EL DERECHO A LA JUBILACIÓN:

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN[1]

 

María del Pilar García Amaya (Colombia)

Segundo Premio, Categoría Docentes,

Concurso Internacional “FICCIÓN Y DERECHO” 2016

(Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, UBA)

 

 

 

“Tenemos un deber de justicia, que no es de caridad, sino algo

inherente a cada uno de nosotros, de dar a las personas que nada

tienen, lo básico e indispensable para poder moverse por la vida”.

Víctor Corcoba Herrero

 

INTRODUCCIÓN

           

El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[2] prescribe “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben  comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  Como debería ser, los sujetos a quienes en principio les correspondería hacer cumplir preceptos como este, son a los que pertenecen a los gobiernos, pues, como obra en las constituciones de los estados democráticos, uno de sus fines, es procurar el bienestar de sus asociados, es por ello, que en sus cartas políticas se consagran unos derechos fundamentales que se supone deben ser protegidos y respetados.

 

Luego del derecho a la vida, aquel que por antonomasia le sigue es el de la dignidad humana, pero, ņqué es la dignidad humana? o ņa qué se refiere?, en una carta escrita por un padre a un hijo, Carlos Medina Gallego[3] expresa: “la dignidad hijo tiene que ver con una sola cosa que es la más trascendental y la única con la que contamos para crecer como seres humanos, llenarnos de grandeza y ser felices: LA VIDA.

 

(…)

 

La vida humana para ser digna debe construirse en ejercicio de la libertad y en una atmosfera de JUSTICIA, DEMOCRACIA E IGUALDAD.  Esto es, tener lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas, sociales, políticas y culturales, sin sentir angustia, incertidumbre e impotencia frente a la existencia diaria.”

 

Una vida digna, es aquella que puede vivirse en libertad, gozando de los mismos derechos de los demás, entendiendo que todos merecemos un trato igual pero diferenciado de acuerdo a nuestras necesidades, intereses y vulnerabilidades, en el que se nos garantice: libertad de autodeterminación, familia, trabajo, vestido, vivienda, alimento, conocimiento, seguridad social, ambiente sano, servicios públicos, etc.  Entonces, la dignidad humana, puede entenderse como la suma de todos los derechos que nos permiten cubrir nuestras necesidades básicas de existencia y desarrollar nuestro proyecto de vida, aquellos por los que a diario luchamos, por los que tantas personas se han sacrificado.

 

Pero entre nosotros, existen personas que por sus condiciones de debilidad manifiesta merecen atención especial y por ende, protección reforzada de sus derechos, como las embarazadas, los niĖos, los ancianos, las personas en condición de discapacidad.  Personas que debido a su condición de especial protección constitucional, les debemos la obligación de solidaridad.

 

Sin embargo, no solo los gobiernos, sino nosotros, a veces olvidamos que alguna vez fuimos niĖos, que tuvimos madre, que estuvimos enfermos o que en un futuro alcanzaremos la vejez, creemos que siempre seremos jóvenes y que no padeceremos de necesidades, a lo que la vida da un giro y nos lo recuerda.

 

Y es así, como lo predice con inocencia el Coronel, —Estoy pensando en el empleado de quien depende la pensión —mintió el coronel—. Dentro de cincuenta aĖos nosotros estaremos tranquilos bajo tierra mientras ese pobre hombre agonizará todos los viernes esperando su jubilación.”  Así describe Gabriel García Márquez, el padecimiento de una pareja de ancianos que durante quince largos y agobiantes aĖos, esperó la promesa de una pensión.

 

El Coronel no tiene quien le escriba, narra la historia de un hombre que pasó la mayor parte de su vida esperando una pensión de jubilación, una historia creada en un entorno imaginario, pero dotada de tanta realidad, una que el autor conoció, una o unas que se repiten cada día.

 

Con base en la citada obra literaria, este trabajo pretende demostrar como los derechos aún siendo fundamentales (analizando específicamente el de la pensión, el cual hace parte del de la seguridad social), permanecen incólumes en nuestras constituciones, y como esa pasividad vulnera el más importante de todos ellos: la vida, una en condiciones dignas.  Para ello, resaltaré los aspectos más importantes de la novela, en torno a la lucha que el personaje principal de la historia enfrenta contra las adversidades familiares, sociales, económicas y políticas por gozar de una vida en condiciones dignas, al reclamar una pensión a la que innegablemente tenía derecho, continuaré analizando de lo general a lo particular (caso colombiano), la normatividad que regula el derecho a la seguridad social, y luego el pensional, posteriormente, mostraré algunos ejemplos de la vida real, para finalmente establecer las conclusiones correspondientes.

 

Esta, solo será una radiografía de la realidad que padecen millones de ancianos que luchan contra los Estados y las entidades de previsión social por obtener un derecho laboral que en Colombia es considerado fundamental – la pensión de jubilación.

 

 

DE LA NOVELA

 

Sin más que para comprar unos granos de maíz y un poco de café, Gabriel García Márquez nos muestra la tragedia de un hombre que fiel a su partido, a sus dirigentes y a su país, entregó los mejores aĖos de su vida a la causa patriótica, confiado no solo de un gobierno “competente” sino también “justo”, uno que cumpliera con su palabra, que fuese digno de sus sacrificios y le recompensara con el beneficio prometido.

 

Así es como “el Coronel”,  nombre que nuestro autor le da al “héroe”[4] de esta historia (no por casualidad o cliché, sino por el grado que el personaje alcanzó en la institución militar en sus aĖos de entrega y gloria), pasa 15 aĖos de su vida esperando una carta, una que no llega, ni llegará.

 

La historia trata sobre el Coronel, un hombre árido, “de huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo[5], de 75 aĖos de edad, de profesión militar retirado, casado y con un único hijo fallecido debido a una riĖa[6] en una gallera[7].  De carácter afable, servicial, comprometido, un tanto inocente y digno, lo suficiente como para impedirle admitir enfermedad, pobreza o frustración, incluso ante su mujer.  

 

Entre sus allegados, se pueden mencionar: al médico del pueblo, hombre joven y desinteresado; a don Sabas, padrino del hijo difunto, quien denota ambición hasta con sus amigos; a los colegas de su hijo, sastres amantes a las peleas de gallo; a su esposa, enfermiza debido a un insoportable asma y con alma católica, y quien no nos puede faltar; el gallo, único recuerdo físico que le queda de Agustín, su hijo.

 

En la novela, el autor nos muestra la cotidianidad de una pareja de ancianos que padece el duelo por la muerte de su único hijo y la precariedad en la que viven debido a la falta de recursos y a la enfermedad.  El Coronel, personaje principal de la historia apuesta el bienestar de su hogar a una pensión que el Gobierno le prometió y al gallo, que según los amigos de su hijo, ganaría las peleas de la siguiente temporada.

 

Cuando la guerra terminó, el Gobierno prometió a los veteranos de guerra como recompensa a su patriotismo, una pensión vitalicia de jubilación.  Una que debido a artimaĖas políticas, tardó ocho aĖos para su creación, y seis aĖos más para que el Coronel fuera incluido en el escalafón de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares que tenían derecho a la prestación. 

 

Desde entonces, la vida del Coronel transcurría de viernes en viernes, pues, ese era el día en que el oficial de correos llegaba al pueblo.  Cada viernes esperaba en el puerto la arribada de la embarcación, seguía con disimulo los pasos del mensajero, hasta que se encontraba con el médico, y como un niĖo ansiando los obsequios de Santa Claus, aguardaba a que algún sobre tuviese impreso su nombre, a lo que con lamentación el oficial respondía algo que el Coronel ya sabía: “el Coronel no tiene quien le escriba”.

 

Mientras llegaba la carta que disponía su derecho pensional, y empezaba la temporada para que el gallo peleara, el Coronel y su esposa tuvieron que vender casi todo su mobiliario, unas cuantas monedas era lo que quedaba de su última venta “la máquina de coser de Agustín”, aparte de eso, un reloj de pared y un cuadro era su esperanza inmediata de liquidez, sin embargo, no lograban venderlos.  La búsqueda del pan diario era un verdadero sacrificio, en varias oportunidades tuvieron que sortearse con el gallo para ver quién dejaba de comer.

 

La esperanza de la pensión y de la victoria del espécimen, era lo que mantenía al Coronel en pie.  Un día, desesperado por  las exigencias de su esposa e invadido por una incontenible frustración, el coronel fue a visitar a su abogado, a quien encontró tendido en una hamaca y le exigió respuestas sobre su tramite pensional, a lo que el abogado le respondió, “Yo le advertí que la cosa no era de un día para el otro”.  —Es lo mismo desde hace quince aĖos —replicó el Coronel—. Esto empieza a parecerse al cuento del gallo capón[8].  Todos mis compaĖeros se murieron esperando el correo.  Mi hijo trabajó toda su vida —dijo el coronel—. Mi casa está hipotecada.  La ley de jubilaciones ha sido una pensión vitalicia para los abogados,” [9] para el Coronel no había excusa que valiera la negligencia del abogado, ni la del Gobierno.

 

Desolado y abandonado por el Estado, el Coronel tuvo que volver a su casa viendo como transcurrían los días, como llegaban los viernes sin correspondencia, sin respuestas, sin comida, sin salud, sin amigos, sin hijo, sin paciencia, pero con una falsa dignidad y resignación, esperando a que algún día le llegara la carta que le concediera su pensión.

 

La novela se terminó de escribir en enero de 1957.  Cincuenta y nueve aĖos han pasado, y aún para muchos, el obtener una pensión de jubilación puede ser una vida de espera.

 

 

DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 

El derecho a la seguridad social se encuentra establecido en los artículos 22[10] y 25 inciso primero[11] de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 9[12] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[13], en el 24 numeral 1 literal b) [14] de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954[15], en el 11 literal a)[16] de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo – OIT Nos. 35[17] y 36[18] de 1933, 48[19] de 1935, 70[20] y 71[21] de 1946, 102[22] de 1952, 118[23] y 128[24] de 1967 y 157 de 1982[25], Recomendaciones Nos. 67[26] de 1944, 75[27] de 1946, 131[28] de 1967 y 167[29] de 1982, en el artículo 16[30] de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en el 9 numeral 1[31] del Protocolo de San Salvador de 1988[32] y en el Código Iberoamericano de Seguridad Social de 1996,[33]entre otros, todos instrumentos internacionales suscritos por los Estados Democráticos, que trasladaron dichas normativas a sus cartas políticas.

 

La producción de estas normas, no fue una tarea rápida ni sencilla, se necesitaron aĖos de lucha por parte de las clases trabajadoras, quienes al padecer extensos periodos de opresión y abandono patronal, decidieron optar por la revolución industrial con el objetivo de reivindicar condiciones de trabajo digno, como fueron: la jornada laboral, el salario justo y la seguridad social, entendida esta como aquella que garantiza la protección ante las contingencias de desempleo, enfermedad, accidentes de trabajo, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

 

Aunque Alemania fue la nación que instauró la primera legislación de seguro obligatorio en 1883, la expresión “seguridad social” tiene su antecedente normativo, a partir de la Social Security Act del 14 de agosto de 1936, mediante la cual el entonces presidente de los Estados Unidos de América Franklin D. Roosevelt, con el objetivo de aniquilar la pobreza y afrontar las contingencias sociales, instauró mecanismos de protección contra la desocupación, la vejez, la invalidez y la muerte.  Esta, fue la primera ley que consagró a la seguridad social como una integralidad.[34]

 

A partir de allí, e inspirados por la Ley de seguridad social implantada por Nueva Zelanda en 1938, fue que los Estados occidentales comenzaron a instaurar mecanismos legales de protección de derechos sociales, entre ellos,  la Carta del Atlántico de 1941[35] y la Declaración de Washington de 1942, en las cuales se proclamaba que “Todas las naciones tienen el deber de colaborar en el campo económico social, a fin de garantizar a sus ciudadanos las mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social”[36], no porque hubiesen tenido intenciones de buena voluntad, sino porque la fuerza obrera en cualquier momento podía hacerse tan incontenible, que podía desestabilizar el sistema político y social, lo que obligó a los Estados a establecer pactos laborales.

 

Actualmente, el derecho a la seguridad social, es un derecho humano de carácter fundamental a cargo de los Estados, quienes tienen el deber no solo de protegerlo sino también de garantizar el goce efectivo del mismo, es por ello, que se han creado mecanismos que pretenden responder a las necesidades no solo de los trabajadores, sino de los individuos en general, como son: los seguros, los fondos de desempleo, de salud, de pensión, de riesgos profesionales, entre otros, los cuales son asumidos por el Estado, las empresas y los ciudadanos, como quiera que el principio que funda este derecho es el de la solidaridad, aunque para tragedia de algunos, sino de muchos, este derecho no posee un carácter absoluto, ya que su efectividad depende de circunstancias económicas y factores políticos.

 

 

 

DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL RIESGO POR VEJEZ EN COLOMBIA

 

En Colombia, el derecho a la seguridad social está previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 y reglamentado a través de la Ley 100 de 1993[37], y aunque no pertenece al grupo de derechos fundamentales, pues está consagrado en el capítulo de “los derechos sociales, económicos y culturales” o también denominados derechos de segunda generación, la Corte Constitucional[38] lo ha catalogado como tal por conexidad, cuando su vulneración afecta derechos a la vida, a la dignidad humana, a la salud, al trabajo y/o al mínimo vital.

 

En el estatuto colombiano, la seguridad social está definida como: “el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad,”[39] y establece como objeto “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”.[40]

 

El sistema de seguridad social en Colombia, existe formalmente desde el aĖo 1945 cuando al encontrar que las empresas no contaban con los recursos para solventar las contingencias de sus trabajadores, se vio la necesidad de crear un mecanismo institucional que garantizara el acceso de los trabajadores en igualdad de condiciones, a prestaciones como la salud, las cesantías, las pensiones, la maternidad, los riesgos profesionales, entre otros. 

 

Fue así que se crearon las dos entidades de previsión que se encargarían prestar los servicios sociales, como fueron: la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, enfocada en las prestaciones de los empleados del sector público nacional y el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales – ICSS, dispuesta para los trabajadores del sector privado.

 

Como el sistema no incluía a los empleados de las entidades territoriales, ni de ciertos sectores del Estado, cada entidad o empresa pública tuvo que conformar su propio ente de previsión, como sucedió con las Fuerzas Militares, los docentes, el sector de las telecomunicaciones, el Congreso de la República, la universidad nacional, entre otros[41]. 

 

Con el fin de homogeneizar y articular en un solo cuerpo normativo los beneficios prestacionales de los distintos sectores y fomentar la solidaridad, en el aĖo 1993, “se impulsó una de las reformas más profundas en la historia del país, que modificó totalmente el funcionamiento de la seguridad social[42], se trata del sistema integral de seguridad social dispuesto en la Ley 100 de 1993, que ampara los riesgos de salud, invalidez, vejez, maternidad, muerte, riesgos profesionales y desempleo.

 

El sistema integral de seguridad social, fue creado como un servicio público obligatorio a cargo del Estado, fundamentado en los principios de: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, que “garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social”.

 

Entre las contingencias sociales que ampara el derecho a la seguridad social, se encuentra el riesgo por vejez, el cual es protegido a través de la concesión de la denominada pensión de vejez o de jubilación.

 

La pensión de jubilación, es una prestación económica otorgada a los trabajadores al finalizar su vida laboral, producto de los aportes realizados por empleado y empleador a una entidad de previsión que se encarga de administrar los recursos para luego distribuirlos a quienes vayan obteniendo el beneficio.

 

En el sistema colombiano, la pensión de jubilación es elevada al nivel de derecho fundamental, como quiera que la misma constituye la recompensa que tiene todo trabajador, por los servicios prestados en fomento de la Nación y por el ahorro programado mediante los aportes realizados, y que como única limitante, tiene el incumplimiento de requisitos para su obtención, toda vez que se constituye como un derecho irrenunciable, además de ser el único sustento para el ciclo de vida tan importante que con el paso de los aĖos se avecina: la vejez.

 

Antes de la promulgación de la Ley 100 de 1993 por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, existían unos regímenes que contenían excelentes beneficios en pensión de jubilación, como por ejemplo: el dispuesto en la ley 33 de 1985[43] que disponía el reconocimiento de una pensión de vitalicia de jubilación para los empleados públicos que completaran 20 aĖos de servicio al Estado y 55 aĖos de edad.

 

También existían unos regímenes pensionales de carácter especial que ofrecían incluso mejores garantías para su reconocimiento, como el previsto en las Leyes 28 de 1943 y 22 de 1945 por el cual se establecía; que aquellos servidores que hubiesen laborado como operadores de radio y telégrafo, tendrán derecho a la jubilación cuando cumplieran veinte aĖos de servicios, cualquiera que fuere su edad, beneficio que luego se extendió a otros cargos, o el consagrado para las Fuerzas Militares, que les concedía una asignación de retiro[44] al momento de cumplir únicamente el requisito de 20 aĖos de servicio[45].

 

También, se encontraba el régimen pensional que cobijaba a los trabajadores del sector privado afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, ese era el dispuesto en el Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, dicha normativa reconocía el derecho pensional al completar 20 aĖos de servicio cotizados y 55 aĖos de edad si era mujer y 60 si era varón.

 

A la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, se estableció que los regímenes pensionales vigentes a la época debían desaparecer, sin embargo, como existían expectativas legitimas por parte de los trabajadores, de obtener su pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en los regímenes anteriores, en el artículo 36 de la mentada disposición, el legislador dispuso un régimen de transición para que aquellas personas que a la fecha de entrada en vigencia de la nueva normatividad cumplieran unos requisitos de edad y tiempo de servicio,[46] tuviesen la oportunidad de pensionarse con el régimen al que venían haciendo aportes, beneficio que se reconoció para quienes consolidaran su derecho pensional hasta el 31 de diciembre de 2014, pues en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, se dispuso su terminación.

 

Por desgracia para el aspirante pensional, los requisitos que en la actualidad se exigen para hacerse beneficiario a una pensión de jubilación se hacen cada vez menos tangibles, pues, se han dictado nuevas normas que aumentan no solo la edad pensional sino también los aĖos de cotización.

 

Es así, que para acceder a la pensión de jubilación en el actual sistema de seguridad social en pensiones, a diferencia de los anteriores regímenes la edad para acceder al derecho es de 57 aĖos de edad si es mujer y 62 si es varón y, el tiempo de cotización es de 1300 semanas, que corresponden a 26 aĖos aproximados de labor, esto, siempre y cuando el cotizante estuviese afiliado a la caja de previsión del Estado, porque si se cambió al nuevo régimen de ahorro individual[47], aparte de los anteriores requisitos, también debe demostrar tener ahorrado un monto mínimo para que la mesada a reconocer no sea tan irrisoria.

 

Si con anterioridad, la mesada pensional a la que un pensionado podía acceder era al 75% del salario devengado, promediando todos los factores devengados en el último aĖo de servicios, en la actualidad el porcentaje a reconocer no puede superar el 80% del salario promedio devengado en los 10 últimos aĖos de servicios o durante toda la vida laboral, en el que se incluyen solo algunos de los factores salariales devengados durante la relación laboral, lo que evidencia una limitación al acceso y una desmejora al derecho.

 

Lo que en su momento justificó la brutal reforma pensional, fue el temor a la insostenibilidad fiscal, pues el desempleo o empleo informal aumentaba y aumenta cada vez más, pues, cada vez son menos las personas que alimentan los fondos de pensión que pagan las mesadas de todos los jubilados, no solo por el riesgo de vejez, sino también por los de invalidez y sobrevivencia, contingencia que se acrecienta con el paso de los aĖos, máxime cuando el sistema debe sufragar pensiones millonarias reconocidas a magistrados y congresistas.

 

Finalmente, y cómo si lo anterior no resultara suficiente, la mayoría de reclamos que se presentan ante la justicia corresponde a la negativa de reconocimiento pensional debido a que los reportes que deberían reposar en la historia laboral de los trabajadores han sido embolatados por las entidades de previsión y, sin el requisito de la totalidad de semanas cotizadas, nunca podrá reconocerse el derecho a la pensión de jubilación.

 

 

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

 

La historia sustento de este trabajo, no es más que un resumen que contiene acontecimientos fantasiosos y reales que padeció el abuelo del escritor, entre los reales: la lucha y espera por obtener su derecho a la pensión, una que constituía no una mera expectativa sino un derecho adquirido, uno que por más fundamental, no tuvo la oportunidad de gozar.

 

A parte del Coronel, hoy día son muchos los trabajadores retirados que sufren la incertidumbre, y tienen como el Coronel, “la esperanza” de ser incluidos en la nómina pensional o, que murieron en el intento.

 

Ligia Margarita Campbell, trabajó como profesora en la ciudad de Barranquilla durante 39 aĖos y 8 meses, hasta que al cumplir 78 aĖos de edad y ser retirada de la institución educativa, presentó una acción judicial de carácter constitucional[48] contra su entidad de previsión con el fin de que se le reconociera su pensión de vejez.  El amparo fue negado por los jueces que conocieron su caso, al considerar que la vinculación de la trabajadora no le garantizaba el derecho a la seguridad social, amén de no haber encontrado vulneración a ningún derecho fundamental.  La mujer solo tuvo aliento para esperar 12 aĖos, pues falleció a los 90 sin que como al Coronel, se le hubiese reconocido su pensión.[49]

 

Más triste aún, al ver que la historia familiar que dio vida a la obra literaria se repitió, cuando el 09 de marzo del aĖo 2014, se conoció sobre la muerte de Gustavo Adolfo García Márquez, hermano de Gabriel García Márquez, quien a los 77 aĖos de edad falleció “esperando una notificación de pensión que nunca llegó”[50].

 

Así como los casos de Ligia y Gustavo, son muchos los Colombianos a quienes no solo la Administración Pública, sino también la judicial les vulneran su derecho a vivir una vida en dignidad, y esto, solo es una muestra de cómo la realidad supera a la ficción.  Todo debido a las políticas públicas y económicas que justifican el actuar del Gobierno y las entidades de previsión al seĖalar que no hay como sostener la carga pensional.

 

Actualmente, la incansable lucha de los colombianos consiste en solicitar  la corrección de sus historias laborales en las que pese a  haber cotizado los tiempos exigidos por la norma pensional, dichos periodos no aparecen registrados, ya sea porque el empleador se abstuvo de cumplir con su deber patronal de afiliarlos al seguro social o porque los procesos de migración de información con ocasión de la creación de nuevas entidades ha causado inconsistencias en la información a verificar.

 

Pero, esto no es exclusivo de Colombia, por ejemplo en República Dominicana son muchos los casos de ancianos que además de no contar con su derecho a la pensión, tampoco gozan de un servicio médico asistencial[51], o como en Chile, que aún con contar con el derecho, el mismo resulta tan miserable que no alcanza para sobrevivir[52] , o peor aún, como sucede en México, frente a aquellos que sin derecho a una pensión de jubilación, debido a su edad y condición de salud tienen derecho a una pensión alimenticia que tampoco llega[53], o cuando para la familia se torna un suplicio no solo la muerte de su ser querido sino la incertidumbre de su estabilidad económica (Uruguay)[54] o en EspaĖa que pese a existir leyes claras que “garantizan” servicios sociales, los mismos resultan insuficientes[55].  Estos, solo son casos aislados de la extensa lista de trabajadores que tienen un derecho fundamental que no pueden disfrutar.

 

 

CONCLUSIONES

 

 

Según lo expresa la H. Corte Constitucional colombiana, la pensión de vejez “es una prestación que permite al trabajador que cumplió con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez que al dejar de ejercer su actividad laboral, continúe percibiendo un ingreso económico que le permita satisfacer las necesidades básicas de él y de su familia[56].  Es así, que el derecho pensional no le asiste únicamente al trabajador, sino también a su familia, la cual depende económicamente de él, lo que implica que al desconocer el derecho del trabajador, se desconocen también los derechos de su núcleo familiar, a la dignidad humana, a la seguridad social, al mínimo vital.

 

Mientras los Estados no adopten en su legislación ordinaria, disposiciones que humanicen los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la seguridad social, y creen mecanismos reales de garantía y protección, los preceptos que permanecen en los instrumentos internacionales y en las cartas fundamentales, solo serán enunciados de buenas intenciones y la lista de trabajadores en busca de la reivindicación de sus derechos aumentará desenfrenadamente y mientras eso sucede, los jueces, tienen la obligación de reconocer los derechos que la ley “concede”.

 

El derecho fundamental a la pensión a que tiene derecho todo trabajador al culminar su vida laboral, ha mutado al derecho reconocido a las personas que hacen parte de la tercera edad, la cual, en países como Colombia, se cumple a los 74 aĖos de edad, cuando la expectativa de vida es nimia, así como la expectativa de gozar de una vejez en dignidad.  Al respecto, cabe recordar la tesis del canciller alemán Otto Von Bismarck cuando dijo “Que del trabajador importa no solamente su presente, sino también y acaso más aún su futuro; porque en el presente le salva su esfuerzo, en tanto que el futuro es lo imprevisto y desconocido, y por ello debe asegurarse.” (Rodríguez, 2003. Págs. 25).

 

Al final, aquello que se reclama es que se respeten los principios sobre los cuales se basa el derecho a la seguridad social y del cual todos somos beneficiarios: la solidaridad, el humanismo y la justicia social, pues, sin justicia social, no hay paz.

 



[1] Artículo basado en la novela “el coronel no tiene quien le escriba” del Nobel de literatura Gabriel García Márquez. (1927 Aracataca , Colombia – 2014 Ciudad de México, México)

[2] Adoptada el 10 de diciembre de 1948 y definida como el «ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse» Tomado de http://www.un.org/es/rights/overview/charter-hr.shtml

[3] C. Medina Gallego, Docente – Investigador U.N. ņQué es la dignidad humana?, Respuesta a una pregunta de Felipe. Disponible en http://es.slideshare.net/javierdanilo/pap-qu-es-la-dignidad-humana-16766992

 

[4] Lo denomino héroe, debido a su espíritu noble, valiente e inquebrantable.

[5] Del Coronel no tiene quien le escriba, transcrito al pie de la letra.

[6] Pelea.

[7] Lugar en el que se desarrollan las peleas de gallos.

[8] El cuento del gallo Capón, Gabriel García Márquez.  Hace alusión a una situación convertida en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras.

[9] Del Coronel no tiene quien le escriba, transcrito al pie de la letra con intervalos.

[10] Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

[11] Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

[12] Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

[13] Adoptado y abierto a firma el 16 de diciembre de 1966, pero entrado en vigor hasta el 03 de enero de 1976.  Constituye un refuerzo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como quiera que la misma solo tenía valor declarativo.

[14] Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales esté prevista en un plan de seguro social), (…).

[15] Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969.

[16] La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas aquellas personas que por enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, temporal o permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, a sus familias y a quienes estén a su cargo.

[17] Convenio relativo al seguro obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas industriales y comerciales, en las profesiones liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio doméstico.

[18] Convenio relativo al seguro obligatorio de vejez de los asalariados de empresas agrícolas.

[19] Convenio relativo a la organización de un régimen internacional para la conservación de los derechos del seguro de invalidez, vejez y muerte.

[20] Convenio relativo a la seguridad social de la gente del mar.

[21] Convenio relativo a las pensiones de la gente del mar.

[22] Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social.

[23] Convenio relativo a la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en materia de seguridad social.

[24] Convenio relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

[25] Convenio sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social.

[26] Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida.

[27] Recomendación sobre los acuerdos relativos a la seguridad social de la gente del mar.

[28] Recomendación sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

[29] Recomendación sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social.

[30] Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

[31] Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. (…)

[32] Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

[33] Información tomada de

 http://www.cepal.org/mujer/proyectos/pensiones/publicaciones/word_doc/instrumentos.pdf

 

[34]Ricardo Nugent, “La seguridad social: su historia y sus fuentes”, pág. 612.  Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf , Recuperado el 07 de junio de 2016.

[35] Este documento no era un tratado entre las dos potencias. Tampoco constituía una definición definitiva y oficial de los fines de la paz. Como el mismo documento lo expresa, era una afirmación de « ciertos principios comunes en la política nacional de nuestros países respectivos, en los cuales radican las esperanzas de un mejor porvenir para la humanidad. » Tomado de

 http://www.un.org/es/aboutun/history/atlantic_charter.shtml.  Recuperado el 07 de junio de 2016.

[36] Ricardo Nugent, “La seguridad social: su historia y sus fuentes”, pág. 613.  Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf , Recuperado el 07 de junio de 2016.

[37] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

[38] Sentencia T-169 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

[39] Preámbulo Ley 100 de 1993.

[40] Artículo 1ľ Ley 100 de 1993.

[41] A. Rocha Vuelvas “Antecedentes históricos de la seguridad social en salud: parte de la construcción de un país sin memoria”.

[42] (2008, 17 de agosto) “Los 15 aĖos de la Ley 100. Algunas reflexiones después de la reforma del sistema de salud” por Mauricio Santamaria en elespectador.com [en línea] disponible en http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-los-15-anos-de-ley-100.  Recuperado 08 de junio de 2016.

 

[43] El cual se encuentra aún vigente para quienes cumplieron el estatus jurídico de pensionado hasta el 31 de diciembre de 2014.

[44] Equiparable a la pensión de jubilación.

[45] En razón al riesgo latente que envuelve la función pública que prestan y desarrollan.

[46] En edad: 35 aĖos para las mujeres y 40 para los hombres, y en tiempo laborado: 15 aĖos.

[47] Régimen creado con el Sistema de Seguridad Social Integral, por el cual las personas aparte de realizar aportes obligatorios, pueden hacer aportes voluntarios para aumentar su mesada pensional.

[48] Acción de tutela.

[49] (2013, 13 de agosto) “Murió esperando su pensión” por Diana Alejandra Cortés Gaitán. elespectador.com [en línea].  Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/murio-esperando-su-pension-articulo-439939.  Recuperado el 09 de junio de 2016.

[50] (2014, 11 de marzo) “Gustavo García Márquez, hermano de “Gabo” murió esperando su pensión” cablenoticias.tv [en línea]. Disponible en http://cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Gustavo-Garcia-Marquez--hermano-de--Gabo---murio-esperando-su-pension-&WPLACA=12841.  Recuperado el 09 de junio de 2016.

[51] (2014, 06 de abril) “Calamidad Vejez sin protección en RD” por Pilar moreno, en elnacional.com.do [en línea].  Disponible en http://elnacional.com.do/calamidad-vejez-sin-proteccion-en-rd/.  Recuperado el 11 de junio de 2016.

[52] (2016, 28 de enero) “Pensiones miserables” por Pablo Cruz. RadiopresidenteibaĖez.cl [en línea].  Disponible en http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/pensiones-miserables-pablo-cruz/.  Recuperado el 11 de junio de 2016.

[53] (2015, 9 de septiembre) “Adeudan pensión a adultos mayores en Veracruz; “se han muero esperando el pago”” por Joel Cruz en xeu.com.mx [en línea].  Disponible en http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=748882.  Recuperado el 11 de junio de 2016.

[54] (2016, 22 de marzo) “Familia de soldado muerto y Ejército difieren sobre pensión” en el observador.com.uy [en línea].  Disponible en http://www.elobservador.com.uy/familia-soldado-muerto-y-ejercito-difieren-pension-n885464.  Recuperado el 11 de junio de 2016.

[55] (2015, 11 de marzo) “EspaĖa: Dependientes mueren esperando las ayudas públicas” en actualidad.rt.com [en línea].  Disponible en https://actualidad.rt.com/sociedad/168731-espana-personas-dependientes-fallecer-ayuda.  Recuperado el 11 de junio de 2016.

[56]Sentencia t-343 de 2014.