-
que confiamos en nuestros legisladores: sabemos
que las grandes mayorías parlamentarias, son conscientes de que no pueden
disponer de la vida de nadie;
-
que en Uruguay, nunca valió
más la vida de unos que de otros: todos somos iguales ante la ley;
-
que el derecho de cada persona termina donde
comienza el derecho de los demás; por tanto, el derecho de la
madre a decidir, termina donde empieza el derecho de su hijo o hija a
nacer;
-
que no queremos para nuestro
país, un sistema de castas, con ciudadanos y ciudadanas de primera
y segunda categoría según su estado de desarrollo;
-
que hace ya muchos años, nos comprometimos a
construir un Uruguay sin exclusiones;
-
que ahora estamos en una
DEMOCRACIA, donde a todo ser humano se le deben respetar sus
derechos fundamentales; la DEMOCRACIA está,
precisamente, para custodiar los derechos de todos,
no para decidir quien tiene derecho a vivir y quien no;
-
que las fuertes presiones de
organismos internacionales para legalizar el aborto en toda América
Latina, son parte de una estrategia para controlar la población de
nuestro continente; pero... ¿acaso Uruguay no es un país subpoblado,
con una bajísima tasa de natalidad y fuertes corrientes
emigratorias?
-
que somos una nación
soberana, capaz de decidir lo que más le conviene
independientemente de las presiones internacionales;
-
que
quienes promueven políticas de control demográfico, opinan -como el
ex-presidente norteamericano Lyndon Johnson-, que "U$S
5.- invertidos en control natal equivalen a U$S 100.- invertidos en
crecimiento económico…" ; nos oponemos a ello con
firmeza, porque es eugenésico y discriminatorio
eliminar la pobreza eliminando a los pobres;
-
que las leyes deben respetar
la constitución, y este proyecto, es claramente inconstitucional;
-
que los legisladores no pueden arrogarse
la facultad de obligar a TODAS las instituciones de asistencia médica,
ni a los médicos y médicas, a abortar contra sus principios y contra
su conciencia; esta ley olvida el "derecho a decidir"
de los médicos y médicas, así como el de las instituciones de
asistencia médica (Art. 11);
-
que tal obligación, es claramente discriminatoria
tanto para las instituciones como para los médicos, ya que da pie a la
elaboración de "listas negras";
-
que si bien se menciona la posibilidad
de plantear objeción de conciencia, hay excepciones basadas
en trámites burocráticos en que el médico queda OBLIGADO A ABORTAR
(Art. 12);
-
que a los médicos y médicas
que desean ser fieles al Juramento de Hipócrates, jamás, y bajo
ninguna circunstancia, el Estado puede obligarlos a abortar; sería
una grave injusticia que los médicos respetuosos de la
vida marchasen tras las rejas por "omisión de asistencia",
mientras los aborteros ocupan sus puestos en las clínicas
ginecológicas;
-
que
para legislar temas de bioética, es importante tener en
cuenta los últimos conocimientos científicos (por ej.: Pearson
H., “Your destiny from day one” - 4 de Julio de 2002 - Nature
418 14-15 - www.nature.com/nature) para
determinar cuando comienza la vida, y no argumentos que sólo sirven
para justificar posturas subjetivas o interesadas, con frecuencia
carentes de rigor y seriedad;
-
que si los legisladores se
equivocan en su juicio sobre el inicio de la vida, desatendiendo la
evidencia científica, corren el riesgo de ser juzgados por la
historia de la misma forma que quienes, en su momento, equivocaron su juicio
sobre las teorías heliocéntricas de Copérnico y Galileo;
-
que si alguno tuviera dudas acerca de cuando
comienza la vida, debe -prudentemente- asegurarse de no atropellar los derechos
humanos fundamentales, considerando su inicio en el momento de la
concepción;
-
que en la Cámara de
Senadores ya se aprobó en general un Proyecto de Ley que
afirma que la vida humana comienza el día 14; por tanto, parece
absurdo que la Cámara de Diputados apruebe un Proyecto de Ley donde se
afirma que la vida comienza en el día 90;
-
que el hijo o la hija nunca puede ser una
simple "parte de la madre", porque la mitad de su ADN
proviene del padre, con lo cual, su mapa genético es distinto al de la
madre, al del padre y al de todos sus congéneres;
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que nos preocupan de
igual forma:
-
las vidas de las 5 madres
que murieron el último año como consecuencia del aborto
provocado en condiciones de riesgo;
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las vidas de las
7.000 hijas y los 7.000 hijos que mueren abortados cada año;
-
la salud física y mental de
las casi 14.000 madres que por distintas circunstancias, abortan a
sus hijos e hijas: es sabido que después de un aborto, la gran
mayoría de las mujeres padece un síndrome post-aborto, se
incrementa el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino y se
incrementa el número de suicidios;
-
que una mujer que aborta es igual a una mujer
abandonada;
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que la solución para reducir
el número de abortos y de muertes maternas por aborto, nunca es el
aborto, sino la ayuda a la mujer sola, a la mujer necesitada, a la mujer
que con toda su alma querría tener a su hijo, pero que lo aborta
porque se siente desesperada;
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que los legisladores y las ONGs, debemos trabajar
juntos en la búsqueda de alternativas para que toda mujer
pueda traer sus hijos al mundo con dignidad y seguridad, rodeada
de cariño y comprensión;
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que quienes -con toda razón-
se preocupan por la muerte del 33% de las madres que abortaron el
último año en situación de riesgo en el Pereira Rossell (5 de
15), deberían preocuparse también por el 100% de los
niños y niñas que anualmente mueren abortados (14.000);
-
que bajo ninguna circunstancia, puede un político
o una persona cualquiera, hacer un mal para obtener un bien;
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que quienes van a decidir
sobre la suerte de las niñas y los niños por nacer, están en el
Parlamento porque alguien les permitió nacer.