorías constitucionales y la jurisprudencia constitucional inciden en diferentes formas y en diversos grados, en la forma en que se resuelven los conflictos de derecho privado; así como también las replicas distantes en los agentes que enfrentan sus prácticas negociales)[27] se generan consecuencias importantes respecto a la actitud que asumen los agentes económicos inmersos en la misma. En este caso podemos identificar algunas actitudes tales como: 1. Buscar una ultra constitucionalización del derecho societario al pretender trasladar los efectos de esta sentencia sobre las normas de derecho privado concernidas al problema. 2. Salvaguardar los mecanismos de garantía del hermetismo patrimonial o incomunicación del riesgo mediante la modificación normativa del sistema societario. Es decir, pretender una infra constitucionalización.

En el caso que analizamos se presentaron ambos efectos. El primero, mediante la interposición de una acción de inconstitucionalidad, ante el mismo tribunal, en la que se pretende probar que el artículo 376 del Código de Comercio contraría preceptos constitucionales. Y el segundo, a partir del proyecto y expedición de la Ley 1258 de 2008 y algunas acciones de inconstitucionalidad de artículos de la mencionada ley que consagran el nivel de riesgo de los accionistas en este tipo societario.

5.             Los desarrollos constitucionales expuestos permitieron a la Corte, en los fallos que se comentan, acercar las normas de la Carta Fundamental, mediante la irradiación de sus efectos, al ámbito del derecho de sociedades y más concretamente al problema de las limitaciones al nivel de riesgo que asumen los accionistas con su patrimonio.

6.             Un efecto importante de estas sentencias sobre los agentes económicos fue la presentación de un proyecto de ley que creó un tipo societario nuevo, que “garantiza” el hermetismo patrimonial entre la persona jurídica de la sociedad y los accionistas. El proyecto surgió de la iniciativa del sector empresarial y contó con el apoyo e impulso de las cámaras de comercio, las superintendencias de industria y comercio y de sociedades y un esfuerzo eficiente de lobby parlamentario. El 5 de diciembre de 2008 se expidió la Ley 1258 que crea las sociedades por acciones simplificadas (SAS); un tipo de sociedad de capitales, flexible en cuanto a las reglas de constitución, funcionamiento y liquidación que constituye un importante instrumento de atracción de inversión para los capitales extranjeros. Incluso sitúa a Colombia como un nicho importante en el mercado de leyes y le permite acercarse a tendencias que privilegian las características de un régimen societario más liviano, ius privatista, que restringe el ámbito de las normas de orden público y fomenta la autonomía negocial para la libre configuración del esquema societario. Esta norma en su primer artículo buscó solucionar, de forma negativa, el aparente problema de la omisión legislativa respecto de las acreencias laborales y consagra expresamente “Artículo 1°. Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. (Las negrillas no corresponden al texto original).

Los agentes económicos atraídos por los incentivos de este nuevo tipo societario, en especial por la garantía en la limitación del riesgo hasta el monto de los aportes, durante el primer aĖo de vigencia de la ley constituyeron más de 40.000 sociedades por acciones simplificadas, algunas como nuevas empresas y otras a partir de transformaciones desde otros tipos societarios. Parece que asistiéramos a una huída de los demás tipos societarios hacía el nuevo esquema en el que la eficiencia, reducción de costos y hermetismo patrimonial se constituyen en incentivos determinantes a la hora de escoger un esquema jurídico para organizar empresas.

 

Por su parte el litigio y activismo ciudadano se ha trasladado también a este nuevo escenario, la ley 1258 de 2008, para confrontarla con la Constitución y reclamar del Tribunal Constitucional una declaratoria de inconstitucionalidad o por lo menos de constitucionalidad modulada o condicionada que ponga a salvo los derechos de los trabajadores[28].

 

7.             El escenario descrito en estas consideraciones finales permite advertir los efectos de una constitución que consagra su supremacía, garantías, valores, principios y derechos que llevan a textos escritos históricas reivindicaciones de los seres humanos, sobre normas de derecho privado con más de dos siglos de antigüedad. Cuán constitucionalizada está la cuestión es un asunto que apenas si podemos advertir, pero es claro que los problemas que enfrentan los seres humanos en su convivencia y lucha por subsistir en mejores condiciones de dignidad aunque en principio se revelen como ámbitos propios del de derecho privado son relevantes para el derecho constitucional.

 

La mencionada relevancia, según la doctrina constitucional suele identificarse en situaciones tales como: relación de indefensión como eje central, funcionalidad de la igualdad sustancial, situaciones de no mercado versus exigencias redistributivas y captación prioritaria de disposiciones iusfundamentales.

 

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[1] Abogada (Universidad de Antioquia, Medellín Colombia), Especialista en Derecho de los Negocios (Universidad Externado de Colombia), Magíster en Derecho Privado (Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín Colombia), Doctoranda en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Profesora de la Universidad de San Buenaventura y de la Universidad Eafit (Medellín Colombia).

[2] La finalidad de este derecho constitucional se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones en aras de lograr la satisfacción de un interés, un objetivo común, no siempre ligado a la obtención del lucro. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-865 de 2004, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil.

[3] Nuestro Código Civil reconoce las personas jurídicas en el artículo 633: “Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”.

 

[4]La personificación jurídica convierte a la sociedad en un sujeto autónomo, es decir: Una entidad cuya personalidad es separada y distinta respecto de aquella de todos los demás participantes que gravitan en torno de ella (accionistas, acreedores, administradores, trabajadores, el Estado). En tal sentido, al igual que cualquier otro sujeto de derecho, goza de los atributos específicos que constituyen el sustento normativo de la personificación jurídica, vale decir, su capacidad de goce y de ejercicio”. ENGRÁCIA ANTUNES, José, Liability of corporate groups, autonomy and control in parent –subsidiary relationships in us., german a eu law, and international and comparative perspective, Deventer, Klumer Law and Taxation Publishers, 1994: pagina 58).

[5] El legislador colombiano reconoce la existencia de las sociedades de hecho, y al tenor de los artículos 498 y 499 del Código de Comercio dice que serán aquellas que no se constituyan por escritura pública y que no son personas jurídicas. Reconocer la existencia de una sociedad de hecho en la situación descrita conlleva una sanción que el legislador impone para llamar a responder solidaria e ilimitadamente a los socios de hecho por las obligaciones surgidas de la actividad económica que desarrollan, al desconocer la posibilidad de personificación jurídica de la sociedad, por faltar a los requisitos de constitución legal. Así mismo la facultad contenida en el artículo 505 del Código de Comercio muestra la precariedad de estas sociedades. La personalidad jurídica de las sociedades no responde a una necesidad lógica. “Es posible, teóricamente y en la práctica, organizar jurídicamente sociedades sin que las mismas tengan personalidad jurídica. La utilización de la personalidad jurídica, para atribuírsela a las sociedades, responde a motivos prácticos, que hacen al mejor cumplimiento de los fines económicos y empresariales de la figura societaria”. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho Societario. Introducción al Derecho Societario, Buenos Aires, Helista, 1994, pp 27 -28.

[6] Según el artículo 98 del Código de Comercio: “La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados” (cursivas fuera del texto).

[7] En Colombia, las siguientes normas consagran para cada tipo de sociedad el nivel de riesgo que asumen los socios. En la colectiva, artículo 294 del Código de Comercio, los socios responden de forma solidaria, ilimitada y subsidiaria. En la de responsabilidad limitada, artículo 353 del Código de Comercio, los socios responden de forma limitada y hasta el monto de sus aportes, salvo prestaciones accesorias o garantías suplementarias. En la anónima, artículo 373 del Código de Comercio, los socios o accionistas responden hasta el monto de los respectivos aportes. Y en las sociedades comanditarias, en la simple, artículo 323 del Código de Comercio, los socios gestores responden solidaria e ilimitadamente y los colectivos o comanditarios, hasta el monto del aporte; mientras que en la comandita por acciones, artículo 343 del Código de Comercio, los socios comanditarios responden hasta el monto del aporte y los gestores, solidaria e ilimitadamente. La responsabilidad de los socios en las sociedades colectivas y de los socios gestores en las comanditas tiene estrecha relación con la posibilidad que éstos tienen de administrar. En la sociedad por acciones simplificada creada por la ley 1258 de 2008, artículo 1, los socios solo responderán hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo eventos de abuso del derecho o fraude a ley.

[8] “La barrea de la limitación de la responsabilidad que impide que las acreencias de la sociedad penetren y afecten el patrimonio de los asociados capitalistas (inversores al capital social y aportantes), que es la salvaguarda de la indemnidad de los asociados que limita el riesgo a que se pierda solo el aporte, es la razón de ser y el motivo y la causa de la celebración de un determinado tipo de sociedad” SANIN BERNAL, Ignacio, Un nuevo Derecho Societario: el propuesto desde el estatuto tributario. Bogotá, Editorial, 2001, pp.36 – 37.

[9] En esta sentencia se declaró que los accionistas de Colcurtidos S. A. eran solidariamente responsables, con ésta, del pago de las mesadas pensionales. En el mismo sentido, dicha corporación, en Sentencia SU-1023 de 2001 (Corte Constitucional colombiana, Magistrado Ponente Jaime Córdova TriviĖo.), declaró que el accionista mayoritario de la Flota Mercante Gran Colombiana debía suministrarle a su filial los recursos necesarios para cubrir todas las pensiones y aportes a la seguridad social que ella adeudara.

[10] Artículo 148 de la Ley 222 de 1995, artículo 207 de la Ley 222 de 1995, “Parágrafo” del artículo 71 de la Ley 222 de 1995, artículo 163 de la Ley 222 de 1995, artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 44 de la Ley 190 de 1995 y artículo 90 de la Ley 906 de 2004.

[11] En Colombia, si bien se conoce la teoría del disregard, bien podría darse solución a estas fricciones a partir de la aplicación del artículo 830 del Código de Comercio, que consagra la figura del abuso del derecho, y de las reglas de responsabilidad civil extracontractual. El verdadero efecto de la aplicación de las soluciones legales consiste en romper la subsidiariedad entre la sociedad y los socios y sustituirla o crear una responsabilidad solidaria entre éstos por las deudas sociales.

 

[12] “Porque el proceso de formación de la sociedad anónima no se presenta simplemente como el desarrollo de una tendencia a la limitación de la responsabilidad de los asociados, sino como un esfuerzo por conseguir la reunión de grandes capitales. La limitación de la responsabilidad no puede ser concebida como un ideal en la vida de los negocios, sino como una medida de tolerancias o más exactamente, como un modo de estimular la inversión o de facilitar la vinculación de toda clase de inversionistas”. PINZÓN, José Gabino, Sociedades comerciales. Bogotá. Editorial Temis Pinzón, 1983, pp.155-156).

[13] ALMONACID SIERRA, Juan Jorge, Derecho de la competencia, abuso de la posición dominante, competencia desleal, uso indebido de información privilegiada. Bogotá. Legis Editores1998, pp 25 – 27.

[14] Es el caso de los mercados de capitales, en los que además del estricto régimen  de autorizaciones para el desarrollo de su objeto social, la Junta Directiva del Banco de la República, organismo de carácter público, separado de las ramas del poder público, estructurado como persona jurídica y que goza de autonomía política, presupuestal y administrativa, actúa como regulador del mercado mediante la utilización de instrumentos de política monetaria, cambiaria y crediticia.

[15]Con los mencionados fines se crean mecanismos de control constitucional automático, rogado, previo y posterior, así como mecanismos jurisdiccionales tales como la acción de tutela, el recurso de habeas data, el recurso de habeas corpus, las acciones populares y de grupo, las acciones de cumplimiento, y el derecho de petición. En igual sentido a disposición de los ciudadanos se encuentra la acción de inconstitucionalidad.

[16] En sus casi 22 aĖos de vigencia, la constitución ha sido reformada muchas veces, lo que contrasta con su apariencia de texto rígido. Es llamativo que, de los tres mecanismos disponibles para modificar la Constitución, el único que se ha utilizado es el acto legislativo expedido por el Congreso de la República.

[17] COMANDUCCI, Paolo, Formas de Neo: Constitucionalismo: Un análisis metateórico. En: Neoconstitucionalismo (s), Edición de Miguel Carbonell, Madrid, Editorial Trotta, 2003: 75- 98. GUASTINI, Ricardo, La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italino. En: Neoconstitucionalismo (s), Edición de Miguel Carbonell, Madrid, Editorial Trotta, 2003: 75- 98.

Guastini, (2003:49 – 73)

[18] Proferida el día 26 de septiembre con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba TriviĖo.

[19] Con anterioridad el Tribunal Constitucional decidió, al revisar otras acciones de tutela, que  los socios mayoritarios de sociedades de economía mixta, en estado de liquidación y concordato obligatorio respondieran por créditos pensionales insatisfechos por el empleador. En estos casos, El Estado, como propietario de un porcentaje mayoritario del capital, recibe la orden de la Corte, para que en aplicación del principio constitucional de solidaridad,  pague las mesadas correspondientes a pensiones tanto por vejez como por invalidez. Se trata de las sentencias T- 313 de 1995 y T- 014 de 1999, más conocidas como los casos de Colcurtidos – Fiduanglo y Colpuertos respectivamente. De hecho en el último de los casos la cuenta final de liquidación, último estado financiero de la sociedad,  ya había sido aprobada por la Asamblea General de Accionistas y protocolizada ante notario, momento que determina el fin de  la existencia temporal del sujeto societario. No obstante, el Estado es llamado a responder en aplicación del principio de solidaridad y en garantía de los derechos al mínimo vital, la salud, la seguridad, social y la integridad personal de los pensionados y sus familiares.

 

[20] Proferida el 19 de julio con ponencia de Alejandro Martínez Caballero.

[21] Proferida el 21 de enero, con ponencia de Alejandro Martínez Caballero.

[22] Tales como acudir a la jurisdicción ordinaria para la aplicación del  artículo 148 de la Ley 222 de 1995 o cualquiera de los eventos que configuran un abuso del derecho en virtud del artículo 830 del Código de Comercio que habilitan bien, la aplicación del levantamiento del velo societario, que opera cuando la persona jurídica es utilizada abusivamente; apartándose de los fines lícitos, en perjuicio de terceros que se relacionan directamente con la sociedad, sean tales relaciones contractuales o de cualquier otra clase; el desconocimiento de la incomunicación patrimonial y obviar el paraguas de protección a los socios en casos como los siguientes: 1) cuando los motivos de celebración del contrato son  ilícitos, las prestaciones  desconocen la ley o el orden público. 2) La situación de concordato o liquidación obligatoria ha sido causada por la actividad de la controlante en su propio interés o de otras vinculadas a ella. 3) La declaración de sociedad en liquidación tuvo como finalidad defraudar o evadir a los acreedores, o fue empleada para ello y el ente económico carece de recursos para cubrir el pasivo externo.

 

[23] Con anterioridad a esta sentencia la Corte Constitucional con ponencia de Rodrigo Escobar Gil (Sentencia C- 874 de 2002) había conocido una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 373 del Código de Comercio. Con fundamento en los siguientes argumentos el tribunal se inhibió de proferir algún pronunciamiento de fondo por ineptitud de la demanda: “ si el juicio que realiza el ciudadano no se desarrolla a partir de la constitución, sino, exclusivamente de la contradicción entre dos normas legales, se refiere a consideraciones de inconveniencia de la norma acusada, o se juzga a partir de meras posturas doctrinarias, pero sin una referencia suficiente a la Carta Política, la Corte carece de competencia para pronunciarse de fondo”. (página 7)

[24] La demanda se interpone por el Presidente y Secretario General de la Unión de trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, sindicato que representa a los trabajadores de la antigua Flota Mercante Grancolombiana.

[25] Respeto a la dignidad humana, solidaridad, existencia de condiciones dignas de trabajadores y jubilados, primacía del interés general, derechos inalienables de la persona, paz social, realización del mínimo de justicia material, derecho al trabajo y sistema integral de seguridad social.

[26] Artículo 53 Constitución Política de Colombia.

[27] Al efecto se sugiere consultar la definición de CALDRÓN VILLEGAS, Juan Jacobo, Constitucionalización del Derecho Privado. La verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. Bogotá,  Editorial Temis, 2011. Pp: 131 y siguientes.

[28] Actualmente se tramitan dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la mencionada norma y por las razones anotadas. Se tramitan ante la Corte Constitucional en los expedientes D- 9769 de 2 de julio de 2013 y D- 9575 del 4 de marzo de 2013.